Jueces en huelga

La Justicia ha soltado la balanza y la espada para cruzarse de brazos o dejarlos caer por un día: el próximo 18 de Febrero. Los jueces reclaman una reforma radical de su Administración, una nueva Oficina Judicial, la actualización de los sistemas informáticos, la formación específica del personal, una carga de trabajo obligatoria establecida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la revisión de la planta judicial de hoy día, un sistema razonable de sustituciones y la conciliación familiar efectiva. Y aparcan sus reivindicaciones salariales. ¡Ole! A ver qué ficha mueven ahora ese ministro atrabiliario y sus mariachis. Muevan la que mueven, lo tienen difícil para seguir engañando al ciudadano. A los jueces se lo deberemos.

Amores que matan

Acaba de difundirse el contenido de un número de diciembre de ‘Al Fateh’, la revista dirigida a niños y adolescente que promueven los terroristas de Hamas, y en él destaca de nuevo la reivindicación de Al Andalus o, como dicen esos mitógrafos, de “las colonias islámicas en Al Andalus”, paraíso perdido que esperan recuperar por la fuerza  en Europa, siguiendo la famosa ‘fatwa’ de Yusuf Qaradawi que invita a recuperar los territorios perdidos en España, Sicilia y los Balcanes. El hallazgo es interesante, ahora que las armas callan en Gaza, y es posible pararse a considerar la extraña ceguera del autopostulado progresismo europeo, que se ha puesto con armas y bagajes del lado de la causa palestina sin reparar en que en ella hay que distinguir por fuerza entre las legítimas reclamaciones de un pueblo y los designios de una organización terrorista que, como antes hiciera el FLN en Argelia, el Vietcong en Vietnam, Sendero Luminoso en Perú y tantos bárbaros en sitios tan diferentes, no pretenden sino establecer una espiral violenta que, al generar una réplica del adversario, ponga al pueblo víctima de parte de la causa revolucionaria. Ahí tienen, en todo caso, a Hamas apuntando a España con el terror que en esa misma revista se enseña a los pequeños, en sintonía plena con las bravatas de Bin Laden o con las enunciadas en su día por los presuntos suicidas del  11-M madrileño. Como en alguna fábula famosa, eso se llama criar cuervos.

 

No estará de más recordar que, en los últimos tiempos, España ha mediado denodadamente ante la UE para que ésta retire a Hamas de su relación de organizaciones terroristas, a pesar de que la oposición a esa banda legalizada en las urnas por el mismo pueblo que ella ha victimado sin escrúpulos, es compartida por los palestinos de Cisjordania, conscientes de los riesgos irreparables que, como acaba de demostrase, implica una estrategia semejante. Quienes no van descaminados son aquellos que dan por vencedora de la actual contienda a Hamas, pues no cabe duda de que el resultado que ésta buscaba –el castigo atroz infligido al pueblo inocente o comprometido—lo ha logrado con creces. El ideario mítico (el religioso incluido) tiene poco que ver con la razón y el buen sentido porque en ellos no es que el fin justifique los medios sino que lo absorbe todo más allá de cualquier lógica. Se ha estado apoyando desde aquí a los mismos que proyectan nuestra perdición. Por si quedaba alguna duda, escuchen lo que predican a sus propios hijos.

El imparable paro

Ante el desconcierto y la pasividad de la Junta,  el paro sube. Llega a cotas nunca vistas, como ésa del 23 por ciento para el año en curso que prevén los estudiosos de Unicaja. Casi uno de cada cuatro andaluces en edad de trabajar carece de empleo o está a punto de perderlo, ésa es la verdad radical. Y eso no es un deseo malvado de la oposición, como rebuzna algún dirigente sin mejor argumento, sino la consecuencia de una crisis primero negada, luego contemplada y nunca combatida con un plan bien pensado. Celebrar el daño sería, en efecto, execrable, pero dejarlo crecer en lugar de oponerse a él con decisión es un disparate o un delito político. Claro que no está en juego, de momento, el empleo de los que han de arbitrar medidas. La partitocracia y la defección sindical cuentan con ello para mantener su comedia.

