Juego por alto

Se comprende el mal momento elegido por el presidente del Gobierno para “bajarse” a Andalucía (a Jaén y a Granada) con la chamarrilla mitinera. El mal dato de antier de la EPA, el bombazo de los ‘manguis’ presuntamente autorizados de Ibiza, la práctica legalización de los terroristas batasunos para que puedan recuperar su teta municipal, el indulto al “etarra olímpico”, pesaban tanto o más que los múltiples problemas andaluces a la hora de proponerse como modelo. ZP debió volar sobre la realidad, exaltar el gran éxito laboral que la encuesta de su ministerio desmiente, guardar silencio sobre los escándalos candentes y sacar la flauta para lucirse con el consabido solo de sensibilidades y feminismos. Está en su derecho. Cada cual habla de lo que puede y calla lo que quiere del mismo modo que el personal oye lo que quiere y vota como puede. Chaves, en plan telonero, ni siquiera se molestó en hablar de nada serio porque a él le trae mucha más cuenta cerrar contra el Otro que bajar a la arena. Que fue lo que hizo. Como desde hace un cuarto de siglo.

El tiempo perdido

Ocho años ha perdido Huelva en pleitos (algunos canallas) y tirones partidistas, zancadillas y trampas, antes de que el Ayuntamiento se viera con las manos libres para encarar una de las dos grandes operaciones urbanísticas que van a transformar la capital: la remodelación de la Isla Chica. Si con esa zona se consigue “desdoblar” Huelva en dos centros populares –como tantas grandes ciudades– y si con el Ensanche se abre definitivamente la puerta a la recuperación de la Ría, hasta esta desleal oposición deberá reconocer que ha merecido la pena esperar y que ella se equivocó dedicándose a meter palos entre los radios de la rueda del progreso. El derribo del viejo Estadio simboliza bien este cambio histórico que colmata una gestión municipal, discutible como todas, pero que el tiempo consagrará como decisiva. Reconocer algo tan sencillo en la foto del alcalde encaramado en la excavadora no es cuestión de partidismos sino de objetividad.

