Hasta aquí llegó

¿Pueden los jueces y magistrados echar el cierre y declararse en huelga de brazos caídos en demanda de los que creen sus elementales derechos? El Ministerio y el CGPJ (o sea, prácticamente lo mismo) dicen que no, pero ellos –que no son legos– afirman mayoritariamente que sí, que los únicos colectivos excluidos del ejercicio de ese derecho fundamental son el Ejército y los cuerpos militarizados. La explosiva situación de la Administración de Justicia no ha sido provocada por algún caso clamoroso como el de la niña Mari Luz, pero sí es cierto que ese caso ha servido para iluminar de plano un ámbito por lo general desconocido y, de paso, para colmar la paciencia de unos jueces que carecen, de hecho, de derechos laborales y cuyo asociacionismo lleva desde sus inicios la marca de Caín, pues nadie informado ignora que los dos grandes colectivos de jueces están al servicio de los dos grandes partidos, circunstancia que cierra el círculo de hierro de una situación indecente en la que el retraso es ya algo asumido como normal, hasta el punto de dejar pendientes de resolución cada ejercicio nada menos que tres millones de asuntos, a pesar de que la gran mayoría de los juzgadores cumplen fielmente y aún supera en gran número la tarea de mínimos marcada por ese CGPJ. Por eso la llamada a la huelga del próximo18-F (si antes no se llega a un acuerdo en la cumbre madrileña del 12 de Enero) no es apoyada por Jueces para la Democracia (JPD) ni por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ambos representados en régimen de privilegio absoluto en el órgano rector, pero sí, al parecer, por una sensible mayoría de esa mitad de los jueces españoles que no están asociados sino que van por libre, desanimados por una politización cuasigremial a la que se debe en gran medida la politización de la Justicia. Tengo para mí que la mayoría de los eventuales huelguistas irán al paro motivados sobre todo por la aspiración a ver reconocido ese derecho fundamental pero también porque hay que reconocer que la indiferencia electoralista del Poder (de este Gobierno y del anterior) ha creado una circunstancia realmente insostenible. Así no se puede seguir. Meterse en discusiones erísticas sobre ese derecho del juez no deja de ser apostar por el colapso a corto plazo.

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Una intensa presión mediática, respaldada por el Poder, ha erosionado no poco el prestigio de los jueces, cuyos errores y dilaciones han sido publicados a bombo y platillo. Aún así, cualquiera comprende que –demagogias aparte—lo que no puede ser es que el juez no sea el jefe de la oficina judicial, constituida por un secretario que depende del Ministerio y de unos auxiliares que no responden más que ante la Junta. Quizá por eso el movimiento en cuestión esta siendo visiblemente espontáneo y no asociativo, y quizá por esa misma razón el Gobierno ve con mayor inquietud una protesta que de sobra sabe que está justificada. Por lo demás, hay varios precedentes en países europeos (Francia, Portugal, Italia) donde los jueces se han manifestado en huelga e incluso han ganado el pulso y, en España, ocho ce cada diez magistrados del Tribunal Supremo respaldan el movimiento al tiempo que denuncian con una energía nunca vista hasta ahora la intolerable ingerencia del Gobierno en el ámbito judicial. No es posible mantener el criterio electoralista de que la inversión en Justicia no es rentable para el que aspira al Poder ni mantener a personajes con una función social tan decisiva maltratados laboralmente, desposeídos de autoridad dentro del propio Juzgado y, por si algo faltaba, con una m mordaza bien ajustada. Con el agravante de que la mediación del CGPJ no resulta válida en la medida en que sus miembros son, sin excepción, mandatarios de los dos grandes partidos, el que gobierna y el de la oposición. El 18-F puede ser un gran día. No tanto para los jueces como para los ciudadanos que hace tiempo perdieron su fe en ellos.

Canal Sur, sin remedio

El negocio de Canal Sur no tiene remedio. Ni el político, porque para funcionar como funciona de altavoz de la Junta está ahí con las manos libres, ni el otro, el de la pasta, en el que una serie de “amigos políticos” se reparten como un botín el presupuesto que pagamos modos. Ayer publicaba este diario el detalle: los programas de esos amigos (los “patas negra”) salen 24 veces más caros que si se hicieran con medios propios, hay programas entre los más gananciosos que apenas superan el 1 por ciento de la audiencia, la productora que más trinca es precisamente la que dirigía el actual director general hasta hace poco y unos cuantos más que están pidiendo a gritos se amortización. Y no tiene arreglo el asunto porque han puesto al zorro a cuidar el gallinero de un contundente decretazo. Seguiremos viendo morralla costosa y pagándola, que es lo peor.

Se ponen ciegos

Los chicos/as de la Dipu se han pulido en el año 2007 la bonita cifra de 287.000 euros en catering y restaurantes. ¡Que no farte de na! Traducid en inteligibles pesetas eso equivale a casi 48 millones de pesetas de las antiguas, es decir que dividiendo por 11 (el mes de agosto no se cuenta) la cosa se pone en casi cuarto millones y medios al mes. ¿Qué se comerá y beberá esta tropa, cuántos comensales se sentarán en ese festín de Baltasar? Es una vergüenza, sencillamente, que en plena crisis esta patulea despilfarre como si fueran ricos por su casa mientras los parados caen a racimos cada minuto al pozo sin esperanza. No entramos siquiera en el gasto faraónico de la organización de la Casa, sólo en el gasto de bolsillo, un auténtico atentado al sentido común y a la vergüenza política.

