Los tiempos cambia

Ve uno la foto colectiva de los distinguido por Chaves con motivo del 28-F y hay en ella de todo, como en botica, y como no podría ser de otra forma. Pero este año hay una cara excepcional, la del juez Garzón, no porque el ubicuo magistrado carezca de méritos, que los ha tenido y muy importantes, sino porque resulta gracioso ver como lo condecoran los mismos que –cuando los empapeló por el asunto del GAL y señaló con índice implacable al “Señor X”– lo menos que decía de él era que instruía peor que nadie en España y que utilizaba en su provecho y a su conveniencia los asuntos que caían en sus manos. A Garzón lo vituperaron desde el PSOE cuando inició su acoso al terrorismo de Estado, lo ensalzaron luego sin límite (aunque con muchas reservas) cuando aceptó ir de candidato, volvieron a crucificarlo cuando descubrió el secuestro organizado desde Interior y ahora, en fin, lo condecoran. Los tiempos cambian, no cabe duda y Chaves dirá que rectificar es de sabios. Ya, pero ¿cuántas veces? 

Unánimes y reventadores

La manifestación en apoyo de la industria demostró lo sabido: que nadie consentido común cuestiona hoy a ese sector ni en la derecha ni en la izquierda. Lejos quedan los tiempos de la utopía en que desde ésta se bramaba contra el Polo y se abanderaba el compromiso de “acercar Huelva a la Ría”. Hoy se necesita ser despistado para no comprender que exigir el control medioambiental de esas actividades es compatible con aceptar un  destino sin el cual viviríamos una autentica tragedia laboral, y para no aceptar que buscar fórmulas que protejan a la ciudadanía de los palmarios efectos nocivos de las fábricas no implica amenazar a las empresas. Por eso resultaba tan despreciable el acoso al alcalde por parte de una minoría perfectamente identificable por su color político que intentó sin éxito ir por atún y a ver al duque. Está ocurriendo por toda la nación: son los reventadores de la democracia y por sus collares los conoceréis. El martes lo que menos importaba en el espectáculo eran esos cuatro gatos.

