La UHU, a lo grande

El martes se leyó en la Universidad de Huelva, la UHU, una tesis doctoral de las de antes. Nada de temitas (no voy a dar casos, para qué) cogidos al vuelo y resueltos sin vergüenza, nada de camelística académica, sino un asunto grave, elegido en el corazón de la historia del pensamiento político y en torno y rescate del gran “filósofo de la monarquía española” y preclaro humanista, Luis Díez del Corral. La leyó Juan Antonio González Márquez , una cabeza señera en la Huelva de hoy, para dar una lección de inteligencia y cultura muy cercana a los problemas de nuestra actualidad. El martes la UHU resonó como una universidad clásica, demostrando una madurez de la que el nuevo doctor es prueba y vanguardia. Enhorabuena a ambos pero, sobre todo, enhorabuena a Huelva.

Cuervos en la crisis

Los ejecutivos de la Société Générale, la importante banca francesa, han decidido cortar por lo sano y adelantarse a los inevitables acontecimientos renunciando a las 320.000 ‘stock options’ que les estaban reservadas para el reparto final. No quieren líos y conocen ya, además, la decisión del Gobierno de Sarkozy de limitar y eliminar si es posible esos bonos privilegiados que se llevan a casa los mismos que han provocado la catástrofe que vivimos. El tema está dando para mucho esta temporada, sobre todo en EEUU, donde la mareante ayuda billonaria concedida por la Administración Obama para estabilizar el sistema financiero contrasta con casos de rapiña tan celebrados como el de los mandamases del banco Merrill Lynch, que se habían repartido en secreto, antes de comunicar los malos resultados a nadie, 3.600 millones de dólares. Una aseguradora como la AIG, primera de su sector, que tras recibir 170.000 millones en ayuda, pertenece al Estado en su 80 por ciento, tuvo la desfachatez de repartir entre sus directivos 128 millones, fijados por contrato, que una ley ejemplar aprobada por el Congreso les obligará a reintegrar por vía fiscal. Hay barandas bancarios que han dado créditos colosales considerados de máximo riesgo lo mismo en España que por ahí fuera, incluyendo las autoconcesiones como la del presidente del Anglo Irish Bank, que se concedió a sí mismo un pelotazo crediticio de 130 millones de euros. ¿Quién dijo que la crisis es cosa de todos? Incluso quienes avisaron de que, en realidad, acabaría siendo una oportunidad fabulosa para los especuladores, se quedaron cortos. Madoff puede que sea un record pero no una excepción en medio de esa selva.

Ahora parece que la opinión se divide entre la esperanza de que la coyuntura mejore durante el año próximo y el pesimismo de los que, recordando el anterior caso japonés, no se tientan la ropa ya a la hora de hablar de un posible decenio crítico. Pero sea lo que fuere, una de las lecciones que hemos de sacar de esta crujía consiste en la evidencia de que carece de sentido ignorar el peligro que para el propio sistema financiero supone la absurda supervaloración de esa élite privilegiada cuya insensibilidad a la hora del descalabro colectivo ha probado el peligro que supone resignar en sus manos la decisión última de la vida económica. Ya conocíamos al cínico axioma bolsístico de que en esta perra vida “cuando un gana un duro, otro lo pierde”. Nos quedaba enterarnos de que también ocurre que, cuando la inmensa mayoría se arruina, los culpables le cobran el ‘servicio’ a precio de oro.

Escuchar al defensor

Ahora resulta que lo que estaba ocurriendo en Alcaucín desde hace varios años hasta que ha sido descubierto recientemente por la policía –irregularidades urbanísticas y facturas falsas para pagar sobresueldos y putiferios—lo conocía la Junta y, en consecuencia, su partido, desde el 2006 por boca de denunciantes privados, y desde febrero pasado por informe del Defensor del Pueblo. Y ni caso, como está a la vista. Todo lo que se le ha ocurrido a ese portento que es el vicesecretario Pizarro es decir que el PP hace lo mismo, pero ahí están los papeles. La corrupción es consentida en una grave medida, incluso si la denuncia el Defensor.

