La guerra vecina

En Francia andan también a orza con el tema de la lengua, quiero decir con el tema de las lenguas, puesto que el lugar del francés como lengua nacional nade osaría cuestionarlo ni de lejos en tierra tan jacobina. Y con un mapa lingüístico mucho más complicado que el que tenemos en España, pues si no me dejo alguna en el tintero, en las regiones francesas se hablan no menos de diez lenguas propias de orígenes bien diferente, alguna de las cuales, como la occitana, es chamullada nada menos que por tres millones de hablantes. El mapa francés es complejo pues deriva sus lenguas o hablas de tres troncos diferentes, el románico, el germano, el celta y el basco, razón por la que la propia Ilustración comprendió pronto que la adopción de una lengua nacional de tanto éxito para el conjunto del país constituía un éxito cultural y un factor identitario de primera magnitud. El debate lo ha provocado el enmienda constitucional planteada por Jean-Luc Warsmann y aprobada por unanimidad en mayo que ha permitido reconocer, en el artículo primero de la Carta Magna, que esas lenguas son patrimonio de Francia, sin perjuicio de que se mantenga en el segundo que la lengua del país es exclusivamente el francés de todos. Como era de esperar, los “Inmortales” de la Academia, a diferencia de nuestros prohombres de la RAE, han irrumpido en público protestando por una medida que, a su juicio, olvidaba que ha sido precisamente la lengua francesa el factor que, en dos siglos, ha hecho fraguar definitivamente el país y para censurar, ya en un terreno práctico, ante una medida que cuestiona gravemente la igualdad de acceso de los ciudadanos a la Administración  y a la Justicia. El Senado verá ahora si es posible todavía retirar la enmienda del texto constitucional o procede mantenerlo en su articulado, pero reconforta contemplar la manera seria y culta, institucional, con que está llevando nuestros vecinos una minicrisis lingüística que de este lado de los Pirineos se ha convertido en una bronca suicida.

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El argumento de fondo de la crítica francesa consiste en que semejante fragmentación  del idioma pueda atentar sin remedio contra la identidad nacional sin que, a cambio, ni el conjunto ni las partes obtengan beneficio alguno. Es verdad que, además de la multitud occitana, hay casi un millón de alsacianos bilingües o un cuarto de millón de rebeldes celtas bretones que guardan como oro en paño esa seña particularista que es la lengua local, pero ni siquiera en esos enclaves del “exágono” que agrupa a “las diez lenguas” (alsaciano, bretón, franco, flamenco, lengua de oil, provenzal, catalán, occitano, basco y corso) hay nadie en sus cabales que sueñe con sustituir la lengua fundante y unificadora –el “léxico del jacobinismo”, como dijo alguien—por una de las arcaicas que constituyen el valioso patrimonio lingüístico del país. No es posible dejar de ver en la diferencia entre el debate francés y la guerra española la correspondiente distancia cultural y, si me apuran, civilizatoria, que separa a un país que tiene clara su entidad sociohistórica de una “nación de naciones” que hasta el presidente del Gobierno considera que es “discutida y discutible”. Salvar un patrimonio idiomático es una empresa lógica y valiosa, pero hacerlo a costa de un idioma que si se ha impuesto ha sido, indudablemente, por su funcionalidad superior a la hora de competir dentro y fuera de las fronteras, constituye una temeridad insostenible. Aquí el Senado, esa cámara expletiva, no valdría para mucho a la hora de repensar el modelo de regionalización galopante que estamos padeciendo, ni la Academia parece molestarse en levantar su voz contra el desafuero que supone la exclusión ilegal, inconstitucional, del español en la propia España. Hay un trecho largo entra España y Francia. Culturalmente hablando, un abismo.

Papeles perdidos

Ni siquiera es cosa ya de rebotarse contra el despilfarro que organismos como el CAA hacen del dinero público. Más desconcertante ha sido la respuesta enteramente cínica que cuatro de esos dispendiosos consejeros han ofrecido a la atónita ciudadanía: que las mariscadas y el abuso del coche oficial “han tenido siempre carácter oficial”, verdad memorable, sin duda, aunque demostrativa de la ignorancia administrativa de esos cargos digitales. Claro que la culpa no es de ellos sino del Sistema, de los interventores que visan esas facturas, de los superiores jerárquicos que consiente la merienda de negros. Sería imposible acabar con un banquete que se ha hecho habitual hasta el punto de que se llegue a defender como derecho lo que en absoluto lo es. Un consejero del CAA debe tener una mesa y una tele para revisar videos y acudir a trabajo por medios propios. A mí no me sorprenden tanto esos abusos como el hecho de que los abusadores los crean un derecho.

