Las barbas del vecino

La nación portuguesa anda también enredada en faenas en torno a su lengua. No para destruir ni alejar nada, sino todo lo contrario,  para facilitar su empleo entre los diversos pueblos que en ella se expresan, desde  la metrópoli a Brasil pasando por los países africanos o enclaves orientales que constituyeron el antiguo Imperio. En Brasil, la gran potencia actual de esa “lalia”, va a someterse a referéndum en Internet el Acuerdo Ortográfico decretado por el Gobierno, una vez integrados los demás criterios, incluidas las representaciones de la sociedad, como editoriales, universidades, periódicos y sindicatos del ramo, acuerdo que trata de unificar la ortografía –la sintaxis y la semántica se dejan, de momento, a un lado—para lograr una razonable unidad de acción del lenguaje común en los foros internacionales. Se trata, obviamente, de una operación más bien superficial, pero empeñada en liquidar de una vez las incómodas diferencias introducidas en el uso lingüístico durante su evolución histórica, sobre todo en lo que se refiere a las reglas de acentuación, aparte de otros ajustes menores que tratan de cerrar el viejo anhelo de unidad de la lengua arrastrado desde que, en 1911, Portugal propuso la primera normalización del idioma. He ahí un modelo de preocupación  por el habla común basado en la generosa convención de que el idioma pertenece a todo el que lo habla y en el postulado implícito de que la uniformidad es una condición esencial para cualquier idioma vivo y que pretenda no sólo seguir viviendo sino ampliar su influencia como instrumento de comunicación. En Francia también está reciente la decisión legal de consagrar un francés único y primado entre las varias lenguas y hablas de la nación, decisión que ha sido asumida sin el menor ruido hasta en los ámbitos más tradicionalistas como el corso, el  bretón o el basco. Para que vean que en este país de nuestros pecados llevamos cambiado el paso que marca, en esta era confusa, el gran desfile europeo.

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Ayer mismo revelaba este periódico que el modelo que trata de imponer a toda costa el nacionalismo separatista catalán solamente encontraría hoy equivalentes en Groenlandia  o en las islas Feroe, y que España es el único país miembro de la Unión Europea que permite aplicar en la escuela el sistema de “inmersión lingüística” con el que se trata, ni más ni menos, que de ahogar el uso de la lengua nacional. Gran Bretaña, por ejemplo, ha admitido el reconocimiento del galés y del gaélico escocés en el concierto comunitario pero pasándole la factura a las regiones correspondiente y no, como aquí, endosándoselas al Estado común. Claro que nadie imagina en ese gran país la posibilidad de que alguien penalice el uso del inglés o imponga el de la lengua regional, una postura que, según parecen garantizar los sondeos, apoya la inmensa mayoría de los británicos, incluidos los de las áreas que conservan su segunda lengua. En Italia las notables curiosidades diferenciales de dialectos como el toscano (que era el de Dante, no se olvide) se mantienen sin complejos como lo que son, sin más, tanto en el habla corriente que se escucha en la calle como en los rótulos del callejero. Sólo aquí prospera la mala hierba de la ‘diferencia’, el designio estrictamente político de instrumentalizar la lengua como una herramienta al servicio de la secesión, es decir, justo lo contrario que ocurre en nuestro entorno en un momento histórico caracterizado por la tendencia unificadora en la que los pueblos reconocen las evidentes ventajas de una unidad que no tiene por qué ser incompatible con la diversidad ni con la conservación de ese tesoro cultural que son las lenguas vernáculas. Brasileños y portugueses se han puesto de acuerdo buenamente poniendo o eliminando circunflejos y agudos además de renunciar, por ambas partes, a alguna que otra consonante arcaica, mientras aquí se multa impunemente por hablar español.

La pobreza andaluza

Acaba de conocerse, otra vez, ese dato que no deja hueco para encajar la retórica de los políticos interesados en ocultar nuestra realidad social: el que asegura que un 30 por ciento de loa andaluces vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, 8’4 puntos por encima de la media nacional y sólo superada en su desgracia por Extremadura. Es lo que se llama “pobreza relativa”, o sea, situación de efectiva estrechez personal o familiar en la que los recursos no alcanzan para vivir dignamente según  lo que por dignidad entienden los organismos internacionales. Puede decir lo que quieran, en consecuencia, que todas las quimeras se vienen abajo ante esa legión de pobres “reales” que crece en nuestra región tras 30 años de hegemonía de un partido que se dice “socialista obrero”. La verdad es que si Chaves, tras 30 años con sueldo de ministro, tiene esas cuatro perras gordas que declara, no resulta inverosímil que haya tanto pobre en esta “Andalucía imparable”.

Sombra inquietante

Parece que Huelva era una de las provincias en que los etarras detenidos tenían previsto hacer su campaña de verano. No era, pues, una casualidad irrelevante la interceptación de aquel comando en Ayamonte, o no lo parece, al menos. Con la frontera portuguesa al lado no debe de resultar fácil controlar el acceso a nuestra tierra de esos delincuentes, y menos aún controlarlos en plena aglomeración veraniega, lo que no quita para que haya que suponer que el Gobierno haya tomado las medidas de seguridad adecuadas, que es lo que hay que esperar razonablemente. El peligro está ahí, en cualquier caso, y no hay noticias de que las fuerzas de seguridad hayan sido reforzadas como ellas mismas vienen demandando hace tiempo. Huelva se ha convertido en un  territorio difícil en el que sería conveniente desalentar a los malhechores mostrándoles la guardia alta.

