El trágala del PSOE

El secretario del PSOE, Javier Barrero, defiende al ‘delegata’ pródigo que se gasta los dineros de todos en comilonas espectaculares, el mismo al que la propia Junta ha puesto en evidencia como (por lo menos) mal administrador de algún centro a su cargo. El que funciona políticamente, ¿qué más da que se gaste el manso? Aparte de que nadie puede estar seguro (¡) de que esa denuncia contable de la Junta o la evidencia de los facturones de restaurantes caros sean del todo veraces, no sé si lo cogen. Y en última y definitiva instancia, a ver si se enteran de que –sobran ejemplos, pero ahí está el clamoroso del delegado de Salud– el PSOE “está acostumbrado a apoyar mucho a la gente que sufre campañas demoledoras del PP”. ¿No quieren caldo?, pues dos tazas. Siempre hemos sostenido que la crítica y denuncia de esos próceres de pacotilla –no la del PP, sino la de cualquiera que aparezca con las pruebas en la mano–  los afianza ante su partido que confunde firmeza con contumacia. ¿Que qué hay de lo suyo? Usted, buen hombre, pague lo que Hacienda le reclame y trate de olvidar.

La edad y el color

La Unión Europea ha protestado muy formalmente ante el gobierno de Texas por la última ejecución de un reo, un tal Connor, que murió, el pobre, invocando con devoción a Alá y a Mahoma, su profeta. La suya hace el número cuatrocientos en el registro de ejecuciones del Estado, en el que se han inscrito la mitad del total de las perpetradas en la “gran democracia americana” en lo que va de año, hasta alcanzar una cifra récord desde que fue reintroducida la pena capital, y que cuadruplica la de la media del resto de los Estados en que se aplica el suplicio. Connor era negro y pobre como la mayoría de los condenados a la última pena (23 de los 25 condenados que aguardan en el “corredor” son, en este momento, “personas de color”), razón por la que tal vez sus últimas palabras, junto a los piadosos perdones de rigor, han sido para denunciar a un Sistema que, según él, no funciona. Y no debe de funcionar cuando la grave preocupación de los opositores a esta barbarie, que Amnesty Internacional califica de “asesinato legal”, es en este momento un doble fenómeno: el elevado número de errores judiciales probados tras la ejecución, y el creciente número de condenados que solicitan ser ejecutados, renunciando a su derecho a recurrir,  con tal de no prolongar el calvario de las apelaciones. Pero hay circunstancias aún más desoladoras, como la de la edad de los reos, un buen número de los cuales era menor de edad al cometer el delito, vivía en condiciones miserables e incluso padecía graves trastornos mentales. Hay casos célebres, en los últimos tiempos, de suplicios aplicados a menores. El de Joseph Cannon, por ejemplo, que fue enviado al otro barrio a pesar de sufrir perturbaciones insuperables, o el de Robert Carter, demostradamente víctima de irreversibles lesiones cerebrales. Después de todo, USA, junto a Somalia, sigue sin ratificar la Convención Internacional de Derechos del Niño y, en opinión del gobierno texano, la muerte es “simplemente” (sic) un “castigo adecuado” para los crímenes más horribles. Eso es algo que “los tejanos decidieron hace mucho tiempo” o sea que no hay más que hablar. La UE está perdiendo el tiempo con sus reclamaciones.
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Nada menos que dieciocho ‘liquidados’ en lo que va de año sin salir de ese Estado, pues, y otras trece ejecuciones para las que ha comenzado ya la cuenta atrás, entre ellas una para el próximo martes y otra para el miércoles, según parece. La dependencia de jueces y fiscales del voto popular contribuye, sin duda posible, a esta hecatombe que tiene pocos visos de ser remediada a pesar de presiones y llamamientos en tanto perdure ese demagógico procedimiento. Con el agravante de que el sistema penal de aquel gran país mantiene vigente la cadena perpetua y dispone, en consecuencia, de medios sobrados para garantizar la seguridad amenazada por los agresores, como evidencia la aterradora cifra de condenados de por vida, entre los que han figurado y figuran millones de menores e incontables pequeños traficantes de droga. Hace unos años se aprobó incluso en aquel Congreso, con sólo tres votos en contra, una ley que permite la condena a muerte del ‘hacker’ que desde su ordenador viole la seguridad informática de la defensa nacional. El otro día, como de costumbre, las familias de la víctima y la del reo coincidieron en la burbuja adjunta al patíbulo químico, que enseguida hubo de ser dispuesto para sus próximas reutilizaciones, mientras grupos de suplicantes repetían ante la prisión la clásica escena de la plegaria y la protesta. La barbarie del Talión parece asegurada en USA como en China, en Irán como en Etiopía, en Cuba como en Arabia Saudí, en Egipto como en Irak o en los noventa países que mantienen en pie el cadalso sin la menor previsión de desmontarlo. En el país que se postula líder del planeta, no cabe duda de que esa realidad constituye todo un escarnio.

