Pagar al cliente

Con motivo de las informaciones publicadas por El Mundo-Huelva Noticias sobre el escandaloso reparto de fondos para publicidad por parte de la Diputación de Huelva, y tras largos días der silencio del PSOE, al fin una voz autorizada del partido ha sugerido que la razón de la denuncia de El Mundo no es otra que la de no haber recibido un solo céntimo de esa partida de más de dos millones de euros, lo que equivale a reconocer que el estratégico silencio de algunos medios o la actitud lacayuna de alguno de ellos sería la causa y razón de que se reconociera su “clientelismo” con desatada munificencia. Ciertamente con el dinero largado a alguno de ellos prácticamente reducido a la difusión oficial se podría mantener un periódico un ejercicio completo. Pero aún así, el PSOE debe comprender que la crítica es tan necesaria como injusta su sanción. Lo asombroso en este caso no es que lo hagan, sino que lo digan, sin percartrse de la indignidad del argumento.

Cortinas de humo

Se comprende el empeño de niñatos y portavozas en distraer a la opinión de los temas que verdaderamente afligen a Huelva, en especial en esa materia de trabajo que depende del Gobierno y de la Junta. Un estudio de l la UGT, que no es precisamente sospechosa de parcialidad, afirma que nuestra provincia –cuya situación general en este aspecto es de sobra conocida como mala—es la que posee peor calidad de empleo entre todas las andaluzas, precisando que encabeza el ránking de horas extraordinarias, y es penúltima en estabilidad en el puesto, en salarios y en acceso al trabajo. Se comprende digo que enreden con los rótulos de las calles franquistas, digo, pero no que lo hagan incluso cuando el “sindicato hermano” saca a la luz estas conclusiones tan desoladoras para los onubenses.

Una larga vida

En estas misma páginas he leído hace días que un genetista italiano, Edoardo Boncinelli, responsable de un laboratorio de biología molecular en Milán, anda manejando la expectativa de que las técnicas de regeneración de tejidos permitirán, al fin, prolongar la vida humana hasta los 200 o 300 años, puesto que, según él, los genes que primero serán manipulado serán aquellos que regulan la longevidad del organismo. Viene esa apreciación en línea con la que no hace tanto lanzaba la biogerontóloga Aubrey de Grey, firme convencida de que la expectativa de vida no tiene por qué no aspirar a los 120 años como poco y, eventualmente, alargarse hasta los quinientos y hasta los mil, una teoría que –en el mismo congreso en que fue presentada– recibió el apoyo de otros sabios pero también la descalificación de alguno, como Robert Miller, que la calificó como pura fantasía, hasta León Kass, experto de la universidad de Chicago, que avisaba del riesgo que supondría arriesgarse con ello a reproducir la tragedia de ‘Dorian Grey’. Las cronologías bíblicas sobre la edad de los patriarcas deben responder hoy demasiadas preguntas a la ciencia actual, en especial desde que se ha afirmado la idea de que con esas longevidades de lo que se trataba era de mostrar la decadencia progresiva de la Humanidad desde sus orígenes paradisíacos hasta este presente tenso y desacralizado. Es posible, sin embargo, aceptar en principio los vaticinios de los biólogos y pensar en un alargamiento de la existencia que se trataría de conseguir en términos aceptables para la autosatisfacción y no en un modelo consuntivo como el que refleja el relato de Borges sobre los inmortales. El animal más viejo conocido y homologado por la ciencia es, hasta ahora, al parecer, una humilde almeja descubierta en Islandia por personal de la universidad galesa de Banger y que tendría 400 años encima, pero nada más dudoso, a estas alturas, que los cuasimilenios de Adán, Matusalem y Enoc.

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El biólogo Ginés Morata, premio ‘Príncipe de Asturias’, nos confesó, en una de las Charlas onubenses de El Mundo, su aprensión ante la perspectiva de una longevidad excesiva que arrastraría inevitablemente a los actuales sistemas de prevención y seguridad social, un argumento en el que no está solo, sino que comparten muchos sociólogos que se han asomado temerosos al laboratorio, inquietos ante sus progresos. No es, sin embargo, a mi entender, ese riesgo económico –que podría ser conjurado por cualquier hallazgo providencial—la mayor objeción que puede levantarse frente al objetivo científico de prolongar la vida, sino el hecho de que una vida sin límite o con límites tan alejados, daría paso a otra distinta por completo en su dimensión psíquica, en su problemática organizativa y en su propia visión moral. La vida que conocemos –la única real—implica la muerte como la de todas las especies existentes, y por esa razón las civilizaciones han contado con ella como con algo efímero y no como un fenómeno sempiterno que, sencillamente, “deshumanizaría” la que hoy conocemos para dar paso a una utopía de inconcebible resolución. No sería propiamente ‘humano’ un ser de quinientos años, o al menos, no lo sería en los términos en que hoy concebimos la humanidad –razón por la cual esos buscadores de supervivencia se dan a sí mismos el nombre de “transhumanistas”—aparte de que rompería la unidad y la lógica de lo viviente, como diría François Jacob. Borges describió una odisea maléfica en torno a unos inmortales que degeneraban sin fin conservando un hálito de vida. Hoy se promete una inmortalidad eventual compatible con la conservación de las facultades físicas y mentales. No creo que pueda imaginarse una fábula más consoladora y al mismo tiempo más destructiva.

