La autonomía de Huelva

Denuncian los empresarios con razón y curiosamente callan los sindicatos que la Junta destinará a la provincia de Huelva apenas un 5 por ciento de la cantidad presupuesta para inversión en el presente ejercicio, concretamente, 50 millones de euros de los 1050 de que dispone. Carretera y manta, y luego, claro está, tonantes declaraciones institucionales poniendo por las nubes lo que cada día está más claro que es puro menosprecio de Huelva. Lo que queda por aclarar es la razón: ¿lo hace así desde la Junta de Chaves porque Huelva está segura como feudo provincial o lo hacen para castigar que no lo sea del todo? En cualquier caso, está claro: Huelva es la última para la Junta y para el Gobierno. Que cada cual saque su conclusión.

El dinero secreto

No deja de ser una paradoja desmoralizadora escuchar a ZP sugerir en Berlín, donde anduvo ‘invitado’ en la reunión de “los 20”, que se acabe por las bravas con los”paraísos fiscales”, es decir, con esos cofres de triple llave ocultos a conciencia en la isla global del secreto bancario. Igual el presidente pintaba poco en los 90 y no se enteró de que su partido mantuvo cuentas en esos “paraísos” lo mismo en el Canal de La Mancha, que en Suiza o en Lichtenstein, sigilosamente custodiadas por la plana mayor del guerrismo y del felipismo, que agentes de los dos hubo en la partida. Pero el caso es que su gesto ha venido a coincidir con la insólita decisión de la autoridad que controla el mercado financiero suizo de ordenar al mayor banco del país, UBS, la entrega al fisco americano de los datos pertenecientes a 250 clientes sin rostro, convictos aunque no confesos de fraude fiscal, un éxito que ha animado a los yanquis a reclamar información sobre otros 52.000 emboscados. Parece, pues, que la crisis ha pesado sobre las finanzas y sus responsables hasta el punto de resquebrajar esa piedra miliar del compadreo financiero que es el secreto bancario, acaso el más eficaz protector de la delincuencia del dinero y la tapadera de ese singular milagro que supone el hecho de que nadie sepa donde está, por poner un caso, escandaloso, la fortuna afanada pro el gran estafador Madoff. Claro que no nos engañemos: los “paraísos fiscales” no son ya el refugio exclusivo de las élites sino el fondo de reptiles en que se protege el ahorro oculto de una legión de medianos y hasta pequeños afanadores que han encontrado a su sombra su auténtica isla del tesoro.

Por supuesto, no ha tardado el Gobierno suizo en tranquilizar a los bucaneros asegurando que ese secreto –el gran negocio de la nación—no será vulnerado y seguirá intacto, es decir, abierto a la golfemia negociante del planeta y en competencia abierta con una competencia cada día mayor, declaración que seguro que será vista como un gesto de formalidad apreciable por esa cofradía, pero que de hecho constituye sin más una declaración de protección a la impunidad que ni el seísmo de la crisis ha logrado resquebrajar. El gran capitalismo es secreto y su dinero oculto es, entre otras cosas, como es sabido, el producto sangriento y en todo caso criminal de la piratería que ha convertido a cierta banca en sus nuevas Tortugas. ZP hace bien en reclamar, aunque sea cínicamente, que se persiga a ese finibusterre de guante blanco en el que la política tiene vara alta desde su mismo nacimiento.

El prohombre personal

Desde antier sabemos lo que es Chaves, esto es, dónde reside la razón última de su exitosa carrera política: Y lo sabemos porque lo ha dicho él mismo al afirmar paladinamente “A mí los andaluces me votan porque yo he transformado esta tierra”. Hombre, vayamos por partes. Primero, hay próceres electos que poco o nada tienen de dignos ni deseables: no hay más que recordar a Hitler. Segundo, hay que ser ciego o ignaro para no entender que el progreso material es algo que conlleva el propio paso del tiempo. Tercero, Andalucía sigue a la cola de España y de Europa como cuando él llegó a regañadientes al cargo y tiene el doble de parados. La política ciega a los que afortunados. La advertencia de Maquiavelo se la pasan por el arco estos pragmáticos sin mayores prendas. Así nos va.