Prisas partidistas

Mientras hay autonomías que discretamente aplazan el estreno de esa piedra de escándalo que es la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”, la nuestra ha decidido encabezar la movida e imponerla sin contemplaciones en el nuevo curso, a pesar de que todavía, al menos en la letra del BOJA, ni se sabe de qué va la vaina, y nunca mejor dicho. Les recomiendo el repaso que el profesor Gustavo Bueno le da al tema y a sus libros de textos en la revista ‘Catoblepas’, pero aún sin esas divertidas iluminaciones parece que lo lógico hubiera sido buscar un acercamiento con la importante masa ciudadana que se opone a la novedad o, al menos, aguardar a que los tribunales resuelvan los numerosos recursos planteados. Y menos mal que no han tirado aquí por la calle de en medio, como en Aragón, donde van a sancionar como “absentistas” (lo que rara vez se hace en este reino del absentismo) a los alumnos que no asistan a las nuevas clases. No es difícil conjeturar que una asignatura que nace bajo este signo de discordia durará poco en nuestro fracasado panorama educativo.

El color del defensor

Tiene lógica la designación de Manuel Rodríguez como “Defensor del Ciudadano” por parte de un gobierno municipal de signo radicalmente contrario; mucha menos tiene que los suyos se opongan a las claras o bajo cuerda, con voz propia o con la del PSOE. Y la tiene porque ese personaje ha demostrado durante años su dedicación plena así como su lealtad a los principios que en tan poco estiman sus compañeros a la hora del cambalache, es decir, cada dos por tres. Otra cosa es que como este “ombudsman” los ciudadanos vayan a disponer ya de tres “defensores” por falta de uno, un exceso que hasta puede que provoque interferencias más que beneficios. En una democracia deberían sobrar estos vigilantes del rigor, pero ya que hemos decidido instituirlos, lo menos es escogerlos bien, como acaba de hacer el PP eligiendo a ese dirigente histórico de IU, lo mismo que mantiene al frente de alguna empresa pública a personajes afines al PSOE.

