Escándalo y silencios

Apenas se oyen pronunciamientos de quien corresponde sobre la crisis judicial abierta por el secuestro y asesinato de la niña onubense. Despiste total en la autoridad gubernativa, inexplicable silencio de la autoridad judicial, la Junta –de la que depende la Administración de Justicia, la responsable de su dramática infradotación–, callada como una momia. Todos mirando para otro lado, que para eso hay un juez a quien colgarle el muerto, con razón, por supuesto. Se habla por todas partes de instituir la perpetua, de la leña al mono, un debate más que pasará en cuanto el tema caiga de los titulares. La Audiencia de Sevilla, el TSJA, el Ministerio, como Bono: ni mu. Y la gente por las nubes, pidiendo garrotes y reclamando la justicia por su mano. Es probable que la crisis de la Justicia esté tocando fondo. Lo confirma el silencio de sus grandes responsables.

Dolor y locura

No es tolerable el espectáculo de antesdeayer a la llegada del pederasta, menos aún el enfrentamiento con la policía que cumplía con su indeclinable deber. Se explica el dolor, se comparte, pero no es posible retroceder en el tiempo y sustituir la aplicación del derecho por la venganza privada. Es verdad que semejantes canallas no merecen más piedad que la que implica separarlos de sus semejantes y habría que exigir a la Justicia que ese aislamiento se lleva a cabo realmente, con la mayor dureza posible que, desgraciadamente, no bastará a remediar lo pasado ni a prevenir el porvenir. El daño que sucesos como éste causan a la sociedad no se limita al producido a la víctima y a la parte ofendida, sino en el ultraje que supone su autodegradación con manifestaciones salvajes como al del jueves. Y no puede decirse tampoco, por desgracia, que la autoridad haya estado a la altura de las circunstancias. Será el propio pueblo el que, por su cuenta, deba volver a sus cabales.

Fieras sueltas

Todo en el mismo día. Un tribunal chileno condena por tercera vez a un nazi pedófilo, Paul  Schaefer, acusado de torturas, malos tratos, violación y abusos sobre adolescentes en la célebre ‘Colonia Dignidad’ protegida por Pinochet y a la que el presidente Aylwin calificó en su día como “un Estado dentro de otro Estado”. En Charleville-Mézières, departamento de las Ardenas, se abre el llamado “proceso Fourniret”, seguido contra un matrimonio autor al menos de siete asesinatos y varios secuestros y violaciones de adolescentes, cometidos al salir el marido de prisión una vez cumplida una pena anterior por violación de menores. En una aldea conquense es detenido, al fin, el presunto raptor y asesino de la niña desaparecida en Huelva el pasado mes de enero y cuyo cadáver apareció flotando en la ría al cabo de cincuenta y cuatro días, y que ha resultado ser un vecino de la infortunada que ya había logrado burlar a la policía en su primer interrogatorio. También tiene antecedentes y también actuaba al alimón con su mujer, sin excluir de los abusos a sus propios hijos, de los que estaba alejado por una orden judicial. Seguro que si rebuscamos habríamos de encontrar unos cuantos más en medio de este inmenso basurero donde vivimos alegres y confiados, inocentes de que en un piso de la esquina o tal vez en el rellano del piso pueda acechar una fiera enloquecida a la que nadie en sus cabales puede imaginar en libertad plena con antecedentes tan deplorables. Del alcance de este drama colectivo da una idea la envergadura de las tramas pedófilas descubiertas una y otra vez en Internet por los especialistas policiales, redes internacionales –globales, de hecho– que intercambian y venden su inmundicia obtenida de los propios menores mediante el engaño, la violencia o la explotación de la necesidad, pero lo que de verdad sensibiliza a una opinión desarmada es la lenidad de la Ley, la clamorosa desproporción entre la lógica del garantismo jurídico y la enormidad de esos crímenes.

                                                                 xxxxx

 Por encima de viejas complicidades esteticistas (los juegos de palabra de Lautréamont, de Baudelaire, de Paul Morand sobre la pederastia resultan ya vomitivos) y de las anacrónicas evocaciones de otras épocas y otras culturas, urge rehacer los instrumentos de protección de los menores ante este acoso cada día más sofisticado. Porque lo que no es comprensible es que, por encima de cualquier elucubración jurídico-formal, un violador de su propia prole ande suelto y acechante, disfrazado de anónimo vecino, constándole a la Justicia su miserable peligrosidad y la abrumadora reincidencia de ese tipo de maleantes. No se puede mover un dedo contra nadie antes de que delinca por más que se conozca su inclinación, por supuesto, pero ¿supone eso que resulte preciso aguardar a que el canalla secuestre a una criatura, la viole y acabe con su vida para que la autoridad intervenga? No es verdad que, como alguna vez dijo Flaubert, la pederastia sea una enfermedad que sufren todos los hombres a cierta edad, pero sí lo es que, sin duda por la confusa influencia de la profunda crisis moral que vivimos, ese delito supino se prodiga hoy de manera exponencial porque dispone de infinidad de medios eficaces para perpetrar su fines. Hemos desembocado en una paradójica situación en la que los menores resultan sobreprotegidos por la ley hasta límites inadmisibles, al tiempo que se les abandona en manos de la perversión protegidos todo lo más por penas difícilmente disuasorias. Puede horrorizarnos, pero no me ha extrañado oír en la voz del pueblo una vengativa reclamación de la pena de muerte, recurso innecesario si dispusiéramos de una normativa capaz de impedir que un potencial y probable salvaje, si se quiere dominado por la enfermedad, ande suelto entre nuestros hijos. En el haber del garantismo extremado hay que incluir, en tanto no se adopten medidas eficaces, estas atrocidades capaces de desmoralizar incluso al ánimo más sereno.

