Pies de plomo

Gran sorpresa por lo ocurrido en Tráfico y general conmoción ante el linchamiento que desde algún medio ha recibido el delegado, a quien, al tiempo que se le concede el derecho a la presunción de inocencia, se califica de “cabecilla” de una red mafiosa, nada menos. La Justicia dirá lo que tenga que decir, pero pocas personas que conozcan a Buenaposada estarán hoy libres de asombro y la mayoría confiadas en la pronta aclaración de los hechos. Pies de plomo hacen falta siempre en estos casos, sin que valga siquiera la clásica receta filistea de atizar en el titular y defender en el comentario. El caso no merece ningún privilegio de trato pero tampoco el acoso. El juez distinguirá entre los implicados el trigo de la paja. Hasta entonces lo cívico es respetar su tarea y los derechos de los afectados.

El papel timbrado

Nos ha recordado antier Luis Olivencia, en un inteligente artículo, los casos de graves prohombres que debieron dimitir por haber aceptado dádivas o invitaciones, pequeñas o grandes, según se mire. El presidente de un banco central europeo, ‘reo’ de calzarse un cotillón gratis con alojamiento en un hotel de lujo berlinés, el sindicalista consejero de unas líneas aéreas que perdió su condición por viajar gratis total con su familia ‘una sola vez’–¡ay, ‘lady Aviaco’, ministra Álvarez de mi corazón, con sus 444 pasajes trincados impunemente!—y algún otro caso. De pequeño, mi padre me hizo traducir de un diario americano la noticia de que un senador había debido dejar la cámara porque se demostró que había utilizado en su correspondencia privada el papel timbrado de la institución. Ya ven: es un uso no cuestionado en las democracias el principio de que quien la hace, la paga, al menos si la fechoría es conocida y demostrada, algo impensable en la democracia española en la que desde llamar un avión para no tener que guardar una cola en el extranjero hasta aceptar de un grupo de empresarios un yate real, se viene haciendo de todo sin que a nadie repugne, por lo visto, lo suficiente como para verse obligado a dejar el cargo. ¿En qué país sobreviviría políticamente un ministro de Justicia que cazara gratis en fincas públicas y aceptara invitaciones a prohibitivas monterías privadas? En ninguno, quizá, pero déjenme que lamente que se esgrima esa razón para pedir que dimita ese ministro, y no otras mucho más importantes, a mi juicio, como son mantener los intolerables niveles en la Administración de Justicia, interferir con declaraciones las decisiones de los jueces o calentar esa otra cacería que contra los magistrados protestantes por la situación se sigue esta temporada.

Sí, es inverosímil que un Presidente como éste cese a ese ministro por tanto disparate, pero sería muy lamentable que, en caso de verse forzado a hacerlo, la causa fuera esos trinques señoritingos y no su gravísima incapacidad para desempeñar un cargo que exige la mayor prudencia. ¿Qué puede significar, en efecto, un mangazo en un coto comparado con la foto fija del ministro, el juez y el policía judicial cenando en amor y compaña nada más terminar una de las más sonoras operaciones políticas contra la oposición realizadas en España? Pues poco o nada, como es lógico y natural. A Bermejo repugna verlo como ministro de Justicia por el quebranto que su gestión ha supuesto para ésta, por su enemiga probada a los jueces críticos (¿a los jueces a secas?), por su ‘inoportuna’ y permanente intromisión en el fuero judicial. Cesarlo por cazar gratis o retratarse entre venados muertos sería una lástima desde una perspectiva moral y no digamos desde un punto de vista político.

Monipodio anda suelto

Se amontonan las noticias sobre actuaciones corruptas en las Administraciones andaluzas. Desde la oposición se acusa a la Junta de haber contratado a manos llenas con una empresa vinculada a un condenado por malversación de caudales públicos y el PSOE se defiende diciendo que peor es lo de Valencia. Se apunta a IU como organizadora de “conglomerado empresarial” en torno al concejal de Urbanismo para controlar el urbanismo de Vélez Málaga. En Marbella el PSOE dice que si a su secretario local le han arreado un sueldo más que millonario, las hermanas de la alcaldesa “popular” se suceden en la Mancomunidad como si de una dinastía municipal se tratara. Y en Sevilla se siguen oyendo maravillas en el juicio contra los que en el Ayuntamiento de la capital emitieron facturas falsas o pagaron obras inexistentes. La corrupción es ya un hábito asumido por los partidos. Los ciudadanos se limitan a pagar impuestos.