Luchas callejeras

La alcaldesa de Pinto, como la que hace un homenaje a su colega de Móstoles, ha decidido cambiar los nombres de las calles bautizadas por el PSOE con nombres de políticos para nombrarlas, en su lugar, con los de músicos y compositores. La que llevaba la gracia del presidente Glez., por ejemplo, pasará a llamarse Albéniz, quién sabe si como un guiño a los mal avenidos Sarkozy, pero de esa falla incruenta no se ha librado ni el mismísimo Aznar. Es la interminable guerra del nomenclator, la batalla constante del callejero que, como alguna vez se ha señalado, podría constituir una de las fuentes más claras a la hora de contemplar el rostro cambiante y no poco convulso de nuestro pasado colectivo. La Gran Vía madrileña, inmortalizada por la zarzuela y todo, ha llevado sucesivamente, si no me olvido de alguno, cinco nombres por lo menos, sin contar sus primitivas rotulaciones parciales, y contando sólo los posteriores a la guerra civil: se llamó primero, en efecto, ‘CNT’, luego ‘Avenida de Rusia’, más tarde ‘Avenida de la Unión Soviética’, bajo el franquismo “Avenida de José Antonio’ y, finalmente, con la democracia, de nuevo ‘Gran Vía’ que es como, en cualquier caso, jamás dejaron de designarla ‘gatos’ y ‘manuelas’. Una curiosidad: al estallar aquella guerra, el Ayuntamiento capitalino mudó los rótulos de 200 calles, al finalizar la contienda, los de 125, y con la democracia sólo 27, aplicándose en este último caso el razonable criterio que proponía cambiar exclusivamente las designaciones que, a su vez, fueran mudadas por la dictadura pero no las de nueva planta que bajo ella surgieron, lo que determinó que los altos de la Castellana, sin ir más lejos, siguieran llamándose durante años ‘Avenida del Generalísimo’. En los cambios del callejero influye, en ocasiones, el buen sentido o el simple decoro, como cuando la ‘calle del Burro’ pasó a llamarse en Sevilla nada menos que ‘Alfonso X el Sabio’ o en Madrid, primero ‘Padilla’ y luego ‘de la Colegiata’, pero por lo general, esas mudanzas responden más bien a la inquina y el espíritu de revancha tal vez inevitable en la vida de los pueblos. La alcaldesa de Pinto quizá no se ha dado ni cuenta de que ha descubierto esa pólvora mojada en la santabárbara del subconsciente.
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Los memoriosos de la hecatombe fratricida andan contribuyendo, por su parte, a enconar estos conflictos nominales, muchas veces cargados de razón y otras a rastras de una incierta irresponsabilidad. En Jerez ha habido recientemente su mijita de bronca con motivo de la restauración del monumento ecuestre al dictador Primo de Rivera, un gesto que hubieran aplaudido Unamuno o Valle-Inclán, seguro, pero que no está de más que contrastemos con casos famosos como es el de que Cronwell el regicida presida el Parlamento de Westminster o el de que Danton se erija dominante en pleno Saint Germain y no lejos de Cluny. La reyerta callejera sugiere, por lo general, falta de (in) formación histórica cuando no puro despiste frente al pasado, y tengo observado que es menos intensa y constante en los países de cultura más sólida, y al contrario, que se agita más y mejor en aquellos que consumen sus energías en el rifirrafe retrospectivo. A mí, en confianza, el gesto de cambiar nombres de políticos por nombres de músicos me mola cantidad, sin que deje de inquietarme, sin embargo, por lo que pueda tener de rencoroso ese nemotécnico tejer y destejer, ese quitaypón recurrente incapaz de asumir que el pasado de los pueblos no es purificable sino que precisa ser asumido en su totalidad en nombre de la concordia. A muchos nos revuelve las tripas tropezarnos todavía con esos símbolos franquistas que el Gobierno anuncia que va a eliminar por ley, lo que no quiere decir que nos agrade contemplar estos inacabables trajines, fieles reflejo de una convivencia banderiza. En Pinto y en Valdemoro, por supuesto, eso  ni se plantea.

No cuela

No cuela lo de que la purga a fondo que, según las informaciones, habría sufrido el equipo policial que ha investigó la “Operación Malaya”, responda a una simple remodelación interna del servicio, sin intencionalidad ni consecuencias políticas. No sólo porque esos policías ahora confinados –en “pago” de su celo– a comisarías de barrio fueran los mismos que venían denunciando que “arriba” no encontraban apoyo para seguir ahondando en la investigación, sino porque con ellos han ido desapareciendo del mapa muchos compañeros del mismo equipo. ¿En qué materia no quieren los de “arriba” que se profundice, acaso en la traída y llevada “proximidad” de la Junta a los fautores del histórico mangazo? La palabra del ministro no basta, claro está, para confiar en que estos manejos no afecten “de ninguna manera” al caso. Que haya que conformarse con ella no supone, ni mucho menos, que cuele la trola.