Desorden y locura

Un interesante estudio de la Comisión  Europea y la OMS, que incluye a 42 países, ha puesto de relieve la crítica situación de la asistencia psiquiátrica en la mayoría de ellos. Se refiere, claro está, a la que Erasmo, por contraposición con la “locura sabia”, llamaba “locura loca”, es decir, a ésa que es perceptible a simple vista por la población que, en cierto modo, la acepta como inevitable sin dejar de escandalizarse por sus efectos. Nunca o casi nunca se tuvo una sensación  tan vehemente de que este mundo está más para allá que para acá, ni una conciencia más clara de que la majaronería galopante tiene no poco que ver con  la profunda crisis de valores que vive la Humanidad, especialmente en su zona desarrollada. Según el estudio hay diferencias tan marcadas incluso entre países asimilables como Suiza y España, como revela el hecho de  que el primero de ellos disponga de treinta psiquiatras por cada cien mil habitantes mientras que el segundo, el nuestro, sólo tiene seis, ya muy cerca de los puestos bajos de la clasificación que creo que cierra Albania con tres solamente. Pocas materias tan controvertidas, en el último cuarto de siglo, como esta de la psiquiatría, en especial tras los estragos que un Lacan mal asimilado produjo en muchos profesionales hasta el punto de eliminar conceptualmente la locura como una noción maldita que era preciso ocultar como primera medida terapéutica. Yo recuerdo muy bien la que se organizó cuando una mañana la portada de un periódico tituló a toda pastilla “Cerramos el manicomio”, como en efecto hizo la Administración que, un poco en línea con lo que Gustavo Bueno llama el “pensamiento Alicia”, “borró” de un plumazo el fenómeno con el consiguiente desastre que supuso tanto su integración hospitalaria como la devolución voluntarista del enfermo al hogar familiar. Padecemos una situación crítica pero también, pos si fuera poco, una asistencia deplorable, que, como no podría ser de otra manera, separa sin compasión a los pacientes con posibles de los pacientes pobres. Es obligado decir desde el progresismo que ésta es una de las grandes injurias infligidas por la progresía a nuestra sociedad.

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Nos faltan psiquiatras, nos sobran motivos para la enfermedad, y lo digo en línea con la doctrina imponente del maestro Foucault en su prodigiosa “Historia de la Locura en la época clásica”. Y es así porque la sociedad organizada, es decir, el Estado, no sólo se desentiende de la evolución crítica, caótica, del sistema de valores de toda la vida y su sustitución por fórmulas de una moral social extremista, sino por los propios condicionamientos materiales de una civilización vertiginosa. Hay un  conflicto no resuelto –ni siquiera explícito—entre aquella moral del cristianismo histórico, que es la que, a pesar de los pesares, ha vertebrado nuestro progreso ideológico, y la moral social de la Ilustración desfigurada hasta la caricatura por sus epígonos actuales, que llaman modernidad a la trasgresión y progreso al capricho. Y todo este desorden produce locura, multiplica la disfunción y abre más cada instante la brecha que separa la conciencia de la realidad, al tiempo que se regatean los instrumentos adecuados para atender con la debida solicitud a quienes lo necesitan. Ocultando el desorden, claro está, como en el Viejo Régimen se ocultó tras las tapias inaccesibles de los morideros de alienados, sin que se vea y menos aún, sin que se relacione el auge de la ‘manía’ y la enfermedad en general con esa fractura moral que hace invisible, para muchos espíritus, esta sociedad manga por hombro. Se ha escrito que la locura es un mal del cerebro no del espíritu. Contando con seis especialistas por cada cien mil habitantes, me parece a mí que, en última instancia, es una enfermedad social.

El pasado presente

Vano Ejercicio del presidente Chaves rechazando las justificadas y múltiples críticas al maltrato presupuestario que el “Gobierno amigo” dedica a Andalucía en base a la presunta deslealtad que su día pudieran tener de los Gobiernos Aznar. La relación de ultrajes es larguísima y se ha repetido sin conseguir otra cosa que demostrar que el PSOE se atiene a la estrategia única de la negación que le permite, por lo demás, su mayoría absoluta. Pero es evidente que los PGE tratan a Andalucía de aquella manera, comparada con otras comunidades con las que ZP tiene compromisos políticos que aquí no se plantean. El castigo de Andalucía es contar con la sumisión de su autonomía a los intereses del Gobierno de partido. Contra Aznar vivíamos mejor, evidentemente, sobre todo Chaves.

La sopa boba

La impagable ‘Cáritas’ –la misma organización a la que un Gobierno del PSOE quitó su subvención por informar de que en España vivían (entonces) siete millones de pobres—está haciéndose cargo de las primeras víctimas de la crisis ésa que decía hasta antier que no existía. Andan atendiendo a familias proletarias pero también a mucha de clase media agobiadas por la subida de del coste de la vida, el turbión de las hipotecas y la infinidad de agujeros que presenta la vida familiar cuando la cosa aprieta. Tomemos nota, para que no es olvide, y de paso sugiramos la idea de que quizá esas fueran tareas de atención propias de la consejería de Bienestar Social y no sólo de las instituciones caritativas. Quizá volvamos a ver –ya los hay por muchos sitios—los viejos comedores gratuitos asistidos por voluntarios  ante al indiferencia del poder político.

