Arde Punta Umbría

Ahora es la empresa presuntamente coaccionada por el PSOE puntumbrieño la que se querella contra el alcalde, el miembro de la Ejecutiva Provincial, los cinco concejales y el técnico municipal que habrían intervenido en arrebatarle bajo presión una obra ya adjudicada. Se habla de presuntos delitos de amenazas, alteración de precio de subastas y concursos públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude. Nada menos. Y encima de la mesa está la cinta en que se grabó la conversación clave. Un asunto bochornoso que debería provocar una reacción saludable contra la corrupción de cualquier naturaleza. La política no puede vivir en le Juzgado. Merecería la pena, por eso mismo, un esfuerzo de todos. Y de todos quiere decir de todos.

El precio de la injuria

No acabamos de ponernos de acuerdo sobre el precio de la injuria o, mejor dicho, del coste que debería suponer para el que injuria ese lujo y exceso que algunos se permiten a costa de otros. Un profesor francés de filosofía ha sido condenado a pagar 100 euros (¡lo mismo que Garzón por dejar escapar al traficante!) por haber escrito la frase “Je te vois, Sarko!”, esto es “¡Que te veo, Sarko!” al tiempo que un ama de casa ha debido rendir cuentas por escribir en Internet la frase “Hou la menteuse!” bajo el nombre de la ministra de Familia. En Brasil, el que fuera entrenador de Real, Vanderlei Luxemburgo, tuvo que pagar 2.200 dólares hace poco por decirle cuatro cosas a un árbitro que habría perjudicado a su equipo, como en Holanda un ciudadano fue condenado a una multa de 750 euros y quince horas de trabajo social por haber lanzado insultos homófonos en un chat. Aquí mismo en España le cayeron 1.000 euros a un currelante por insultar a su ex-patrón, 6.000 a un alumno que se dedicaba en una web a insultar a profesores y alumnos, 2.850 euros más año y medio de cárcel a un sujeto que injuriaba a las víctimas del terrorismo, y 14.000 a un cantante de ‘hip hop’ (no me pregunten, por favor) que le dijo de todo menos bonitos al Rey y a la Guardia Civil. No se ponen de acuerdo en el baremo, como se ve, aparte de que es casi infinita la variedad de especies injuriosas. Ahí tienen al alcalde de Puerto Real que, total por 6.840 euros, se dio el gustazo de calificar al Jefe del Estado de “hijo de crápula” y “corrupto”, mentarle a su augusta madre y decir (sic) que “aunque no colguemos (al Borbón) de los intestinos de los obispos, lo tendremos que echar más tarde o más temprano”. Está tirado injuriar en España, este viejo país de cabreros.

 

Se comprende que no es factible un baremo para la sanción de la injuria. Pero mucho menos puede entenderse que se castigue por igual a un alcalde monterilla por decir las barbaridades que dijo el mencionado y a un alumno borde por llamar a una coleguita “animal prehistórico”, o que la sanción impuesta al cantante de marras doblara sobradamente la de aquel. Y ello con independencia de que el país viva una era en que la intimidad yace puesta en almoneda inerme ante el mejor postor, sin que el derecho haya sido capaz hasta ahora de trazar con pulso firme la frontera entre la imprescindible libertad de expresión y el insulto que juega con la honra ajena por más que ponga en evidencia al necio estólido que lo lanza. Uno, que es republicano de ley, sin ir más lejos, nunca le diría cosas semejantes –y menos imaginaría siquiera colgado de los intestinos de los obispos– a un tosco zambombo como el alcalde del cuento. Ni pensaría siquiera en echarlo de su cargo como él, desde su pequeñez, propone hacer con el Jefe del Estado. Para eso están los tribunales, digo yo. O deberían estar.

Un serio reajuste

Si ya fue significativo el recorte experimentado por los resultados electorales andaluces en los últimos comicios, más lo es, sin lugar a dudas, la rebaja de 10 puntos que ha conseguido el PP en las europeas del domingo. No tiene sentido extrapolar, por supuesto, pero tampoco lo tendría minimizar este reajuste continuado que va acercando la alternativa conservadora a la hegemonía del PSOE desde antes de estallar la crisis económica. Y eso es bueno objetivamente, porque si es mala la suficiencia hegemónica, todo lo contrario resulta la consecución de un  equilibrio que contenga ciertas soberbias y abra la posibilidad esencial de la alternancia. Diez puntos son muchos puntos aunque aún sean insuficientes para fundamentar un  cambio. Pero es seguro que esas dos fuerzas rivales, cada una con su cuenta y razón, se tentarán ahora la ropa con más cuidado.

