La vista gorda

Nadie como el Poder para hacer la vista gorda cuando le conviene. Su severidad con el contribuyente, su dureza con el infractor peatonal funcionan en proporción inversa a la manga ancha con que él sabe conducirse incluso para propiciar actuaciones al margen o contra la ley. En materia económica no menos que en otros ámbitos en los que permitir la trasgresión pueda resultarle beneficioso o ayudarle en situaciones críticas. La última de esas ocasiones es de antier mismo, cuando el Gobierno de la nación ha planteado al Congreso –tal como hiciera ya el Presidente ante un foro internacional– en una iniciativa para eliminar los paraísos fiscales, al mismo tiempo que se conocía su propósito de eliminar cualquier obligación de transparencia a quienes, operando desde esos chiringuitos piratas, compren la depauperada deuda pública que en el mercado nacional no tiene apenas salida a pesar de la propaganda. Así de fácil, negar con una mano y tender la otra a los negados para continuar el negocio. No hay que olvidar que la investigación de Filesa permitió descubrir en su día que altos administradores del PSOE poseían cuentas corrientes en alguno de esos paraísos y cualquiera sabe en España que Gibraltar se ha convertido en un refugio seguro para la evasión y el fraude fiscal, del mismo modo que históricamente lo fue del contrabando y otras actividades ilícitas. La duplicidad moral y legal del Gobierno, en todo caso, colma el vaso hasta perfilar una encanallada imagen que lo deslegitima en gran medida. Que el Gobierno se haga trampas a sí mismo con tal de afanar la calderilla detraída por los defraudadores es el peor ejemplo para la ciudadanía que quepa imaginar.

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Una extendida teoría sostiene que la existencia de paraísos fiscales sería impensable sin la anuencia tácita de los poderes públicos. Gibraltar mismo es un escándalo asumido con naturalidad por nuestras autoridades y, ni qué decir tiene, fomentado por la aborigen, que sabe que, para vivir la colonia, depende de ese escándalo y del tráfico ilícito mucho más que del comercio legal. Pero pedir el fin de ese bucanerismo del dinero y al tiempo ofrecerle invertir con todas las de la ley y sin ningún riesgo en la mismísima Hacienda del país, viene a ser como conceder un corso a los especuladores sin más condición que la de compartir su calderilla. No es la primera vez que nuestra Hacienda ha de vérselas con maniobras favorables a la captación del dinero negro, por descontado, pero sí quizá la primera que se produce en medio de una crisis creada precisamente por la especulación financiera. Todo indica que, al menos el Gobierno, no ha escarmentado.

Trampas descaradas

El SAS no escarmienta, y junto a los logros espectaculares de algunos de sus sanitarios, sigue manteniendo esos agujeros negros que no cumplen ya el cuarto de siglo: las listas de espera. Se ha mejorado –sólo podría faltar lo contrario–, se ha reducido la espera a 120 días, se ha ofrecido la alternativa de acudir a un hospital privado con cargo a la sanidad pública en caso de fallo de la previsión obligatoria, pero luego se ha arbitrado toda una serie compleja de burdos trucos que enredan y retrasan, cuando no se hacen ofertas inaceptables para el usuario cuyo rechazo sirve de excusa para recomenzar la cuenta atrás. Dice la consejera que “no se pueden inventar los quirófanos”. Nadie se lo pide. Lo que sí hay que exigirle es que cumpla la normativa.

¿Otra a los leones?

Espectacular la salida a los medios de la portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento capitalino, Elena Tobar, y en concreto su anuncio de la nueva era que ahora se abre (¿con quién, con ella?) con el objetivo de desbancar definitivamente al incombustible alcalde. Da la impresión de que se repite con Tobar lo que ya se hizo con Trillo y Parralo, o séase, echarla a los leones y dejarla sola ante el peligro, sin duda ninguna por falta de ideas en la organización y desánimo a la hora de urdir estrategia contra un adversario que los ha revolcado ya cuatro veces seguidas. Nadie escarmienta en cabeza ajena, y muchos no tienen acceso a más cera que la que arde, pero da no sé qué contemplar la salida de esta ingenua neófita cuya única ventaja en este duro lance es lo poco que tiene que perder.