Un mal funcional

Cuando se produjo la increíble batalla por Madrid, es decir, el descubrimiento de una trama especulativa en el seno del propio PSOE madrileño (la FSM) –una batalla que costó al PSOE, ya veremos por cuanto tiempo, la hegemonía en la capital de España– fue noticia que el secretario de Organización, Pepiño Blanco, andaba reuniéndose con los especuladores en su despacho, ni que decir tiene que para hablar de la mar y de los peces, nunca jamás de la presunta corrupción descubierta. Ahora sale nuevamente el personaje, por una vez no para flagelar al PP y pedir “tolerancia cero”, sino para mostrarse desnudo como el rey de la fábula ante la presunta evidencia que proporcionan las voces grabadas en unas cintas de cargo. Ha coincidido esta reaparición con la de Aida Álvarez –la recaudadora del partido que tenía en casa un frigorífico para conservar sus pieles– que anda estos días por estrados y corrillos proclamando que ella jamás cobró comisiones sino que “aceptó donaciones”. También con los rebotes que le han lanzado algunos a la ministra de Fomento por atribuirse el mérito del AVE con olvido de aquellas comisiones que la Audiencia de Madrid demostró que había trincado incluso algunos “hombres del Presidente” porque –decía la Audiencia entonces– las empresas adjudicatarias consideraban “el pago de la comisión como parte indisoluble del ‘paquete’ junto con la realización de las obras o compras adjudicadas”, un argumento que no podía evitar la difusa pero activa condena de una opinión pública que los jueces interpretaban como derivada de “un pesimismo antropológico del más puro corte hobbesiano”. Hobbes se hubiera vuelto voluntario a la tumba si resucita para leer semejante exégesis.
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No sé si de esta se librará también el famoso Pepiño, el hombre que más lejos llegó sin título en la política española, entre otras cosas porque estoy convencido de que, salvo excepciones, la corrupción –el agio que decían (con discutible propiedad) nuestros abuelos– es un efecto prácticamente inseparable de la vida pública o, más bien, del ejercicio del Poder. La limpieza de manos no fue precisamente la preocupación de César o antes de Pericles ni lo es en nuestros días de unos dirigentes que, con escandalosa frecuencia, deben pactar su impunidad (Yeltsin con Putin, Chirac con Sarko, Blair o Berlusconi con quien se vaya terciando) para escapar al peso de una ley que proclaman igual para todos pero de la que se zafan en cuanto pueden. Los jueces dirán si esas cintas son auténticas o trucadas (que sean producto de una venganza, como alega el PSOE, resulta, claro está, indiferente), si las voces pertenecen a quienes parecen pertenecer, si en efecto el tal Pepiño autorizó –ah, el centralismo jacobino– a los sociatas pitiusos para que cobraran comisiones ilegales, o bien todo queda en agua de borrajas. Mientras tanto, quedemos instalados en un discreto escepticismo, acogidos a sagrado bajo la cálida experiencia de la impunidad, mirando de reojo acaso al ideal perdido de una vida pública en la que la decencia no estuviera proscrita de entrada. Nada menos que Merton ya explicó que la corrupción es un problema político que las elites convierten en funcional y aunque cueste incluir a Pepiño en ese olimpo, la verdad, no me dirán que, por una vez, la realidad no sale garante de la hipótesis científica. Decía la sentencia del AVE que “los concursantes se resignaban” al cohecho, que se plegaban sumisos a la exacción, sin duda para repercutir el gasto en el precio final. Ya ven qué  poca vergüenza hay que tener para, encima, hablar de “tolerancia cero” como hablan. O para decir, como andan ya diciendo –seguro que basados en la experiencia propia– que este nuevo embrollo no es más que un montaje electoralista del rival. Verán como no pasa nada. Gil demostró el cohecho en el “caso Montaner” y ahí tienen a los culpables, tan panchos.

El negocio político

Si todo se resuelve y aclara de modo que la trama exactora denunciada en Ibiza por un importante dirigente del propio PSOE se deshace y queda en nada, tanto mejor. Pero si las cosas se enredan –y las reacciones del partido, hasta ahora, no pintan nada bien– habrá que aclarar con rigor y urgencia los lazos que la empresa implicada tiene con las Administraciones andaluzas regidas por el PSOE y, en especial, el famoso tema de las adjudicaciones llevadas a cabo por procedimiento “urgente, negociado y sin publicidad” que, teniendo su razón de ser excepcional, nada justifica que se utilicen, pongamos por caso, para reformar un centro hospitalario. Interesados en ellos deben estar, además de los propios responsables administrativos y políticos, los órganos de control e intervención que no están ahí de adorno sino para poner orden cuando haga falta. Si la empresa Brues, en efecto, resulta pringada en Ibiza tiene sentido sobrado que se investiguen sus contratos en nuestra autonomía. 

M.A.M.C.

Cuatro letras para cubrir a un discapacitado, cuatro losas sobre la conciencia de unos dirigentes que han permitido, según la Justicia, un abuso cruento contra un trabajador sin facultades para defenderse solo, pero también sobre unos sindicatos que no han visto ni oído nada mientras se desarrollaba ese drama diario y canallesco, desigual y ventajista. Es curiosa la pasividad de la Junta y su partido ante este atropello y elocuente su eventual comparación con la que hubieran armado si la víctima lo hubiera sido del adversario. En Huelva ha habido casos –en el Ayuntamiento mismo– de presunto maltrato al trabajador planteados por el PSOE que han ido a parar al archivo, como ha habido movilizaciones que no se compadecen con el silencio tramado alrededor de la trabajadora que acusa a los jefes de la Diputación o de este indefenso acosado cuya historia resulta tan conmovedora como indignante la frialdad que le están dispensando quienes deberían averiguarlo con celo. M.A.M.C. no interesa, por lo visto. Menos mal que la Justicia ha tenido sensibilidad para sancionar tanta miseria. 

