Tortilla de setas

La esposa del ex-Presidente francés, Bernadette Chirac, está siendo investigada por haber pillado un ‘jet’ privado en julio del 98 para asistir en Brive a la confección la tortilla de setas más grande del mundo. Es verdad que no era la primera vez que Madame usaba o abusa del favor empresarial o, al menos, eso es lo que sospechan los investigadores que tratan de averiguar si la primera dama aprovechó su posición privilegiada, al margen de su condición de consejera general de cierto departamento, para volar ‘gratis total’ lo menos en seis ocasiones entre el 98 y el 99 como ya había hecho en 2005. La democracia francesa es estricta y minuciosa, y los jueces tienen en ella una libertad de movimientos inconcebible entre nosotros, como tantas otras virtudes. Chirac mismo fue procesado ya, aunque con suma discreción, por el asunto de los empleos ficticios creados en el Ayuntamiento de París durante su alcaldía –asunto que costó al luego primer ministro Alain Juppé una dura condena de 19 meses de prisión y 10 años de inhabilitación–, y de nuevo en noviembre pasado con motivo de este negocio de los vuelos gratuitos que pintaba mal hasta que se advirtió la ausencia de una factura sin la cual el total cuestionado por la Justicia no alcanzaba el techo exigido para justificar la sanción. Pero la verdad es que sólo imaginar los trajines que se traen esos polis revolviendo a fondo los archivos del mismísimo Consejo Constitucional produce cierta envidia en un país como el nuestro donde el hecho de haber utilizado 444 vuelos “gratis total” no impide a un ciudadano/a sentarse en el Consejo de Ministros.                                                                  xxxxx

Se viene a la cabeza lo del “Mystère” que Guerra hizo desplazar a Portugal para llegar a tiempo a una corrida sevillana o el reciente viaje de ZP y señora a Londres para darse un garbeo de compras por Harrod’s, y cuesta no comparar este sistema nuestro, tan permisivo y complaciente, con esos otros que ven la responsabilidad del mandamás con la lente de aumento que le presta el rigor democrático. A un diputado comunista le movieron una vez el escaño por haber viajado de Madrid a Málaga pasando por Sevilla donde se celebraba un atractivo partido de fútbol, algo desmesurado, sin duda, si se piensa en esos viajes con séquito que se organizan los régulos de taifas a tierras lejanas para, a lo peor, dar una conferencia universitaria para la que resulta preciso cazar a los asistentes a lazo. Lo de los Chirac es ejemplar porque demuestra que, en un régimen democrático, la igualdad de derechos no descarta la buena memoria, como ocurría entre nosotros en nuestros tiempos calderonianos, cuando los barandas debían someterse obedientes al “juicio de residencia” que, entre otras cosas, escudriñaba atentamente la evolución de su fortuna comparando la que trajo en su día y la que se llevaba al final de su mandato. Todavía hay clases, en cualquier caso, entre las reglas del autogobierno en las democracias vecinas y las no poco laxas que rigen en este sistema nuestro que muchos insisten en llamar “joven” después de 30 años de rodaje. Cierto que esos demócratas franceses, en tiempos de Mitterand, muñeron entre todos una ley de amnistía por la que se libraban del trullo los corruptos de todos los colores y que Berlusconi ha hecho cosas peores si cabe. Pero lo malo es que aquí no hace ni falta retorcer la ley porque la costumbre se basta y se sobra para garantizar la impunidad. Los Chirac deben soñar con un paraíso como éste en el que el fiscal es un empleado del Poder.

La crisis judicial

Entre tantas acciones y omisiones, cantinelas y silencios, en torno a la profunda crisis abierta en la Administración de Justicia por el “caso Mari Luz”, pocos pronunciamientos tan descarados y ofensivos para los jueces como el del ministro de Justicia al asegurar que la prudente declaración de los magistrados sevillanos en el sentido de que, de no remediarse la situación insostenible de los Juzgados, casos como el citado podrían repetirse, no es más que “una defensa corporativa difícilmente sostenible”. Una piedra más en esta lapidación de los juzgadores que el ministro y la Junta saben mejor que nadie que se explica de sobre por la escasez africana de medios en las desorganizadas oficinas judiciales. Puede que haya que concluir, respecto a las transferencias de Justicia a las autonomías, que el remedio fue incomparablemente peor que la enfermedad.

Lincha, que algo queda

Muy deprisa, demasiado quizá, se han lanzado los rivales políticos y sus ‘medios’ adictos a presentar el caso de Aljaraque como un supuesto de corrupción urbanística, en especial el propio Ayuntamiento con esa declaración institucional que da por supuesto lo que, en modo alguno, está probado ni siquiera claro tras la actuación judicial. Una libertad sin fianza dice mucho, por supuesto, y la calidad de los delitos imputados apuntan a la esfera privada y para nada a la gestión pública, pero se está haciendo caso omiso de esa evidencia con tal de triturar a los implicados, cuya responsabilidad no se cuestiona pero cuyo derecho a la presunción de inocencia implica algo más que una mera declaración retórica. Sería de desear que se levante pronto el secreto sumarial para poner las cosas en su sitio, no sólo a los investigados, sino también a sus linchadores.

