Al pan, pan

Como el Código Penal que tengo a mano es el de Recesvinto, llamo a un juez competente con cuya amistad me honro. “¿No cree su Señoría que la arenga bufa de la presidenta del Parlament catalán, más que lanzar una “provocación” como dice Rajoy, ha cometido un delito de sedición como un castillo?”. No es propio de los ropones contestar por derecho y sin matices, razón por la que supongo que el mío me deja sólo ante el peligro con esta simple recomendación: “Léete el artículo 544 y siguientes del Código Penal y opina tú mismo”, se excusa pedagógicamente mi juez. Lo hago: “Son reos de sedición” –dice el legislador–… los que hubieran inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieran como sus principales autores (y) serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad”. Me quedo de piedra recordando la arengº de esa presidenta del Parlament proclamando que se acabó la autonomía y que desde ahora de lo que se trata es de construir la república de Cataluña a la que, entre ovaciones y desconciertos, vitoreó sin tapujos. Estoy con quienes confían en la autoridad de Rajoy y quienes elogian el acuerdo tripartito de mantenerse firmes ante los sediciosos. Pero me pregunto por qué está en su cargo y devengando haberes esa agitadora de barrio en lugar de reposar ya en un calabozo como la Ley establece. Esa minerva tontona pertenece a la especie de Tejero. Contra quien habría que proceder sin demora es contra el “Elefante Blanco”. Por supuesto.

Sé bien, cómo no, que la prudencia aconseja deslizarse en la alta política extremando la cautela. Tiempo habrá de aplicar las medidas ésas que Rajoy dice que tiene bien claras y determinadas. Pero no me digan que no es escandaloso contemplar en plan Tancredo esta sedición anunciada mientras hemos de hacer el pino estos días para conseguir el indulto de un joven delincuente regenerado que un día lejano robó una bici y debe por ello ir a la trena. Sí, “duro con las espigas y blando con las espuelas”, lo sé de sobra, es un recurso bien pragmático. Pero basta con llamar a ese desafío delincuente una “provocación” ¿o habría que afrontar la difícil e incómoda tarea de proceder judicial y gubernativamente contra los sediciosos? El pobre chico de la bici robada se habrá quedado lelo viendo el prohibitivo parque móvil del hijo de Pujol. Como la mayoría de los españoles al contemplar la impunidad de la sedición catalana.

¿Y ahora qué?

La presidenta Díaz va por la vida con un desahogo ejemplar. Incluso he llegado a pensar que ése es su mérito más conspicuo, pero en el negocio de las corrupciones no era probable que escapara ilesa a base de declaraciones detonantes y quiebros de cintura. A ver qué hace ahora que la Fiscalía y la jueza han señalado a quien es quizá su más próximo e histórico aliado, don Carmelo Gómez, en quien concurre la doble circunstancia de ser diputado regional y miembro de la Ejecutiva susanita. ¿Lo expulsará sin miramientos o la veremos recurrir al eterno argumento dilatorio de que hay que esperar a la sentencia –o sea, unos años—para echar a uno que, según la vigilante Justicia, cobraba sin dar palo al agua del fondo de reptiles? ¿Y ella, se verá afectada ella por ése y otros casos, o sobrevolará la ciénaga intacta como una libélula? Todo indica que también su estrella podría eclipsarse, tal como ella eclipsó al sol de tantos.

Un millón de muertos

Más de un decenio después de la invasión de Irak, el ex-premier británico, Tony Blair, ha dicho a la CNN que, aunque no está dispuesto a pedir perdón, reconoce que aquella decisión originó el problema del terrorismo islamista que encarna hoy el llamado Estado Islámico. La cifra es lo de menos —como se demostró con el ilusorio millón que en Gironella cifraba las víctimas de nuestra guerra civil—entre otras buenas razones porque el pleito no está cerrado ni mucho menos y ese fantasma desbocado anda ya implantado no sólo en Siria sino también en Irak y en Libia recibiendo la inverosímil ayuda de miles de jóvenes occidentales que viajan hasta ese infierno sin que nadie hasta ahora haya sabido explicar por qué. Ahora bien, lo que no ofrece dudas es que la famosa agresión –todavía dice Blair que “es mejor que Sadam no esté”—constituyó el mayor error cometido por las potencias occidentales tras la Guerra Mundial, entre otras cosas porque ha convertido en irreconciliables a suníes y chiíes, garantizando así una guerra regional a la que cuesta verle fin y, por otra parte, sometiendo a Occidente a una amenaza terrorista sin precedentes. Y encima se niega a pedir perdón, como si semejante carnicería, más que unas disculpas, no mereciera un juicio formal y una sanción proporcionada. En los códigos políticos no entra, por lo general, ni la obligación del responsable a humillarse, ni mucho menos la de comparecer ante la Justicia. Los mismos que juzgaron en Nuremberg acababan de lanzar sus bombas sobre Hiroshima y Nagasaki.

