La guerra incivil

Esa máquina de insultar que es Luis Pizarro, vicesecretario del PSOE-A y manijero de confianza de Chaves, se ha superado a sí misma sugiriendo, en la línea más botarate del otro “revisionismo” de la Guerra Civil, que el asesinato de Blas Infante concierne al actual Partido Popular. Una insensatez despreciable, no solamente porque carecen absolutamente de sentido atribuciones de esa naturaleza, sino porque podría acarrear que rebotaran como un boomerang para dar en la propia cabeza de la actual izquierda democrática, muchos de cuyos padres y abuelos participaron de aquella locura. Chaves debería evitar esos abusos locos, no sea que empiece a circular la documentación acreditativa que iba a dejar a más de uno con el trasero familiar al aire. Personajes como Pizarro no caben en un sistema de libertades si no es por contaminación demagógica. Colocarlos al frente del cotarro no es culpa suya, ciertamente, sino del colocador.

Ni Ceaucescu

Qué búlgara ni búlgara: la mayoría que gastan el PSOE andaluz y el onubense, a imitación del federal, es, en realidad, rumana, pero rumana de Ceaucescu, el amigo de Carrillo que pasaba por la piedra a los disidentes y disidentas sin mover un músculo. ¡Extraordinario el porcentaje, unanimidades nunca vistas, en torno a personajes de mediana estatura, en el mejor de los casos, que si acaso se han distinguido en algo ha sido en agitar el patio a base de dicterios! El PSOE ha hecho de la agresividad su única arma y eso no es saludable ni, a largo plazo, positivo para ninguna política. La de Huelva ha ido degenerando degenerando desde sus orígenes hasta alcanzar estos mínimos que, desde las propias votaciones, evidencian su dudosa condición democrática. Con Franco se encargaba a media docena de fieles que votaran en contra del Poder. Estos pasan ya hasta de ese escrúpulo.

Negocio de muerte

Estamos viviendo una lucida campaña publicitaria a cargo de la ministra de Defensa en torno a la destrucción unilateral de nuestro arsenal de bombas de racimo. La ministra dice que España demuestra con un gesto como ése estar a la cabeza del ránking de la solidaridad internacional, como un ariete imparable contra la barbarie que supone fabricar esos ingenios terroríficos que, todo hay que decirlo, constituyen un boyante negocio para muchos países. Claro que la primera pregunta que se le viene a uno a la boca es por qué, para qué fabricaba España hasta ahora bombas de racimo, a quién quería obsequiar con semejante artilugio, uno de los más crueles inventados por el hombre, si es que pensó alguna vez en lanzarlos contra algún enemigo, y en caso contrario, para qué las fabricó. ¿Acaso para comerciar con ellas, es decir, hablando claro, para vendérselas a otros menos “sensibles” en beneficio de nuestra balanza de pagos? España es un importante exportador de armas, como vienen denunciando desde hace años las organizaciones internacionales independientes (AI, Médicos sin Frontera, Intermón, Greenpeace), e incluso consta que ese comercio se ha mantenido con países nada recomendables por estar inmersos en luchas de exterminio, como es el caso de Sudán, Costa de Marfil, Nigeria o Angola, entre otros, o por figurar entre los declarados por la comunidad internacional como inobservantes de los derechos humanos. ¿Tiene sentido vender armas a un tiempo a India y Pakistán, por ejemplo? Pues España lo ha hecho si es que no lo sigue haciendo, como se las ha vendido a Ghana, Sri Lanka, Israel, Cuba o Camerún, por no hablar de ese gran cliente que es y ha sido siempre Marruecos. En la era zapateril las organizaciones en cuestión denuncian que nuestro chalaneo de armas incluye a más de una docena de países, ocho entre ellos expresamente vetados por la Unión Europea, y es público y notorio que a Venezuela ha exportado nuestro sensible país incluso “cohetes y material radiactivo y tóxico”. Pero vamos a destruir las bombas de racimo, y vamos a ser los primeros en hacerlo, para que no se diga. Hablar de doble moral me parece que sería quedarse cortos.

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Acabamos de enterarnos que somos el país más afectado por los efectos devastadores de la crisis económica, pero también de que encabezamos la pléyade sensible, a la que adelantamos ya en tantos terrenos escabrosos, ahora deshaciéndonos de las bombas de racimo como en su día –no sin fuertes resistencias—nos plegamos a destruir las minas antipersonas, porque convengan conmigo que también tenía guasa que un Gobierno fabrique y venda ese arma infame mientras la Reina preside la campaña para su extinción. Puro fariseísmo, bienvenido en sus consecuencias, por descontado, pero fariseísmo al cabo, al menos, en tanto no se renuncie a figurar destacado en esa lonja mortal. Se comprende que el Gobierno restrinja severamente la información sobre este delicado negocio de muerte, apenas resumido en un informe anual de cierta junta interministerial (la JIMMDDU), pero la propaganda de la ministra abanderando el humanitarismo no dejará de ser un gesto dudoso hasta que no se renuncie clara y terminantemente a nuestro papel de traficantes de muerte. En los peores momentos de la guerra de Bosnia, resultaba sonrojante ver en los muestrarios de armas incautadas por cada bando, armas diversas fabricadas en y vendidas por España. Lo que no quiere decir que no resulte precioso en sí mismo el anuncio de la ministra y el trasfondo de presumible mala conciencia que subyace bajo su superficie, pero sí que el pacifismo es indivisible y el desarme no puede reducirse a la destrucción de un arma manteniendo la venta de las demás. Pero déjenme que vuelva al principio y me pregunte para qué coños querría España, hasta antier, esas bombas de racimo.

