La escasez de médicos

La consejera de Salud, gran desahogada, se ha explicado sobre la tantas veces extrema situación de la sanidad pública por falta de médicos. Hay dicho que se va a incrementar el número de plazas en las facultades al tiempo que se ‘flexibilizará” la reconversión de unos especialistas en otros (¿To er mundo vale pa to”, quizá?) y ha alardeado de que ella y sólo ella ha mejorado que ni les cuento las condiciones de la “carrera” profesional de los galenos y sus emolumentos. Y en fin, ha sostenido que “no faltan médicos porque no se contraten, sino porque no hay disponibilidad de ellos”, bizarra afirmación que hace como que no se ha enterado de que hay una legión de facultativos huidos a Portugal y otros países donde les pagan considerablemente más. ¿Ven por qué no se les puede creer? Presumir cuando cada verano hay un caos en la costa y mientras hay pueblos sin médico es una temeridad que Chaves consiente él sabrá por qué.

Y ahora Bollullos

Beas, Lucena, ahora Bollullos: el PSOE tiene planteada una situación insostenible ante los escándalos municipales mencionados, el primero de los cuales sigue pendiente de aclaración a pesar de las drásticas  medidas adoptadas por el Tribunal de Cuentas. Este baile de millones sin destino conocido en los Ayuntamientos del PSOE no puede solventarse con un par de excusas sin contenidos, al menos mientras no aparezca el dinero misteriosamente desaparecido, entre otras cosas porque aclararlo puede que ayude a entender el disparatado sistema de financiación ilegal de partidos e instituciones antes de desembocar en situaciones como la reciente de Estepona. Si falta dinero ha de aparecer y si hay malas prácticas por medio habrá que sancionarlas como es debido. Pero no sólo al guripa y al cabo, sino a toda la Plana Mayor que es la que pone y dispone. La provincia no puede ser un cortijo en manos de unos cuantos. Y todo indica que, por el momento, lo está siendo.

Ricos y pobres

Cuando aún resuena la inquietud de los analistas por las sugerencias gubernamentales de emplear en bolsa los fondos de pensiones y al propio Solbes se le escapa en público la palabra “crisis”, sale a los medios el banquero Botín y anuncia al sol y a la sombra que su chiringuito ganará este año la friolera de 10.000 millones de euros. Ni la bonanza ni la crisis afectan por igual a las clases, obviamente, sino que en una y otra circunstancia lleva ventaja el rico sobre el pobre, como si el sistema económico dispusiera de un mecanismo de seguridad destinado a sostener un equilibrio que fuera imprescindible. Lo está evidenciando el auge del consumo suntuario registrado esta temporada al tiempo que las malas noticias inundan el ambiente, un consumo que ha hecho remontar de modo significativo los beneficios de las marcas exclusivas mientras las demás atraviesan momentos difíciles y hasta se dispara el recurso de adelantar las rebajas de verano ante la contracción del consumo. Durante todos estos años de la “new age” y el crecimiento espectacular, el beneficio bruto ha sido, como es lógico, para los más ricos, mientras las clases medias sucumbían al imaginario efecto hipnótico del horizonte de felicidad desplegado por la propaganda, hasta verse sorprendidas por el brusco estallido de la burbuja. Una crisis como la del 29 es poco pensable hoy, probablemente, pero, a cambio, estos desplomes parciales, concernientes a las economías débiles puede que actúen como ajustadores de un sistema excesivo que necesita de periódicas puestas al día, y Botín lo sabe y por eso anuncia que la presente crisis será como la fiebre del bebé, alta pero efímera, afirmación  que aunque resulte acertada, hace desaparecer a los auténticos damnificados, es decir, a la legión inmensa constituida por las clases media y más bajas que resultarán seriamente arruinadas aunque las altas acaso ganen en la coyuntura. El famoso Abramovich acaba de batir el récord de la lonja artística comprando un Lucien Freud en 34 millones de dólares y las grandes firmas españolas del lujo están obteniendo durante el año resultados óptimos. La crisis no significa lo mismo para el pobre que para el magnate. Al contrario, es más que posible que, mientras el modesto se ajusta el cinto, “the big money”, el gran dinero del que hablaba Dos Passos, salga beneficiado por las inevitables rebajas.

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Desde el soviet de juguete del PC supérstite oigo llegar la petición de que la banca y las constructoras aflojen dinero para remediar los efectos de la crisis en los sectores populares menos favorecidos, recurso no poco extravagante por lo que se refiere a estas últimas, que van arrastrando el ala, y realmente original dirigido a la primera, de cuya fuerza da una idea la enormidad de su ganancia a pesar de la crisis. Un amigo cosmopolita me cuenta que en USA no se considera a un millonario digno de confianza en tanto no haya superado al menos tres suspensiones de pago y me ilustra además con la desconcertante imagen de que, allá, los ricos no presentan, llegado el caso, como garantía, sus activos, sino el montante de sus deudas: un sistema financiero serio considera más y mejor al que más debe porque le da por supuesto más capacidad de crédito. Pero, anden, váyanle con esa vaina al manguitos de la caja de ahorros, reclamen respeto y margen en función de su deuda y van a ver con qué diligencia actúa entonces nuestro entumecido sistema judicial. Ni las vacas gordas se ordeñan para todos por igual, ni las flacas preocupan demasiado allí donde el excedente espanta las cuitas. Parece, por ejemplo, que nunca se ha hecho más caja en la Quinta Avenida ni las subastas se ha disparado tanto como a la sombra de este jinete clasista que cabalga sobre nuestro Apocalipsis. Todo cuesta más, excepto lo caro. Bien mirado, la economía real no es nada pedagógica.

