El régimen vertical

La foto de la Moncloa, con patronos y síndicos rodeando al Presidente, cortesanos por un día, me ha dejado una seca evidencia: este modelo imaginario de paz social está agotado. Cuando en el otoño pasado, André Gorz, el gran rebelde de los años 60, que ya es decir, se suicidó serenamente junto a su esposa, muchos pensamos que, al margen de interpretaciones psicologistas, esa imagen conmovedora –los dos octogenarios, ya sin vida, cogidos de la mano—venía a ser como una escenificación del fracaso de la ilusión reformadora (Gorz nos enseñó a distinguir entre “reforma reformista” y “reforma no reformista”) de la que habían vivido varias generaciones tras la Guerra Mundial. De su extenso y profundo mensaje es probable que lo más perdurable sea al aviso de que el sindicalismo, como sistema de autodefensa de la clase trabajadora, precisaba de una reformulación  urgente para adaptarse a un modelo social distinto del tradicional, en el que el propio progreso material habría trastornado la lógica de la estratificación social eliminando casi por completo la realidad del proletariado clásico hasta convertirlo una vasta y difusa formación mesocrática, refractaria ya al ideal de lucha de clases, sustituido por el deseo de reformas. El “seíta” y el piso, como se decía en la España del desarrollismo franquista, acabaron con las posibilidades reales de una estrategia laboral diseñada desde la política revolucionaria, abriendo paso al imaginario reformista que rentabilizaron los socialdemócratas, como había sucedido en toda Europa, según aquel Gorz, que veía clara la necesidad de que los sindicatos transformaran con urgencia su naturaleza y sus estrategias. Gorz temía, supongo, o acaso veía venir una foto como la de antier en la Moncloa, es decir, no unos “pactos de la Moncloa” convocados en régimen de emergencia, sino un regreso al viejo “verticalismo” que reunía a patronos, sindicatos y poder en una misma baraja para sustituir el ‘conflicto’ por el ‘consenso’. Cuando González inventó la política de “concertación” (dinero a cambio de paz social) estaba reproduciendo, sin saberlo o sabiéndolo, cualquiera sabe, el modelo gironista.

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Nadie en sus cabales rechazaría la paz social ni los esfuerzos por conseguirla. Otra cosa es, sin embargo, confundir la paz social con una pacificación artificial de las relaciones laborales en las que unos sindicatos amaestrados, en armonía con la mismísima patronal, ofrezcan al Gobierno de turno la comedia de un entendimiento que, en la práctica no sería posible sin perjudicar al trabajo. El diálogo social es una cosa y el monólogo a tres voces de la “concertación” otra muy diferente y posible sólo por el intercambio de paces por dinero. No hay español sensato que quiera la confrontación, pero ¿saben los españoles los miles de millones que han recibido los “agentes sociales” en las últimas décadas a cambio de caminar juntos y revueltos, sindicatos, patronos y gobernantes en esa convención ‘contra natura’? Escuchar al secretario de UGT despotricar contra la “Educación de la Ciudadanía” en plena huelga del transporte habla por sí solo, pero verlos a todos –síndicos y patronos—medir sus palabras en Moncloa evitando con escrúpulo pronunciar la palabra “crisis” resulta una imagen demoledora incluso para los escasos despistados que aún crean a pie juntillas en esa dialéctica fingida. Sin alharacas, casi sin percatarnos, nos hemos visto reinstalados en el ‘verticalismo’ presunto “superador” a un tiempo de la hidra revolucionaria y del egoísmo capitalista. Este modelo está agotado: lo demuestra el fiasco de antier. Cuando Gorz, que fue activo militante de del CDTF, escribió “Adiós al proletariado”, los síndicos le montaron la del tigre. Es lo que ocurre cuando se cantan las cuarenta, pero ningún “concertante” debe hacernos renunciar a la idea de que la Verdad es revolucionaria.

