Sacar el santo

El ‘conseller’ catalán de Medio Ambiente –un antiguo “Bandera Roja”, según parece– ha aprovechado los funerales de un abad de Monserrat para pedirle a la Moreneta que interceda ante la pertinaz sequía: “Sabes que soy agnóstico, pero si puedes hacer algo, hazlo”, le ha dicho el tío a la Virgen, en lo que me parece que no deja de ser un supremo acto de fe. Me ha recordado la historia de don José Moya, un cura de pueblo a quien traté familiarmente, que hubo de enfrentarse en una ocasión al alcalde franquista que, de orden del Gobernador Civil, le exigía rogativas para entretener al personal. Don José, que era hombre campestre y versado en las cosas de la Madre Naturaleza, fue resistiéndose hasta el momento en que el alcalde, acompañado de la Guardia Civil, lo conminó a sacar la Virgen sin excusa ni pretexto, exigencia ante la que cedió, como es natural, pero no sin advertirle rotundo: “Mira, ¿sabes que te digo?, que la saques si quieres, ¡pero que sepas que el tiempo no está pa llover!”. La costumbre de “sacar el santo” es ancestral y universal y, como se sabe, fue instituida en el siglo IX por el papa León III sobre la base de una costumbre que inició un obispo vienés casi quinientos años antes, lo que no quiere decir que constituya un rito exclusivo de los cristianos. Hay constancia de rogativas islámicas en Al Andalus al filo del temido año 1000, aunque en realidad se trata de un rito neolítico como lo prueban las danzas propiciatorias de tribus primitivas en América o África y las que todavía  celebran, entre otros pueblos, los mapuches argentinos o los indiecitos bolivianos con el jefe Evo a la cabeza. Incluso hay rituales conminatorios como esos que lanzan la imagen sagrada al río en caso de fiasco, o algunos norteafricanos consistentes en tirar a la charca reseca al santón fracasado en la plegaria. La doctora Teresa se apuntó un tanto de órdago provocando la lluvia implorada por unos campesinos desesperados que le salieron al encuentro en uno de sus viajes, y algo parecido se cuenta de Hernán Cortés en su aventura mexicana. El ‘conseller’ es un primitivo. Y sin saberlo, también un hombre de fe.

 

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 Nos está saliendo por un ojo de la cara el complejo prejuítico contra los pantanos y los trasvases y el colmo es ver a la dirigencia roja que niega el agua sobrante al Sur echarse a la rogativa celeste. Mucho más prácticos, los monjes budistas del monasterio de Panillo, en el pueblo aragonés de Grau, se han hecho con un tractor y una buena cuba que les permite afanar diariamente los seis mil litros diarios que necesitan, mientras celebran el Año de la Rata soplando sus enormes tubas y bailando sus coreografías ante la imagen dhármica y sonriente del bienaventurado Gautama. ¡“Fíate de la Virgen y no corras”!, dice irónicamente el adagio. En Cataluña, en Murcia, en Valencia, en Córdoba o en Navarra se saca hoy el santo como remedio de una ineficiencia imperdonable que junta devotamente los dedos cuando la seca vacía los pantanos pero se pasa la vida mano sobre mano. Un poco en la línea de los budistas de Panillo, Juan Pablo II era más partidario del Plan Hidrológico del PP anulado por el PSOE que de sacar el procesión –“Ad petendam pluviam”–  a san Isidro Labrador a la Virgen del Espino. Tiene guasa que un papa tan conservador pase por la izquierda a un ‘conseller’ tan agnóstico pero que le reza a la Moreneta.

Palos y velas

La Inspección que se lleva a cabo en los Juzgados de Sevilla con motivo de la actual crisis de la Justicia ha dejado claro, por fin, que no se trata sólo de errores aislados imputables a los jueces y fiscales sino que la responsabilidad por el caos de esas oficinas recae también sobre al Junta de Andalucía que es la institución que, en primera y última instancia, debe proveer las necesidades de esa Administración transferida. ¿El fondo de la cuestión? Hay que repetir que de lo que se trata es de que la Junta no invierte en Justicia porque esa inversión, invisible para el gran público, no es electoralmente rentable. Así de sencillo. De esta crisis convendría salir poniendo en su sitio a los profesionales pero también exigiéndole a la Administración autonómica que renuncie a sus intereses partidistas en un sector que afecta tan gravemente a la vida social. No es fácil decidir a quién habría que endosarle la muerte de Mari Luz o tantos otros fracasos, pero sí lo es sostener que los Juzgados deben ser asistidos sin cicatería. Con lo que la Junta se gasta en propaganda habría de sobra para darle la vuelta a esta insostenible situación.

El sino del profeta

Algo de verdad debe de haber en el aviso evangélico de que nadie es profeta en su tierra. Ahí tienen el caso del rehabilitado Diego Valderas, coordinador de IU y diputado a la tercera, que no puede con la asamblea de su propio pueblo, Bollullos, partidario él de mantener al PSOE contra viento y marea en el poder local, y empeñada la militancia en pactar con el PP una alternativa distinta, hasta el punto de desoír la desautorización partidista y seguir en el empeño. Seguramente esa asamblea se ha mirado en el espejo valverdeño y se ha visto fagocitada por el pez grande como le ocurriera a la de este pueblo cuando se entregó al PSOE por un plato de lentejas. Mala cosa, una agrupación rebelde, peor si es en la patria chica. Pero Valderas es un profesional pragmático y va a lo que va. Habrá que recordarlo si en Bollullos se acaba repitiendo la historia de Valverde.