Los empresarios claman

Tremendas declaraciones las de la FOE y su presidente. “Huelva está en desventaja”, “Huelva presenta encefalograma plano”, “los políticos llevan años anunciando trenes que nunca llegan a estaciones que no existen, puentes y carreteras que nunca se construyen, aviones que no aterrizan o inversiones que se quedan por el camino”. Desde la Junta, el vicepresidente segundo, José Antonio Griñán ha saltado como un muelle diciendo que ésta es la provincia mejor tratada, pero ese previsible revés no invalidad la evidencia de lo anterior. “Trenes que nunca llegan a estaciones que no existen”. Esta vez los empresarios han hablado claro y puesto las cosas en su sitio.

El ojo público

La vigorosa reacción de muchos afectados ha obligado a Google a retirar de la circulación cierto número de imágenes ofrecidas por su sistema “Street View”. Se trata de vistas en directo captadas por cámaras ocultas en las calles de las grandes ciudades, un sistema capaz de proporcionar fotos interactivas a 360 grados, es decir, ni más ni menos que la retransmisión en directo del espectáculo callejero. El debate sobre las cámaras callejeras está obviamente imbricado en la vieja cuestión ética y jurídica que complica las exigencias de la libertad con las derivadas del derecho a la seguridad, y tiene, me parece a mí, al menos a medio plazo, todas las de ganar como consecuencia de la creciente intranquilidad pública, tal vez inevitable en una sociedad tan compleja. Google ha accedido por esta vez a retirar de la Red las imágenes que resulten embarazosas para los retratados, así como las que recogen fachadas de inmuebles cuyos propietarios no lo desean o matrículas de coches que pudieran servir en malas manos para fines perniciosos, pero al mismo tiempo el invento acaba de estrenarse en la resistente Gran Bretaña, dos años después de funcionar en los EEUU además de los Países Bajos, Francia, Nueva Zelanda, Australia o Japón, y cuando en nuestro país mismamente ya no son ninguna novedad en el centro de Madrid o en las calles de Zaragoza, Bilbao o Almería entre otras ciudades. Especial resonancia han tenido las instaladas en la madrileña calle de la Montera o en otros enclaves ciudadanos convertidos en prostíbulos en régimen abierto, pero es evidente que la vigilancia callejera es cada día más una exigencia de la inquietud ciudadana. En ‘Gara’ leo que, en opinión de la izquierda aberchale, vigilar la calle es “meterse en el fangoso terreno del control social”. Y tanto, pero viniendo la advertencia de donde viene, insisto en que esta batalla la acabarán ganando los inquietos.

El tema está en entender la razón de la protesta tanto como la de la demanda, en legitimar el derecho al anonimato con la que está cayendo, pero sin olvidar la delicadeza de una cuestión en la que la más ahilada línea roja separa la lógica precaución del abuso. No entiendo la queja de un traficante de armas o de un tratante de blancas porque una cámara oculta desvele su crimen porque no es posible dudar de que la mera existencia de ese ojo público constituiría una medida eficacísima en infinidad de situaciones. La tensión entre libertad y seguridad no tiene fácil respuesta después de Erich Frömm. Saber que apuestan por la primera chulos, navajeros y proetarras, sin embargo, nos facilita circunstancial y considerablemente la elección moral.

Los olvidados

Olvidados de hecho, fuera de las frías estadísticas. Suman ya quinientos los ‘sin papeles’ llegados en patera a nuestra costa, pero casi no se habla de ellos porque no hay noticia que perdure. Emigran, empeñan cuanto tienen, se juegan la vida en busca de una oportunidad –como nosotros, como todos los pueblos alguna vez—para acabar tras unas alambradas en el mejor de los casos. Ninguna piedad se advierte ya hacia esos desdichados por parte de una sociedad en crisis que va teniendo también su propio infierno dentro. Es más fácil olvidar que cualquier otra reacción. No existe aquello de lo que no se habla.