La paz debe volver

Lo dijeron ayer en estas páginas, el editorial, Lucía Méndez, quien firma este breve: la paz debe volver a la ciudad conmocionada, cortados a rajatabla los comprensibles pero intolerables conatos de venganza, a pesar incluso de la no muy avispada actitud de las autoridades concernidas. Mucha gente subraya el contraste ante estas emociones y la serenidad del padre de la desdichada niña, ese hombre tranquilo que remata sus intervenciones con vitola religiosa. Volver a la paz no supone olvidar ni dejar de exigir responsabilidades, pero para eso existen cauces adecuados y exclusivos de la autoridad. Por más que lo ocurrido desborde la capacidad moral de la gente, por más que el horror dispare los instintos. Huelva tiene que recuperar la calma tras esta infame tempestad. Como ese padre. Nadie tiene derecho a destacarse por encima de su ejemplar actitud.

Llegó el debate

Una multitud enfurecida trató el jueves de linchar al presunto secuestrador y asesino de la niña Mari Luz. Se oyeron voces reclamando la justicia espontánea y hasta se reprochó a la policía impedir el linchamiento.  Es normal, en vista de este inconcebible desconcierto. La pena fue un derecho de la parte ofendida mientras las sociedades carecieron de un Estado fuerte, porque fue precisamente el monopolio del derecho penal lo que dio entidad real al Estado. Cuando el Estado flaquea, cuando la sociedad comprueba el fracaso de esa justicia civilizada, la marcha atrás es tan lógica como inevitable y de nuevo planea la sombra de la venganza de la parte ofendida. Desde el propio Consejo General del Poder Judicial –que tampoco es manco– se propone incluso abrir el debate sobre la cadena perpetua cuya reclamación había sido despectivamente tildada hasta ahora de reaccionaria, como si nuestra perjudicada democracia hubiera de empeñarse en ser vanguardia experimental de un mundo libre en el que naciones como Francia, Alemania o Gran Bretaña –por no hablar de unos EEUU en el que hasta la ominosa la pena de muerte se prodiga a discreción– la mantienen en sus ordenamientos. Incluso el cumplimiento íntegro de las penas, que nos hubiera evitado tantos bochornos y paradojas, se niega con vehemencia alegando la angélica pretensión constitucional de que las penas “estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social” incluso en los casos en que los reos se afirmen contumaces en su postura criminal. ¿Que en España hay mayor número de presos que en los demás países europeos? Ésa no es sino la consecuencia de una lenidad que hace de nuestra legislación la más benigna y la menos disuasoria del entorno. Aprieten las tuercas a ese Código de pacotilla, renuncien al absurdo de la famosa ‘clasificación’ penitenciaria de los condenados y luego hablaremos. Es ridículo proponer un debate social sobre un tema en el que la inmensa mayoría es unánime. Es en el Parlamento donde hay que cambiar lo preciso para que en España deje de ser cierto que se puede robar un monte pero no se puede robar un pan.                                                               

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Ahora bien, no sólo el ordenamiento es la causa ni los jueces abúlicos los responsables. Los Juzgados son hoy almacenes de papel servidos por un personal que, paradójicamente, no depende del juez sino del gobierno regional, y el público que protesta suele tener poca idea de lo que en ellos ocurre. Que un juzgado de lo Penal deba solventar 600 ejecutorias al año aparte de 450 juicios propios, para empezar. Que el plazo de convocatoria de audiencia en violencia doméstica pueda ser de 6 meses. Que en lo Contencioso-Administrativo se estén señalando juicios para el 2010. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No hay medios porque la inversión en Justicia es poco rentable electoralmente, y cuando los jueces reclaman exasperados esos medios la consejera del ramo responde castiza: “Ésas son cosas del Juez Decano…”. Tira millas. Me dice un magistrado que en España es muy barato matar, que se pena igual un robo que un homicidio: miren que sencillo. Pero probablemente estemos tocando fondo en muchos aspectos sumamente sensibles y pronto no habrá Gobierno que pueda –como los que ha habido hasta ahora, sin excepción– resistir el descontento unánime. Un repugnante menorero, condenado dos veces, detenido varias, exhibido en la tele pública, campa por sus respetos hasta que ocurre lo que ha ocurrido. No se trata, pues, evidentemente, de un abrir un debate sino de potenciar una Justicia reconsiderando el sistema penal y el penitenciario y disuadiendo a los tentados por delitos terribles a base de condenas drásticas. ¡Para debates está el patio! Los linchadores de antier no son más que el revés de la trama de un Estado fracasado.

Escándalo y silencios

Apenas se oyen pronunciamientos de quien corresponde sobre la crisis judicial abierta por el secuestro y asesinato de la niña onubense. Despiste total en la autoridad gubernativa, inexplicable silencio de la autoridad judicial, la Junta –de la que depende la Administración de Justicia, la responsable de su dramática infradotación–, callada como una momia. Todos mirando para otro lado, que para eso hay un juez a quien colgarle el muerto, con razón, por supuesto. Se habla por todas partes de instituir la perpetua, de la leña al mono, un debate más que pasará en cuanto el tema caiga de los titulares. La Audiencia de Sevilla, el TSJA, el Ministerio, como Bono: ni mu. Y la gente por las nubes, pidiendo garrotes y reclamando la justicia por su mano. Es probable que la crisis de la Justicia esté tocando fondo. Lo confirma el silencio de sus grandes responsables.