El cinturón ajeno

Hay qua apretarse el cinturón, es el tópico político de moda. Pero se refiere al ajeno, claro está, no al propio, como lo prueba que la decisión de “congelar” sus enviadiables sueldos haga envanecerse a los políticos. Pero la manga ancha y el reparto se despotiza hacia abajo, como es natural. CCOO acaba de denunciar que la ‘delega’ de Hacienda de la Junta en Huelva ha repartido 34.000 euros entre 13 funcionarios, alguno de los cuales e ha alzado con 9.000, es decir, millón y medio de pelas antiguas, mientras se predica la austeridad como norma y respuesta a la crisis. Añadan eso a lo que antier supimos de los sueldos políticos, y comprenderán que la vida pública se ha convertido en el puerto de Arrebatacapas.

Debate necesario

No me parece razonable que la respuesta del Gobierno a cada crimen excepcional que se produce en España sea la recepción de los deudos por parte del Presidente, algo que, significativamente, no ocurría antes, desde Rocío Waninkoff a Sandra Palo, pero que ahora se ve que resulta inevitable dado el grado de excitación social fácilmente detectable en la opinión pública. No son los padres destrozados quienes han de formular la estrategia adecuada para atajar lo que, sin duda posible, es una pésima deriva criminal cuyo origen los sociólogos no se ponen de acuerdo en determinar, ni cabe pensar que el Presidente tenga en esos encuentros otro interés que no sea el meramente publicitario, pues hasta de las piedras sacan panes los políticos electoreros. Son los legisladores, los órganos competentes del Estado, quienes tienen que decidir de una vez si hemos de resignarnos a este festival de impunidad o sería cosa ya de pensar seriamente en oponer a sus protagonistas una alternativa disuasoria. Como la cadena perpetua, por ejemplo, ya que el cumplimiento íntegro de las penas, hay que admitirlo, castigaría por igual al auténtico arrepentido que al falso sin olvidar al contumaz. Lo que hoy se empieza a traslucir, y ya era hora, es que la Constitución, al ‘orientar’ la pena hacia “la reeducación y reinserción”, no impide proponer un sistema como otros que funcionan en Europa, en el que los culpables de delitos extraordinariamente graves y peligrosos deban enfrentarse a una condena vitalicia en principio y sometida a la revisión periódica y seria de sus circunstancias concretas por parte de los expertos. Eso es loque el Gobierno le niega a los padres desesperados que van a Moncloa a por atún y a ver la duque. Y eso lo que, sin embargo, va a acabar imponiéndose, más pronto que tarde, en la mayoría de la opinión.

Es significativa la discusión colectiva provocada por ese intemperante vasco que se ha tomado la venganza por su mano destruyendo a mazazos una taberna etarra cuando vio destruida su propia casa por un  atentado. Porque ése es el riesgo: que la inoperancia práctica del Estado, la inutilidad de una ley cuya lenidad es patente en estos casos tremendos, acabe provocando, como reacción, el recurso arcaico e ilusorio a la venganza privada. ¿A qué teme el Gobierno en ese debate, qué recela que pueda perder si se impone al fin el criterio masivo de que las penas han de ser, además de ajustadas a derecho, eficaces en la práctica? Los padres abrumados en el sofá de ZP no son más que una escena de tragicomedia política. Plantear la cuestión de una pena disuasoria y que garantice, de paso, la seguridad, constituye, en cambio, una necesidad cada día más inaplazable.

La nota cómica

En el largo y tedioso (des)concierto del dimitido ministro Bermejo, la nota cómica le ha correspondido a la consejera de Justicia andaluza, que ha tenido el cuajo de proclamar públicamente que esa dimisión (¿) “le honra porque ha puesto sobre la mesa un ejemplo de responsabilidad (¡) que otros muchos deberían seguir”. Plenamente de acuerdo en esto último, la verdad es que poner a ese personaje de ejemplo de responsabilidad resulta cuando menos cómico, aunque si oímos decir, además, que “ha puesto una vez más por delante su ideología como hombre de izquierda”, la cosa resulta ya algo dramática, al menos desde la perspectiva de izquierdas. Inquieta escuchar estas cosas en boca de cualquiera que tenga mando político pero, sobre todo, en la de quien tiene en sus manos la Administración de Justicia de Andalucía.