La edad prohibida

No se ha cumplido el vaticinio de Rostand, no ha resultado cierto que mientras más vieja fuera la humanidad más necesidad tendría de sus ancianos. Un anciano es hoy una carga y como una carga es tratado en esta sociedad implacable. La prensa refleja estos días el informe del Centro Reina Sofía sobre la violencia ejercida contra nuestros viejos dentro de la propia familia: unas 60.000 personas, o sea, una de cada cien mayores de 65 años, sufre maltrato doméstico a manos de los suyos, un maltrato invisible, ocultado por las propias víctimas temerosas de la represalia o abrumadas por la ofensa. Seis de cada diez mayores de 74 años padecen esa infamia que no merece el trato singular que otros tipos de violencia ha logrado, afortunadamente, por lo que ni siquiera existe la posibilidad de un remoto control por parte de la autoridad. Hablo de la familia, insisto, de los viejos que sufren el desprecio y la violencia de los suyos, no de los miles que la soportan –cada dos por tres tenemos esas ominosa noticia en los periódicos—en los centros de acogida, los antiguos asilos, tan frecuentemente ilegales, para que no falte de nada. Y no se escapan ni los grandes dependientes, sino que, por el contrario, puede que sean (nunca lo sabremos, claro) los más agredidos en su solitaria indefensión. No hay un instituto del anciano, el viejo no cuenta para la autoridad más allá de una edad crítica y prácticamente sólo a efectos electorales. Las papeletas del viejo valen como las del joven sin que el viejo se entere siquiera, pero a nadie escandaliza la comprobación de que nuestros mayores estén siendo manejados como un desecho social tanto en régimen familiar como en los morideros externos. Un viejo es, con frecuencia, todo lo más una carga, aunque también una pensión que perciben sus propios maltratadores, un detritus con el que un universo productivista no sabe qué hacer. Dicen los expertos de ese informe que la cifra de los 60.000 ancianos maltratados en casa les resulta inferior a sus previsiones. En una época en que la ancianidad se respetaba, Terencio decía ya que la vejez es en sí misma una enfermedad. Veintidós siglos más tarde la triste metáfora se queda corta.

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El anciano está solo, aislado de todos, vegeta como un autista voluntario. Eso es, supongo, lo que Goethe quería decir al constatar que el viejo ha perdido una de las principales prerrogativas del hombre: la de ser juzgado por sus iguales. Un problema que se agrava en el modelo urbano de vida, con la reducción de la familia extensa a familia nuclear, y con el consiguiente estrechamiento del marco de vida, del domicilio, pero también con la inhumana imposición de los criterios más jóvenes que, en ese modelo social, han reforzado sensiblemente su papel. Jamás la Humanidad (¿) respetó menos las reglas de este juego circular que es la vida, aunque es posible que aún se superen estas cotas de maldad por efecto de ese alargamiento de la esperanza de vida que convierte al viejo en un fantasma vitalicio. Es verdad que en ninguna parte se encontró la piedra filosofal para resolver esta grave disfunción en que se ha convertido la vejez, que fracasaron los intentos americanos de las ciudades para ancianos, que las residencias son en su mayoría auténticos aparcamientos del familiar inservible. Por eso nadie quiere saber nada del problema, ni siquiera en los casos flagrantes de ilegalidad, y nadie denunciará nunca lo que el propio maltratado calla por temor o por vergüenza, aplastado en ocasiones por una falsa conciencia de gravamen que le inculca la propia sociedad y le certifica su propia familia injuriándole con el maltrato. ¿Una enfermedad la vejez? La que está enferma de cuidado esta sociedad desmesurada que ha desestructurado la unidad familiar en una espiral de violencia que, además del anciano indefenso, incluye a la mujer y al niño. La vejez es una edad prohibida. Sólo los ricos tienen garantizada la piedad.

Ni luz ni taquígrafos

No hay una comisión investigadora en el Parlamento desde que, durante la legislatura de “la pinza” PP-IU se trató de investigar la condonación a Chaves y sus amigos de un préstamo millonario que debían a Caja Jerez. Natural, nadie tira ni deja tirar –si puede—piedras contra su propio tejado. Por eso no sabremos nunca si de verdad hubo y ya no hay hongos en los hospitales, si hobo o no pelotazo en Sanlúcar la Mayor, cómo funciona en realidad el clan familiar de Chaves en la Junta ni tantos otros casos inquietantes. La última vez que la mayoría sociata rechazó una comisión de ese tipo fue el jueves al cerrar el paso a la propuesta de que se averigüe por qué la Junta hizo desaparecer de las listas del paro, antes de las elecciones a unos, 10.000 andaluces. Lo malo es que cada rechazo cerrado de este tipo conlleva que mucha gente dé por demostrado lo que sin otra razón que el peso parlamentario se trata de ocultar. Si lo tapan, será por algo, suele pensarse. Y resulta evidente.