A cencerros

El presidente Chaves se ha reunido en secreto con su homólogo catalán José Montilla –que es, al parecer, el que manda– para tratar de resolver el “sudoku” de la financiación autonómica a base de ponerse de acuerdo al margen de las demás comunidades. Ni sabía nada el Parlamento autónomo, nada los partidos de la Oposición: sólo el pretorio de Chaves, auténtico sanedrín cada día más autocrático y suelto de manos. ¿Para qué sirve el Congreso, para qué sirve el Parlamento de Andalucía, para qué sirve cualquier instancia que no sea ese sanedrín o la real gana de Chaves, supeditada, claro está, a lo que disponga Madrid oída Barcelona? Es posible que nos e hayan dado cuenta pero está arruinando un régimen como el autonómico, en el que no creían ni ellos, ahora que, al fin, parecía que iba a cuajar.

Como Juan Palomo

No es sólo el Patronato de Turismo, por supuesto, sino un buen puñado de organismos innecesarios o directamente inventados, los que, en torno a una función más o menos definida, se organizan para gastarse sus respectivos presupuestos en mantenerse a sí mismos, es decir, a sus componentes, que suelen ser gente del “régimen”. Tomen el caso del mencionado, dependiente de la Diputación, que dedica más del 82 por ciento de sus 2.205.984’36 euros a sueldos y gasto corriente, dejando para la inversión  promotora de nuestro turismo apenas unos 368.000. Cosas que pasan en el sector público y sobre todo en esos refugios de “arrecogíos” que son estupendos, no cabe duda, para sus beneficiarios directos pero insignificantes para el interés general.

Hasta aquí llegó

¿Pueden los jueces y magistrados echar el cierre y declararse en huelga de brazos caídos en demanda de los que creen sus elementales derechos? El Ministerio y el CGPJ (o sea, prácticamente lo mismo) dicen que no, pero ellos –que no son legos– afirman mayoritariamente que sí, que los únicos colectivos excluidos del ejercicio de ese derecho fundamental son el Ejército y los cuerpos militarizados. La explosiva situación de la Administración de Justicia no ha sido provocada por algún caso clamoroso como el de la niña Mari Luz, pero sí es cierto que ese caso ha servido para iluminar de plano un ámbito por lo general desconocido y, de paso, para colmar la paciencia de unos jueces que carecen, de hecho, de derechos laborales y cuyo asociacionismo lleva desde sus inicios la marca de Caín, pues nadie informado ignora que los dos grandes colectivos de jueces están al servicio de los dos grandes partidos, circunstancia que cierra el círculo de hierro de una situación indecente en la que el retraso es ya algo asumido como normal, hasta el punto de dejar pendientes de resolución cada ejercicio nada menos que tres millones de asuntos, a pesar de que la gran mayoría de los juzgadores cumplen fielmente y aún supera en gran número la tarea de mínimos marcada por ese CGPJ. Por eso la llamada a la huelga del próximo18-F (si antes no se llega a un acuerdo en la cumbre madrileña del 12 de Enero) no es apoyada por Jueces para la Democracia (JPD) ni por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ambos representados en régimen de privilegio absoluto en el órgano rector, pero sí, al parecer, por una sensible mayoría de esa mitad de los jueces españoles que no están asociados sino que van por libre, desanimados por una politización cuasigremial a la que se debe en gran medida la politización de la Justicia. Tengo para mí que la mayoría de los eventuales huelguistas irán al paro motivados sobre todo por la aspiración a ver reconocido ese derecho fundamental pero también porque hay que reconocer que la indiferencia electoralista del Poder (de este Gobierno y del anterior) ha creado una circunstancia realmente insostenible. Así no se puede seguir. Meterse en discusiones erísticas sobre ese derecho del juez no deja de ser apostar por el colapso a corto plazo.

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Una intensa presión mediática, respaldada por el Poder, ha erosionado no poco el prestigio de los jueces, cuyos errores y dilaciones han sido publicados a bombo y platillo. Aún así, cualquiera comprende que –demagogias aparte—lo que no puede ser es que el juez no sea el jefe de la oficina judicial, constituida por un secretario que depende del Ministerio y de unos auxiliares que no responden más que ante la Junta. Quizá por eso el movimiento en cuestión esta siendo visiblemente espontáneo y no asociativo, y quizá por esa misma razón el Gobierno ve con mayor inquietud una protesta que de sobra sabe que está justificada. Por lo demás, hay varios precedentes en países europeos (Francia, Portugal, Italia) donde los jueces se han manifestado en huelga e incluso han ganado el pulso y, en España, ocho ce cada diez magistrados del Tribunal Supremo respaldan el movimiento al tiempo que denuncian con una energía nunca vista hasta ahora la intolerable ingerencia del Gobierno en el ámbito judicial. No es posible mantener el criterio electoralista de que la inversión en Justicia no es rentable para el que aspira al Poder ni mantener a personajes con una función social tan decisiva maltratados laboralmente, desposeídos de autoridad dentro del propio Juzgado y, por si algo faltaba, con una m mordaza bien ajustada. Con el agravante de que la mediación del CGPJ no resulta válida en la medida en que sus miembros son, sin excepción, mandatarios de los dos grandes partidos, el que gobierna y el de la oposición. El 18-F puede ser un gran día. No tanto para los jueces como para los ciudadanos que hace tiempo perdieron su fe en ellos.