Todos ganaron

Aunque eso no es posible, todos ganaron el domingo en las urnas, como de costumbre. El PSOE porque mantiene una hegemonía indiscutible cuyo arraigo en las comarcas más deprimidas de la provincia es evidente. El PP porque un recorte de siete punto tras el obtenido en las pasadas generales, no es moco de pavo. Los políticos nos siguen tratando como a menores, en todo caso, incapaces de reconocer lo que cualquier inteligencia media puede averiguar por sí misma. Y eso sí, de triunfo sociata en la capital, nada, y de trampolín para el cambio en las municipales, menos. Esa espina no es de las que se arrancan con un sofismilla. Sobre todo si a estas alturas ni se vislumbra con que mimbres cuenta ese partido para echar abajo la otra hegemonía

La selva económica

Paul Jorion es desde hace tiempo uno de los personajes más atractivos de la ciencia social europea. Es un disidente, por supuesto, un francotirador, un inconformista que ha ido derivando de la ingeniería financiera a la sociología/antropología hasta llegar a la conclusión de que el fracaso radical de los economistas de cara a la presente crisis –que él pronosticó con antelación notoria— no consiste en el fallo personal de los autores sino en el estatuto científico de la ciencia económica, tan lejana ya de la “economía política” de los clásicos, y a la que sería preciso reinstalar, tras una fulminante revisión epistemológica, en un campo plural definido entre la sociología y la antropología económicas  y la propia ciencia política. Sostiene Jorion que nuestras sociedades avanzadas funcionan desde y sobre el doble rasero de una vida política “constitucionalizada” que ha de vérselas en la vida práctica con una actividad económica que no dispone, como aquella, de un sistema inventado por el hombre mismo, sino que funciona de modo autónomo tal como funcionan las demás fuerzas de la Naturaleza, dicho sea en la más estricta perspectiva del darwinismo social, es decir, desde la evidencia de esa dialéctica que explica el triunfo del más fuerte sobre el más débil. La especie humana debería su progreso al acierto que supuso su ‘autodomesticación’ política (es la vieja tesis ‘ilustrada’ de Blumenbach), mientras que debería sus penas al hecho de haber dejado la relación económica en estado ‘salvaje’, es decir, como aquella que se sustancia indefectiblemente entre unos pocos ganadores y una legión de vencidos. Jorion no reclama ‘reglas’ para la economía (eso es lo que sobra, diría él) sino una auténtica “constitución”, es decir, un marco normativo que represente para ella lo mismo que la democracia supone para la política. Lo que hay hoy, incluyendo el sacrosanto Mercado, es pura selva, relación elemental entre cazadores y presas. Tantos que andan a vueltas con la impagable hipoteca seguro que firmarían bajo esas palabras.

 

No sabemos que sucederá a la economía de la crisis pero hay indicios numerosos de que algo, en definitiva, no poco distinto a lo que hemos tenido hasta ahora. La dolorosa experiencia debería conducir, probablemente, a modelos más ‘civilizados’, menos ‘salvajes’, de interacción, pero también a montajes sociales en cuyo seno la economía y las finanzas no puedan ejercer el “trágico papel” (Jorion) que han venido desempeñando en el seno de nuestras sociedades. ¿Por qué nuestra vida política está estabilizada, por lo general, en un confortable “centro”, mientras que la vida económica carece de límites y frenos? Puede que la crisis esté ahí para debelar la naturaleza ‘primitiva’ de la economía e imponernos la necesidad de su ‘domesticación’. Hace poco decía orgullosamente  un magnate que la economía es una fuerza de la Naturaleza. No podía imaginar, probablemente, que justo en ese carácter primitivo radica su inmensa fragilidad.

Padres indefensos

Ha llamado la atención (no es la primera vez que lo hace) el Defensor del Pueblo, José Chamizo, sobre la situación desesperada de muchos padres que han de soportar las agresiones de sus hijos. Hay miles de denuncias al año sobre el particular, lo que da una idea –pues lo último que hace una familia es denunciar al hijo violento—de la gravedad del problema y plantea la urgencia de crear alguna instancia capaz de atender eficazmente a los avasallados. Claro que es obligado protestar que este fenómeno inverosímil hasta hace poco tiempo, no es un producto espontáneo de la vida, sino la consecuencia de un permisivismo generalizado que va desde la educación hasta la norma penal. La LOGSE y la Ley del Menor tienen mucho que ver con esos maltratadores de padres, víctimas ellos mismos de un modelo insensato.