La guerra del agua

No hay mejor ilustración de la insolidaridad que mina el Estado autonómico que la disputa por el agua. Una guerra arcaica, en todo caso, consecuencia de la imprevisión de los gobernantes, hoy convertida, además, en un pulso entre partidos. Vieja cuestión. El ‘Génesis’ cuenta que los filisteos cegaron los pozos abiertos por Abraham e Isaac volvió a abrirlos con el resultado de una nueva pelea entre pastores: riña significa, en efecto, el nombre del pozo de la discordia, ‘Esek’. La tribu mantenía en secreto el lugar de su pozo, como hasta hoy día hace el tuareg, cuando no los envenenaba para eliminar al enemigo, como ha ocurrido no hace mucho en Palestina. El agua, bien escaso, fue siempre motivo de tensión entre las tribus y como tribus se comportan cada vez más nuestras autonomías, quizá para hacer buena la sentencia de Unamuno de que “en España no hay lucha de clases sino guerras de tribus”. La antigua aspiración del “regeneracionismo”, todavía defendida con entusiasmo por el novelista Juan Benet, de lograr que la España húmeda cediera su excedente a la España seca, decae frente a la ferocidad partidista que trata de envenenar a sus pueblos embaucándolos con la leyenda de la propiedad indeclinable, el viejo cuento del agravio –tan eficaz siempre, por desgracia– que ve en el sediento al maniqueo y sustituye la solidaridad por el egoísmo más ingenuo. Ríos mal regulados en sus cuencas vierten enormes caudales al mar o anegan las tierras propias, con tal de no ceder el sobrante al necesitado en el que se ve a un depredador. Es la vieja lucha por el pozo, la bronca tribal en el desierto mítico, el guión cainita actualizado por la oscura ambición partidista. Por algo decía Novalis que al agua es una llama mojada, o algo así. Una llama que amenaza con incendiar este país tribal socarrado por la lucha política. Otro de los pozos de Isaac recibió el nombre de ‘Sitna’. Significa odio.

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En Cataluña se habla ya abiertamente de “la guerra del agua”, que hay que evitar, faltaría más, pero que es fomentada desde cada rincón del ring. Se han percatado de pronto de que “la ciudad de los milagros” carece de agua potable, de que bajo el esplendor de la identidad acecha la sed. Y piden agua a Almería los mismos que se la negaron, que no son sino los que, con su imprevisión o ineficiencia, entretenidos en sus garatas lugareñas, han dado lugar a esta difícil situación, los mismos que dijeron aquello tan inhumano de “ni una gota de agua para el Sur” y que ahora pretenden arrebatar la del Segre a otras provincias o arramblar con la del Ródano francés, además de hacerse con la depurada en Almería. Bajo Isabel II, Bravo Murillo acometió el proyecto del Canal que abastece desde entonces a Madrid, un proyecto ideado en el XVI, pero casi un siglo antes Zaragoza se abastecía ya cómodamente por el Canal Imperial de Aragón, la obra de Pignatelli, que como el Canal de Castilla pretendía regular nuestros ríos haciéndolos navegables. ¡Que desoladora distancia entre aquellos patriotas audaces y esta pandilla de inútiles que se acusan en sede parlamentaria (sin consecuencias, por supuesto) de llevarse el “tres por ciento” de cada obra pública! No creo que haya muestra más elocuente del fracaso de la solidaridad autonómica que este encanallado forcejeo empeñado ante y sobre todo en perjudicar al rival y que, encima, no es capaz ni de resolver su propio problema. Pero quítense de la cabeza la imagen de los pueblos enfrentados, porque no son los pueblos sino los partidos quienes ahora ocultan el manantial o envenenan el pozo, con la vista puesta siempre en las elecciones. El Ebro ha desperdiciado en el mar un caudal que hubiera bastado sobradamente para regar la huerta murciana. Ah, pero Murcia “es” del PP. Es posible que España no sucumba a esta filosofía aldeana pero puede que no sobreviva a la sequía insolidaria.

Otro costal

Este Parlamento constituido ayer va a ser, con toda probabilidad, muy diferente del anterior. Empezando porque ya es relevante el acortamiento de distancias entre PSOE y PP (15 escaños), y luego, porque en el día a día al partido mayoritario le faltará un PA hace tiempo convertido en acólito de urgencia y tendrá que vérselas con una IU seguramente escarmentada por el coste de su pasado seguidismo. Y Arenas. No será lo mismo medirse con Teófila Martínez –tan digna todos estos años– que hacerlo con alguien que posee una experiencia máxima y un conocimiento minucioso de la región y de sus problemas, aparte de una capacidad dialéctica que seguro que intranquiliza a Chaves. La mayoría absoluta es mucho, pero evita el riesgo de quedar en evidencia. Por eso digo que estos cuatro años van a ser diferentes y positivos. Queda por ver cómo se las arregla Canal Sur a la hora de resumir los debates.

El cachondeo del POT

El TSJA ha anulado el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa Occidental de Huelva por defecto de forma. Después de haber sido aprobado en 2006, otra vez lo paran en seco, con el consiguiente perjuicio para la actividad económica derivada del importante sector. Hay que recordar que, cuando en 1999, la Junta inició esa aventura calculó en un año el tiempo necesario para rematar el plan y ponerlo en funcionamiento, lo que supone que vamos ya para el decenio de retraso y sin buenas perspectivas a la vista. Algo que tal vez se podría haber evitado, no sólo haciendo las cosas bien, sino dialogando con las partes afectadas, en especial con los Ayuntamientos (propios y extraños). Algo que no se hizo y estas son las consecuencias.