Barrero premiado

Si se confirma la designación de Barrero como secretario general del Grupo Socialista en el Congreso (no confundir con el portavoz, a quien estaría supeditado) la verdad es que pinta mal la nueva legislatura ya que su labor en Huelva ha hecho del PSOE onubense uno de los más agresivos y crispadotes de España. Claro que la gente cambia y que el hábito hace al monje más de lo que se dice, pero en todo caso, habrá que pensar también en Huelva, donde su ausencia (aunque es verdad que él ya dilataba al máximo su estancia en Madrid) habrá de ser sustituida, presumiblemente en virtud del famoso principio de Peter, aquel que dice que toda situación, por mala que sea, es empeorable. Barrero recoge el premio a sus resultados provinciales a pesar de reiterado fracaso en el principal objetivo, que desde hace cuatro legislaturas es la alcaldía de la capital. Confiemos en que la suplencia, siquiera por una vez, desmienta a ese principio pesimista.

El problema del niño

Si durante la reciente campaña electoral dio lugar a un encendido debate la propuesta conservadora de rebajar la edad penal hasta el umbral de los 12 años, llega ahora la noticia de que Scotland Yard ha solicitado al gobierno británico que incluya en su banco de datos de DNA la información genética de los alumnos de primaria –es decir, entre los 12 y los 5 años– a poco que su comportamiento permita intuir al ojo escrutador del adulto un futuro díscolo y eventualmente delincuente. No ha faltado, desde luego, en ese país libre quien  levante su voz contra una medida que remite sin dificultad a la mentalidad autocrática propia del estado policiaco, pero tampoco la solicitud de algunos responsables discretos que piden un debate abierto sobre los límites razonables de un control policial que, como garantía de seguridad colectiva, permita seguir el rastro desde lejos a los futuros delincuentes, tanto para asegurar su identificación precoz como para prevenir su desviación con medidas apropiadas. No cabe duda de que la simple enunciación de ese propósito –controlar genéticamente a los menores desde la misma infancia– sugiere una medrosa inquisición que remiten a la mala memoria de las prácticas lombrosianas y, más cerca de nosotros, a las desacreditadas teorías del “gen asesino”, que tienen en común con la propuesta de la policía inglesa una temerosa fe en ese determinismo biológico que ha tentado, en épocas muy diferentes, a regímenes bien diferentes. Más de un cuitado acabó en el garrote porque algún sabio determinó que su ángulo facial o el perímetro de su cráneo acreditaban su condición criminal, pero nunca hasta ahora se le había ocurrido a nadie llevar esos controles hasta el brumoso territorio de la santa infancia. Hemos criado una generación no poco indómita, ésa es la verdad y, en vista de que ahora no sabemos cómo sujetarle las riendas, hay quien propone frenarla con esos latigazos legales que son más nuestros que de ella.                                                                  xxxxxPor lo que nosotros respecta, en un país en el que hallar una plaza escolar decorosa constituye, con frecuencia, una odisea para los padres, nos encontramos con casos como el de ese matrimonio al que la fiscalía imputa un delito de abandono por haber decidido –en uso de un derecho cuyo ejercicio estamos hartos de contemplar en las familias ricas y que, aunque no legislado en España, está reconocido por la Constitución– educar a su hijo de diez años en régimen doméstico, es decir, ni más ni menos que cómo toda la vida se han educado y se siguen educando muchos próceres de este mundo, a saber, con un preceptor personal y exclusivo. No damos con el justo medio, como se ve, sino que nos debatimos entre la tentación de la permisividad más deplorable y el proyecto de penalizar a los críos en su tierna infancia pasando por el celo de imponerle una enseñanza escolar que, aparte de su tremendo fracaso en el sector público, plantea hoy situaciones reales alejadas de toda disciplina. Y no damos, por supuesto, porque no asumimos que la disfunción deriva de nuestra propia responsabilidad y que estos lodos anómicos proceden de aquellos alegres polvos libertarios que en su día exhibimos como la seña más elocuente de una generación que se creyó liberadora, reinona tal vez en “el mundo feliz de los tiempos finales”. El ADN por el que tendrían que interesarse las inquisiciones policiales debería ser, en todo caso, el nuestro, que seríamos, en todo caso, los trasmisores del gen correspondiente además de sus fallidos “socializadores”. Esta sociedad que clama, con razón, ante ciertas barbaries juveniles que espantan a cualquiera, no debería limitarse a exigir dureza sino empezar por entender las causas que han disparado los estragos de la conducta. Fichar a un niño de cinco años, como quiere Scotland Yard, es de suyo un atentado no sé si peor o igual que dejarlo campar a sus anchas. Miro a mi nieto ensimismado en “Barrio Sésamo” y siento imperiosa la nostalgia de Robinson Crusoe.

La que nos espera

Lo primero que ha dicho Chaves tras ganar las elecciones no se refiere a ninguna reacción enérgica que saque a la comunidad de la cola de España sino que se compromete a sacar adelante 22 leyes y pedir al “Gobierno amigo” nueves traspasos de competencias. En cuanto al compromiso legislativo, todos sabemos cuántas leyes prometidas duermen el sueño de los justos, al lado de algunas momificadas ya por el tiempo, como la de Reforma Agraria, por citar un caso vergonzante. Y en cuanto a cifrar el éxito autonómico en la competencia de la Junta, basta con mirar atrás para comprobar que más de un traspaso competencial –piénsese en el de la Administración de Justicia– han resultado, en definitiva, un auténtico fiasco y provocado un retroceso. Andalucía no viaja a la cola por falta de competencias sino por ineficiencia y rutina a la hora de ejercer las que posee. Compárenla con Valencia, Madrid o Navarra y se convencerán.