Más sombras que luces

No dudo que el nuevo alcalde de Estepona, David Valadez, merece simpatías políticas: él fue quien denunció primero la corrupción ante la autoridad y ante su partido. Pero también fue él quien se plegó al silencio, convencido por su partido, y lo observó religiosamente, llegando incluso a presentarse de nuevo a elecciones con el denunciado, y manteniéndose luego al margen hasta que se descubrió la tostada. No cabe duda, por tanto, de que Valadez es persona contraria a la corrupción, pero tampoco de que es militante que antepone el interés de partido a su propia conciencia cuando el momento lo requiere. Ahí está en el sillón hoy por hoy incluso con el voto de un imputado y a expensas de que rueden más cabezas todavía. Un gesto tan honroso como el que él tuvo al denunciar a los suyos es poco compatible con el de tragar con las instrucciones del partido para que aguantara mecha. Sombras y luces, pues, probablemente más de las primeras que de las segundas.

Aquellos gorilas

El mandamás y amo de la mina de Riotinto no sube ya al pueblo ni rodeado de gorilas, como antiguamente. Anda ‘missing’, inencontrable, aunque deberá comparecer (¿o no?) el día de la Junta que el juez acabará fijando ya que él no lo hace. Ha estado a las maduras, ha vendido a la Junta, es decir, al IFA, (por un precio inconcebible, y pregúntense la razón) terrenos, y al mejor postor la maquinaria que nadie le impidió, ha toreado a los sindicatos y a los mineros para desaparecer al fin. Si tiene que hacer frente a la acción que interpondrán los trabajadores por delito societario, ya serán tres las presuntas cuentas pendientes con la Justicia, pero lo que no aparecerá nunca es la pasta. Éste hombre ha sido un protegido manifiesto del partido en el poder y de sus Administraciones. A los mineros no los ha protegido nadie desde el “año de los tiros”.

Familias peligrosas

El sistema penal norteamericano se ha negado a conceder la libertad condicional a Susan Atkins, la matriarca de la “familia Manson”, a pesar de padecer un tumor cerebral que hace prever un pronto desenlace. No ve motivos el sistema penal, como no lo ven las familias de las víctimas, para que aquella asesina diabólica –ella fue la que degolló a Sharon Tate en medio de la orgía—tenga ningún privilegio, ni siquiera tras cumplir cuarenta años de su cadena perpetua, estimando que una cosa es la discreta conmiseración que se le debe a todo penado y otra muy distinta la sensiblería. Aquí en España, la noticia coincide con las que nos llegan del País Vasco, donde la “familia De Juana” perpetra un claro alzamiento de bienes para burlar la indemnización que pesa sobre ese asesino en serie, y la “familia Aspiazu” repite la burla por el procedimiento de adquirir en subasta y a la baja la mitad del negocio embargado al criminal con el fin de deducir sus indemnizaciones. De Juana y Aspiazu vivirán, pues, junto a sus propias víctimas lo que, a mi juicio, constituye un alegato supino contra un sistema penal y penitenciario como el que padecemos, mientras los manguitos se deshacen en elegantes argumentaciones que conducen al absurdo a través del garantismo más imprevisor. En Francia o en Italia se pudren en la cárcel, a pesar de las vidriosas circunstancias judiciales en que se desarrollaron sus respectivos procesos, los asesinos de ‘Action Directe’ y los últimos alucinados de las ‘Brigadas Rojas’, sin que nadie preste oídos a las voces que, de vez en cuando, se levantan en su favor, en contra de una mayoría probada de la opinión pública. España es el paraíso del convicto siempre que éste no sea un infeliz.

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Situaciones como las aludidas han vuelto a reabrir el debate sobre la cadena perpetua y el cumplimiento íntegro de las penas impuestas por los tribunales, un debate que, en cualquier caso, de poco servirá ya para la legión de asesinos que campan por sus respetos sobre la sangre derramada al amparo de la propia Ley que violaron de manera tan brutal. Se dice y repite que a De Juana le ha salido por menos de un año cada vida arrebatada y se almidonan esos manguitos para manejar una interpretación ultraformal de la norma que resulta tan inobjetable desde la formalidad como insensata desde el sentido común. ¿Por qué la democracia española ha de derrapar por el lado libertario a las sólidas democracias occidentales, dando lugar a espectáculos tan esperpénticos como el que supone ver a esos atroces delincuentes manejar diestramente una Ley que hace años que debió reformarse? ¿Por qué los beneficios penitenciarios han de aplicarse al contumaz o al reincidente, qué extravagante pulsión nos empuja a mostrarnos buenos hasta la debilidad, permitiendo situaciones tan injustas como las que padecen las víctimas como consecuencia de tan exaltada lenidad? El debate, eso sí, será una pérdida de tiempo en tanto no se recurra a un método más expeditivo y democrático como podría ser, por ejemplo, un referéndum que descubriera el verdadero sentir de los españoles frente al establecimiento de fórmulas punitivas similares a las que rigen en casi todos los países sólidamente demócratas. Leo en la prensa americana que la firmeza mostrada por el sistema americano al mantener en prisión a la Atkins no es rigorismo sino coherencia, y pienso en cual sería la reacción de la inmensa mayoría de los españoles si se les anunciara un cambio legal por el cual esta insólita galería de malvados hubiera de permanecer a buen recaudo de por vida. Lo que no tiene sentido es que 3.000 años se queden en 17, que las familias burreen al Estado levantando impunemente los bienes del malhechor o que las víctimas hayan de cruzarse con él en la escalera. Esta democracia, implacable tantas veces con los débiles, ha resultado un coladero para estos malvados tratados con guante de seda.