Siete mil inmigrantes en Lucena se quedarán sin dinero público para mantener los servicios mínimos aseo y en lavandería, una medida insensata y más que intolerable si se atribuye –y parece difícil no hacerlo—al hecho de que el Ayuntamiento ha pasado de manos del PSOE a manos rivales. Tengo entendido que el Defensor del Pueblo intervendrá en el asunto, pero lo lógico sería que estas discriminaciones insensatas fueran sancionadas como es debido. No se puede administrar el dinero de la autonomía como si lo fuera del partido, que es lo que ha puesto de moda en estos “partidos en empleados”, como los llama el profesor Juan Velarde, que saben que su sueldo depende de su sumisión.

La rebelión de la justicia

La vieja Justicia se administraba muchas veces en la calle, en la puerta de palacio, en el atrio de la mezquita. No se por qué tanto escándalo porque quienes la administran en este puzzle de taifas hayan salido por una vez de sus covachuelas para que el pueblo soberano sepa que sin medios no pueden prestarle el servicio a que están obligados. Insisto en que en las condiciones actuales hay escasas posibilidades de ejercer una Justicia diligente y muchas de que se produzcan “efectos colaterales” como los que todos conocemos. Y no estoy de acuerdo con la crítica de corporativismo a los jueces porque nunca los he oído protestar contra las sanciones (que hay muchas) impuestas a sus colegas, algunos de los cuales (dos recientes en Andalucía) han sido justamente encarcelados. Pongamos otra vez algún caso. Una sala de la Audiencia (cuatro magistrados) debe resolver al año 1.600 casos que van desde la violación a los malos tratos y desde las grandes estafas a las enojosas faltas menores, es decir que saldrían a cuatrocientas por barba si no fuera porque en Sala deben estudiar cada caso los cuatro magistrados, como consecuencia de lo cual, una apelación ha de esperar ocho meses de media sólo para celebrar la vista, contando con que la Sala no sufra bajas laborales o de otra índole que es un secreto a voces que la Junta cubre tarde y, generalmente, mal a base de personas inscritas en el INEM. Bien, ¿y qué ocurre si en durante esos meses un justiciable comete un delito de graves consecuencias, se culpa al juez, se castiga a al secretario o ambas cosas? Miren, aquí no hay más que un secreto: que la Junta, como el Gobierno (cualquier Gobierno hasta ahora) sabe que la inversión en Justicia es, electoralmente, escasamente rentable. Una autopista es una inversión visualizable; el refuerzo de un Juzgado, no. Los políticos sólo invierten en lo que les proporciona el poder. No invierten en Justicia porque no les da la gana.

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Aparte de todo, en el llamado “caso Mari Luz” es lógico que se sanciones en justa proporción al juez y a quien tenga responsabilidad en sus desgraciadas consecuencias. No creo que haya un solo juez que proteste. Pero, ah, no es un debate sobre el estado de la Justicia, como propone Chaves, lo que hay que hacer después, sino una investigación para determinar la responsabilidad directa de las Administraciones implicadas (en este caso, la Junta de Andalucía) y, en consecuencia, sancionar a los responsables. ¡Verán como también hay “corporativismo” entre los políticos cuando a ellos y a sus funcionarios les caiga encima el consiguiente marrón! Y verán como ese trueno malencarado que es el ministro de Justicia templa gaitas o busca chivos para expiar fuera del rebaño. Claro que hay que “separar el error de la falta de recursos”, como propone Chaves. Pero eso no significa que unos tengan responsabilidad y otros no, empezando por él, pues si el juez Tirado es culpable sólo por ser el jefe de su fila, Chaves lo sería también una vez demostrada la culpa –ay, el ‘ius in vigilandi’– de su Administración, como responsable supremo que es. Esta no ha sido una huelga o paro de presión, ha sido una demostración de miedo, de miedo a acabar cualquier día golpeado por el ‘boomerang’ imprevisible de uno de esos miles de asuntos que no hay capacidad humana para atender en tiempo y forma. Nuestros jueces tienen miedo y eso es lo último que le puede ocurrir a la Justicia. Lo tienen por su indefensión administrativa (ni siquiera mandan en sus funcionarios), lo tienen por la posibilidad de que justiciable haga rebotar sobre su cabeza algún delito horrendo, lo tienen porque su propio órgano de control, el CGPJ, es una camarilla política controlada por los partidos y por un Gobierno que no se tienta la ropa ya ni para recomendar sanciones concretas. El plante de antier no va a ser el último. No por terquedad de los manguitos sino porque el Gobierno sabe bien que ya escampará.

Andalucía, ‘Parable’

El profesor Juan Velarde, superviviente de excepcional generación de economistas, ha dicho en las “Charlas de El Mundo” que si la crisis no hubiera afectado al extranjero, en España estaríamos igualmente en crisis. Él sostiene que junto a la crisis financiera hay una crisis de la economía real y, en su lúcido pesimismo, predice que Andalucía (cuya decadencia vaticinó hace muchos años), debido a su situación real y no a la inventada por los optimistas, la padecerá más agudamente que otras regiones españolas. Vaticinó “daño, coste y dolor”, explicó el desastre llamado “ingeniería financiera” y culpó a las Cajas de haberse convertido en bancos aprovechando la confusión de la “new age” además de entregarse al servicio de los partidos. Y todo con datos aplastantes, incontestables, tristemente objetivos. La “Andalucía imparable” de Chaves no existe. Por el contrario, vamos arrastrando el ala.