Dolor y locura

No es tolerable el espectáculo de antesdeayer a la llegada del pederasta, menos aún el enfrentamiento con la policía que cumplía con su indeclinable deber. Se explica el dolor, se comparte, pero no es posible retroceder en el tiempo y sustituir la aplicación del derecho por la venganza privada. Es verdad que semejantes canallas no merecen más piedad que la que implica separarlos de sus semejantes y habría que exigir a la Justicia que ese aislamiento se lleva a cabo realmente, con la mayor dureza posible que, desgraciadamente, no bastará a remediar lo pasado ni a prevenir el porvenir. El daño que sucesos como éste causan a la sociedad no se limita al producido a la víctima y a la parte ofendida, sino en el ultraje que supone su autodegradación con manifestaciones salvajes como al del jueves. Y no puede decirse tampoco, por desgracia, que la autoridad haya estado a la altura de las circunstancias. Será el propio pueblo el que, por su cuenta, deba volver a sus cabales.

Fieras sueltas

Todo en el mismo día. Un tribunal chileno condena por tercera vez a un nazi pedófilo, Paul  Schaefer, acusado de torturas, malos tratos, violación y abusos sobre adolescentes en la célebre ‘Colonia Dignidad’ protegida por Pinochet y a la que el presidente Aylwin calificó en su día como “un Estado dentro de otro Estado”. En Charleville-Mézières, departamento de las Ardenas, se abre el llamado “proceso Fourniret”, seguido contra un matrimonio autor al menos de siete asesinatos y varios secuestros y violaciones de adolescentes, cometidos al salir el marido de prisión una vez cumplida una pena anterior por violación de menores. En una aldea conquense es detenido, al fin, el presunto raptor y asesino de la niña desaparecida en Huelva el pasado mes de enero y cuyo cadáver apareció flotando en la ría al cabo de cincuenta y cuatro días, y que ha resultado ser un vecino de la infortunada que ya había logrado burlar a la policía en su primer interrogatorio. También tiene antecedentes y también actuaba al alimón con su mujer, sin excluir de los abusos a sus propios hijos, de los que estaba alejado por una orden judicial. Seguro que si rebuscamos habríamos de encontrar unos cuantos más en medio de este inmenso basurero donde vivimos alegres y confiados, inocentes de que en un piso de la esquina o tal vez en el rellano del piso pueda acechar una fiera enloquecida a la que nadie en sus cabales puede imaginar en libertad plena con antecedentes tan deplorables. Del alcance de este drama colectivo da una idea la envergadura de las tramas pedófilas descubiertas una y otra vez en Internet por los especialistas policiales, redes internacionales –globales, de hecho– que intercambian y venden su inmundicia obtenida de los propios menores mediante el engaño, la violencia o la explotación de la necesidad, pero lo que de verdad sensibiliza a una opinión desarmada es la lenidad de la Ley, la clamorosa desproporción entre la lógica del garantismo jurídico y la enormidad de esos crímenes.

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 Por encima de viejas complicidades esteticistas (los juegos de palabra de Lautréamont, de Baudelaire, de Paul Morand sobre la pederastia resultan ya vomitivos) y de las anacrónicas evocaciones de otras épocas y otras culturas, urge rehacer los instrumentos de protección de los menores ante este acoso cada día más sofisticado. Porque lo que no es comprensible es que, por encima de cualquier elucubración jurídico-formal, un violador de su propia prole ande suelto y acechante, disfrazado de anónimo vecino, constándole a la Justicia su miserable peligrosidad y la abrumadora reincidencia de ese tipo de maleantes. No se puede mover un dedo contra nadie antes de que delinca por más que se conozca su inclinación, por supuesto, pero ¿supone eso que resulte preciso aguardar a que el canalla secuestre a una criatura, la viole y acabe con su vida para que la autoridad intervenga? No es verdad que, como alguna vez dijo Flaubert, la pederastia sea una enfermedad que sufren todos los hombres a cierta edad, pero sí lo es que, sin duda por la confusa influencia de la profunda crisis moral que vivimos, ese delito supino se prodiga hoy de manera exponencial porque dispone de infinidad de medios eficaces para perpetrar su fines. Hemos desembocado en una paradójica situación en la que los menores resultan sobreprotegidos por la ley hasta límites inadmisibles, al tiempo que se les abandona en manos de la perversión protegidos todo lo más por penas difícilmente disuasorias. Puede horrorizarnos, pero no me ha extrañado oír en la voz del pueblo una vengativa reclamación de la pena de muerte, recurso innecesario si dispusiéramos de una normativa capaz de impedir que un potencial y probable salvaje, si se quiere dominado por la enfermedad, ande suelto entre nuestros hijos. En el haber del garantismo extremado hay que incluir, en tanto no se adopten medidas eficaces, estas atrocidades capaces de desmoralizar incluso al ánimo más sereno.

Universidad imaginaria

Mientras cuatro universidades barcelonesas y madrileñas se ponen de acuerdo para buscarse la vida, exigen al Gobierno mejor financiación y deciden constituir un ‘lobby’ europeo en Bruselas, las precitas universidades andaluzas han de escuchar de Chaves un discurso que resultaría hilarante si no fuera dramático, en el que anuncia otra “ley de calidad” y promete a los estudiantes “un lugar para soñar con el futuro, donde deben sentirse apoyados, capaces de emprender (¿) y con capacidad crítica e iniciativa propia”. Vivimos de palabras, mientras los propios docentes del “alma mater” denuncian una decadencia sin precedentes y un radical empobrecimiento de la enseñanza superior y mientras los empresarios ‘suspenden’ a la Universidad denunciando la brecha que separa lo que en ella se enseña y lo que la sociedad necesita. Chaves habla frente a su espejo. No tiene ni idea de lo que se cuece en las aulas mayores.