Tolerancia cero

Es el argumento, o mejor, la fórmula reina en estos casos. “tolerancia cero”. Quere decir que el Poder. La Junta en este caso, no va a consentir ni un deliz en el muy resbaladizo terreno del urbanismo, como si no estuviera claro como el agua de que toda la crónica del “caso Marbella” la Junta dejó hacer guardando la ropa y hasta participó en un cohecho cienmillonario, judicialmente demostrado, aceptándole a Jesús Gil talones a cambio de racalificaciones. En Estepona, los mismo. Chaves sabe hace lo que venía haciendo “su” alcalde sin perjuicio de lo cual lo refrendó en las últimas municipales. ¿Tolerancia cero? La Junta de Chaves ha cerrado los ojos durante estos años de rapiña en Marbella, en Estepona y en otros lugares menos escandalosos, pero es evidente que al responsabilidad última en ese agio sistemático es suya. Esta vez Chaves no tiene salida, lo que no quiere decir que el “régimen” andaluz no le ofrezca un portillo. La corrupción  urbanísitica mayor sólo es posible con la vista gorda de la Junta. Sería injusto cargar sobre Barrientos (o sobre Gil) toda la culpa de estos desmanes.

El Joglars en Huelva

Els Joglars debería quedarse una temporadita en Huelva, el tiempo de m,eter una farsa el montaje político local, el juego de los tránsfugas comprados a precio de oro, la desvergüenza de la doble moral que exige al adversario que se abstenga de los mismo que él perpetra. Nadie como ellos, los “joglars” para captar la materia satírica de este esperpento que está arruinando la democracia provincial a base de controlar todos los resortes como hacen los “regímenes” autocráticos. Hay que contarle a Boadella la crónica de Gibraleón comparada con la de Almonte, la comedia de Beas, el cambiazo de Aracena, la compra de la izquierda valverdeña, a ver si saca una de sus magistrales parodias con tan mollares argumentos. De momento, vayan a verlos hoy todavía poner boca abajo las apariencias ecologistas y otras varias. Y pedirles que se acuerden de la provincia, de la taifa aislada a su suerte, del feudo de unos cuantos. Se iba a inflar Boadella en Huelva. No desperemos de que lo haga.

La guerra vecina

En Francia andan también a orza con el tema de la lengua, quiero decir con el tema de las lenguas, puesto que el lugar del francés como lengua nacional nade osaría cuestionarlo ni de lejos en tierra tan jacobina. Y con un mapa lingüístico mucho más complicado que el que tenemos en España, pues si no me dejo alguna en el tintero, en las regiones francesas se hablan no menos de diez lenguas propias de orígenes bien diferente, alguna de las cuales, como la occitana, es chamullada nada menos que por tres millones de hablantes. El mapa francés es complejo pues deriva sus lenguas o hablas de tres troncos diferentes, el románico, el germano, el celta y el basco, razón por la que la propia Ilustración comprendió pronto que la adopción de una lengua nacional de tanto éxito para el conjunto del país constituía un éxito cultural y un factor identitario de primera magnitud. El debate lo ha provocado el enmienda constitucional planteada por Jean-Luc Warsmann y aprobada por unanimidad en mayo que ha permitido reconocer, en el artículo primero de la Carta Magna, que esas lenguas son patrimonio de Francia, sin perjuicio de que se mantenga en el segundo que la lengua del país es exclusivamente el francés de todos. Como era de esperar, los “Inmortales” de la Academia, a diferencia de nuestros prohombres de la RAE, han irrumpido en público protestando por una medida que, a su juicio, olvidaba que ha sido precisamente la lengua francesa el factor que, en dos siglos, ha hecho fraguar definitivamente el país y para censurar, ya en un terreno práctico, ante una medida que cuestiona gravemente la igualdad de acceso de los ciudadanos a la Administración  y a la Justicia. El Senado verá ahora si es posible todavía retirar la enmienda del texto constitucional o procede mantenerlo en su articulado, pero reconforta contemplar la manera seria y culta, institucional, con que está llevando nuestros vecinos una minicrisis lingüística que de este lado de los Pirineos se ha convertido en una bronca suicida.