La Junta del PSOE

La Junta que controla el PSOE favorece a los pueblos fieles y castiga sin tentarse la ropa a los que votan a otros partidos: quien no está conmigo, está contra mí: puro Evangelio. Lo resaltaba ayer nuestro Editorial en términos ponderados y responsables, reclamando algo elemental: que se comprenda, al menos, que el dinero de la Administración autónoma no es del PSOE y sus votantes sino de todos los andaluces, que no es moral ni políticamente lícito premiar a los propios y castigar a los ajenos. Y menos al 100 por 100, como acaba de ocurrir en uno de esos repartos. Nunca ha sido la política autonómica más parcial e in justa que ahora, ni tan descarado el castigo a los onubenses discrepantes de Chaves. El “régimen” no perdona pero paga puntualmente a los suyos. Mayor lección de contrademocracia resulta difícil de imaginar.

Del museo al altar

Parece que el papa Pío XII pidió a sus allegados que, llegado el momento de la agonía, dispusieran en su cámara un gramófono porque quería morir sereno oyendo la ‘Marcha Fúnebre’ de la Tercera de Beethoven. No tuvo suerte, sin embargo pues murió abrumado por el espanto entre visiones maléficas como medio mundo pudo saber y ver gracias a la canallada de su médico de confianza que difundió las fotografías del moribundo. ¿Qué torturaba a aquel papa con fama de místico, al que al ‘crème’ francesa llamaba, bromeando con Nostradamus, “Vulpis angélica”? Pues no se sabe, claro está, pero sus enemigos, que fueron y son muchos, no dudaron en atribuir aquellas alucinaciones a la mala conciencia por su postura ante el genocidio hitleriano de la Shoa. Sobre esta cuestión, el papa Pacelli cuenta con un abultado argumentario que sostiene su interés por la tragedia y afirma que sus esfuerzos fueron denodados, tanto como nuncio como ya de pontífice. Pero también –y prescindo de montajes literarios bien conocidos—de un fardo de acusaciones difícilmente eludibles, en especial a propósito de su ominoso silencio ante la infamia perpetrada por los nazis en las Fosas Ardeatinas. El otro día, sin ir más lejos, en el sínodo que se celebra en Roma, el primero en hablar fue el Gran Rabino de Haifa que se abrió de capa sin miramientos acusándolo de haber mantenido un silencio cómplice ante la “solución final”, un incidente que me da que no ha sido baladí sino que ha tenido su peso decisivo a la hora de pensarse dos veces la proyectada beatificación que defiende desde hace décadas el postulador Gumple. Es más, parece –porque lo ha reconocido hasta el portavoz vaticano—que el para Ratzinger no piensa de momento firmar el imprescindible decreto reconociendo las “virtudes heroicas” de su antecesor. Va para largo, pues, otra vez, la subida a los altares de aquel príncipe singular

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En el ánimo del papa, aparte de la filípica del rabino, ha debido influir mucho su proyecto de viaje a Israel, un proyecto al que se han opuesto desde dentro y desde fuera (singularmente desde Francia) las comunidades judías, que insisten en su complicidad pasiva en aquella barbarie. No en vano, en el Museo de la Shoa de Jerusalén se exhibe una fotografía de Pío XII bajo esa ominosa complicidad, por más que al propia Golda Meier agradeciera en su día el valor de su intercesión. El Vaticano intervino temeroso ante el genocidio nazi, eso es difícil de discutir, y más difícil aún dudar que fueran sus agentes y contactos quienes organizaron el salvamento de destacados genocidas de las SS a los que encaminaron seguros a América para rehacer allá su vida. Y en medio de todo ello, la tesis –que leo en Francia—de que el temor que paralizó a Pacelli no fue otro que la posibilidad de que Hitler ganara la guerra teniendo él mismo a Mussolini en casa. Eso de que si no actuó fue por no empeorar las cosas, no se sostiene y el intento de compensar las ayudas con las omisiones tampoco pasa de un ensayo de exculpación. Al fin y al cabo, ese papa no se lo pensó dos veces para felicitar a Franco por el triunfo de su sublevación y eso es algo que no se entiende bien, a poco que se lea el famoso telegrama, ni teniendo en cuenta la infame sangría que el otro bando provocó entre los eclesiásticos españoles. No habrá altares, de momento, es lo más probable y hasta dudo que la prevista visita papal consiga que bajen el cuadro del museo. Por mi parte, lo dejaba ahí, mejor no meneallo, y conste que lo digo tras muchos años de perseguir lecturas sobre el tremendo tema. La famosa agonía da que pensar pero les evidencias documentales dejen poco espacio para la duda, incluso contabilizando los buenos oficios, que también los hubo. ¿Una historia para olvidar? Estoy por contestar que sí, en ése como en tantos casos.

Hasta aquí llegó

Por torpe que sea el ministro y por decidido que tengan los políticos la escasa rentabilidad electoral del gasto en Justicia, todo indica que ha llegado la hora de salir del nirvana y tomar medidas razonables, no en favor de los jueces y funcionarios, sino de los contribuyentes que hoy por hoy se desesperan en los Juzgados. La actitud de unos y la huelga de los otros deben ser interpretadas como una queja legítima de unos servidores públicos abandonados de la mano de Dios, a los que está desacreditando esta penuria insuperable tanto como la ingerencia intolerable del Gobierno y de los partidos. Los jueces no deben ser ni más ni menos responsables que los demás funcionarios; los políticos, en cambio, deben serlo también como unos y otros. Cada cual tendrá su responsabilidad concreta, pero a Mari Luz no la ha matado el juez Tirado ni su secretaria sino el caos organizado por la Junta y el Ministerio desde hace muchos años. Eso es lo que vinieron a decir ayer unos y otros, desesperados ante la indiferencia estatal.