Otro agujero negro

En el PP han echado las cuentas para concluir que el entramado de empresas públicas creadas por la Junta se ha pulido, sólo durante el año 2007, nada menos que 1.176 millones de euros, una cantidad equivalente a la mínima que Chaves ha fijado como montante de la llamada “deuda histórica” de nunca acabar. Un desastre, ciertamente, que el Parlamento ignorará como tantos otros, pero que está pervirtiendo hasta la raíz la gestión de la autonomía a base de burlar los controles de la intervención y funcionar con las manos libres en esos chiringuitos que constituyen una auténtica duplicación de nuestra Administración. Nadie defiende esas empresas públicas salvo los beneficiarios. Pero a este ritmo de gasto, además, la ruina está asegurada.

Otro timo

Barrero y Castillo, dos eminencias de la gestión pública, acaban de hacer un psicodélico balance del año de gobierno de la Junta. Señalan como méritos incuestionables el incremento de la inversión pública (¡), el de las inversiones sociales (¿), las ayudas a las familias (¡¡), la bajada de la inflación (¡¡¡) y hasta el descenso del ‘euribor’, que ya son ganas de tomarle la cabellera al personal. Todo ello dirigido a la creación de empleo (¡menos mal!) y a contener los efectos de la crisis. Una cosa es barrar para adentro y otra diferente apuntarse como mérito hasta el horario de mareas, que es lo que hacen estos dos “expertos” en su descabellado alegato. No tienen más que mirar cómo va Huelva, cómo va el paro, cómo la ayuda por dependencia, para comprender que el partidismo no se detiene ya ni ante el timo puro y duro.

Carne o pescado

Tenía que ocurrir tarde o temprano y hay ya algunos indicios de que, efectivamente, la opinión pública comienza a cansarse de tibiezas y medias tintas para empezar a apostar por un discurso político que traduzca el liderazgo rotundo que reclama esta hora difícil. Un sondeo que veo el sábado en Francia revela que los dos políticos franceses más confiables para el gran público son Sarkozy y Besançenot, es decir, quien encabeza la nueva versión de esa dinámica derecha puesta al día y quien, por el lado contrario, en realidad por las antípodas, encarna la propuesta más revolucionaria que se ha oído en Francia en muchos años, a saber, la del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), nueva faz de la vieja Liga troskista ahora refundada. Cuatro de cada diez franceses señalan con esperanzan al actual jefe del Estado como el hombre más capaz de cambiar realmente el lamentable estado de cosas que vive el país mientras que una cifra sólo ligeramente inferior señala a la nueva esperanza blanca de la izquierda, lo que dice mucho sobre el hartazgo ante la actitud insustancial y vaga (‘floue’, ‘mous’, son los adjetivos del día) y el deseo paralelo y creciente de una definición sin ambages del criterio político. Pasaron los tiempos en que el éxito sonreía a quienes se exhibían de perfil, indefinibles entre la carne y el pescado, cuando no asimilables simultáneamente a ambas categorías. La calle agobiada por la crisis parece demandar posiciones definidas, claras, incluso terminantes, que desde un principio permitan vislumbrar soluciones en lugar de entretenerse con entelequias. Izquierda o derecha, pero sin adobos. La distancia a que se han quedado esos dos líderes del convulso y mareante liderato del PSF resulta elocuente: Besancenot le saca 10 punto a la Aubry. El ocaso de la retórica empieza a ser una realidad.

Cambiar las cosas, ése es el nuevo objetivo. No se quieren ya los buhoneros de la ambigüedad sino que se prefiere la propuesta rotunda que permita elegir con certeza y sin equívocos, lo que, en cierto modo, nos devuelve a la dialéctica presuntamente superada de la dualidad básica que mueve la política desde hace siglos. Una crisis es un escenario demasiado duro para acoger sobre él la comedia política, de modo que la gente ha optado, al parecer, por un modelo en el que el cambio real venga garantizado de fábrica y con su fórmula bien a la vista. Nada de “ni carne ni pescado”: el abismo que separa a Sarkozy de Besançenot se toca por los extremos de la perceptiva pública, harta de coles insípidas. La calle pide un “discurso simple y voluntario”. Está hasta la coronilla de las palabras vacías. Ustedes me entienden.