Culpables y cómplices

Al enterarme de que un tribunal de Buenos Aires ha anulado los indultos concedidos por el presidente Menem en los años 90 y 91 no he podido evitar el recuerdo de aquellas extendidas complicidades que por entonces se impusieron en la Argentina moralmente devastada por la gestión de Alfonsín. Ignoro qué dirán ahora –¡ha visto uno desdecirse a tanta gente!– pero la verdad es que en aquel momento una extensa mayoría de la opinión progresista hacía causa común con la exigencia de los partidarios de la dictadura pidiendo un perdón y reclamando un olvido que Menem manejaba como panacea contra la desunión del país. No se trataba, por supuesto, de oponerse a la reapertura gratuita de las cicatrices añejas –como está ocurriendo aquí esta temporada con la pretendida recuperación de la “memoria histórica”– sino de cerrar en falso un proceso que, incluso un tribunal tan condicionado como el que había condenado a aquellos criminales, había tenido que saldar con unas condenas proporcionadas a la enormidad de los crímenes perpetrados desde el propio Poder. Y en ese proceso, hay que repetirlo, estuvieron no sólo quienes era lógico que estuvieran –por la cuenta que les traía o por simple vesania– sino una buena parte de quienes, en la vida cultural especialmente, representaban la esperanza en una justicia democrática siquiera tardía y, por descontado, no poco aliviada. Esa canalla que se pavoneaba ante el comulgatorio o paseaba sin escolta por el barrio no estaba sola –como comprobamos entonces muchos visitantes del país– sino apoyada sin ambages por el tácito acuerdo de la progresía y el menemismo, uno de los contubernios más indecentes del siglo que se fue. Lo de menos es si ahora irán al trullo esos dos octogenarios que son Videla y el “negro” Massera, pues a pocos se les ocultará que lo que ese tribunal ha dictado lo ha hecho pensando en el fuero más que en el huevo. Pero aunque acabaran yendo. Lo que hoy sabemos de aquel martirio inconcebible nos permite proclamar que no habría castigo proporcionado a una infamia semejante.
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Tampoco hay que olvidar que esta tardía reacción de los jueces argentinos debe mucho, sin la menor duda, al peligro que suponían las acciones judiciales iniciadas desde España y Alemania, entre otros países, en base a un derecho internacional ante el que los crímenes perpetrados no prescriben. Así que igual hay que pensar que no es que haya cambiado de opinión la ‘inteligentsia’ argentina sino que el Poder –que en última instancia barre siempre para adentro– ha debido protegerse adelantándose a juzgar en su propio territorio al menos los delitos de lesa humanidad. Argentina, en definitiva, es un ejemplo más y bien elocuente de esa protección espontánea que el Poder brinda a cualquiera que lo haya ostentado (o, incluso, detentado) seguramente porque la lógica del refrán, “hoy por ti, mañana por mí”, es anterior a cualquier pretensión ética y no digamos jurídica. Massera, ese verdugo de leyenda, es hoy un vegetal hospitalario, y Videla un carcamal que, seguramente, tampoco habrá de cumplir la condena a perpetuidad que ahora recobra toda su vigencia. La Justicia sabe lo que hace, sobre todo cuando va del brazo de la política, y más que nada sabe “cómo” hacerlo para dejar tras de sí, encima, una sensación de solvencia moral que ofende tanto como los crímenes disimulados. Pero en esta ocasión, hay que insistir en ello, no están solos ni el mandatario ni el juez, como no lo estuvieron hace quince años, sino bien acompañados de esos cómplices redomados a los que acaso les quepa, en última instancia, la atenuante del miedo, que es libre o eso dicen. Heródoto escribió que abunda la gente que prefiere la “justa medida” a la justicia estricta. Vean la antigüedad de algunos tópicos y de qué bizarra manera se conservan en la salmuera de la jodida buena conciencia.