Un asunto feo

El asunto del ‘mangazo’ de Adricoh (Asociación de Desarrollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva), es decir, del desfalco de 480.000 euros perpetrado por su gerente, ha llegado ya, por iniciativa de IU, a las oficinas de Bruselas, desde las que han dirigido a la Junta, cinco meses después, una seria advertencia y el anuncio de que la Oficina de Lucha contra el Fraude estudia el caso con atención, a pesar de que nada se ha sabido hasta el momento del expediente abierto por la Junta. Un asunto feo, que nada gana el alcalde Millán, presidente de esa asociación, con entretener con juegos de palabras, sobre todo estando los hechos tan claros como están. Cualquier asunto que comprometa la ayuda europea es grave en sí mismo con independencia de cual sea la institución encargada de controlarlo. Por eso si a alguien conviene despejar dudas es al propio organismo desfalcado que no ha debido esperar a que ni la Junta ni nadie le saque –si puede– las castañas del fuego.

Juegos y derechos

La tesis oficial china de que los sangrientos disturbios del Tibet obedecen a una estrategia del Dalai Lama para fomentar el boicot a los JJOO que han de celebrarse en Pekín no parece descabellada. Ha sido una penosa constante en la historia de esos juegos el recurso a la politización del acontecimiento, al menos desde que, tras la primera Gran Guerra, Bélgica vetara a los países que habían sido sus recientes enemigos. Boicots más o menos exitosos hubo en Melburne con motivo de la invasión de Hungría o en Corea como consecuencia de la partición del país, en Moscú a causa de la invasión de Afganistán promovido por los EEUU y, claro está, en Los Ángeles, ésta vez a cargo de la URRS, sin olvidarnos del plante africano en los de Montreal. La cuestión es que los Richard Gere o los Spielberg, los Jack Lang o los B.H. Lévy que ahora se plantan cerrados frente a la reconocida barbarie del régimen chino, han tenido mucho tiempo para protestar y parece que hasta ahora, casi en vísperas de los Juegos, no han caído en la cuenta de la necesidad del boicot. ¿O es que no habían visto nunca en el telediario a esas cuerdas de presos arrodillados ante sus verdugos para mejor recibir el tiro en la nuca, ni se habían enterado hasta antier de la implacable prohibición de la natalidad o del trato feroz dispensado a los niños sin padres en las infames guarderías del régimen? EEUU acaba de borrar a China de la lista negra de países que no respetan los derechos humanos y la Unión Europea se ha pronunciado sin demora contra cualquier intento de entorpecer la buena marcha del proyecto olímpico, lo que no demuestra que aquel país haya suavizado su barbarie sino, simplemente, que se ha enriquecido hasta un nivel en que ya no es aconsejable ni quizá posible provocar al tigre. Dicen que la inversión china tiene trincada por mala parte a la economía yanqui y cuentan y no acaban de ese milagro global que está atiborrando a muchos logreros occidentales con pan de hoy que muy probablemente sea hambre para mañana. Habrá Juegos, pues, en Pekín. Después de todo la “tregua olímpica” era esencial a los juegos primitivos.

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 Otras veces he confesado aquí mi estupor ante la afición olímpica, es decir, el hecho de que muchedumbres ajenas por completo al deporte se apasionen durante unos días contemplando con frenesí las proezas de atletas sobre cuyas disciplinas lo ignoran casi todo. Y siempre para llegar a la conclusión de que los JJOO actuales no son más que un producto televisivo y, en consecuencia, de la publicidad, aparte de un fabuloso negocio que no se reduce al país que los celebra sino en el que participa la inmensa mayoría. Se comprende que hay que pastorear al personal, entretenerlo con guepardos que arañan centésimas de segundo sobre la pista sintética y gacelas que mejoran el salto aupadas sobre sus pértigas de fibra de vidrio, para luego colocarles a los mirones zapatillas y camisetas, gorrillas y refrescos. ¡Pero vender unos JJOO invocando los derechos humanos, vamos, hombre, por Dios! China tendrá sus juegos y seguirá aplicando el suplicio como siempre, algo que, ni qué decir tiene, preocupa poco al pragmatismo de un Samaranch convertido, al parecer, en gurú de la legión de nuevos mercaderes que empiezan a mirar a Occidente como a una eventual colonia. Aparte de que no ha de faltarles en su momento el estro bujarrón de su Baquílides o su Píndaro, ya lo verán, escribiendo epinicios con los ojos cerrados mientras enjambres de niños se hacinan en pudrideros o los futuros desnucados aguardan en la celda el tiro de gracia. No hay derechos humanos que valgan si andan por medio los “derechos” de la tele y los montajes del negocio. Ni Samaranch debe su predicamento al deporte sino al mercadeo, ni los tiempos que corren permiten fantasear con ilusiones sobre la paz auténtica. En el Olimpo –ya lo dije alguna vez– no queda nadie a estas alturas. Lo sé porque yo he estado allí.

900 euritos

Tras cuatro “avisos” inútiles, la Junta Electoral de Andalucía ha decidido echar al corral del expediente sancionador al director de Canal Sur, es decir, al ex-portavoz de Chaves, Rafael Camacho, por considerar que ha podido haber (¡) infracción de la normativa, es decir, parcialidad en la información durante la campaña. Ya me dirán para qué puede servir este paripé que, en el caso concreto que nos ocupa, implica una propuesta de sanción de 901’52 euros, pena escandalosamente ridícula para quien es considerado responsable de manipular una televisión pública con clara intención de favorecer a su partido y grave ofensa del rival y determinadas instituciones como la Iglesia o el Ejército. Entre las cosas que urge reformar destaca la competencia y medios de esas Junta Electorales convertidas, de hecho, a pesar incluso de la voluntad de sus miembros, en legitimadores de las más burdas vulneraciones de la transparencia electoral.