La mentira política

La revista ‘New Scientist’ acaba de informarnos de los planes de un sabio del mítico  ‘MIT’ (el Massachusset Institute of Technology) para conseguir un aparato capaz de distinguir en el discurso de los políticos la verdad de la mentira. De momento, parece que ya ha averiguado que el candidato Obama manipula más y con mayor eficacia los mensajes que el republicano McCain, algo que, a mi modesto entender, no necesita máquina averiguadora alguna pues quizá basta con echarle un ojo a ambos personajes en el ambón para descubrir sus respectivas capacidades. Incluso se habla, ya puestos, de un proyecto de robot que, analizando los detalles de la expresión facial del comunicante, será capaz en su día de detectar el camelo bajo la sonrisa o el mohín adustro, como si no supiéramos que el arte de la mentir comienza justamente por esa capacidad de adiestramiento de los músculos de la cara. Por un lado, no veo la necesidad de probar lo sabido, porque no creo que haya una mínima parte del electorado que no de por hecho que el político miente por sistema (dejemos de lado ahora la distinción de Derrida entre la verdad y la veracidad) a un colectivo del que algún ilustrado llegó a decir que es hielo ante la verdad y fuego ante la mentira, pero por otro, me alarma un poco el ingenuo proyecto en la medida en que la falacia en boca del político ha sido durante toda la historia del pensamiento algo de lo más parecido al hecho consumado. Por no hablar del “Timeo”, que son palabras mayores, ahí está la afirmación platónica de que ocultar la verdad o falsearla es privilegio del gobernante que no posee, sin embargo, el gobernado, una propuesta mil veces repetida, que Maquiavelo elevó a categoría atribuyendo a “El Príncipe” la absoluta capacidad de mentir e incluso de forzar, es decir, la mismísima teoría e idénticos métodos que ha mantenido en nuestros tiempos ese insigne mendaz que es Henri Kissinger. ¿Para qué averiguar lo que aceptamos de antemano? Ahí dejo la pregunta por si le vale de algo al MIT.

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Me he entretenido en repasar las actitudes filosóficas en torno a la verdad y la mentira, es decir, al derecho a usar aquella a pesar de su evidente ilegitimidad, y he concluido que una inmensa mayoría de pensadores dan por inevitable la falacia política, hasta el punto, en muchas ocasiones, de considerar que no habría gobernación posible si la verdad fuera condición obligada. A mí, en el fondo, esta actitud me escandaliza no por lo que tiene de comprensible, sino porque implica un desprecio supino por la capacidad del pueblo al que el discurso político va dirigido aunque, ciertamente, debo admitir que eso que Ortega llamaba “masa” (como La Fontaine, por cierto) anda bastante conciliada con la idea del camelo sistemático, es decir, con el convencimiento de que la vida pública ha de funcionar necesariamente engrasada por ese humor lubricante que es la sustitución de la realidad por su ficción deliberada. En España estamos asistiendo desde las elecciones a una colosal exhibición de mendacidad política que no creo que haya descalificado ni mucho menos a un Gobierno que negaba la evidencia de la crisis hasta extremos patéticos. Pero no menos que en EEUU o en la culta Europa, por no hablar de esa Rusia emergente, maquiavélica sin saberlo, a la que cuesta pillarla en una verdad siquiera. Se dice también que en la sociedad medial, aquella masa ha renunciado a todo anhelo de verdad, inmersa como está en el narcótico de las propagandas que han sustituido, de hecho, a la naturaleza de las cosas. ZP es un gran mentiroso y Solbes un camelista de mérito pero no creo que ello resulte definitivo para la aplastada masa de hipotecarios en apuros, financieros estrellados y amas de casa en las últimas. La política, y la democrática más que ninguna, ha normalizado sin remedio la mentira. Los sabios del MIT ya podrían dedicarse a otra cosa más práctica.

Papel mojado

Casi les da algo predicando el nuevo Estatuto y a las primeras de cambo van y se lo pasan bajo el arco como si se tratara del bando de un pedáneo. La decisión de saltarse el plazo estatutario para cuantificar la llamada “deuda histórica” pone en evidencia que tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía marchan acordados, evidentemente al complot, y decididos a postergar para tiempos mejores un compromiso que los obliga sin remedio. Sobran cuentos y racionalizaciones: esa ‘deuda’ no se cuantifica ni paga porque el Gobierno tiene que habérselas con las presiones muy superiores de las autonomías con peso específico, singularmente con la catalana, aparte de por las apreturas con que lo ciñe la crisis galopante. Total, que el Estatuto era papel mojado, y si lo es para esto tan concreto, podemos imaginar lo que será para esos derechos mucho más deletéreos que en é se incluyen. Se justifica ahora la enorme abstención del referéndum. Los andaluces son presa fácil pero no son tontos.

La nueva capital

A Huelva no va a conocerla ni la madre inmemorial que la parió cuando tomen forma la reforma urbanística capital del Ensanche Sur y el nuevo diseño de la Isla Chica, dos proyectos capitales que van a acometerse,  además, en plena crisis económica (ésa que no existía, ya saben), con el consiguiente alivio para la economía capitalina y provincial. ¿No ha sido un doble error irreparable la oposición, incluso vergonzante, que ha tratado de frustrar ambos proyectos a base de denuncias, impugnaciones, querellas y todo el repertorio de la política sucia que ha envilecido nuestra vida pública durante estos últimos años? Una buena penitencia sería, para esos opositores malévolos, reconocer la realidad de esta nueva Huelva que ha avanzado más en tres quinquenios que en un siglo.

