La jungla de la justicia

Insistimos: es normal que un juez y una secretaria de juzgado que provocan con su negligencia una situación irreparable sufran la correspondiente sanción, como lo es que entre ambas haya una proporcionalidad razonable. Ahora bien, la realidad de los Juzgados es tremenda desde hace muchos años y cada vez peor, y la gran responsabilidad por esta situación recae sobre la Junta de Andalucía –que con tanta vehemencia reclamó las competencias sobre esa Administración–, sorda sistemática a las reclamaciones de los jueces y funcionarios. Lo que se va a hacer, al fin, con el “caso Mari Luz” es un ejemplo diáfano de esa gran trampa que consiste en castigar al autor material para dejar en penumbra a los auténticos responsables. La Junta no invierte en Justicia porque no es electoralmente rentable: ésa es la clave. Abrumados bajo una montaña de papel, quienes administran esa Justicia no son los primeros culpables. El Ministerio lo sabe muy bien. Por eso está haciendo lo que está haciendo.

Rebeldes sin causa

Vaya papelón que está haciendo la facción del alcalde de Palos de cara al próximo congreso provincial. Que le hayan aceptado los avales antirreglamentariamente presentados por puro capricho, ha sido un acierto pleno de Curro Moro que deja sin futuras excusas al cabecilla de la minicrisis si es que, como todo indica, pierde su opción y se queda a solas con su reconcomio. Lo que no entiendo bien es cómo el partido no distingue entre lo que es libertad interna y lo que es puro designio cismático, proyecto de hacerse con el poder para enjugar viejas frustraciones y, claro, hacer carrera. Es lamentable que hagan tanto ruido con tan escasa cualificación. Pero haberles denegado el paso por cuestiones formales habría sido un error en el que no han picado los responsables. Esos rebeldes sin causa, aparte de su ambición, puede que hagan algún daño peor lo suyo es que ganen más bien poco.

Culpables y ricos

En mis tiempos facultativos, los maestros de economía enseñaban que la lógica del capitalismo moderno conducía a una creciente separación entre la propiedad y la gestión, de manera que cada vez en las empresas decidirían menos los amos o inversores y más los gestores o ejecutivos. En América llaman a esos hombres de oro ‘CEO’, es decir, ‘Chief Executive Officier’, y es cierto que en un tiempo récord se han convertido en una clase por encima de las clases que si siempre ha escandalizado por su abusivo estatus, desde que estalló la crisis se ha convertido en el objeto de una sensata crítica que se pregunta, en primer término, el por qué de esos privilegios inauditos, y en segundo, cómo es posible que quienes han arruinado con su mala gestión el sistema se vayan no sólo de rositas sino con el bolsillo lleno a reventar. El Congreso de los EEUU, concretamente los demócratas, el presidente francés Sarkozy y varias otras instancias ha levantado la voz para exigir responsabilidades y, sobre todo, para evitar que, encima, esos presuntos chapuceros se lleven el manso como premio a su mala gestión. Sólo les citaré unos casos como ilustración. El máximo responsable de la catástrofe de Lehman Brothers se han  embolsado un bono de 215 millones de dólares después de dejar en la calle a 25.000 trabajadores. El de Merrill Lynch se ha conformado con 200. El de la aseguradora AIG sólo ha conseguido 7 millones de euros. Los de Fannie Mae y Freddy Mac, ante las presiones de la propia Administración, tienen pendientes de cobro 24 millones de dólares. Y un ejemplo europeo: el gran jefe de Porsche, que ha levantado 56 millones de euros en un año mal contado, ganaba mil veces más que el trabajador medio de la compañía. Son una clase exclusiva y, por lo general, sobrevenida, una legión agresiva y desprovista de escrúpulos que ha logrado la más paradójica de las condiciones laborales: blindar millonariamente su salida en el supuesto de fracaso. Culpables y ricos. Es probable que esta crisis no los elimine pero sospecho que les va a dar un repaso.

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Cuando la crisis del 93, ya hubo una interesante reacción contra esa plaga en los propios EEUU, consistente en enmendar el código fiscal de modo que las remuneraciones que sobrepasaran el millón de dólares no podrían ser deducidas pro la empresa a no ser que se demostrara fehacientemente la contribución exitosa del directivo beneficiario, pero la presión de los afectados fue tal que las empresas burlaron la norma limitando el sueldo para compensarlos luego con opciones de compra de acciones, es decir, las famosas “stock options” en condiciones ventajosas. Ahora no han tenido tanta suerte y un fuerte movimiento de opinión demanda, tanto allá como en Europa, que se impida el disparate que supone premiar de forma tan descomunal a los culpables de un fracaso que ha causado la desgracia de millones de empleados, arruinado a un ejército de accionistas y tocado seriamente los fundamentos del propio sistema financiero. Claro que es poco probable que se produzca un crack irreversible –el Sistema se regenera y reproduce con admirable facilidad—lo que quiere decir que más tarde o más temprano tendremos de nuevo en sus altos despachos a esos depredadores que han logrado arrebatar el negocio a los propios amos en un tiempo bastante menor que el que nos auguraban no hace tanto los maestros de nuestras facultades. El moderno inversor es un absentista, al fin y al cabo, y como al viejo absentista de la tierra se lo ha acabado comiendo y se lo volverá a merendar el manijero al que encomendó el rancho o el cortijo con todas sus consecuencias. Vamos a comprobarlo enseguida, en cuanto estos vientos de fronda amainen y la máquina vuelva a trepidar en pleno funcionamiento. Ojalá, por otra parte. Desahuciada la utopía no queda más que conformarse y no olvidarse de encender la vela.