Velas azules

Dentro de unos pocos días, concretamente el 24 de este mes, se celebrará, aunque les cueste creerlo, una insólita fiesta ecuménica, el ‘Día Mundial del Orgullo Pedófilo’, cuyo banderín  de enganche e incontrolable difusor ha sido Internet. Los amantes de los niños o muchachos (Juan Eslava nos recordó hace poco el testimonio de Estratón, que describía las delicias correspondientes a las edades entre los 12 y los 16 año, puesto que la de 17 o más ya era cosa del propio Zeus o de bujarrones sin estilo) salen a la palestra. Se pretende “regresar” al clasicismo, no en el amor al saber o en la búsqueda de la sabiduría, sino en el repugnante restablecimiento de la vieja relación pederasta, la que jugaba entre el ‘erastés’ adulto que asumía el rol de iniciador del menor, y el “erómenoi’ indefenso entregado a su depravado mentor, algo que tenía que llegar, a ver por qué no, y que, seguramente, no será la última ni la penúltima barbaridad canalla que “recupere” esta sociedad que ha perdido, evidentemente, el rumbo y el oremus. Se anuncia que ese infausto día, esos malhechores dispondrán velas azules en lugares visibles para que la paciente humanidad comprenda y asuma “la solidaridad entre los amantes de jovencitos” y quede en evidencia su “personalidad buena y amorosa”, una perspectiva frente a la que ya han reaccionado algunos Gobiernos, entre los que no figura el español, probablemente más condicionado por sus propios planteamientos erráticos en torno a la extraña revolución sexual a la que el país asiste atónito pero que gana terreno a ojos vista cada día que pasa. Día podría llegar en que ya no sea preciso al depravado viajar a lejanos paraísos sexuales para disfrutar por unas monedas del amor del hambrientos/as y marginales/as, y por si acaso valga el ejemplo del juez europeo que ya autorizó la concurrencia electoral de un partido, el NVD, cuyo ideario se concretaba en la demanda de libertad para la pornografía infantil, el bestialismo con animales y la rebaja de la edad legal del “erómenoi” a los doce añitos. Unas velas azules maquillarán esta basura humana ante la indiferencia de la autoridad. En adelante, el turismo sexual podría ir de culo.

 

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 En serio: estamos rozando un punto de insensata tolerancia que cuestiona gravemente la viabilidad del sistema de libertades en nombre de un criterio ilimitado de tolerancia que incluso llega a convertir a los grupos excéntricos en lobbies irresistibles para Gobiernos débiles o demagógicos como el que padecemos. Es verdad que Flaubert, que sabía más de mujeres que de caballeros, dijo aquello de que la pederastia es una enfermedad que sufren todos los hombres al llegar a cierta edad –en fin, él sabría– aunque hay quien relativiza ese ‘dictum’ en el sentido apuntado por Baudelaire de que pederastia es también amar a la mujer inteligente, máxima machista donde las haya. Lo que no tiene sentido es mirar a Grecia u otras culturas en busca de justificaciones, porque esa práctica sería peligrosa en muchos otros supuestos que la civilización ha ido eliminando no sin gran coste humano. Recuerden las maldiciones de un bujarrón sensato como Walt Whitman contra los “asesinos de palomas”, esos julandrones que –decía él—“dan a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno”, o al Lautréamont que los trató como “grandes depravados”. Un  tipo tan “mondain” como Paul Morand hablaba todavía, adelantándose, por lo visto, a su tiempo, del “proletariado amargo de los pederastas”, por más evidente que resulte que la única ‘Internacional’ amarga que hay en ese submundo es el de los chaperos explotados, el de los niños comprados como mercancía de usar y tirar, por la hez de un mundo sin principios que, encima, pretende, legitimarse con velas azules. Ese día infausto tiene el Poder su penúltima ocasión de cortar por lo sano la gangrena invasora que trata de borrar en el mapa de las moralidades todo límite entre el bien y el mal.

No son personas

Mucha hablar y mucho proclamar derecho y maravillas, pero la verdad es que la Junta trata a los emigrantes más en función del color del municipio donde malviven que en razón de su condición humana. Lo que está ocurriendo en la localidad onubense de Lucena del Puerto, donde ha tenido que intervenir el Defensor del Pueblo ante lo extremado de la situación, no tiene nombre: siete mil criaturas desprotegidas y carentes de todo lo imprescindible porque el Ayuntamiento “independiente” del pueblo está siendo castigado por la Junta que le niega una subvención de casi medio millón de euros a pesar de la bancarrota en que el gobierno municipal del PSOE legó al actual. Que tras las elecciones, en el Pleno, los sociatas avisaran al gobierno legítimo de que la Junta y demás Administraciones afines les “cerrarían el grifo” no fue una baladronada sino la expresión de un método político vigente hoy en toda Andalucía.