Modas juveniles

En Nueva York, en París, en Buenos Aires, en Londres, un poco por todas partes, prolifera una subcultura urbana inspirada en el imaginario televisivo japonés patrimonializado ya por varias generaciones de telespectadores. Se disfrazan como sus personajes, son adeptos de su música, adoban su román paladino con terminaciones y prefijos nipones para acercarse todo lo posible al modelo ideal un día extraído de series como “Dragón Ball Z” o “Sailor Moon”, y se reúnen en comunidades urbanas en las que afirman su afición. Un sociólogo del Instituto Gino Germani, Marcelo Urresti, cree ver en el fenómeno el efecto contagio de la cultura infantiloide y pacifista creada por una sociedad traumatizada por la guerra como la japonesa, que buscaría en ella una compensación a los horrores del pasado, aunque quede por aclarar las razones de su rápida y extensa adopción por los grupos juveniles de un mundo tan distinto en el que, por cierto, hace furor también la sugestiva imaginería violenta exportada por la industria japonesa a la inmensa mayoría de los países occidentales. Los ‘otakus’, las ‘lolitas’ y los ‘fox’ se pliegan hoy en nuestras grandes ciudades a esa exótica propuesta conciliadora aprendida en el comic televisivo que, dentro del propio Japón, compite con fuerza con la devastadora oferta de la violencia y el terror. Nunca estuvo más justificado el viejo emblema nipón de Ruth Benedict, “El crisantemo y la espada”.

En España, por el momento y que yo sepa, el éxito social está reservado, por una parte a las tribus urbanas convencionales, de naturaleza sectaria y adictas a la violencia, y de otra a la llamada “generación G”, creciente colectivo de adolescentes y jóvenes formados en el videojuego y que creen haber obtenido de éste una auténtica cultura cuyos valores propios alejan a sus devotos de la sociabilidad convencional, se basan en el dominio de las nuevas tecnologías en las que buscan un aprendizaje inseparable de la diversión, lo que en absoluto supone, según estudiosos como Tapscott, una inclinación antisocial ni autoriza los estereotipos que han venido definiéndolos como confusos o estúpidos. Son, en resumidas cuentas, la expresión de un gran fracaso social que va desde la familia a la educación a la sombra de la inepcia estatal, y que muy probablemente condicionará de manera intensa ese futuro imperfecto que se perfila en el horizonte. Modas amables, en todo caso, modelos complacientes centrados todos ellos en la eliminación del esfuerzo como condición del éxito, es decir, en el invento de una meritocracia nueva que, de momento, tiene más claro lo que niega que lo que afirma. Ésta es una generación eminentemente lúdica que niega el orden del que vive, casi un milagro no entrevisto siquiera hasta ahora por ninguna utopía.

Todos contentos

En el Ayuntamiento de Alcaucín, humillado por las mangancias de su anterior gobierno, una tránsfuga, esta vez del PSOE, ha dado la vara mágica a una alcaldesa del PA con los votos añadidos del PP. Vean como, cada cual a su turno, todos sin excepción, amparan y hasta fomentan en la práctica el transfugismo que dicen rechazar en el primer plano. Todos, digo: no hay un solo partido en Andalucía que no tenga por dónde callar en esta recurrente y abyecta práctica que desnaturaliza la representación y engolfa la política rebajándola al ras del negocio. Ninguno quiere desterrar esa vergüenza aunque todos declamen contra ella. Los que no tienen vergüenza, en este sentido, son ellos. Sin excepción.

La mala imagen

En Inglaterra no se acordaban de Lepe desde que Chaucer, va para siete siglos ya, atestiguó en los “Cuentos de Canterbury”que en Londres se bebía un vino que un padre y un hijo llevaban desde nuestro pueblo. Ahora es nada menos que el “Herald Tribune” el que se ocupa de Lepe para presentar a Europa la pésima imagen de un pueblo primitivo en el que los nativos pelean a muerte contra los trabajadores inmigrantes disputándoles por la fuerza el puesto de trabajo. Y aunque no creo que sea para tanto, la delegación del Gobierno tiene la obligación de aclarar que ocurre de verdad a ese respecto y poner orden en caso necesario, aunque sea sólo para restaurar la imagen rota.