Ha sido noticia durante toda la semana en la prensa europea la denuncia de un grupo de científicos sobre los riesgos graves que entraña el uso del teléfono móvil. Es un tema traído y llevado, como lo fue el de las antenas en su día, pero que vuelve con tanta fuerza que se prevé ya para el 2012 la inserción obligatoria en el aparatito de avisos aterradores como los que nos hemos acostumbrado a ver en las cajetillas de tabaco, previéndose la prohibición de los mismos en lugares públicos para el año 2015. Las causas de la alarma médica siguen siendo las mismas: no hay pruebas formales del daño potencial pero sí consenso sobre el riesgo que implica el uso y, sobre todo, el abuso de unos artefactos cuya invisible actividad energética no controlamos en absoluto. Estamos más o menos, ha dicho algún especialista, como hace medio siglo estaban nuestros padres frente a las advertencias de riesgos implícitos en el tabaco o en el amianto, es decir, en esa zona penumbrosa de la conciencia pública que suele vencerse hacia el escepticismo aceptando un riesgo en el que el hábito ayuda a no creer. De momentó, y frente al silencio discreto de las productoras, los médicos previenen ya contra el peligro que supone la proximidad física, aconsejando su alejamiento del cuerpo y el uso a través de mediadores o “manos libres”, aparte de la completa prohibición del uso por parte de menores. Una batalla perdida porque raro es el país que no posee más ‘móviles’ que habitantes e insólita la vista urbana en la que no aparezcan diversos usuarios con la maquinita pegada a la oreja. Comprobamos una vez más que los saltos civilizatorios no salen casi nunca gratis aunque comporten colosales negocios y cambios cruciales en las conductas. Vivimos confiadamente en un mundo saturado de ondas, trufado de invisibles dardos que amenazan nuestra salud que nos resistimos a imaginar pero que están ahí amenazándonos silenciosamente. No me imagino el día en que los telefoninos desaparezcan del paisaje urbano, pero tampoco creíamos posible la prohibición del tabaco y ahí la tienen: hay países en los que se estudia ya su proscripción incluso en los espacios abiertos. Calculen.

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Los datos sobre el uso del aparato  de que disponemos entrañan, por otro lado, un peligro diferente y añadido al riesgo sanitario de sobra conocido ya por la autoridad que trata como puede de enfrentarse a una moda tan invasora. En Vigo, un 10 por ciento de los menores se consideran adictos al móvil, en Madrid ha habido necesidad de poner en marcha un plan especial para combatir la plaga y, esta misma semana, la prensa europea difunde la noticia de que en un hospital de Lérida se está llevando a cabo un programa que pretende acabar con la adicción  de un numeroso grupo de adolescentes patológicamente absorbidos por el teléfono y la comunicación directa a través de la ‘webcam’ de Internet, a la que venían dedicando cinco horas diarias o más. Un problema, eso sí, que hay que contemplar teniendo en cuenta que los 44’1 millones de españoles poseían hace ya tiempo 44’3 millones de teléfonos celulares, “unos doscientos mil móviles más que ciudadanos”, como ha subrayado alguien, una cifra que ha crecido notablemente después, como consecuencia, entre otros factores, de las nuevas aplicaciones tecnológicas y el crecimiento del acceso a la Red a través del propio móvil. Muchos sociólogos son conscientes hoy por hoy de que el ritmo vertiginoso de las nuevas tecnologías entraña efectos nocivos junto a sus innegables ventajas en lo que parece una broma del Progreso a la ingenuidad humana propulsada por su fatal tendencia al consumo. No parece que ese riesgo de cáncer que los más pesimistas anuncian a los usuarios sea el problema más urgente que tiene planteada esta comunidad parlante que dinamiza la ‘sociedad-red’. Pero ya sabemos que es raro que el mono loco escarmiente a tiempo. Lo entenderemos quizá cuando no tenga ya remedio.

Históricamente el Poder ha procedido de tres maneras para imponer la censura sobre la libertad de expresión. La “censura previa” permite al que opina solicitar el permiso del censor y muchos entre los que escribíamos durante la dictadura podemos dar fe de que ilustres demócratas reciclados ejercieron eficazmente tal menester, en ocasiones hasta extremos cómicos. Un día que llevé a ‘Triunfo’ un reportaje sobre Abd.el-Krim, Haro Tecglen, que sabía de qué hablaba, me advirtió que el ministerio no tragaría con ese tema que funcionaba como un fantasma en la memoria del Caudillo, y en efecto, el original fue devuelto de modo expeditivo. En otra ocasión, un espíritu malévolo me regaló las galeradas tachadas con lápiz rojo de un libro mío sobre la ‘Septembrina’ que, en consecuencia, decidimos olvidar dormido en un cajón y si les dijera a ustedes quién fue el censor les daría un patatús. Pero tenía esa ventaja la “censura previa”: que podías retirar los dedos antes de que la cancela se cerrase. Luego vino la “censura posterior”, esto es, la ejercida una vez publicado el texto, lo que implicaba el grave engaño de vender la garantía de libertad de expresión sin declinar la potestad de impedir que se difundiera lo expresado y, eventualmente, la de enviarte al TOP para que calibraran el alcance de tu transgresión. Ahora no se manda al TOP porque ya no hay TOP pero todavía se recogen publicaciones de los kioskos y se empapela a sus responsables a pesar de que, en otros ámbitos, todo el monte sea orégano para los deslenguados. Y finalmente está la “censura judicial”, acaso la más inquietante y peligrosa para el régimen de libertades, no sólo porque implica a la Justicia en pleitos indeseables, sino porque su mera posibilidad constituye una amenaza latente para toda opinión cuando la acción proviene de un personaje de la vida pública. Nerón invitaba al suicidio a Séneca o a Petronio pero sólo al final. Entre tanto podían leerle la cartilla al propio César divinizado.

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La sentencia que ha condenado a Losantos quizá no sería tan alarmante de no producirse en un panorama en el que ya va siendo frecuente la acción de castigo ejercida por el político contra el opinador crítico. Antes que el alcalde de Madrid han intentado silenciar al crítico lo mismo el presidente de Extremadura que el de Cataluña, aunque ninguno de ellos haya llegado tan lejos como el de Andalucía cuando logró sentar en el banquillo, en el que resultarían absueltos, a los periodistas de El Mundo, simplemente por informar de un hecho que el juez daría por probado y exponer como obvias unas conclusiones jamás rebatidas. El caso es que, con independencia de la suerte de esos pleitos, no logrará el Poder nunca acallar una crítica sin la que la democracia sería sólo un decorado y el cargo público una patente de corso. No se discute, claro está, el derecho del político a defender su honorabilidad; lo que se cuestiona es el límite –amplísimo en nuestra jurisprudencia, todo hay que decirlo—de lo que se entienda por honor o intimidad de quien aparece instalado en la vida pública por encima de los ciudadanos del común. Lo que Losantos le dijo a Gallardón, por lo demás, no es sino lo que piensan y dicen millones de personas en España, y nada que pueda compararse con la intolerable impertinencia que soportó en plena TV –él sabrá por qué—cuando el hoy ministro Sebastián, entonces rival suyo por la alcaldía, puso en almoneda su vida privada de la manera más abyecta. Y ni Gallardón procedió contra Sebastián ni Chaves contra quienes ampliaron con creces la denuncia de El Mundo, ni ninguno de los dos logrará silenciar a quienes derivan su derecho a criticar al mismo orden del que ellos cobran y por el que ellos mandan. Me parece que era Pascal quien consideraba extraño ese celo que se irrita contra los que denuncian las faltas públicas y no contra los que las cometen.