Todo tiene precio

La audiencia del Rey, esto es del Jefe del Estado, al presidente de Venezuela ha agitado, como era de esperar, el cotarro político, que este verano no tendrá que recurrir a descubrir serpientes marinas ni a perseguir ovnis inverosímiles. Es natural si se tiene en cuenta la intensidad de la polémica suscitada por el famoso corte del primero al segundo, pero también en función de la larga e insidiosa campaña de insultos y desplantes que el coronel golpista ha dedicado a la dirigencia española y, en concreto al propio don Juan Carlos (al que él apea confianzudamente el don, por cierto), a quienes no se ha tentado la ropa a la hora de descalificarlos políticamente con las más estudiadas insidias. Hay ‘medios’ que han hablado ante esa foto insólita de “razón de Estado”, mientras otros, como este mismo diario, han visto en ella un signo de “realpolitik” y un éxito –un tanto barato, eso sí– de la diplomacia nacional, que habría conseguido normalizar las relaciones con un régimen dictatorial pero que posee grandes reservas de petróleo y, en consecuencia, una clave primordial de cara a la crisis que soportamos. Otros, en cambio, como quien esto escribe, pensamos que el interés económico, cuya importancia salta a la vista, no es el único que resulta imprescindible conservar en un Estado que se precie. La dignidad, fíjense qué cosa tan elemental, debería contar a la hora de echar cuentas sobre una operación como ésta en la que el chusco mandatario de los corridos y las rancheras tiene poco que perder, al contrario de quien, como el Rey de España, encarna a una institución que lo trasciende al representar a todo un pueblo. Es muy sencillo el negocio: se trata de decidir sobre si el petróleo barato compensa del ridículo que hace un Jefe de Estado al recibir con todos los honores a quien lo ha insultado hasta el escarnio. ¿Todo tiene un precio? Vale, pero atengámonos a las consecuencias, no sólo el monarca ofendido, sino el conjunto de una sociedad capaz de venderse por un bidón de crudo.

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Hemos pasado una legislatura de espaldas a los EEUU y de perfil respecto a la Europa que cuenta, en la que hemos descendido a ojos vista en términos de prestigio, y sin embargo, nos hemos desvivido por recuperar la relación con el sector más desprestigiado de un radicalismo cuyas consecuencias a medio e incluso corto plazo para Hispanoamérica es más que probable que haya que acabar lamentando. Y al final, hemos forzado a la máxima magistratura nacional a hacer de tripas corazón y representar el vodevil chusco de la reconciliación con el sátrapa. ¿Cómo se puede procesar a quienes queman en efigie al Rey y, al tiempo, humillar a éste forzándolo a recibir a un badulaque que ha amenazado a nuestras empresas inversoras, cubierto de injurias al anterior presidente del Gobierno y tratado a la Corona con el mayor desprecio? La diplomacia del Gobierno ha puesto de rebajas la dignidad del país al permitir que su representante máximo (esto lo podemos admitir sin dificultad hasta los republicanos más convencidos) se rebaje a compadrear con un demagogo al que no se toma en serio la inmensa mayoría de los países democráticos. La figura del Rey ha perdido en la audiencia del viernes buena parte de su lustre institucional y personal, al menos a los ojos de quienes sostenemos que, siendo muy importante la relación comercial, mantener intacta la dignidad resulta prioritario. Otra cosa supone admitir que todo tiene un precio, que se puede injuriar y retar al Jefe del Estado impunemente siempre que el agresor lleve en la alforja mercancías interesantes. ¿Alguien puede creer que algo semejante hubiera podido ocurrir en Francia, en Alemania o en Inglaterra? Nadie, incluido Chávez, por supuesto. La soberbia corte española se ha vuelto bizcochable. Del Estado, sencillamente, no interesan ya más que los Presupuestos.

Arte callejero

El Ayuntamiento de Córdoba, como antes otros tanto o más importantes, apoya a los “grafiteros”, huy, perdón, a los “artistas callejeros” que han hecho de la “pintada” callejera una lacra insufrible y creciente. Incluso ha instituido un premio para animarlos con el objeto, agárrense, de “recuperar la popularización de los mensajes callejeros que se produjo (en París) en Mayo del 68, mensajes populares anónimos que inundaban la ciudad”. Miren, les propongo otra prueba del 9: cuando vea que un alcalde/sa autoriza a esos “artistas” a embadurnarles su propia fachada, empezaré a creer en estas providencias descerebradas que convertidas las ciudades es auténticos esperpentos y desesperados a los vecinos. 25.000 euros se gastará Córdoba en sufragar esta exhibición titulada “Paredes hablan”. Si pudieran hablar los propietarios agraviados se iban a enterar estos mecenas de la basura.

El SAS, al psiquiatra

Dicen que el SAS está prácticamente en bancarrota, que despide a los médicos, no rebnueva contratos o traslada a los que hay desde el interior a la costa (como los moros de Queipo) para no contratar nuevos facultativos, que hay hospitales (incluidos los de referencia) que tienen como consigna prioritaria ahorrar una cantidad millonaria durante el ejercicio, pero que se gastan medio kilo en festejar a la sustituta del Delegado provincial, como si el traslado de ese prócer no constituyera ya bastante festejo. Y en fin, cuentan que hay “usuaria” que ha debido recurrir –con éxito, faltaría más– a la recomendación  de la Casa Real para que el SAS la atienda tras 10 años de espera. Al SAS habría que pasarlo por sus propios psiquiatras a la vista de esa locura.