Alcalde con dos condenas

El alcalde de Carboneras (PSOE), que ya fuera condenado por un delito electoral e inmediatamente después indultado por el Gobierno de Zapatero, ha vuelto a ser condenado, esta vez por calumniar y acusar de prevaricación al propio magistrado que lo condenó en su día. No sabemos si el Gobierno repetirá la jugada y volverá a indultarlo, pero la situación creada resulta, en todo caso, especialmente incómoda para el partido que, de mantenerlo en la vida política, estaría dando un dudoso ejemplo de respeto a la Justicia y al propio Ayuntamiento. Cualquiera puede pechar con una condena que acepta aunque no comparta, pero no un alcalde y menos un partido de (y en el) gobierno. Veremos qué hacen al respecto la Junta y su partido, y si no hacen nada, será curioso observar que hacen el TSJA y el CGPJ, si es que hacen algo.

Alcalde emergente

Un nuevo miembro onubense de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, en esta ocasión por elección libre del propio Rajoy: el alcalde de Lepe, Manuel Andrés González. Un alcalde joven y que sube como la espuma, pero tras el cual se ve ahora claramente la mano sostenedora de Javier Arenas, que le augura un futuro político mayor, probablemente de orden provincial. González ha ganado una batalla difícil, no cabe duda, y lo que es más importante, la ha ampliado y convertido en firme en un entorno muy difícil y tradicionalmente hostil, mérito que debe de haber sido apreciado en lo que vale por Arenas, meticuloso conocedor de los interiores del partido. En ese Comité, en el que estaban ya Pedro Rodríguez, Fátima Báñez, el alcalde Lagares y Matías Conde, la voz de Huelva se verá reforzada desde ahora. Y más pronto que tarde tendremos más noticias de González, ya lo verán.

País de países

Mientras Europa endurece sus posturas frente a la inmigración indocumentada, con el apoyo de la izquierda socialdemócrata, todo debe decirse, van conociéndose datos, por lo que a nosotros respecta, que no dejan de ser inquietantes. Por ejemplo, los revelados por el Padrón Municipal del INE, según el cual la población española supiera ya los 46 millones de habitantes, cinco de los cuales son extranjeros. Asegura la estadística que por cada español nativo que se inscribe en ese padrón, lo hacen cinco extranjeros como mínimo, habiendo regiones como Cataluña donde la población foránea alcanza ya la séptima parte del total, una proporción prácticamente similar a la registrada en Madrid. Un ingreso masivo de extranjeros en cualquier país es un hecho histórico, sin duda, que países como Francia resolvieron tiempo atrás valiéndose de sutiles procedimientos de marginalización, pero que, en cualquier caso, representa un acontecimiento demográfico de primera magnitud. Un millón y medio de magrebíes, otro tanto de sudamericanos, más de 700.000 rumanos y otros grandes contingentes nacidos fuera de nuestras fronteras constituyen un motivo de atención para un país en el que once de cada cien residentes no son ya nacionales. Se barajan dos posturas básicas frentes a esta auténtica revolución poblacional, una, que apunta hacia la convivencia multicultural, es decir, a la separación funcional de esos grupos en comunidades separadas y, otro, partidario de la integración que, sin ignorar los problemas que pueden derivarse de este tipo de coexistencias culturales, entienden que el primero lleva fatalmente al mosaico de guetos, en el sobreentendido de que la razonable asimilación de extranjeros no tiene por qué cuestionar el mantenimiento de sus modos específicos de vida salvo en lo que pueda implicar un choque insalvable con la civilización y la normativa local. Sea cual fuere el procedimiento empleado y su éxito relativo, lo que está claro es que el fenómeno migratorio actual no es un suceso más, sino una prueba planteada a la propia identidad española en especial desde ciertas exigencias ideológicas. España es hoy ya un país de países, todavía a escala soportable, es cierto, pero verosímilmente decisivo, como hemos de ver un bien poco tiempo.

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 No puede negarse que esa inyección poblacional tiene sus ventajas no sólo económicas, que son muchas, sino sociales, para un país ensimismado en exceso en su vieja perspectiva narcisista. Nuestra Seguridad Social –hoy de nuevo en el alero—se mantiene gracias a esa riada de nuevos afiliados, nuestro crecimiento vegetativo en la fertilidad de los inmigrantes para mantener sus discretas cotas de evolución, sectores enteros de nuestra economía en crisis se agarran como un clavo ardiendo a la precariedad de una mano de obra que está asumiendo también, con crecientes exigencias, como es natural, imprescindibles tareas  despreciadas por los españoles. Y hasta se anuncia la participación de esos colectivos en la vida política a través de un derecho al voto que resulta tan lógico, en determinados casos, como inquietante en otros. Cinco millones de extranjeros son muchos extranjeros en un país de tamaño medio y, sin duda, ese contingente va a ser sacudido laboralmente por las crisis en términos que acabará pagando la propia paz social y que puede llegar a ser explosivo si, como es verosímil, la recesión  termina siendo una realidad y un duro reajuste del empleo se ceba en él por motivos lógicos. La implacable estrategia europea, apoyada por España incluso desde la izquierda gobernante, no deja de tener su discutible razón. Pero el problema no son sólo ya los inmigrantes indocumentados sino la propia inmigración  legal. Fuera de un proyecto de integración realista pronto este país de países será un polvorín.