El gran salidero

Un dato ha revelado de pronto buena parte del secreto de nuestra ruina: las empresas públicas creadas por la Junta para puentearse a sí misma eludiendo de paso los controles de la intervención, han perdido en un solo año el equivalente a la llamada ‘deuda histórica’ o, al menos, al montante que Chaves ha decidido atribuirle a esta entelequia. La Administración autónoma despilfarra lo suyo, pero a través de esos cada día más dudosos chiringuitos alcanza ya límites insostenibles. Habría que averiguar la razón de la existencia de esa auténtica urdimbre gastadora pero, sobre todo, lo que habría que hacer es eliminar esa autocompetencia organizada por los políticos para gestionar con mayor comodidad a la medida de sus deseos. Porque a este paso, o la ‘deuda’ es un cuento o en un decenio estaríamos en la bancarrota.

Bronca sindical

Lo que le faltaba al Polo, con las altas tensiones que está viviendo en medio de la crisis galopante, es una bronca sindical. Y ya ha estallado entre CCOO y UGT, entre las que se cruzan acusaciones de todo tipo y zarpazos de lo menos solidarios. ¿Creerán los  síndicos que ayudan a los trabajadores dirimiendo a dentelladas y en público sus diferencias que no son otra cosa que el producto de la competencia entre ellos? Una bronca sindical es lo que menos puede ayudar en este momento crucial, cuando hay problemas planteados, como el de los fosofoyesos de Fertiberia o el de los despidos de Tioxide que amenazan muy seriamente la misma continuidad de nuestra industria y hasta un zombi como Llamazares se entromete ya en esa riña tumultuaria.

Españoles desiguales

Muchos españoles acaban de descubrir los riesgos del ‘puzzle’ de las autonomías a propósito de la machada del ex-ministro de Justicia de cazar sin licencia en Andalucía, es decir, cuando se han enterado de que, en realidad, para tener derecho a cazar en toda España hacen falta no un permiso sino diecisiete (sin contar el preceptivo en Melilla), lo mismo que para pescar en nuestros ríos, de tal manera que si una trucha, como el otro día comentábamos, se pesca en la orilla de un río fronterizo, pero se debate hasta alcanzar la otra, el pescador perdería su trofeo en el caso de no poseer ambos permisos. Por supuesto hay supuestos peores, y de hecho ya nuestros enseñantes o nuestros sanitarios saben que sus colegas catalanes o vascos cobran más que ellos en Andalucía por realizar idéntico trabajo desde el mismo nivel. O ‘a más a más’, como diría el beneficiario de alguna de esas autonomías privilegiadas, que hasta para liquidarle al Estado los derechos por la herencia legítima o en razón del patrimonio, ocurre que los contribuyentes de las “diversas Españas” se ven tratados también de modo diferente en función del partido que las gobierne. Así, por ejemplo, las autonomías ‘peperas’ han suprimido aquella obligación en los casos de herencia directa (de padres a hijos) mientras las ‘sociatas’ las mantienen y, lo que es peor, y en ambos casos, con tratamientos diferentes según la comunidad. Un español paga más o menos impuestos, además de cobrar menos o más, eventualmente, dependiendo de qué formación política parta y reparta el bacalao en su territorio, así como puede  cobrar a fin de mes sueldos distintos según el color electoral de su comunidad. Bueno, después de todo, las mujeres vienen  cobrando un 30 por ciento menos que los hombres, y ahí las tienen.

Pocas cosas tan estupefacientes como el hecho de que en el seno de un Estado las cargas entre los ciudadanos se repartan de manera desigual, pocas tan absurdas como transferir esa potestad estatal supina que es la fijación de los impuestos a las numerosas piezas del rompecabezas constitucional. Lo que se está evidenciando cada día más al ciudadano es que el Estado de las Autonomías ha roto internamente al país histórico, beneficiando a unos ciudadanos “de primera” frente a otros descolgados por voluntad de su propia autonomía. En Andalucía, ésta madrugó una mañana encareciendo las transmisiones patrimoniales y duplicando los actos jurídicos documentados, mientras que si en Madrid y otras comunidades, la herencia es fiscalmente gratuita, o en Castilla-León, por ejemplo, goza de un tipo único (el 1 por ciento) casi simbólico, aquí hemos de pechar ante el notario apoquinando cantidades a veces prohibitivas. Como pueden ver, la trucha española se mueve siempre de manera caprichosa entre las inevitables dos orillas.