Atraco político

Hemos visto muchas cosas en esta vida política, pero pocas tan insensatas y descaradas, por decirlo suavemente, como la amenaza lanzada por el PSOE de Barrero contra el Ayuntamiento de Bollillos: si pacta IU con el PP, que el pueblo se despida del Gobierno, de la Junta y de la Diputación. Cercados por hambre, en otras palabras, malditos y excluidos, como si los medios de las instituciones fueran del PSOE y no de todos. Para que luego digan que no priman a “sus” Ayuntamientos en perjuicio de los “rivales”, pero esta declaración, a mi entender, merecería un debate político de más alturas que la local y provincial. ¡El ‘golpista’ de Gibraleón dando lecciones a los demás y amenazando con cerrar el grifo. Si Chaves y la FAMP tuvieran un resto de dignidad tendrían que corregirle la plana a este cacique endiosado que ha llegado a creerse virrey.

Retorno a la barbarie

Un bujarrón menorero ha reclamado en San Sebastián el derecho de los adultos a mantener relaciones sexuales con los menores. No con un mozo rayano en la mayoría de edad, sino con un “niño de ocho añitos” –dice el muy miserable—“al que la sociedad actual niega ese derecho”. Y lo curioso es que no he oído protestar a ninguna de esas exigentes cohortes que, hasta ahora al menos, rechazaban la pederastia como la aberración que es. Ni al Gobierno: la ministra Bibiana se retrata en “Zero”, como si le fuera la vida en la batalla homo, pero la autoridad encargada de los derechos del niño, que también existe, no dice ni mu, silencios que han de perjudicar, y mucho, ante la opinión pública, sus causas genuinas. La exigencia canalla del derecho a la pederastia es a veces presentada como un intento de restaurar el prestigioso modelo griego, seguramente por ignorancia de que esas prácticas primitivas, que tuvieron, sin excepción, un carácter iniciático de orígenes remotos, no son sino el emblema más elocuente de la sociedad machista que, en las culturas del Occidente antiguo, relegó a las mujeres, según Dumézil y otros autores, en la línea de la tradición indoeuropea, lo mismo que los ámbitos “salvajes”, desde los nambutis australianos hasta los masingara de Nueva Guinea. Hay una profunda contradicción en reivindicar la pederastia desde el marco libertario que promueve el respeto a la diferencia y la igualdad social, porque esa institución o costumbre no expresa más que otra visión homófoba, la del “club de hombres”, como decía H.-I. Marrou refiriéndose a la ciudad griega o a las confraternidades de índole militar, anteriores y posteriores. Bernard Sergent, autor de uno de los libros más sabios sobre el tema, pone el acento sobre el hecho de que en Grecia, a pesar de esa condición iniciática que hemos señalado antes, los autores se retraen a la hora de hablar del tema, desde el propio Homero cuando nos relata las aventuras del tándem Aquiles-Patroclo, hasta el propio Platón que, en “El Banquete”, se cuida muy mucho de no explicitar la índole, paladinamente homo, de la escena de “Sócrates rechazando los ‘regalos’ de Alcibíades”, por usar la fórmula célebre de Victor Cousin. Claro que a ver de qué puede servir irle con doctrinas a esa panda de degenerados. Los corralitos “de género”, en todo caso, no saben que están revitalizando prácticas viejas del mundo patriarcal.

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Ese pájaro menorero es un peligro, eso es todo lo que interesa resaltar, un peligro previsto, además, en las leyes penales y que, en consecuencia, debería ser conjurado por esta autoridad que parece plegada a cuantas novedades gusten proponerle ciertas minorías. Lejos de ello, sin embargo, no hemos asistido a la menor reacción de los poderes públicos –si exceptuamos una intervención de la Fiscalía prohibiendo la celebración del “Día del Orgullo Pedófilo”, menos mal—y hay que resaltar que tampoco hemos escuchado una sola voz de los colectivos gay, habitualmente distanciados de esos delincuentes. ¿También va a alegarse en este caso eso tan socorrido de que no hace falta endurecer la normativa penal de cara a la incesante legión de pedófilos pillados en Internet por las policías? Pues, miren, ahí los tienen ya reclamando su derecho a abusar –así lo llama todavía la Ley—de “un niño de ocho añitos”, ni que decir tiene que en defensa de los “derechos” del niño a ser abusado, no por imperativo de la vileza de estos “erastas” de pacotilla. Y una pregunta: ¿no es apología del delito esa reivindicación, cómo se consiente que se promueva una práctica que constituye delito? Personalmente creo que sujetos semejantes deberían ser apartados sin contemplaciones de una sociedad que empieza a confundir peligrosamente la libertad moderna con el orden bárbaro y primordial del que nos sacó la civilización.