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El argumento de fondo de la crítica francesa consiste en que semejante fragmentación  del idioma pueda atentar sin remedio contra la identidad nacional sin que, a cambio, ni el conjunto ni las partes obtengan beneficio alguno. Es verdad que, además de la multitud occitana, hay casi un millón de alsacianos bilingües o un cuarto de millón de rebeldes celtas bretones que guardan como oro en paño esa seña particularista que es la lengua local, pero ni siquiera en esos enclaves del “exágono” que agrupa a “las diez lenguas” (alsaciano, bretón, franco, flamenco, lengua de oil, provenzal, catalán, occitano, basco y corso) hay nadie en sus cabales que sueñe con sustituir la lengua fundante y unificadora –el “léxico del jacobinismo”, como dijo alguien—por una de las arcaicas que constituyen el valioso patrimonio lingüístico del país. No es posible dejar de ver en la diferencia entre el debate francés y la guerra española la correspondiente distancia cultural y, si me apuran, civilizatoria, que separa a un país que tiene clara su entidad sociohistórica de una “nación de naciones” que hasta el presidente del Gobierno considera que es “discutida y discutible”. Salvar un patrimonio idiomático es una empresa lógica y valiosa, pero hacerlo a costa de un idioma que si se ha impuesto ha sido, indudablemente, por su funcionalidad superior a la hora de competir dentro y fuera de las fronteras, constituye una temeridad insostenible. Aquí el Senado, esa cámara expletiva, no valdría para mucho a la hora de repensar el modelo de regionalización galopante que estamos padeciendo, ni la Academia parece molestarse en levantar su voz contra el desafuero que supone la exclusión ilegal, inconstitucional, del español en la propia España. Hay un trecho largo entra España y Francia. Culturalmente hablando, un abismo.

Papeles perdidos

Ni siquiera es cosa ya de rebotarse contra el despilfarro que organismos como el CAA hacen del dinero público. Más desconcertante ha sido la respuesta enteramente cínica que cuatro de esos dispendiosos consejeros han ofrecido a la atónita ciudadanía: que las mariscadas y el abuso del coche oficial “han tenido siempre carácter oficial”, verdad memorable, sin duda, aunque demostrativa de la ignorancia administrativa de esos cargos digitales. Claro que la culpa no es de ellos sino del Sistema, de los interventores que visan esas facturas, de los superiores jerárquicos que consiente la merienda de negros. Sería imposible acabar con un banquete que se ha hecho habitual hasta el punto de que se llegue a defender como derecho lo que en absoluto lo es. Un consejero del CAA debe tener una mesa y una tele para revisar videos y acudir a trabajo por medios propios. A mí no me sorprenden tanto esos abusos como el hecho de que los abusadores los crean un derecho.

Atraco político

Hemos visto muchas cosas en esta vida política, pero pocas tan insensatas y descaradas, por decirlo suavemente, como la amenaza lanzada por el PSOE de Barrero contra el Ayuntamiento de Bollillos: si pacta IU con el PP, que el pueblo se despida del Gobierno, de la Junta y de la Diputación. Cercados por hambre, en otras palabras, malditos y excluidos, como si los medios de las instituciones fueran del PSOE y no de todos. Para que luego digan que no priman a “sus” Ayuntamientos en perjuicio de los “rivales”, pero esta declaración, a mi entender, merecería un debate político de más alturas que la local y provincial. ¡El ‘golpista’ de Gibraleón dando lecciones a los demás y amenazando con cerrar el grifo. Si Chaves y la FAMP tuvieran un resto de dignidad tendrían que corregirle la plana a este cacique endiosado que ha llegado a creerse virrey.