Ventana indiscreta

Cada minuto crece el temor de que la instalación de ventanas en Internet, en las que puede colgarse sin mayores problemas, la información disponible, va a marcar un antes y un después en la historia no escrita de la privacidad (la de la vida íntima es otra cosa, claro). Estos mismos días protestan los pilotos españoles porque desde el ministerio de Fomento que dirige la controvertida “lady Aviaco” se haya filtrado el informe provisional y secreto elaborado por los técnicos cobra la catástrofe de Barajas, incidente similar al ocurrido, en relación con la llamada “guerra de las Cajas”, en la consejería andaluza de Economía cuando la regentaba esa dama. Se ha convertido ya, en efecto, en un hecho corriente la filtración de documentos judiciales a los periódicos, algo en tiempos concentrado en el juzgado de Garzón pero posteriormente extendido a otras muchas oficinas judiciales, y más corrientes aún resulta el hallazgo de documentación sanitaria ‘sensible’ en contenedores de basura y al alcance de cualquiera, sin que los varios organismos encargados de al vigilancia y tutela de la privacidad hayan dado, por el momento, con ninguna fórmula capaz de impedirlo. El último incidente sobre el particular ha ocurrido en Noruega, país civilizado donde los haya, en el que, sin embargo, datos confidenciales de cuatro millones de noruegos han sido divulgados en cd.rom procedentes de organismos fiscales, al parecer, por error, aunque es cierto que ya en otra ocasión el organismo encargado de su protección descubrió que datos personales de sesenta mil noruegos, incluidos el del director del organismo, habían sido expuestos en la Red. Francamente, no creo que la privacidad –y ni siquiera la intimidad—vuelvan a estar a salvo con garantías a partir de ahora. Internet es una ventana tan benéfica como indiscreta y con eso hay que contar en adelante salvo que se prefiera meter la cabeza bajo el ala.

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No acabamos de ponernos de acuerdo, como otras tantas veces, sobre el progreso que supone la posibilidad de transparencia supina que proporciona la comunicación en red, pues si por una parte parece lógico pensar que la simple amenaza de publicidad evitaría más de un mal mayor, no es menos cierto que esa misma posibilidad, en manos de la incierta responsabilidad de cualquiera, constituye un riesgo grave para quienes den a ese ámbito reservado de la vida personal el valor que tradicionalmente se le ha otorgado en todas las civilizaciones. Nunca, además, fue tan colosal la masa de datos privados que se amontona en los ficheros de las Administraciones o entidades privadas, lo cual complica de manera decisiva la cuestión porque no es lo mismo un dato irrelevante que una información de índole fiscal o, pongamos por caso, sexual, que el ciudadano ha sido obligado a revelar en la confianza de que habría de ser respetado su fuero. En Noruega el escándalo esta siendo fenomenal, como no podría ser menos seguramente teniendo en cuenta la gravedad que supone la exhibición pública de datos sumamente reservados, pero aquí en España no vamos muy a la zaga, siquiera sea a título un poco paleto, cada vez que nuestras historias clínicas –celosamente guardadas por mucha gente en el mayor secreto—aparecen tiradas en la calle por pura falta de diligencia o cuando nos enteramos de que la propia Administración, esto es, el mismísimo Gobierno, se dedica a filtrar lo que le interesa con absoluto desprecio de los derechos e intereses de los dueños realengos de la información. Hay un antes y un después de ventanas como ‘You Tube’, ya digo, y no se ve por parte alguna la posibilidad de controlar esa exposición impúdica de nuestras vísceras más recónditas a la alcahuetería general, lo que no quiere decir que ignoremos el eventual valor de esos recursos de la Red razonablemente empleados. Nos hemos quedado sin patrimonio íntimo apenas sin advertirlo.

Cal y arena

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha logrado la fórmula mágica para compatibilizar el fracaso con la excelencia, como lo demuestran los avances espectaculares en algunas especialidades (piénsese por ejemplo en cirugía de trasplante o prenatal) en contraste con el lastimoso estado de la atención en urgencias o la parsimonia de las listas de espera. La última adquisición ha sido un ‘software’ en el servicio de Oftalmología del Hospital “Virgen del Rocío”que dirige el Dr. Ruiz Lapuente, destinado a tratar enfermos con pérdida de agudeza visual, aplicable al tratamiento de intervenidos en cataratas o persistencia hiperplásica del vitreo, un adelanto hasta ahora empleado solamente en Inglaterra y Suiza. Lo dicho, entre el fracaso y la excelencia, no porque lo digan las complacientes encuestas que exhibe la consejera sino por la capacidad y empeño de sus sanitarios en la mayoría de casos. “Dios que buen vasallo si hubiera buen señor/a”. El refrán viene al pelo.

¿Qué pasa en Ayamonte?

La Junta debe aclarar la situación de irregularidad urbanística grave que el Partido Popular viene denunciando con pelos y señales, sin que la excusa burocrática pueda servir de dilatorio ni la coyuntura de la crisis sirva para justificar circunstancias ilegales en atención a un supuesto interés colectivo. El desarrollo urbanístico de la costa ayamontina viene siendo conflictivo hace años (la playa de San Bruno se construyó allí donde las mareas llegaban con facilidad, por ejemplo) pero en esta ocasión las obras denunciadas son concretas y no resultan concebibles sin la anuencia de los servicios de la Junta. No aclarar con diligencia este enredo no haría más que potenciar la sospecha pública de que en ese Ayuntamiento hay gato encerrado. El partido, el alcalde y su predecesor verán si les interesa o no.