Un escándalo mayor

No debería ser asumido como un caso más entre tantos, el de la anulación de los contratos del anterior gobierno municipal del PSOE por parte de la coalición IU-PP que gobierna actualmente Bollulos, porque pone de relieve, con el marchamo del Consejo Consultivo de Andalucía, que aquel contrató sin fondos presupuestados y sin atenerse a las mínimas normas establecidas por la ley para garantizar que las oficinas públicas no son una finca de los políticos que ganaron las últimas elecciones. Claro que poco podrá hacer la dirección sociata contra esos infractores habiendo permitido ella desmanes mucho más grandes sin salir de su propia collación. En Bollulos se ha demostrado que puede resistirse el avasallamiento y quedan recursos por interponer si se actúa desde la razón  y desde el derecho. Un éxito sobre una gran vergüenza.

Pintar como querer

Es curioso y hasta divertido el contraste que supone el desdén por la Historia en un país como el nuestro, que ha pensado seriamente en eliminarla de los planes de estudio, y el entusiasmo por la memoria que demuestran las mismas desdeñosas instancias. Pocas veces como en este último periodo, la Historia –un modelo siempre ideologizado, ése es otro cantar— se ha visto tratada tan ‘instrumentalmente’ desde el Poder que busca en ella legitimación cuando le conviene y trata de esconderla en caso contrario, apropiándose con descaro de ese bien colectivo. Ahí tienen el rocambolesco caso de los papeles de Alcalá Zamora, el presidente del República, robados en su día,  al parecer por un policía franquista, y puestos ahora en el mercado, al menos en grado de tentativa, por el hijo del apropiador, requisados luego por la Guardia Civil, depositados a disposición judicial y, en fin, sorprendentemente, arramblados a su vez por el ministerio de Cultura que anda reteniéndolos mientras los ‘revisa’ como material sensible (creo que el calificativo empleado por la autoridad fue “delicado”) y, en consecuencia, reservado. Por lo que ha trascendido, junto a  las memorias de ese personaje figuran nada menos que las actas de las elecciones de Febrero del 36 y, a tenor de aquellas, la duda sobre si fue legítimo o no el triunfo del Frente Popular, aparte de cierta documentación sobre la Revolución de Octubre, dos temas ciertamente peliagudos para el proyecto historiográfico que el Gobierno llama “memoria histórica”. Un materia, pues, de presunta importancia capital (aunque hay historiadores que han aventurado lo contrario) y que podrían cuestionar seriamente los intentos de mitificación de la II República que se vienen haciendo por razones que pertenecen exclusivamente al presente electoral.

¿Qué hace el Gobierno revisando previamente un material histórico, qué derecho le asiste para retirar de la circulación documentos cuyo manejo debería concernir sólo a los historiadores? Nunca, hay que repetirlo, la Historia fue objeto de tanta presión política y nunca se llegó tan lejos en ese proyecto instrumentalizador que pretende ajustar el pasado a la conveniencia del presente. Algo que ocurre, paradójicamente, cuando las facultades del ramo están desiertas y diecisiete comunidades pueden ofrecer otras tantas versiones del pasado, en no pocas ocasiones clamorosamente contradictorias entre sí, cuando no fundadas en el mito en detrimento de la realidad. Sólo faltaba la intervención directa del Gobierno en el proceso historiográfico y parece que también hemos alcanzado ya ese momento.

Y ahora qué?

Tanto en Madrid como en Sevilla, ha habido que rebajar las previsiones económicas, a todas luces voluntaristas e irreales, en que se funda el Presupuesto para el 2009. El empeño en camuflar la situación real, para ganar tiempo, ha durado poco, obligando a los presupuestadotes (ir)responsables a reconocer la falacia de sus propios datos. El problema, sin embargo, no está tanto en pedir responsabilidades, como ha hecho la oposición, sino en plantearse qué hacer ahora que sabemos que ese Presupuesto es papel mojado y que con él no sólo no afrontaremos adecuadamente la crisis sino que ni siquiera podremos actuar de modo razonable. La autonomía exige que Chaves renuncie a ese objetivo prioritario que ha venido siempre ‘arropar’ al Gobierno, incluso mintiendo con descaro. Va a ser curioso observar cómo escapamos de este callejón.