Instinto y tortura

Cada día resulta más desolador el panorama en cuanto se refiere a la crueldad humana y, más específicamente, a la capacidad difícilmente explicable de infligir tortura que demuestran seres humanos en las condiciones más ilógicas. Por no salirnos de la actualidad, ahí tienen al secretario de Defensa USA, Donald Rumsfeld contemplando sin asomo de remordimiento las torturas perpetradas por sus soldados en Guantánamo o en Abu Ghraib, y, todavía peor, a ese animal de Dick Cheney defendiendo los métodos de sus torturadores en nombre de la defensa nacional, incluyendo el atroz que los verdugos denominan “la bañera” o el “submarino”, es decir, la inmersión forzada de la cabeza del torturado en agua hasta llegar al límite justo de la asfixia. Una madre granadina acaba de ser condenada a varios años de cárcel por haber quemado a sus hijos con cigarrillos, poca cosa si se compara con la parejita que liquidó a la pobre Alba en presencia de su hermana tras un verdadero martirio. ¿Es la tortura un instinto, va en la naturaleza del hombre –los etólogos defienden que los demás animales, los irracionales, son capaces de violencia extrema pero que no hay rastro de intención torturadora en su conducta—esa pulsión a causar daño al semejante? ¿Añade la Razón un plus de crueldad que convierte la agresividad –de la que tanto se habló en torno a Lorenz, Ardrey, Tinbergen y hasta Desmond Morris hace años— o es el instinto (sea lo que sea esa cosa) el responsable de esta desdichada condición? Confieso que en esa larga polémica me quedé siempre en la teoría de Ashley Montagu quien propuso que la agresividad, la capacidad y voluntad de causar daño a otro, no es más que una conducta socialmente aprendida, una pauta socializada, aunque, en realidad, siempre me intrigó la imagen de los trituradores inexplicables, los espontáneos, los surgidos al calor de una guerra o propulsados por una circunstancia. Y creo que el tiempo va por este lado de la interpretación y atribuye a la circunstancia un papel esencial. La maldad puede ser incomprensible pero no inexplicable.

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Medio siglo después del experimento Milgram” (del que ya hablamos aquí alguna vez) que demostraba la abrumadora tendencia de las personas normales a causar daño si se las investía de una imaginaria autoridad, un sabio de al universidad de Santa Clara, el doctor Burger, ha repetido la prueba con alguna variante para acabar probando que una aplastante mayoría de los participantes eran capaces de proporcionar descargas eléctricas a los fingidos ‘cobayas’ en cuanto se lo exigía una instancia autoritaria. Es muy fácil, por lo visto, convertir a un ser normal en un verdugo, tan fácil como situarlo en una circunstancia apropiada de la que crea recibir autoridad o responsabilidad, lo que explicaría la actuación de tantos y tan inconcebibles sayones así como el hecho, frecuentemente señalado como paradójico, de que, a primera vista, la inmensa mayoría de ellos serían “personas normales”. Los tratadistas del Mal lo saben bien, por supuesto, pero estas demostraciones son instructivas y, en cierto modo, imprescindibles, para liquidar el prejuicio rousseauniano de la bondad innata o bien para reafirmarlo en el sentido de que es en la socialización, en el juego complejo de las relaciones del grupo, donde hay que buscar la causa de tantas maldades. La impresionante frialdad de los genocidas del Holocausto o la que en estos tiempos demuestran los monstruos que andan juzgando en Bruselas por atroces crímenes en guerra o en paz, pone de manifiesto esa inquietante maldad potencial que anida como el huevo de la serpiente en nuestra escondida duramadre. Es más que posible que un tipo como Cheney crea con sinceridad en su legítimo patriotismo. No es fácil para el monstruo reconocerse en el espejo de los demás.

Suspenso a los padres

Divertida esa encuesta de “Caiga quien caiga”, de la que ayer daba cuenta en estas páginas el ingenio de Luis Miguel Fuentes, realizada sobre los “padres/madres de la patria” andaluza, o séase, sobre nuestros parlamentarios regionales. Ni idea de cuántos parados padecemos, ya ven que intolerable incongruencia, extravagantes respuesta sobre el concepto de ADN… Bueno, ¿y qué esperaban? Esos encuestadores bufos podrían haberle echado una mirada a los curriculos de sus Señorías para dar por cerrada la encuesta antes de abrirla siquiera. Chaves mismo contestó con una tautología muy acorde con su griseidad: “¿El ADN? ¡Pues el ADN!”. Y menos mal que no llevaban un cuestionario en condiciones porque si no los dejan en a los pies de los caballos. La profesión política es la más rentable y la menos costosa. Así les va a ellos y a nosotros.

No saben, no contestan

Ni una palabra (alguna pamplina sobre la “legalidad” y demás no cuenta, como es lógico) sobre el escandaloso reparto de dineros públicos en la Diputación para sostener su aparato de propaganda “amigo”, es decir, la prensa y otros medios mantenidos. Y conste que a lo atizado pro Diputación, algunos de esos medios reciben, además, pródigas derramas de la Junta y otros instituciones gobernadas por el PSOE. Es un escándalo que explica el silencio clave de esos medios mantenidos o mediopensionistas en asuntos claves para la información cabal del ciudadano, pero un elemental sentido del deber debería obligar moralmente (¿) a los repartidores a explicar su conducta. Ahora los onubenses saben  porqué unos decimos lo que ocurre y otros callan o incluso cuentan una milonga contraria a la realidad. El Mundo ha recibido cero euros de la Dipu. El pequeño Odiel, pongo por caso, más de medio millón.