Casos concretos

La Generalitat catalana ha calificado de “casos aislados” el incívico acoso de los cafres separatistas a la candidata del PP por Barcelona, Dolors Nadal, cuando acudía a la universidad Pompeu Fabra dispuesta a exponer sus ideas. ¿“Casos aislados”? Si hace bien poco María San Gil era atacada en Compostela, el propio Rajoy hubo de soportar en Hospitalet una sonora bronca y en Granollers que lo despidieran con huevos los mismos intransigentes que en su día zarandearon a Acebes y Piqué en un centro cultural barcelonés del que hubieron de salir, como los toreros antiguos, con la Guardia Civil. Ha habido profesores catalanes expulsados de sus centros por encapuchados, y la crónica de violentos boicots alcanza ya desde Fernando Savater al juez Garzón pasando por Gotzone Mora, a todos los cuales se les ha impedido hablar libremente ante la intolerable pasividad de las autoridades académicas y gubernativas, como si el territorio de la democracia no incluyera los feudos del nacionalismo. Especial dureza han empleado esos sicarios frente a proyectos políticos como el de “Ciutadans” en cuya crónica negra figuran ya la agresión física a Arcadi Espada o la reciente amenaza a Albert Ribera a quien, al más puro estilo nazi, obsequiaron con la mafiosa diana disuasoria calcada de los chantajistas aberchales. Nada de “casos aislados”, pues, nada de acciones atribuibles a los inevitables ‘incontrolados’: lo que está se está produciendo en España es el fracaso del Estado de Derecho con la complicidad de una autoridad que sería ridículo que alegara la imposibilidad de controlar a esas minorías brutales perfectamente identificadas como se demuestra cada vez que al Poder le interesa demostrarlo. La cuestión es si, en rigor, puede hablarse de unas elecciones libres como las que se aproximan en una nación que ya no garantiza la libertad de movimientos o de palabra a los ciudadanos y, llegado le caso, a los propios candidatos. Una cuestión que, lamentablemente, tiene una respuesta bien sencilla: no.
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El éxito de la agresión nacionalista se debe, sin embargo, en gran medida, a la complicidad de quienes en su día decidieron la estrategia de aislar con todas sus consecuencias al partido principal de la oposición, es decir, al PP, excluido sin ambages en el famoso pacto que luego han refrendado en la práctica política y con sus estrategias electorales, junto a los nacionalistas mismos, las formaciones de izquierda. A lo peor, quien sabe, incluso estos asaltos a la libertad pertenecen al plan de tensión y a la estrategia dramatizadora desvelada involuntariamente por el propio presidente del Gobierno, pero en cualquier supuesto, de lo que no cabe duda es de que el extremismo intolerante no es sino la cara negra y oculta de la luna de una legislatura en la que se ha devuelto a esas minorías salvajes la sombra protectora de una legitimidad imaginaria. Es duro de decir, no cabe duda, pero resulta imprescindible el reconocimiento de que se ha permitido ir demasiado lejos a una resistencia antisistema (democrático) que hoy actúa impune y desde la conciencia de ser la vanguardia en una guerra que ha ganado de antemano la batalla estatutaria. Hoy no existen condiciones idóneas en España para legitimar unas elecciones democráticas allí donde campan por sus respetos las minorías secesionistas que garantizan su mayoría al Gobierno. Y ante esta situación podemos disimular con idioteces como ésa de los “casos aislados”, o bien restaurar dignamente la libertad de palabra y movimientos que, por cierto, nadie le niega a los agresores. Si María San Gil o Rajoy no pueden hablar en su país mientras se suceden las exaltaciones del terrorismo, difícilmente podemos aceptar la normalidad democrática, pero si Fernando Savater no puede hablar sobre Galileo en un aula, entonces es que se ha abierto la veda. Y lo malo es que lo peor de esa culpa no cabe endosársela a los furtivos.

Los hombres del presidente

El lío de las cajas de ahorro sevillanas –la almoneda “descubierta” al cabo de los años por la propia entidad fusionada y por la Junta– le va a salir por un ojo de la cara política al mismísimo Chaves, no sólo como patrón de estas ocupaciones legales de las Cajas por su partido o por su beneficio personal con alguna condonación de crédito en alguna de ellas, sino por lo difícil que resultará explicar que “todos los hombres del Presidente” en ese negocio rey la vayan saliendo rana uno tras otro. Ahora bien, la última de la serie es morrocotuda porque esa millonada perdida por El Monte sin explicación posible, de momento al menos, lo ha forzado –¡con la campaña electoral en puertas!– a exigir, tanto tiempo después del contundente aviso del Banco de España, “transparencia y claridad”. Ya no se trata, pues, de averiguar si los presidentes eran espiados o no por discrepar del modelo. Se trata de saber por qué, con otro hombre de su confianza, se ha perdido una fortuna sin que se sepa a dónde fue a parar.

Punta, el contramodelo

No se le puede negar la razón a quienes proponen una liberalización racional del suelo junto a un modelo diferente de financiación de los Ayuntamientos para evitar tanto la especulación institucional como la dependencia de esas instituciones. Punta Umbría, por ejemplo, solicitando otra vez la descatalogación de su monte público va contra esa tendencia y a favor del viejo sistema, demostradamente peligroso tanto por cuanto implica casi inevitablemente las corrupciones como porque apunta hacia un modelo de desarrollo urbanístico insoportable a medio plazo. No se niega el derecho de un consistorio a idear proyectos de mejora y expansión municipal, sino el abuso de unos hábitos cada día más incompatibles con una razonable conservación del medio en que vivimos. ¿Serán estos, con diferentes collares, los mismos proyectos que Chaves mandó parar en su día? La Junta tendría que empezar por ahí aunque sólo fuera por no contradecir al propio Presidente.