Sin excusa posible

No hay excusa posible para el PSOE de Chaves en el “caso Estepona”. Que se haya seguido operando como se operaba en Marbella resulta tan intolerable que el solo intento de mostrarse al margen del disparate resulta ofensivo para el sentido común. Chaves dice ahora –como dijo cuando el “caso Malaya” marbellí—que la Junta de Andalucía llevaba años denunciando irregularidades en Estepona. Vale, pero entonces ¿por qué no adoptó ninguna medida política? ¿Y cómo dejó renovar como alcalde a Barrientos en las recientes elecciones municipales? Todo indica que Barrientos tenía fuerza suficiente como para conseguir su impunidad o, lo que es lo mismo, que Chaves debía tener ante sí algo que le impedía enfrentarse a ese alcalde que dice haber denunciado tantas veces. La corrupción urbanística, a pequeña escala, no hay quien la evite: a gran escala es imposible sin algún tipo de connivencia del Poder.

‘Primun vivere’

Lo dijo Cervantes: “Lo primero es el bien gobierno de las tropas”. A ver quién lo discute. El compañero Saldaña se enfrentó, en plan “crítico” al barrerismo oficial en una ocasión y perdió, como era lógico, razón pro la cual, a su caída del equipo de Gobierno, ha optado por un empeño menos beligerante y más productivo. Ya no es urgente la “re-renovación” en el partido provincial, ya no es imprescindible Saldaña para salvar al PSOE onubense de su rutina y avejentamiento. Saldaña es otro apesebrado de oro –ahora en la sevillana Cartuja 93—que el partido se quita de encima dándole un buen aposento en la nómina pública. La pasión política de estoe ‘profesionales’ es limitada. Un buen puesto, una sinecura respetable y se acabó la rebeldía. Saldaña, que se iba a volver, a estas alturas, a su modesto origen, ni es el primero ni será el último en dar ese pelotazo.

El peligro invisible

Ha sido noticia durante toda la semana en la prensa europea la denuncia de un grupo de científicos sobre los riesgos graves que entraña el uso del teléfono móvil. Es un tema traído y llevado, como lo fue el de las antenas en su día, pero que vuelve con tanta fuerza que se prevé ya para el 2012 la inserción obligatoria en el aparatito de avisos aterradores como los que nos hemos acostumbrado a ver en las cajetillas de tabaco, previéndose la prohibición de los mismos en lugares públicos para el año 2015. Las causas de la alarma médica siguen siendo las mismas: no hay pruebas formales del daño potencial pero sí consenso sobre el riesgo que implica el uso y, sobre todo, el abuso de unos artefactos cuya invisible actividad energética no controlamos en absoluto. Estamos más o menos, ha dicho algún especialista, como hace medio siglo estaban nuestros padres frente a las advertencias de riesgos implícitos en el tabaco o en el amianto, es decir, en esa zona penumbrosa de la conciencia pública que suele vencerse hacia el escepticismo aceptando un riesgo en el que el hábito ayuda a no creer. De momentó, y frente al silencio discreto de las productoras, los médicos previenen ya contra el peligro que supone la proximidad física, aconsejando su alejamiento del cuerpo y el uso a través de mediadores o “manos libres”, aparte de la completa prohibición del uso por parte de menores. Una batalla perdida porque raro es el país que no posee más ‘móviles’ que habitantes e insólita la vista urbana en la que no aparezcan diversos usuarios con la maquinita pegada a la oreja. Comprobamos una vez más que los saltos civilizatorios no salen casi nunca gratis aunque comporten colosales negocios y cambios cruciales en las conductas. Vivimos confiadamente en un mundo saturado de ondas, trufado de invisibles dardos que amenazan nuestra salud que nos resistimos a imaginar pero que están ahí amenazándonos silenciosamente. No me imagino el día en que los telefoninos desaparezcan del paisaje urbano, pero tampoco creíamos posible la prohibición del tabaco y ahí la tienen: hay países en los que se estudia ya su proscripción incluso en los espacios abiertos. Calculen.