Lo malo y lo peor

No salimos de esa disyuntiva. Malo es mantener abiertas las balsas de fosfoyesos, o eso dicen los expertos y la Justicia. Pero no sabemos qué será del Polo si Fertibera cierra y se “deslocaliza”, como es probable, arrastrando en su caída sabe Dios a cuántas empresas, una razón por la que los criterios deberían afinarse evitando con cuidado el impulso instintivo o demagógico. Aparte de que la crisis va a servir de muleta a las empresas para ajustar sus beneficios, eso es natural, dejando al empleo solo ante el peligro. Lo que se echa de menos es la unidad clara de los partidos y sindicatos en defensa simultánea del medio ambiente, la salud pública y el trabajo, y no está la estadística de paro para bromas semejantes.

Los niños padres

Es aleccionador seguir estos días en Inglaterra el debate periodístico provocado por el caso del niño de 13 años, un tal Alfie Patten, de voz aflautada y cuerpo mínimo, que se presenta como presunto padre de una criatura habida con otra menor de 15. Un debate provocado no sólo por la inasumible imagen de ese niño de poco más de un metro de altura en su papel de padre de familia, pero también por la aparición en escena, no se sabe si espontánea o planeada, de otros dos chiquillos de edades similares que reclaman cada cual para sí la disputada paternidad. Han entrado al trapo los principales periódicos de la nación, planteándose todas esas cuestiones que la opinión se ha planteado muchas veces con anterioridad, a saber, si no se habrá equivocado la pedagogía moderna de nuestras sociedades al levantar prematuramente una veda reservada en principio a personas maduras (la edad legal para acceder al sexo en aquel país son los 16 años), si la iniciación proporcionada por la propia escuela no habrá puesto un énfasis excesivo en el autoconocimiento y la libertad sexual en detrimento de la imprescindible conciencia de responsabilidad, si acaso no sería prudente retroceder en la medida de lo posible hasta posiciones más moderadas en las que ocurrencias como la comentada fueran menos probables. Eso se llama torear a toro pasado, desde luego, incluso en el supuesto en que toda esta desconcertante historia no sea un montaje de adultos para sacarle unas perras millonarias en la industria mediática de la basura a una historia inventada o sacada de quicio. Realmente, la imagen de esa familia infantil repugna al sentido común tanto como las viejas represiones.

Ahora, eso sí, todo son quejas y crujir de dientes, lamentaciones y remedios más o menos improvisados con que los mismos que alentaron la práctica desmitificada del sexo o la desdramatización de sus consecuencias tratan de salvar ‘in extremis’ su responsabilidad. Todo ello sin contar el hecho de que, según algunos de los revisionistas, situaciones como la de Alfie y Chantelle no son en absoluto excepcionales –y ojo, porque se cita de manera expresa a nuestra país—sino todo lo contrario, es decir, de lo más habitual, al menos en sectores socialmente marginados. Hay muchas formas de atacar a la familia tradicional y una de ellas es, a no dudarlo, el fomento insensato y cada día más menorero de unas relaciones sexuales por completo banalizadas en el marco de la nueva cultura. Y encima, el negocio, las ofertas millonarias por prestarse a aparecer en la picota televisiva escenificando una casi monstruosa paternidad infantil digna de la vieja barraca de feria. Entre unos y otros, la verdad es que hemos hecho un pan como unas hostias, además de un negocio colosal.

Los ojos vendados

Unos jueces van a la huelga en demanda de mejoras públicas, algún otro se va de montería con el tirolés calado como un morrión casi sin quitarse la toga de perseguir adversarios; el ministro del ramo se postula como “descastador” de cotos exclusivos o caza de válvula en fincas públicas; la policía judicial compadrea con los juzgadores; los secretarios controlan a los jueces por orden superior; imputados por falsificar facturas o pagar obras inexistentes se defienden alegando ignorancia o acusando al rival de haber hecho lo propio dando lugar a que el jurado –un sínodo lego—les de una lección morrocotuda de sentido común; los padres de las víctimas actúan como promotores de las reformas que se les niegan a los expertos. La Justicia tiene los ojos vendados y no es probable que le quiten la venda los mismos que se la pusieron.