Fraudes y dudas

Un servicio de la Guardia Civil ha descubierto en pleno centro comercial de Torrelavega una tienda regentada por ciudadanos chinos en la que se vendían al público cientos de productos alimenticios legalmente caducados, incluso en el año 2004, tales como conservas, jamón, aceite, pastas, bebidas, leche, yogures o mayonesas, aparte de Coca-Colas igualmente fuera de plazo, sin contar con que también disponían de alimentos frescos sin licencia comercial. El truco estaba en borrar las fechas,  manipular las etiquetas y dar por liebre fresca el gato añejo, truco idéntico al que utilizaban en un ‘mini market’ malagueño dos europeos orientales en cuyo haber se hallaron–caducados, por supuesto– nada menos que 2.325 productos (desde pepinillos o alcachofas a verduras y salsas, pasando por batidos, galletas o champiñones) comprados al parecer, en países del Este. Hechos como los descritos, que ni son los primeros no han de ser los últimos, han preocupado no poco a la opinión que, estimulada por los ‘medios’, parece ser que se detiene ahora un pocos más en comprobar el etiquetado obligatorio que garantiza la idoneidad sanitaria de los alimentos, pero tal vez no han dado lugar todavía a que se abra un debate social importante en torno al fondo del tema, dentro del cual se tratara de averiguar, primero, si de verdad la caducidad es un efecto real o –como sugieren algunos críticos– un mero ardid de fabricante, y segundo, cómo es posible que si el comercio de caducados es tan frecuentes tengamos tan pocas noticias de episodios sanitarios graves. En uno de los muchos comentarios que he oído sobre uno de los casos reseñados se insinuaba que entre los consumidores de la mercancía ilegal prevalecía la población pobre y, fundamentalmente, la inmigrante, una circunstancia tan despreciable como lógica. Cada vez que tiro un yogur envejecido a la basura pienso en que, le guste o no a la industria agroalimentaria y al sector comercial, hay que entrar a fondo en ese debate.
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Una leyenda que todavía nos contaban en el cole a los de mi generación sostenía que los aventureros de cierta expedición a la Antártica (quizá la de Amundsen, no recuerdo bien) encontraron un refugio, en perfecto estado, piezas de chocolate y naranjas que habían dejado allí algunos infortunados antecesores suyos, pero esa anécdota no entraría hoy en nuestra discusión porque sobre lo que recaen las dudas es sobre la realidad de un hecho que, a fuer de consuetudinario, ha llegado a ser simplemente burocrático. ¿De verdad se recogen como es preceptivo ‘todas’ las mercancías pasadas de fecha, de verdad se destruyen luego en hornos como también está mandado? Entonces ¿de dónde salen esos cientos, miles de alimentos caducados que el Seprona acaba descubriendo, me temo que sólo en un porcentaje discreto de ocasiones? ¿Cómo entra en España el desecho alimentario de los países del Este, quién y cómo lo compra? Pero, sobre todo, ¿de qué modo explicar que nutridos sectores de población consuman sin consecuencias lo que se declara oficialmente nocivo o peligroso? Me temo que, aparte de todo, un vasto negocio se esté desarrollando alrededor de esas desvalidas poblaciones de inmigrantes impedidos de cualquier acción legal, de la misma manera que ya funciona hace años un canallesco mercado de alquileres explotadores que la autoridad no puede ignorar por mucho que lo finja. ¿Caducan de verdad los yogures o las conservas, o se trata tan sólo de un invento comercial para aumentar artificialmente el  consumo? Hechos como éstos exigen que se diga la verdad, oyendo a tirios y a troyanos, a ser posible por encima de las fuertes presiones que un sector tan influyente puede imponer incluso a los gobiernos. Y más aún, exigen que se vigile el abuso oportunista del ciudadano débil que ha de recurrir a zamparse lo que ni en los precarios mercados del Este europeo se tolera consumir.