Quizá por el respeto que siempre le he tenido al personaje, me han rechinado las duras palabras que, frente al fenómeno crucial de este tiempo, que es el éxodo masivo de muchedumbres en busca de paz y bonanza, nos ha espetado el cardenal Cañizares, arzobispo actual de Valencia. En efecto, esa autorizada voz ha avisado sobre el peligro que para Europa y para España implica la inmigración masiva de esos desgraciados, en los que él ve nada menos que un “caballo de Troya” tras preguntarse si, junto con los desesperados que sólo buscan salvarse, viajará también gente peligrosa, un recelo, desde luego, justificado y que comparten muchas instancias políticas europeas, pero que resuena mal en boca de un prelado tan razonable, por lo general, a quien habría que recordarle –y sería una pena—el emotivo mito de la huida a Egipto, tan significativo en el mundo cristiano. ¡Mira que recelar de unas familias que huyen de Herodes y, lo que es peor, deslizar bajo ese recelo la sospecha de terrorismo! ¡A quién se le ocurre poner en tela de juicio el derecho de asilo, al clavo ardiente al que se agarran –como en su día la Sagrada Familia—para escapar al tirano! Mi sorpresa viene determinada, ya digo, precisamente por el buen concepto que tengo del cardenal, y la verdad es que no he logrado encontrar atenuante alguno para sus duras palabras, acaso las más explícitas entre todas las críticas que llevamos oídas desde los ámbitos más reaccionarios.

No es que uno no comprenda la inquietud que a monseñor Cañizares, como a todo hijo de vecino que no sea del todo lelo, le ha de producir la imagen de esta “invasión”, sino que resultan por completo impropias en boca de un cristiano tan señalado unas cautelas que parecen copiadas del argumentario lepenista y que discrepan, por supuesto, de las pronunciadas ya varias veces por el Papa actual. Todos estamos suspensos e inquietos ante este reajuste demográfico sin duda histórico y a la amenaza terrorista, pero de ahí a oponerse al asilo de tanto indigente y tanto perseguido, va un abismo. Cañizares, un gran conservador, ha sido siempre, que yo recuerde, también un gran discreto, y ningún cristiano discreto le cierra la puerta en las narices a unos fugitivos que han dejado miles de muertos en el camino hasta hacer del Mediterráneo una tumba abarrotada. Estas cosas tienen mal arreglo, pero desde mi confianza en el personaje, no pierdo la esperanza de que recoja velas y vea en esta fuga hacia Europa un “remake” de la huida a Egipto.

La Justicia en España se está convirtiendo en el pito del sereno. No con los de abajo –y no lean esto a título demagógico—pero sí con los de arriba, tanto si éstos simulan su respeto como si, como en el caso catalán, se divierten acosándolo ante la pasividad de un Poder sin atributos. Miles de personas han aclamado al presidente Mas a su llegada y a su salida del Juzgado en el que ha comparecido para responder por el desacato manifiesto que supuso el llamado “referéndum” independentista. De nada ha servido la enérgica protesta del TSJC denunciando esa intolerable presión ejercida desde la calle sobre la Justicia, sino más bien todo lo contrario, al convertirse el acto en un homenaje a ese zombi político que, por otra parte, se ha declarado único responsable de los hechos. ¿Se concebiría algo semejante ante una cámara británica o ante un juzgado francés? Evidentemente, no, porque hay que reconocer que a toda esta parafernalia ha contribuido en gran medida la tibieza de un Gobierno español medroso que ha jugado a la única carta de no levantar más polvareda. No cabe duda de que la papeleta de Rajoy era considerable, pero tampoco –vistos los hechos, la creciente marejada de la anomia en Cataluña—que no ha tenido el valor imprescindible para defender el debido respeto a la unidad constitucional frente a los fanáticos de la independencia. Nadie –solo ellos, los fanáticos—hablan aquí de tanques en la Diagonal. Hubiera sido necesario, sin embargo, una acción policial capaz de limitar el cachondeo del último año.

Mal les hubiera ido con la República a estos héroes de pacotilla que, sin duda, hubieran acabado en la trena por incumplir la Ley y no respetar las sentencias. Pero Rajoy es un liberal de los clásicos –de los del “laissez faire, laissez passer”–, un político de aguardo no de ojeo, un adepto anacrónico de Gandhi, circunstancia de la que se han aprovechado los insurgentes. Ni con González ni con Aznar hubiéramos asistido al espectáculo entre ridículo y tremendo de esta exhibición de impunidad, que ha puesto al Estado a los pies de los caballos tras demediar a Cataluña. ¿Absolverá la Justicia a Mas y los suyos? Si eso llega a ocurrir no sólo habrá que pedirle cuentas a los amotinados sino a quienes, desde el poder del Estado, han consentido la progresiva degradación de las situaciones y, en fin, la fractura de la vieja España. Nunca un califato ha sido tan bizcochable con una taifa. Queda por ver qué dicen los jueces.

Se puede defender la Transición que permitió en España pasar de la dictadura a la democracia sin perjuicio de discrepar de algunas, incluso de muchas de sus instituciones. Hubo que vivir aquello, en directo y sin anestesia, para entender la flexibilidad con que unos y otros fueron cediendo hasta encontrar un terreno común que permitiera erigir una Constitución. Las Constituciones no son eternas –la actual es la más longeva de nuestra Historia—y reclaman las reformas que ellas mismas prevén para adaptar su espíritu a los tiempos cambiantes, entre otros motivos porque el tiempo es una lima sorda que a todos nos va ahormando a la novedad sin la que la norma quedaría pronto rígida si no obsoleta. Desde la Izquierda se hicieron concesiones a la Derecha y viceversa, y ese acuerdo hizo posible treinta años largos de relativa paz política. Pero ahora hay que reformar esa Constitución, no sólo porque clamen al cielo anacronismos como el de la discriminación sexual del heredero, sino por el demostrado fracaso de instituciones como el jurado popular, que puede ser, como es, muy tradicional, pero no por ello intocable. Los juicios más famosos de estos decenios han recurrido al jurado, es decir, a la sustitución de la justicia técnica por la justicia subjetiva, en nombre de un utópico derecho a la participación del pueblo en la administración de la Justicia. Siempre hubo jueces buenos y malos, pero el Jurado supone un suplemento pasional en absoluto apropiado a la delicada función de juzgar.

Comentaba aquí el asunto el juez Fernández-Viagas con afirmaciones tan duras como que los padres de Asunta no han tenido hasta ahora un proceso con garantías sino que “han sido arrojados a la morbosa curiosidad de una opinión” incompatible con una Justicia que aparece día tras día en el telediario. Los juicios públicos –y también los “paralelos”– del “caso Alcácer”, del de Rocío Wanninkhof o ahora el de Asunta, malamente admiten la objetividad en la medida en que dependen de un grupo de ciudadanos irremediablemente influidos por los medios y por la propia opinión pública. ¿Quién condena en el País Vasco a un etarra, cómo garantizar la independencia del órgano popular en los presuntos supuestos abominables de pederastia, violación u otras abyecciones? Todo reo tiene derecho a ser encausado por expertos y no por personas incapaces de penetrar el laberinto jurídico actual. Habrá jueces impropios; lo que dudo es que, en una sociedad medial, haya Jurados inmunes.