De humanos es equivocarse, por supuesto, pero no habrá Derecho eficaz en el mundo en tanto campen por sus respetos criminales probados como el Kissinger de Vietnam, el Putin de Chechenia o los genocidas yugoeslavos o africanos, y ello debería bastar para que, al menos, los equivocados pidieran perdón aunque sólo fuera por los millares, millones de víctimas de esas guerras suyas que descartan por completo la posibilidad de una paz real. Los hombres –decía Montherlant más o menos- se complacen en poder matar legalmente a los animales tanto en la paz como en la guerra, aunque eso es algo que, en todo caso, no confesarán jamás. Una sentencia muy dura si hemos de pensar en Tony Blair y en sus compañeros de aventura, o a los tancredos que andan tolerando desde hace años la barbarie de Siria, dando lugar al peor éxodo que se recuerda, aunque encaje de sobra con la arrogancia de Blair y el silencio de sus compinches.

Muchos y mal colocados

No creo que nunca lleguemos a saber el número real de empleados inscritos en la nómina de la Administración autónoma, pero de creer a la competencia, esa legión andaría ya rondando el medio millón de empleados, incluidas las empresas públicas, un insoportable peso sobre la población activa regional. Y sin embargo, la Justicia, la Sanidad, la Educación o la Seguridad claman inútilmente ante la falta de recursos humanos a que se ven sometidas desde que hubo que echar mano de la tijera y recortar el gasto. Dicen que en Andalucía viven de esa nómina algo así como el triple de los que dependen en las mayores empresas españolas y se extiende la queja de que la pésima distribución de efectivos la sitúa entre las menos eficientes de España. No hay duda de que se trata de ganar las elecciones, no hacer que la autonomía funcione.

Tres o cuatro golfos

A uno le hace gracia cuando oye a los políticos protestar porque los “medios” hayamos conseguido –dicen ellos—trasladar a la opinión la idea de que la corrupción es una práctica general, un “modus operandi” que funciona en todos los niveles del Poder. “Somos no sé cuántos mil políticos en España”, me dice un diputado y buen amigo, disgustado por mi teoría de la generalización del agio, “y no hay derecho a confundir a esa mayoría honrada –continúa—con los sinvergüenzas que se aprovechan de la política”. No discuto con mi amigo, sabedor de que habla de buena fe, pero seguiré insistiendo en que la malversación de esos prevaricadores, en absoluto es cuestión de “tres o cuatro golfos”, como dijo Chaves y trata de demostrar, al parecer, a base jibarizar los sumarios, la jueza que ha sustituido a Alaya. Es más, no creo que en España hayamos vivido una era peor que la presente, teniendo en cuenta el desbarajuste andaluz, la vergüenza valenciana, los manguis del Gürtel y el saqueo perpetrado por los nacionalistas catalanes durante el pujolato y ahora bajo el mandato de Mas. Antier mismo enviaba el juez a prisión al tesorero Convergencia, una vez superada la prueba insólita de la reconstrucción de los papeles de la trituradora que certificaban la realidad del famoso “3 por ciento”, mientras en Sevilla crece la impresión de que la minimización de los asuntos instruidos hasta ahora por Alaya va que se mata desde que se le apareció a la Junta la juez Núñez.

Podemos y PSOE se han apresurado, tras el castañazo catalán, a señalar el soponcio barcelonés y apuntar al fardo del PP como si alguno de ellos pudiera tirar la primera piedra en esta materia en la que hasta Ciudadanos tiene ya su muerto en el armario. ¿Habrá que aceptar la imposibilidad de una democracia de manos blancas o confiar en que un día –diez incertus an incertus quando—una Justicia implacable haga posible una vida pública decente? Porque lo que resulta evidente es que no van a ser los políticos quienes depuren esta ciénaga en la que se nutren sus partidos y muchos de ellos –muchos—se enriquecen sin contemplaciones. Demasiada gente no espera ya más que el despertar de la Justicia pues sería ominoso que resultara cierto el axioma pesimista e injusto de Bretch: “Los jueces son incorruptibles: nadie puede inducirlos a hacer justicia”. España vive hoy una era negra que ha convertido aquella vida pública en un negocio sucio en el que con tres o cuatro golfos no hay ni para empezar.

Acierto de la Junta

A propuesta del PSOE y con las enmiendas del PP e IU, el Parlamento autónomo acaba de aprobar una proposición no de ley que pretende indemnizar a las víctimas de la talidomida a las que el Supremo –medio siglo después—acaba de cerrarles las últimas puertas. Ni siquiera se conoce todavía el alcance real de aquella tragedia que dejó miles de personas dañadas en España pero que en varios países extranjeros, empezando por Alemania, vienen siendo resarcidos, en lo posible, hace ya tiempo. Un excelente acierto de la autonomía que, por una vez, da una lección al impasible Gobierno de la nación. Es muy probable que otras comunidades sigan ahora ese ejemplo de autonomía real y de sentido de la Justicia.