Alcalde con dos condenas

El alcalde de Carboneras (PSOE), que ya fuera condenado por un delito electoral e inmediatamente después indultado por el Gobierno de Zapatero, ha vuelto a ser condenado, esta vez por calumniar y acusar de prevaricación al propio magistrado que lo condenó en su día. No sabemos si el Gobierno repetirá la jugada y volverá a indultarlo, pero la situación creada resulta, en todo caso, especialmente incómoda para el partido que, de mantenerlo en la vida política, estaría dando un dudoso ejemplo de respeto a la Justicia y al propio Ayuntamiento. Cualquiera puede pechar con una condena que acepta aunque no comparta, pero no un alcalde y menos un partido de (y en el) gobierno. Veremos qué hacen al respecto la Junta y su partido, y si no hacen nada, será curioso observar que hacen el TSJA y el CGPJ, si es que hacen algo.

Alcalde emergente

Un nuevo miembro onubense de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, en esta ocasión por elección libre del propio Rajoy: el alcalde de Lepe, Manuel Andrés González. Un alcalde joven y que sube como la espuma, pero tras el cual se ve ahora claramente la mano sostenedora de Javier Arenas, que le augura un futuro político mayor, probablemente de orden provincial. González ha ganado una batalla difícil, no cabe duda, y lo que es más importante, la ha ampliado y convertido en firme en un entorno muy difícil y tradicionalmente hostil, mérito que debe de haber sido apreciado en lo que vale por Arenas, meticuloso conocedor de los interiores del partido. En ese Comité, en el que estaban ya Pedro Rodríguez, Fátima Báñez, el alcalde Lagares y Matías Conde, la voz de Huelva se verá reforzada desde ahora. Y más pronto que tarde tendremos más noticias de González, ya lo verán.

País de países

Mientras Europa endurece sus posturas frente a la inmigración indocumentada, con el apoyo de la izquierda socialdemócrata, todo debe decirse, van conociéndose datos, por lo que a nosotros respecta, que no dejan de ser inquietantes. Por ejemplo, los revelados por el Padrón Municipal del INE, según el cual la población española supiera ya los 46 millones de habitantes, cinco de los cuales son extranjeros. Asegura la estadística que por cada español nativo que se inscribe en ese padrón, lo hacen cinco extranjeros como mínimo, habiendo regiones como Cataluña donde la población foránea alcanza ya la séptima parte del total, una proporción prácticamente similar a la registrada en Madrid. Un ingreso masivo de extranjeros en cualquier país es un hecho histórico, sin duda, que países como Francia resolvieron tiempo atrás valiéndose de sutiles procedimientos de marginalización, pero que, en cualquier caso, representa un acontecimiento demográfico de primera magnitud. Un millón y medio de magrebíes, otro tanto de sudamericanos, más de 700.000 rumanos y otros grandes contingentes nacidos fuera de nuestras fronteras constituyen un motivo de atención para un país en el que once de cada cien residentes no son ya nacionales. Se barajan dos posturas básicas frentes a esta auténtica revolución poblacional, una, que apunta hacia la convivencia multicultural, es decir, a la separación funcional de esos grupos en comunidades separadas y, otro, partidario de la integración que, sin ignorar los problemas que pueden derivarse de este tipo de coexistencias culturales, entienden que el primero lleva fatalmente al mosaico de guetos, en el sobreentendido de que la razonable asimilación de extranjeros no tiene por qué cuestionar el mantenimiento de sus modos específicos de vida salvo en lo que pueda implicar un choque insalvable con la civilización y la normativa local. Sea cual fuere el procedimiento empleado y su éxito relativo, lo que está claro es que el fenómeno migratorio actual no es un suceso más, sino una prueba planteada a la propia identidad española en especial desde ciertas exigencias ideológicas. España es hoy ya un país de países, todavía a escala soportable, es cierto, pero verosímilmente decisivo, como hemos de ver un bien poco tiempo.

                                                                   xxxxx

 No puede negarse que esa inyección poblacional tiene sus ventajas no sólo económicas, que son muchas, sino sociales, para un país ensimismado en exceso en su vieja perspectiva narcisista. Nuestra Seguridad Social –hoy de nuevo en el alero—se mantiene gracias a esa riada de nuevos afiliados, nuestro crecimiento vegetativo en la fertilidad de los inmigrantes para mantener sus discretas cotas de evolución, sectores enteros de nuestra economía en crisis se agarran como un clavo ardiendo a la precariedad de una mano de obra que está asumiendo también, con crecientes exigencias, como es natural, imprescindibles tareas  despreciadas por los españoles. Y hasta se anuncia la participación de esos colectivos en la vida política a través de un derecho al voto que resulta tan lógico, en determinados casos, como inquietante en otros. Cinco millones de extranjeros son muchos extranjeros en un país de tamaño medio y, sin duda, ese contingente va a ser sacudido laboralmente por las crisis en términos que acabará pagando la propia paz social y que puede llegar a ser explosivo si, como es verosímil, la recesión  termina siendo una realidad y un duro reajuste del empleo se ceba en él por motivos lógicos. La implacable estrategia europea, apoyada por España incluso desde la izquierda gobernante, no deja de tener su discutible razón. Pero el problema no son sólo ya los inmigrantes indocumentados sino la propia inmigración  legal. Fuera de un proyecto de integración realista pronto este país de países será un polvorín.