Mal camino

El enfrentamiento entre nuestros pescadores y las fuerzas del orden, que tuvo lugar el miércoles en Sevilla, deja un balance moral pésimo. Resulta imposible justificar la actitud violenta de los manifestantes, por más que se comprenda su desesperación económica, pero ahí ha faltado una voz que los avisara de que ese es un camino imposible. Por el otro lado, el Gobierno –que ha tratado mucho mejor a transportistas que pescadores y agricultores—debería distinguir entre firmeza y brutalidad, sin contar con que ha tenido todo el tiempo del mundo, no sólo para arbitrar medidas de alivio a esos sectores, sino para prever razonablemente el orden en estas inevitables manifestaciones. Esas tristes escenas no benefician a nadie y perjudican a todos, incluso si, en alguna medida, responde a la insolvencia de una Junta que,. Como única solución, vuelve a proponer por enésima vez la modernización del sector y demás zarandajas.

Un doble silencio

En medio del desconcierto nacional, mientras el ama de casa madruga para hacer la compra amenazada y el espectáculo de la barbarie consentida se exhibe en el telediario, dos silencios deben hacernos reflexionar sobre el papel de las instituciones en esta huelga salvaje. El primero de esos silencios, el más llamativo quizá, es el de los sindicatos. ¿Alguien entre los lectores ha oído un solo pronunciamiento serio de los sindicatos durante estos primeros días de conflicto? Supongo que no, puede que porque el sindicalismo no es hoy más que un compañero de viaje del poder político y del económico en el marco de ese invento “neoverticalista” que es la “concertación social”, ese pacto de no agresión cebado con dinero público. El segundo silencio atronador es el del Gobierno, que está “missing”, desaparecido en combate, desde el Presidente al penúltimo mono, lejos del alcance de la artillería huelguística, echando por delante a un equipo de segundos y terceros al mando de una de las personas menos indicadas para dialogar o negociar que existen en este país, Magdalena Álvarez, una demostrada adicta a la provocación en cuyo haber, aparte de tantos fracasos gestores, hay que contar con la “guerra de las Cajas” que ella se encargó de librar hasta que Chaves se libró de ella. Dos silencios, dos ominosas ausencias cobardes de las que tendrán que responder en su momento ambas instituciones, aunque tal vez cuando llegue ese momento ya se hayan producido daños irreparables. Planea sobre este asunto una grave pregunta: ¿para qué sirven sindicatos y Gobierno ante un conflicto como el que  los contribuyentes estamos soportando, acaso hubieran sido distintas las jornadas vividas hasta ahora si ninguna de esas instituciones existiera? Creo que, lamentablemente, la respuesta sincera es que no, sin que se me oculte que semejante conclusión encierra una carga deslegitimadora de primera magnitud. ¿Por qué gastar miles de millones en burocracias sindicales que a la hora de la verdad desaparecen como por ensalmo? ¿Y para qué sirve un Gobierno incapaz de garantizar a la población, frente a unos miles de rebeldes, desde la normalidad alimentaria hasta la libre circulación?

 

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 Puede que esta lección negativa sea lo único positivo que acabemos sacando del enfrentamiento entre ese sector abrumado por la coyuntura y su propio desorden interno, pero no me digan que esa conclusión no resultaría desmoralizadora más allá de la pura ensoñación ácrata. Pero es posible también, que se desprendan de la experiencia otras evidencias incómodas, entre ellas, de una parte, la precariedad en que funciona la superstición neoliberal, y de otra,  la insalvable dependencia, que aún no parece que hayamos comprendido del todo (empezando por el Gobierno), entre nuestro Estado soberano (es un decir)  y la Unión Europea a la que voluntariamente pertenecemos y ante cuyas normas la autarquía residual que entorpece nuestra vida colectiva tendría que liquidarse de una vez. Ni nuestro Gobierno se ha preocupado de preparar con tiempo una respuesta a esta crisis anunciada, ni Europa va a admitir las condiciones que tratan de imponer por las bravas los huelguistas. Y claro está que, en todo caso, nos iría mejor si dispusiéramos de la ley de Huelga que la Constitución prevé y nadie ha querido afrontar hasta el momento, pero también que ese vacío no puede justificar que un grupo de ciudadanos, por muchas razones que tengan, secuestren un país entero y mantengan a un pueblo entero en un sinvivir. ¿Dónde están los sindicatos y el Gobierno, no resulta imprescindible que la crisis se aborde en el primer nivel, arriesgando cada cual lo que la partida le exija? Hoy todavía podemos plantear estas preguntas desde una relativa tranquilidad; mañana, no sabemos. Eso es lo que convierte en temeraria esa cobardía institucional que, al menos, va a servirnos para derribar mitos y saber a ciencia cierta quién es quién.