Universidad imaginaria

Mientras cuatro universidades barcelonesas y madrileñas se ponen de acuerdo para buscarse la vida, exigen al Gobierno mejor financiación y deciden constituir un ‘lobby’ europeo en Bruselas, las precitas universidades andaluzas han de escuchar de Chaves un discurso que resultaría hilarante si no fuera dramático, en el que anuncia otra “ley de calidad” y promete a los estudiantes “un lugar para soñar con el futuro, donde deben sentirse apoyados, capaces de emprender (¿) y con capacidad crítica e iniciativa propia”. Vivimos de palabras, mientras los propios docentes del “alma mater” denuncian una decadencia sin precedentes y un radical empobrecimiento de la enseñanza superior y mientras los empresarios ‘suspenden’ a la Universidad denunciando la brecha que separa lo que en ella se enseña y lo que la sociedad necesita. Chaves habla frente a su espejo. No tiene ni idea de lo que se cuece en las aulas mayores.

Crespón negro

La provincia entera, como el resto de España, llora con rabia ante el asesinato de la niña del Torrejón, un crimen tal vez previsible dados los abominables antecedentes del presunto criminal y su mujer, una experiencia que debería mover a la autoridad a reconsiderar si tiene la más mínima lógica ese prurito legal bajo el que se acogen a sagrado esos delincuentes fatales. Puede argüirse, por qué no, que en realidad se trata de enfermos incurables y que por eso reinciden, pero entonces ¿por qué andan sueltos, por qué no se les controla una vez detectados, por qué se les consiente una vida normal que es la coartada perfecta para sus miserias? Huelva está de luto, pero es la sociedad entera la que se vuelve a topar con el fantasma de una maldad que hace mucho tiempo que se le fue al derecho de las manos.

El justo medio

Nada más pasar el susto de las elecciones, el PSC de Montilla ha impulsado un proyecto de ley que dispone la recuperación de los restos de personas desaparecidas durante la guerra civil  “con independencia de las opciones ideológicas, personales o de conciencia” que provocaran su suplicio. Se aleja así la Generalitat de normas relativamente recientes en las que aún se limitaba el “recuperación” de esa “memoria” a las víctimas del bando republicano como si en el franquista no hubiera habido víctimas igualmente inocentes y, lo que a mi juicio es peor, como si hubiera alguna víctima que mereciera ese destino. Hace bien la Generalitat, en dar este paso que la distancia también de muchas posturas revanchistas, ridículas a setenta años vista, y en todo caso, insensatas en su intento palmario de reabrir heridas que no deben olvidarse pero que tampoco deben ser agraviadas. Casi al mismo tiempo nos llega la noticia de que los anteriores gobiernos argentinos han quemado los expedientes de inmigración que certificaban el ingreso en el país de los criminales nazis protegidos por Perón, con la anuencia y colaboración activa del Vaticano, por un lado, y de los servicios especiales ‘aliados’ que vieron en ellos un instrumento utilísimo para luchar contra el nuevo enemigo comunista. Alega el tardoperonismo –porque de eso se trata, evidentemente– una razón que insulta a la inteligencia de cualquiera, como es la falta de espacio en los almacenes del puerto de Buenos Aires, pero es evidente que de lo que se ha tratado es de borrar esas ominosas huellas del pasado sobre las que consiguieron la impunidad canallas tan despreciable como el sádico doctor Mengele, el asesino de las Fosas Ardeatinas, es decir, Erich Priebke, el luego raptado por el Mossad y ejecutado en Tel Aviv, Adolf Eichmann, sin contar una amplia nómina de asesinos en serie a los que Perón socorrió con la complicidad señalada y la colaboración de la diplomacia franquista. Unos por mucho y otros por poco: resulta lacerante que dos apaleados países como los nuestros, no sean capaces de encontrar un justo término medio para ilustrar la memoria sin recurrir al rencor.

                                                                    xxxxx

 Pocos países se salavron de la tragedia en aquellos años del siglo XX, ninguno ha querido luego volver sobre el restrojo de difuntos para ajustar unas cuentas borrosas. Francia lo intentó hace unos años y cerró a toda prisa una espita que comprometía, de hecho, por acción u omisión, a una inmensa mayoría de la que no escapó ni el mismo Mitterand y que a punto estuvo de salpicar a los héroes de la resistencia incluido el mítico ‘Jean Moulin’. La arqueología de la memoria ha de ser cuidadosa y en modo alguno puede ser ucrónica y menos aún anacrónica, el legítimo derecho a conservar el recuerdo del pasado –ese ‘maestro de la vida’– no puede ser utilizado para pervertir la memoria en una crónica parcial o en una providencia vengativa. Está bien, por eso, la decisión catalana, teniendo en cuenta, además, que de airearse toda la verdad en aquella martirizada tierra no habría de quedar títere con cabeza, ni a una mano ni a la otra. Tan demencial es desencadenar los odios aliviados por el paso del tiempo como resulta injusto e irreparable destruir las pruebas mismas del terror y borrar, con ello, las responsabilidades de los criminales. Hay “seny” en ese ‘justo medio’, debe reconocerse, como, lamentablemente, hay inquina y cierta ferocidad vindicativa en otras iniciativas injustas por parciales que no cabe la menor duda de que han sido utilizadas como instrumento de radicalización durante la pasada legislatura, con una intención partidista tan obvia que no necesita explicación. Cuando los franceses juzgaron a Klaus Barbie, “el carnicero de Lyon”, comprobaron lo peligroso que era jugar con el rescoldo de ese doloroso fuego. No es mala noticia que aquí comencemos a caer en esa cuenta elemental.