Retorno a la barbarie

Un bujarrón menorero ha reclamado en San Sebastián el derecho de los adultos a mantener relaciones sexuales con los menores. No con un mozo rayano en la mayoría de edad, sino con un “niño de ocho añitos” –dice el muy miserable—“al que la sociedad actual niega ese derecho”. Y lo curioso es que no he oído protestar a ninguna de esas exigentes cohortes que, hasta ahora al menos, rechazaban la pederastia como la aberración que es. Ni al Gobierno: la ministra Bibiana se retrata en “Zero”, como si le fuera la vida en la batalla homo, pero la autoridad encargada de los derechos del niño, que también existe, no dice ni mu, silencios que han de perjudicar, y mucho, ante la opinión pública, sus causas genuinas. La exigencia canalla del derecho a la pederastia es a veces presentada como un intento de restaurar el prestigioso modelo griego, seguramente por ignorancia de que esas prácticas primitivas, que tuvieron, sin excepción, un carácter iniciático de orígenes remotos, no son sino el emblema más elocuente de la sociedad machista que, en las culturas del Occidente antiguo, relegó a las mujeres, según Dumézil y otros autores, en la línea de la tradición indoeuropea, lo mismo que los ámbitos “salvajes”, desde los nambutis australianos hasta los masingara de Nueva Guinea. Hay una profunda contradicción en reivindicar la pederastia desde el marco libertario que promueve el respeto a la diferencia y la igualdad social, porque esa institución o costumbre no expresa más que otra visión homófoba, la del “club de hombres”, como decía H.-I. Marrou refiriéndose a la ciudad griega o a las confraternidades de índole militar, anteriores y posteriores. Bernard Sergent, autor de uno de los libros más sabios sobre el tema, pone el acento sobre el hecho de que en Grecia, a pesar de esa condición iniciática que hemos señalado antes, los autores se retraen a la hora de hablar del tema, desde el propio Homero cuando nos relata las aventuras del tándem Aquiles-Patroclo, hasta el propio Platón que, en “El Banquete”, se cuida muy mucho de no explicitar la índole, paladinamente homo, de la escena de “Sócrates rechazando los ‘regalos’ de Alcibíades”, por usar la fórmula célebre de Victor Cousin. Claro que a ver de qué puede servir irle con doctrinas a esa panda de degenerados. Los corralitos “de género”, en todo caso, no saben que están revitalizando prácticas viejas del mundo patriarcal.

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Ese pájaro menorero es un peligro, eso es todo lo que interesa resaltar, un peligro previsto, además, en las leyes penales y que, en consecuencia, debería ser conjurado por esta autoridad que parece plegada a cuantas novedades gusten proponerle ciertas minorías. Lejos de ello, sin embargo, no hemos asistido a la menor reacción de los poderes públicos –si exceptuamos una intervención de la Fiscalía prohibiendo la celebración del “Día del Orgullo Pedófilo”, menos mal—y hay que resaltar que tampoco hemos escuchado una sola voz de los colectivos gay, habitualmente distanciados de esos delincuentes. ¿También va a alegarse en este caso eso tan socorrido de que no hace falta endurecer la normativa penal de cara a la incesante legión de pedófilos pillados en Internet por las policías? Pues, miren, ahí los tienen ya reclamando su derecho a abusar –así lo llama todavía la Ley—de “un niño de ocho añitos”, ni que decir tiene que en defensa de los “derechos” del niño a ser abusado, no por imperativo de la vileza de estos “erastas” de pacotilla. Y una pregunta: ¿no es apología del delito esa reivindicación, cómo se consiente que se promueva una práctica que constituye delito? Personalmente creo que sujetos semejantes deberían ser apartados sin contemplaciones de una sociedad que empieza a confundir peligrosamente la libertad moderna con el orden bárbaro y primordial del que nos sacó la civilización.