El régimen vertical

La foto de la Moncloa, con patronos y síndicos rodeando al Presidente, cortesanos por un día, me ha dejado una seca evidencia: este modelo imaginario de paz social está agotado. Cuando en el otoño pasado, André Gorz, el gran rebelde de los años 60, que ya es decir, se suicidó serenamente junto a su esposa, muchos pensamos que, al margen de interpretaciones psicologistas, esa imagen conmovedora –los dos octogenarios, ya sin vida, cogidos de la mano—venía a ser como una escenificación del fracaso de la ilusión reformadora (Gorz nos enseñó a distinguir entre “reforma reformista” y “reforma no reformista”) de la que habían vivido varias generaciones tras la Guerra Mundial. De su extenso y profundo mensaje es probable que lo más perdurable sea al aviso de que el sindicalismo, como sistema de autodefensa de la clase trabajadora, precisaba de una reformulación  urgente para adaptarse a un modelo social distinto del tradicional, en el que el propio progreso material habría trastornado la lógica de la estratificación social eliminando casi por completo la realidad del proletariado clásico hasta convertirlo una vasta y difusa formación mesocrática, refractaria ya al ideal de lucha de clases, sustituido por el deseo de reformas. El “seíta” y el piso, como se decía en la España del desarrollismo franquista, acabaron con las posibilidades reales de una estrategia laboral diseñada desde la política revolucionaria, abriendo paso al imaginario reformista que rentabilizaron los socialdemócratas, como había sucedido en toda Europa, según aquel Gorz, que veía clara la necesidad de que los sindicatos transformaran con urgencia su naturaleza y sus estrategias. Gorz temía, supongo, o acaso veía venir una foto como la de antier en la Moncloa, es decir, no unos “pactos de la Moncloa” convocados en régimen de emergencia, sino un regreso al viejo “verticalismo” que reunía a patronos, sindicatos y poder en una misma baraja para sustituir el ‘conflicto’ por el ‘consenso’. Cuando González inventó la política de “concertación” (dinero a cambio de paz social) estaba reproduciendo, sin saberlo o sabiéndolo, cualquiera sabe, el modelo gironista.

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Nadie en sus cabales rechazaría la paz social ni los esfuerzos por conseguirla. Otra cosa es, sin embargo, confundir la paz social con una pacificación artificial de las relaciones laborales en las que unos sindicatos amaestrados, en armonía con la mismísima patronal, ofrezcan al Gobierno de turno la comedia de un entendimiento que, en la práctica no sería posible sin perjudicar al trabajo. El diálogo social es una cosa y el monólogo a tres voces de la “concertación” otra muy diferente y posible sólo por el intercambio de paces por dinero. No hay español sensato que quiera la confrontación, pero ¿saben los españoles los miles de millones que han recibido los “agentes sociales” en las últimas décadas a cambio de caminar juntos y revueltos, sindicatos, patronos y gobernantes en esa convención ‘contra natura’? Escuchar al secretario de UGT despotricar contra la “Educación de la Ciudadanía” en plena huelga del transporte habla por sí solo, pero verlos a todos –síndicos y patronos—medir sus palabras en Moncloa evitando con escrúpulo pronunciar la palabra “crisis” resulta una imagen demoledora incluso para los escasos despistados que aún crean a pie juntillas en esa dialéctica fingida. Sin alharacas, casi sin percatarnos, nos hemos visto reinstalados en el ‘verticalismo’ presunto “superador” a un tiempo de la hidra revolucionaria y del egoísmo capitalista. Este modelo está agotado: lo demuestra el fiasco de antier. Cuando Gorz, que fue activo militante de del CDTF, escribió “Adiós al proletariado”, los síndicos le montaron la del tigre. Es lo que ocurre cuando se cantan las cuarenta, pero ningún “concertante” debe hacernos renunciar a la idea de que la Verdad es revolucionaria.

Sin excusa posible

No hay excusa posible para el PSOE de Chaves en el “caso Estepona”. Que se haya seguido operando como se operaba en Marbella resulta tan intolerable que el solo intento de mostrarse al margen del disparate resulta ofensivo para el sentido común. Chaves dice ahora –como dijo cuando el “caso Malaya” marbellí—que la Junta de Andalucía llevaba años denunciando irregularidades en Estepona. Vale, pero entonces ¿por qué no adoptó ninguna medida política? ¿Y cómo dejó renovar como alcalde a Barrientos en las recientes elecciones municipales? Todo indica que Barrientos tenía fuerza suficiente como para conseguir su impunidad o, lo que es lo mismo, que Chaves debía tener ante sí algo que le impedía enfrentarse a ese alcalde que dice haber denunciado tantas veces. La corrupción urbanística, a pequeña escala, no hay quien la evite: a gran escala es imposible sin algún tipo de connivencia del Poder.