La autoridad perdida

Una de las obsesiones generacionales de la Transición fue liquidar las instituciones y figuras jurídicas en que se había apoyado para ejercer su dominio la larga Dictadura. Las jurisdicciones especiales, por ejemplo, le parecían al progresismo, con toda razón, claros abusos e instrumentos represores del Poder, con independencia de que los mismos que lograron en buenahora su liquidación idearan enseguida otras distintas pero basadas en el mismo principio. También obsesionaba mucho por entonces el desacato como figura política que se prestaba a reforzar casi ilimitadamente el arbitrio de los tribunales que, hay que decirlo todo, se mostraban exigentes al máximo a la hora de aplicarlo. Por eso se decidió eliminar del Código ese delito abriendo la puerta a un creciente desmadre que ni los magistrados más enérgicos y de personalidad más acusada son ya capaces de contener. En los últimos tiempos, el telediario ha venido dejándonos atónitos ante esos etarras (Txapote, Bilbao, De Juana y demás) que, desde su celda acristalada injuriaban a los jueces desafiándolos en términos insoportables al tiempo que increpándolos con las injurias más escogidas. ¿Recuerdan al primero de esos delincuentes asegurándole al juez que acertaría en su cabeza con un balazo o llamándole enano borracho, fascista de mierda y cabrón al juez Guevara? Amenazar a un juez en plena audiencia con “pegarle siete tiros” no será ya ninguna novedad en este territorio sin ley en que se han convertido, las salas de Justicia, como no lo será escuchar a un asesino implacable como el ‘Solitario’ rechiflarse del tribunal soltándole, en su alegato final, una presunta soflama en árabe. En una Audiencia sevillana un villano de menor cuantía respondió a la discreta reconvención del juez, invitándole a practicarle una felación, y ustedes disculpen el eufemismo, barbaridad ante la que el invitado no pudo hacer otra cosa que denunciar la agresión ante el compañero de guardia. Son las consecuencias de clasificar los delitos, como cualquier otra realidad social, en función  de sus supuestas naturalezas políticas olvidando que las instituciones no son más que lo que los hombres deciden que sean.

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Tengo entendido que el Consejo General del Poder Judicial anda pensando en solicitar al Gobierno que restaure aquella figura abducida en el vórtice emocional que supuso el paso desde la autarquía  a la democracia, de forma que el desacato vuelva a ser lo que era desde los romanos, a saber, la imprescindible defensa de los órganos judiciales frente a la violencia de los justiciables, hoy a los pies de los caballos. Aunque, claro está, esa cuerda providencia llega tarde, a mi entender, en la medida en que el desacato a la Justicia no es hoy más que un caso particular del generalizado desprecio a la autoridad de todo tipo que progresa en este modelo de vida desde el seno de la familia a las Administraciones pasando por la escuela. Bien miradas las cosas, la verdad es que sería una rareza que un delincuente ‘educado’ desde la infancia en la anomia más absoluta respetara a un juez en un momento dado, habituado tal vez a agredir a su maestro o incluso a maltratar a sus padres, como es ya desgraciadamente frecuente en nuestro país. Daremos, pues, en el mejor de los casos, marcha atrás, simplemente para volver donde estábamos, pero me parece bastante inverosímil que un artículo reciclado en el Código Penal sirva para gran cosa en una sociedad en la que la “auctoritas” ha desaparecido en la práctica hasta en las instancias más elevadas. Hace poco se ha decidido, al fin, conferir la consideración de ‘funcionario’ a los sanitarios y docentes agredidos (uno de cada tres, según parece) con el fin de considerar como delito de atentado las frecuentes vejaciones a que se ven sometidos. La próxima vez, aquella invitación a la ‘felatio’ no le saldrá al malevo deslenguado enteramente gratis. Algo es algo.

La guerra incivil

Esa máquina de insultar que es Luis Pizarro, vicesecretario del PSOE-A y manijero de confianza de Chaves, se ha superado a sí misma sugiriendo, en la línea más botarate del otro “revisionismo” de la Guerra Civil, que el asesinato de Blas Infante concierne al actual Partido Popular. Una insensatez despreciable, no solamente porque carecen absolutamente de sentido atribuciones de esa naturaleza, sino porque podría acarrear que rebotaran como un boomerang para dar en la propia cabeza de la actual izquierda democrática, muchos de cuyos padres y abuelos participaron de aquella locura. Chaves debería evitar esos abusos locos, no sea que empiece a circular la documentación acreditativa que iba a dejar a más de uno con el trasero familiar al aire. Personajes como Pizarro no caben en un sistema de libertades si no es por contaminación demagógica. Colocarlos al frente del cotarro no es culpa suya, ciertamente, sino del colocador.

Ni Ceaucescu

Qué búlgara ni búlgara: la mayoría que gastan el PSOE andaluz y el onubense, a imitación del federal, es, en realidad, rumana, pero rumana de Ceaucescu, el amigo de Carrillo que pasaba por la piedra a los disidentes y disidentas sin mover un músculo. ¡Extraordinario el porcentaje, unanimidades nunca vistas, en torno a personajes de mediana estatura, en el mejor de los casos, que si acaso se han distinguido en algo ha sido en agitar el patio a base de dicterios! El PSOE ha hecho de la agresividad su única arma y eso no es saludable ni, a largo plazo, positivo para ninguna política. La de Huelva ha ido degenerando degenerando desde sus orígenes hasta alcanzar estos mínimos que, desde las propias votaciones, evidencian su dudosa condición democrática. Con Franco se encargaba a media docena de fieles que votaran en contra del Poder. Estos pasan ya hasta de ese escrúpulo.