Tortilla de setas

La esposa del ex-Presidente francés, Bernadette Chirac, está siendo investigada por haber pillado un ‘jet’ privado en julio del 98 para asistir en Brive a la confección la tortilla de setas más grande del mundo. Es verdad que no era la primera vez que Madame usaba o abusa del favor empresarial o, al menos, eso es lo que sospechan los investigadores que tratan de averiguar si la primera dama aprovechó su posición privilegiada, al margen de su condición de consejera general de cierto departamento, para volar ‘gratis total’ lo menos en seis ocasiones entre el 98 y el 99 como ya había hecho en 2005. La democracia francesa es estricta y minuciosa, y los jueces tienen en ella una libertad de movimientos inconcebible entre nosotros, como tantas otras virtudes. Chirac mismo fue procesado ya, aunque con suma discreción, por el asunto de los empleos ficticios creados en el Ayuntamiento de París durante su alcaldía –asunto que costó al luego primer ministro Alain Juppé una dura condena de 19 meses de prisión y 10 años de inhabilitación–, y de nuevo en noviembre pasado con motivo de este negocio de los vuelos gratuitos que pintaba mal hasta que se advirtió la ausencia de una factura sin la cual el total cuestionado por la Justicia no alcanzaba el techo exigido para justificar la sanción. Pero la verdad es que sólo imaginar los trajines que se traen esos polis revolviendo a fondo los archivos del mismísimo Consejo Constitucional produce cierta envidia en un país como el nuestro donde el hecho de haber utilizado 444 vuelos “gratis total” no impide a un ciudadano/a sentarse en el Consejo de Ministros.                                                                  xxxxx

Se viene a la cabeza lo del “Mystère” que Guerra hizo desplazar a Portugal para llegar a tiempo a una corrida sevillana o el reciente viaje de ZP y señora a Londres para darse un garbeo de compras por Harrod’s, y cuesta no comparar este sistema nuestro, tan permisivo y complaciente, con esos otros que ven la responsabilidad del mandamás con la lente de aumento que le presta el rigor democrático. A un diputado comunista le movieron una vez el escaño por haber viajado de Madrid a Málaga pasando por Sevilla donde se celebraba un atractivo partido de fútbol, algo desmesurado, sin duda, si se piensa en esos viajes con séquito que se organizan los régulos de taifas a tierras lejanas para, a lo peor, dar una conferencia universitaria para la que resulta preciso cazar a los asistentes a lazo. Lo de los Chirac es ejemplar porque demuestra que, en un régimen democrático, la igualdad de derechos no descarta la buena memoria, como ocurría entre nosotros en nuestros tiempos calderonianos, cuando los barandas debían someterse obedientes al “juicio de residencia” que, entre otras cosas, escudriñaba atentamente la evolución de su fortuna comparando la que trajo en su día y la que se llevaba al final de su mandato. Todavía hay clases, en cualquier caso, entre las reglas del autogobierno en las democracias vecinas y las no poco laxas que rigen en este sistema nuestro que muchos insisten en llamar “joven” después de 30 años de rodaje. Cierto que esos demócratas franceses, en tiempos de Mitterand, muñeron entre todos una ley de amnistía por la que se libraban del trullo los corruptos de todos los colores y que Berlusconi ha hecho cosas peores si cabe. Pero lo malo es que aquí no hace ni falta retorcer la ley porque la costumbre se basta y se sobra para garantizar la impunidad. Los Chirac deben soñar con un paraíso como éste en el que el fiscal es un empleado del Poder.

La crisis judicial

Entre tantas acciones y omisiones, cantinelas y silencios, en torno a la profunda crisis abierta en la Administración de Justicia por el “caso Mari Luz”, pocos pronunciamientos tan descarados y ofensivos para los jueces como el del ministro de Justicia al asegurar que la prudente declaración de los magistrados sevillanos en el sentido de que, de no remediarse la situación insostenible de los Juzgados, casos como el citado podrían repetirse, no es más que “una defensa corporativa difícilmente sostenible”. Una piedra más en esta lapidación de los juzgadores que el ministro y la Junta saben mejor que nadie que se explica de sobre por la escasez africana de medios en las desorganizadas oficinas judiciales. Puede que haya que concluir, respecto a las transferencias de Justicia a las autonomías, que el remedio fue incomparablemente peor que la enfermedad.

Lincha, que algo queda

Muy deprisa, demasiado quizá, se han lanzado los rivales políticos y sus ‘medios’ adictos a presentar el caso de Aljaraque como un supuesto de corrupción urbanística, en especial el propio Ayuntamiento con esa declaración institucional que da por supuesto lo que, en modo alguno, está probado ni siquiera claro tras la actuación judicial. Una libertad sin fianza dice mucho, por supuesto, y la calidad de los delitos imputados apuntan a la esfera privada y para nada a la gestión pública, pero se está haciendo caso omiso de esa evidencia con tal de triturar a los implicados, cuya responsabilidad no se cuestiona pero cuyo derecho a la presunción de inocencia implica algo más que una mera declaración retórica. Sería de desear que se levante pronto el secreto sumarial para poner las cosas en su sitio, no sólo a los investigados, sino también a sus linchadores.