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Los datos sobre el uso del aparato  de que disponemos entrañan, por otro lado, un peligro diferente y añadido al riesgo sanitario de sobra conocido ya por la autoridad que trata como puede de enfrentarse a una moda tan invasora. En Vigo, un 10 por ciento de los menores se consideran adictos al móvil, en Madrid ha habido necesidad de poner en marcha un plan especial para combatir la plaga y, esta misma semana, la prensa europea difunde la noticia de que en un hospital de Lérida se está llevando a cabo un programa que pretende acabar con la adicción  de un numeroso grupo de adolescentes patológicamente absorbidos por el teléfono y la comunicación directa a través de la ‘webcam’ de Internet, a la que venían dedicando cinco horas diarias o más. Un problema, eso sí, que hay que contemplar teniendo en cuenta que los 44’1 millones de españoles poseían hace ya tiempo 44’3 millones de teléfonos celulares, “unos doscientos mil móviles más que ciudadanos”, como ha subrayado alguien, una cifra que ha crecido notablemente después, como consecuencia, entre otros factores, de las nuevas aplicaciones tecnológicas y el crecimiento del acceso a la Red a través del propio móvil. Muchos sociólogos son conscientes hoy por hoy de que el ritmo vertiginoso de las nuevas tecnologías entraña efectos nocivos junto a sus innegables ventajas en lo que parece una broma del Progreso a la ingenuidad humana propulsada por su fatal tendencia al consumo. No parece que ese riesgo de cáncer que los más pesimistas anuncian a los usuarios sea el problema más urgente que tiene planteada esta comunidad parlante que dinamiza la ‘sociedad-red’. Pero ya sabemos que es raro que el mono loco escarmiente a tiempo. Lo entenderemos quizá cuando no tenga ya remedio.

Cada día más sospechoso

El Defensor del Pueblo Andaluz ha creído oportuno solicitar a su colega a nivel nacional que gestione la ampliación del plazo de alegaciones para el proyecto de oleoducto del Grupo Gallardo que atravesará las provincias de Huelva y Sevilla afectando a nueve lugares de interés ecológico, y sobre el que las Administraciones han mantenido y continúan manteniendo un sospechosísimo hermetismo debido, seguramente, a la dificultad de justificar lo que ecologistas y partidos califican de auténtico atropello medioambiental perpetrado a favor de un “amigo político” del partido en el poder. Se quejan esos grupos de drásticas dificultades para acceder a la documentación, ocultada hasta hace poco y del escaso tiempo (30 días) concedido para argumentar las alegaciones. Cada día resulta más sospechosa la actitud de la Junta y menos razonable su visible designio de proceder con los hechos consumados. Si se lleva a cabo ese proyecto sin las garantías normales se habrá abierto un dramático portillo a la barbarie antiecológica.

Arde Beas

Como no corten con mano firme los ataques vandálicos que se están produciendo en Beas puede que cualquier día nos encontremos con alguna situación dramática si es que no trágica. Asombra la pasividad de la subdelegación del Gobierno ante esos ataque sufridos por los miembros del gobierno municipal tanto como resulta sospechosa la aparentada indiferencia del PSOE provincial con unos hechos –la desaparición de una grave suma de dinero denunciada por el Tribunal de Cuentas— que hace que los ciudadanos miren con recelo hacia esa organización, que debería ser la más interesada en aclarar el mangazo o lo que sea. Lo que no se puede tolerar es la brutalidad y menos esa secuencia de incendios al parecer provocados contra el patrimonio de los legítimos regidores del pueblo y sus familias. El PSOE debe una explicación y el Gobierno una solución. De inhibirse, uno y otro tendrán que cargar con la responsabilidad de lo que ocurrió y de lo que está pasando o pueda pasar.