Negocio de muerte

Estamos viviendo una lucida campaña publicitaria a cargo de la ministra de Defensa en torno a la destrucción unilateral de nuestro arsenal de bombas de racimo. La ministra dice que España demuestra con un gesto como ése estar a la cabeza del ránking de la solidaridad internacional, como un ariete imparable contra la barbarie que supone fabricar esos ingenios terroríficos que, todo hay que decirlo, constituyen un boyante negocio para muchos países. Claro que la primera pregunta que se le viene a uno a la boca es por qué, para qué fabricaba España hasta ahora bombas de racimo, a quién quería obsequiar con semejante artilugio, uno de los más crueles inventados por el hombre, si es que pensó alguna vez en lanzarlos contra algún enemigo, y en caso contrario, para qué las fabricó. ¿Acaso para comerciar con ellas, es decir, hablando claro, para vendérselas a otros menos “sensibles” en beneficio de nuestra balanza de pagos? España es un importante exportador de armas, como vienen denunciando desde hace años las organizaciones internacionales independientes (AI, Médicos sin Frontera, Intermón, Greenpeace), e incluso consta que ese comercio se ha mantenido con países nada recomendables por estar inmersos en luchas de exterminio, como es el caso de Sudán, Costa de Marfil, Nigeria o Angola, entre otros, o por figurar entre los declarados por la comunidad internacional como inobservantes de los derechos humanos. ¿Tiene sentido vender armas a un tiempo a India y Pakistán, por ejemplo? Pues España lo ha hecho si es que no lo sigue haciendo, como se las ha vendido a Ghana, Sri Lanka, Israel, Cuba o Camerún, por no hablar de ese gran cliente que es y ha sido siempre Marruecos. En la era zapateril las organizaciones en cuestión denuncian que nuestro chalaneo de armas incluye a más de una docena de países, ocho entre ellos expresamente vetados por la Unión Europea, y es público y notorio que a Venezuela ha exportado nuestro sensible país incluso “cohetes y material radiactivo y tóxico”. Pero vamos a destruir las bombas de racimo, y vamos a ser los primeros en hacerlo, para que no se diga. Hablar de doble moral me parece que sería quedarse cortos.

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Acabamos de enterarnos que somos el país más afectado por los efectos devastadores de la crisis económica, pero también de que encabezamos la pléyade sensible, a la que adelantamos ya en tantos terrenos escabrosos, ahora deshaciéndonos de las bombas de racimo como en su día –no sin fuertes resistencias—nos plegamos a destruir las minas antipersonas, porque convengan conmigo que también tenía guasa que un Gobierno fabrique y venda ese arma infame mientras la Reina preside la campaña para su extinción. Puro fariseísmo, bienvenido en sus consecuencias, por descontado, pero fariseísmo al cabo, al menos, en tanto no se renuncie a figurar destacado en esa lonja mortal. Se comprende que el Gobierno restrinja severamente la información sobre este delicado negocio de muerte, apenas resumido en un informe anual de cierta junta interministerial (la JIMMDDU), pero la propaganda de la ministra abanderando el humanitarismo no dejará de ser un gesto dudoso hasta que no se renuncie clara y terminantemente a nuestro papel de traficantes de muerte. En los peores momentos de la guerra de Bosnia, resultaba sonrojante ver en los muestrarios de armas incautadas por cada bando, armas diversas fabricadas en y vendidas por España. Lo que no quiere decir que no resulte precioso en sí mismo el anuncio de la ministra y el trasfondo de presumible mala conciencia que subyace bajo su superficie, pero sí que el pacifismo es indivisible y el desarme no puede reducirse a la destrucción de un arma manteniendo la venta de las demás. Pero déjenme que vuelva al principio y me pregunte para qué coños querría España, hasta antier, esas bombas de racimo.

Más sombras que luces

No dudo que el nuevo alcalde de Estepona, David Valadez, merece simpatías políticas: él fue quien denunció primero la corrupción ante la autoridad y ante su partido. Pero también fue él quien se plegó al silencio, convencido por su partido, y lo observó religiosamente, llegando incluso a presentarse de nuevo a elecciones con el denunciado, y manteniéndose luego al margen hasta que se descubrió la tostada. No cabe duda, por tanto, de que Valadez es persona contraria a la corrupción, pero tampoco de que es militante que antepone el interés de partido a su propia conciencia cuando el momento lo requiere. Ahí está en el sillón hoy por hoy incluso con el voto de un imputado y a expensas de que rueden más cabezas todavía. Un gesto tan honroso como el que él tuvo al denunciar a los suyos es poco compatible con el de tragar con las instrucciones del partido para que aguantara mecha. Sombras y luces, pues, probablemente más de las primeras que de las segundas.

Aquellos gorilas

El mandamás y amo de la mina de Riotinto no sube ya al pueblo ni rodeado de gorilas, como antiguamente. Anda ‘missing’, inencontrable, aunque deberá comparecer (¿o no?) el día de la Junta que el juez acabará fijando ya que él no lo hace. Ha estado a las maduras, ha vendido a la Junta, es decir, al IFA, (por un precio inconcebible, y pregúntense la razón) terrenos, y al mejor postor la maquinaria que nadie le impidió, ha toreado a los sindicatos y a los mineros para desaparecer al fin. Si tiene que hacer frente a la acción que interpondrán los trabajadores por delito societario, ya serán tres las presuntas cuentas pendientes con la Justicia, pero lo que no aparecerá nunca es la pasta. Éste hombre ha sido un protegido manifiesto del partido en el poder y de sus Administraciones. A los mineros no los ha protegido nadie desde el “año de los tiros”.