Tolerancia cero

Es el argumento, o mejor, la fórmula reina en estos casos. “tolerancia cero”. Quere decir que el Poder. La Junta en este caso, no va a consentir ni un deliz en el muy resbaladizo terreno del urbanismo, como si no estuviera claro como el agua de que toda la crónica del “caso Marbella” la Junta dejó hacer guardando la ropa y hasta participó en un cohecho cienmillonario, judicialmente demostrado, aceptándole a Jesús Gil talones a cambio de racalificaciones. En Estepona, los mismo. Chaves sabe hace lo que venía haciendo “su” alcalde sin perjuicio de lo cual lo refrendó en las últimas municipales. ¿Tolerancia cero? La Junta de Chaves ha cerrado los ojos durante estos años de rapiña en Marbella, en Estepona y en otros lugares menos escandalosos, pero es evidente que al responsabilidad última en ese agio sistemático es suya. Esta vez Chaves no tiene salida, lo que no quiere decir que el “régimen” andaluz no le ofrezca un portillo. La corrupción  urbanísitica mayor sólo es posible con la vista gorda de la Junta. Sería injusto cargar sobre Barrientos (o sobre Gil) toda la culpa de estos desmanes.

El Joglars en Huelva

Els Joglars debería quedarse una temporadita en Huelva, el tiempo de m,eter una farsa el montaje político local, el juego de los tránsfugas comprados a precio de oro, la desvergüenza de la doble moral que exige al adversario que se abstenga de los mismo que él perpetra. Nadie como ellos, los “joglars” para captar la materia satírica de este esperpento que está arruinando la democracia provincial a base de controlar todos los resortes como hacen los “regímenes” autocráticos. Hay que contarle a Boadella la crónica de Gibraleón comparada con la de Almonte, la comedia de Beas, el cambiazo de Aracena, la compra de la izquierda valverdeña, a ver si saca una de sus magistrales parodias con tan mollares argumentos. De momento, vayan a verlos hoy todavía poner boca abajo las apariencias ecologistas y otras varias. Y pedirles que se acuerden de la provincia, de la taifa aislada a su suerte, del feudo de unos cuantos. Se iba a inflar Boadella en Huelva. No desperemos de que lo haga.

La guerra vecina

En Francia andan también a orza con el tema de la lengua, quiero decir con el tema de las lenguas, puesto que el lugar del francés como lengua nacional nade osaría cuestionarlo ni de lejos en tierra tan jacobina. Y con un mapa lingüístico mucho más complicado que el que tenemos en España, pues si no me dejo alguna en el tintero, en las regiones francesas se hablan no menos de diez lenguas propias de orígenes bien diferente, alguna de las cuales, como la occitana, es chamullada nada menos que por tres millones de hablantes. El mapa francés es complejo pues deriva sus lenguas o hablas de tres troncos diferentes, el románico, el germano, el celta y el basco, razón por la que la propia Ilustración comprendió pronto que la adopción de una lengua nacional de tanto éxito para el conjunto del país constituía un éxito cultural y un factor identitario de primera magnitud. El debate lo ha provocado el enmienda constitucional planteada por Jean-Luc Warsmann y aprobada por unanimidad en mayo que ha permitido reconocer, en el artículo primero de la Carta Magna, que esas lenguas son patrimonio de Francia, sin perjuicio de que se mantenga en el segundo que la lengua del país es exclusivamente el francés de todos. Como era de esperar, los “Inmortales” de la Academia, a diferencia de nuestros prohombres de la RAE, han irrumpido en público protestando por una medida que, a su juicio, olvidaba que ha sido precisamente la lengua francesa el factor que, en dos siglos, ha hecho fraguar definitivamente el país y para censurar, ya en un terreno práctico, ante una medida que cuestiona gravemente la igualdad de acceso de los ciudadanos a la Administración  y a la Justicia. El Senado verá ahora si es posible todavía retirar la enmienda del texto constitucional o procede mantenerlo en su articulado, pero reconforta contemplar la manera seria y culta, institucional, con que está llevando nuestros vecinos una minicrisis lingüística que de este lado de los Pirineos se ha convertido en una bronca suicida.

                                                                  xxxxx

El argumento de fondo de la crítica francesa consiste en que semejante fragmentación  del idioma pueda atentar sin remedio contra la identidad nacional sin que, a cambio, ni el conjunto ni las partes obtengan beneficio alguno. Es verdad que, además de la multitud occitana, hay casi un millón de alsacianos bilingües o un cuarto de millón de rebeldes celtas bretones que guardan como oro en paño esa seña particularista que es la lengua local, pero ni siquiera en esos enclaves del “exágono” que agrupa a “las diez lenguas” (alsaciano, bretón, franco, flamenco, lengua de oil, provenzal, catalán, occitano, basco y corso) hay nadie en sus cabales que sueñe con sustituir la lengua fundante y unificadora –el “léxico del jacobinismo”, como dijo alguien—por una de las arcaicas que constituyen el valioso patrimonio lingüístico del país. No es posible dejar de ver en la diferencia entre el debate francés y la guerra española la correspondiente distancia cultural y, si me apuran, civilizatoria, que separa a un país que tiene clara su entidad sociohistórica de una “nación de naciones” que hasta el presidente del Gobierno considera que es “discutida y discutible”. Salvar un patrimonio idiomático es una empresa lógica y valiosa, pero hacerlo a costa de un idioma que si se ha impuesto ha sido, indudablemente, por su funcionalidad superior a la hora de competir dentro y fuera de las fronteras, constituye una temeridad insostenible. Aquí el Senado, esa cámara expletiva, no valdría para mucho a la hora de repensar el modelo de regionalización galopante que estamos padeciendo, ni la Academia parece molestarse en levantar su voz contra el desafuero que supone la exclusión ilegal, inconstitucional, del español en la propia España. Hay un trecho largo entra España y Francia. Culturalmente hablando, un abismo.