Universidad menguante

Se reclaman cerebros para el futuro imperfecto de la ‘Andalucía imparable’ pero proliferan los informes que denuncian el desempleo de los postgraduados, la estafa de los másteres, la incapacidad de la actual universidad de proporcionar a sus alumnos una formación humanística y práctica adecuada a tan grandes objetivos. Pero nos enteramos de que, sólo en los últimos diez años, en las universidades andaluzas, vivaquean 50.000 estudiantes menos –crisis que la Junta atribuye en exclusiva a dudosas razones demográficas—y que muchas de ellas se ven obligadas a ‘estimular’ al personal para que recale en sus aulas. No iremos muy lejos por este camino, sobre todo mientras los responsables de la crisis pierdan el tiempo entre el autobombo y la política, en lugar de enfrentarse a una reforma drástica de lo que no funciona.

Paro galopante

España lidera la escalada del paro en la Unión Europea. Andalucía encabeza ese mismo ránking en España. Huelva se lleva la palma en Andalucía, con el mayor número de parados que registra la propia Junta, entre todas las provincias. Una tragedia que convierte en despreciables las estrategias  de partido –tanto las que festejan el derrumbe como las que lo disimulan—y las excusas y racionalizaciones en miserables porque no tienen en cuenta el sufrimiento que esa fría estadística entraña. Huelva va de mal en peor y no se toman medida, y evidentemente no se trata de un fallo capitalino sino de que nuestra provincia está dejada de la mano de Dios desde la Junta y desde el Gobierno. No hay más que ver el retraso de tantos compromisos en infraestructuras, sin contar los obstáculos interpuestos a muchos proyectos rivales, en plan perro del hortelano. 37.000 parados son muchas familias en apuros, en especial teniendo en cuenta que lo que viene, probablemente, es aún peor.

La cara del Mal

Nos tienen acostumbrados. Con una frecuencia desconcertante surge la noticia de que la eficacísimas policías dedicadas  al control de Internet localiza y detiene a un colectivo de pedófilos, cada vez más numeroso, cada vez más encanallado. Cuando nos contaron, en tiempos ya lejanos, que en USA se filmaban películas sadomaso en las que las víctimas sufrían y morían de verdad, nos costó lo nuestro asumir que la maldad humana alcanzara esos niveles, pero resultó tan cierto como que los consumidores de esa bazofia asesina eran magnates con recursos para proporcionarse productos tan exclusivos. La crónica de los pedófilos supera, sin embargo, si cabe, aquellas vesanias, y lo hace de tal manera que cabe pensar que esta locura lleva una deriva imparable por más que haya alcanzado ya cotas difíciles de imaginar. El último de estos golpes policiales, la “Operación Carrusel”, se ha saldado con 121 detenciones y 210 domicilios registrados, un saldo estupefaciente en cualquier caso pero que acaba de desconcertarnos al ver incluidos en la lista de perversos desde adolescentes a jubilados, y desde profesores a policías pasando por pilotos, funcionarios y un sorprendente número de parados, a los que se les imputa la tenencia y distribución (comercialización) de material pornográfico protagonizado por menores, exhibiciones denigrantes y hasta violaciones filmadas, en muchos casos sobre menores de nueve añitos y, en unos cuantos de ellos, hasta de bebés. ¿De dónde sale esa milicia malvada, qué está ocurriendo en esta mentalidad crítica para que la perversión desborde con mucho el límite asignado a la locura, cómo es posible que las sociedades vean con paciencia que semejantes atrocidades sean tan levemente castigadas por unos códigos que deberían ser decididamente disuasorios? ¿Es posible pensar en la reinserción de esos monstruos, tal como la contempla la actual Constitución española, por ejemplo, o será preciso entender de una vez que hay transgresiones que no admiten el riesgo de esperar la enmienda sin grave peligro para todos?

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Ha habido países europeos en los que incluso se ha llegado a solicitar públicamente el derecho de los pedófilos y hay naciones asiáticas convertidas en auténticos paraísos paralegales de su depravación que incluso gozan de libertad de propaganda en la industria turística. Y ello, junto a la experiencia de estos despreciables “voyeurs”, plantea inevitablemente dos cuestiones, una, la urgencia de legislar sin contemplaciones de manera que se garantice a la sociedad la ausencia definitiva del agresor, y otra, que se plantee seriamente qué está ocurriendo en el mundo desarrollado para que la perversión se desborde hasta estos insoportables límites, favorecida por las inmensas posibilidades de la Red, una cuestión propiamente psiquiátrica, a mi entender, pero que debe ser atajada con autoridad desde una normativa que procure al menos disuadir a esos malhechores. Toda la literatura erótica o pornográfica clásica  no osa siquiera acercarse a estos criminales ensueños que se multiplican en el anonimato relativo de la Red y nada hay en sus más audaces provocadores comparable a las barbaridades que estamos descubriendo cada dos por tres. Y eso debe de tener sus causas, sin  duda, pero sobre todo, tiene unos efectos tan estremecedores que obligan si más dilación a potenciar a esos ejemplares servicios de policía además de imponer legalmente una muralla al avance desenfrenado de estas actividades inicuas. ¿Qué se puede hacer con sujetos que coleccionan por miles y hasta por millones las más indignas imágenes de menores ultrajados, qué hacer con un perverso que viola a un bebé o con un corrompido que compra para su disfrute la filmación de tan inconcebible vileza? Creo que, además de esos tenaces policías, son los legisladores quienes deben cortar por lo sano. Al fin y al cabo, ¿no decidimos en su día cerrar el manicomio?