Gestionar el caos

Los jueces están que trinan. Con el Gobierno, cuyos máximos representantes se permiten sugerir su gremialismo o apostar por una condena concreta contra un magistrado. Contra el ministro, que, hablando del “caso Mari Luz”, exculpa del “daño gordo” (sic) a la Fiscalía y a la Junta. Van a ir, al parecer, a un paro por las bravas el próximo día 21, juntos aunque no revueltos con los Secretarios, enfurecidos también  por la drástica sanción a compañera del caso citado. Reunidos en Cádiz, los Jueces Decanos han reclamado la no interferencia del poder ejecutivo en el judicial, que es lo menos que se despacha. Los titulares de mercantil están desbordados literalmente por las consecuencias de la crisis galopante, a pesar de que el 66 por ciento de los jueces superan el máximo de productividad establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CSPJ). Para qué hablar de los de lo Contencioso-Administrativo. ¿Saben ustedes que un juez de un pueblo cobra 54 euros por guardias de veinticuatro horas prolongadas durante una semana? Me llevan por el laberinto para mostrarme de cerca la jungla de papel, esa jungla que en un Juzgado de Instrucción debe resolver en teoría entre 7000 y 9000 asuntos por año, mientras que a uno de lo Penal le corresponde nada menos que unos 600 asuntos para juicio y otras tantas ejecutorias, para lo que cuenta con seis personas en el mejor de los casos. Están cansados los jueces de que se insinúe que actúan movidos por el corporativismo puesto que recientes encarcelamientos de compañeros imputados o culpables han sido acogidos, como no podría ser de otra manera, con un silencio disciplinado y sepulcral. Incluso me dicen que si es cierto, como ha dicho el director general de Tráfico, que en España existen 60.000 conductores sin carné, a ver qué pueden hacer los juzgados correspondientes cuando les caiga encima esa avalancha, puesto que de los cien juzgados que sería lógico crear al aparecer esos nuevos delitos masivos, no se ha creado ni uno solo. Están que trinan, ya digo y dicen que están limitados a administrar el caos. Y francamente, los comprendo.

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Resulta desolador un recorrido por dependencias judiciales: mesas atestadas de legajos, armarios rebosantes de papeles, montones de expedientes en los servicios, junto al W.C., al lado de una cafetera ignoro si en servicio o no. En 2001 una Sala de lo Penal tenía tres jueces y unos mil asuntos que dilucidar; en 2008 tienen  1.700, para resolver los cuales sus Señorías disponen –salvo baja y permisos no o mal sustituidos—de ocho personas que han de habérselas con un sistema informático de lo más precario, tan precario que puede ocurrir que se le escape que un sujeto condenado en el mismo Juzgado no aparezca en la pantalla al ser investigado. Hay tres jueces de Sala en un solo despacho y la Junta ha respondido que carece de fondos incluso para mover de lugar una puerta con objeto de independizar siquiera al mínimo a sus Señorías. Y encima, ¿a que no sabe la opinión que los jueces son el cuerpo más sancionado entre todos los del Estado español? Pues lo son, a pesar de lo que se diga. El “caso Mari Luz”, hábilmente explotado publicitariamente, esconde estas dificultades que dependen sólo y exclusivamente de la Junta de Andalucía y del Ministerio, que ahora explotan el aura sentimental de esa tragedia no buscando la solución imprescindible sino proponiendo unos bucos propiciatorios a la lógica exigencia de la tribu. La Justicia es un cachondeo, como dijo el otro, por arriba y por abajo, en las zonas empíreas donde los partidos se reparten la impunidad o el beneficio, y en la cancha donde día a día se lucha con la realidad. La consejera de Justicia andaluza confesó del tirón al ser designada que no teñía idea del tema pero que se instruiría. Bueno, así van las cosas. El día 21 habrá paro en la Justicia. Tengo para mí que a los políticos se la empluma.

Diputaciones

Lo que ha ocurrido en Almería –el asunto de los asesores que confesaron ante una cámara oculta cobrar en la Diputación sin más oficio que servir en su partido, el PSOE—no es un c aso aislado, seguramente, vamos, ciertamente, convertidas como están las Diputaciones –todas— en albergues de “arrecogíos” de los partidos gobernantes, en muchos casos, hay que decirlo, por el sencillo procedimiento de repartirse con la oposición, a prorrata se entiende, los empleos y sueldos. Urge desenmascarar ese juego sucio en virtud del cual los partidos se financian también en las Diputaciones reconvertidas en colocaderos de sus clientelas, y eso no debe de ser difícil de realizar porque los datos en cuestión son públicos. Y si se demostrara que, como en Almería, la Diputación paga al partido, ahí está el Juzgado. La impunidad debe romperse de una vez. En Almería han empezado ya.

Pepe Juan (Bis)

A Manuela Parralo la han dejado caer. Se pongan como quieran ponerse, el ascenso auspiciado de Manuel A. Jiménez demuestra que en el partido nos e fían de ella, y el hecho de que el ganador oficialista mantenga de boquilla que Parralo sigue siendo candidata recuerda demasiado a aquellos idus lejanos en que decían que Pepe Juan Díaz Trillo, tras su doble fracaso, continuaba siendo la esperanza blanca para batir a Pedro Rodríguez. La diferencia es que esta vez han madrugado para que la operación  resulte más tragable y menos áspera, que tiempo habrá, en todo caso, de buscarle, como le buscaron al otro, un nicho para su acomodo. Parralo, municipalmente, es un juguete roto que, además, en la oposición está dando una medida de lo más precaria. Jiménez puedes ser el puente para buscarle repuesto sin prisa pero sin pausa.