Equilibrios del terror

El triunfo de Ahmadineyad en Irán, fraudulento o no, replantea con crudeza al llamado “orden internacional” el viejo y nuevo problema de la proliferación atómica. Coincide, por lo demás, con la protesta de Corea del Norte en el sentido de que podría utilizar eventualmente  su fuerza atómica con fines bélicos, lo que unido al conflicto pakistaní devuelve a la actualidad el tema de la amenaza exponencial que supone la guerra nuclear. En los años 50, en especial tras la adquisición de la tecnología atómica por los soviéticos, se registró un importante esfuerzo racionalizador por parte de destacadas corrientes intelectuales, que trataban de espantar el miedo generalizado en el sistema bipolar de la época, bien con la teoría del “equilibrio del terror”, defendida por Bertrand Russell y Karl Jaspers, ya con la propuesta de un “equilibrio del poder” imaginado por Raymond Aron como el mejor disuasor de una Humanidad que, en definitiva, habría estado en guerra desde sus orígenes utilizando en cada momento las armas disponibles. La idea básica en todos los casos era que la inercia de la racionalidad tecnológica acabaría modificando el añejo estatuto de la convivencia internacional, forzando una tregua que tal vez pudiera acabar conduciendo a las naciones a una “paz perpetua” concebida, no ya a la manera kantiana, sino precisamente como consecuencia de ese equilibrio defendido por los filósofos y que Bell, desde su Arcadia yanqui, entreveía como el ocaso de una historia dominada por la ideología, que era el concepto-señuelo empleado para confinar con carácter definitivo a la utopía. Hoy la amenaza nuclear, en manos de sujetos definidos por un fanatismo superior si cabe al antiguo, no deja ya margen a los filósofos para sus travesuras sino que constituyen lisa y llanamente una amenaza apocalíptica que nadie en sus cabales osaría encajar en un equilibrio imaginario. Ahmadineyad, viejo terrorista, lo mismo que el majareta de Kim Jong Il, no caben en ninguna hipótesis narcótica.

 

La verdad es que el club atómico no ha hecho más que crecer a pesar de los grandes montajes propagandísticos de desarme escenificados varias veces, aparte de que la reciente ampliación a países sujetos a regímenes insensatos como los mencionados supone un riesgo nuevo, incompatible ya incluso con la peligrosa idea de que el miedo generalizado garantiza la paz. Hoy ya hasta se abre paso la idea de que si el peligro coreano está a buen recaudo encajonado entre Japón y China, el que supone que una teocracia agresiva como Irán –que ha prometido “borrar a Israel del mapa”— disponga de un arsenal nuclear, podría, sin embargo, ser tolerada en determinadas circunstancias de dudoso control. Quizá nos espere otra década como aquella lejana de los 50 postbélicos sin excluir la posibilidad de que en ella aparezca tonante algún profeta anunciador de un nuevo “equilibrio”. Aron pensaba que ningún país debería poseer una potencia armamentística que, llegado el caso, impidiera al vecino defenderse. Hoy, en mano de esta caterva, vamos despendolados justo en el sentido puesto.

Triste sofisma

Todo el mundo es consciente de que el “apoyo” familiar e institucional a los terroristas etarras presos en nuestras cárceles no es sólo una acción humanitaria sino una estrategia directa o indirectamente diseñada por la banda. Por eso no es admisible el argumento dado por la activista onubense detenida en relación con la frustrada evasión planeada para la prisión de Huelva, en el sentido de que su colaboración humanitaria es ciega y prescinde de ideologías, pues el terror no es una idea ni sus irreparables efectos pueden ser considerados políticos en sentido legítimo. Ayudar a los fines del terrorismo, en cualquier circunstancia, nada tiene que ver con la solidaridad y menos, por supuesto, con el sentimiento democrático.

Gato por liebre

Está muy bien el tren ALVIA –tres cuartos de hora ahorrados en el viaje a Madrid—pero quede claro que el tren ALVIA no es el AVE y que el compromiso adquirido, como no podría ser de otra manera, con la sociedad onubense, es traer el AVE a Huelva y no un  sucedáneo. Otra cosa sería dejara Huelva retrasada respecto a las provincias hermanas y, una vez más, retrasar el reloj de nuestra estación media hora respecto a las demás. Y aparte de todo, una cosa es un servicio completo de ese sucedáneo y otra un solo viaje casi testimonial, que no resuelve nuestro aislamiento relativo. El Gobierno y la Junta tienen que cumplir con Huelva sin trampas. Y esta solución (¿) del ALVIA no deja de ser eso, una trampa para justificar un incumplimiento.

La alarma pública

El decano de los abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, acaba de cuestionar en público algo que cuestiona desde hace mucho la opinión pública: la eficacia de ciertas actuaciones policiales en asuntos de especial trascendencia social, como puede ser el llamado “caso Marta”, investigación abierta y nunca cerrada tras la muerte y desaparición de la ya tristemente célebre menor sevillana. Hace sólo unos días el Juzgado que instruye en Huelva el “caso Mari Luz” –otro que tal baila– dio por cerrada la primera fase procesal abriendo paso al procesamiento y juicio del presunto aunque confeso asesino para finales de año, pero igualmente sin haber logrado establecer unas imprescindibles pruebas capaces de cerrar esta otra pesadilla. Tampoco se ha resuelto el caso singularísimo de la desaparición de la droga intervenida que fue robada de las mismísimas instalaciones policiales, culminando así una serie de fracasos patentes que justifican la intranquilidad perceptible en amplios sectores de la sociedad. Conozco a ese Decano y mucho me sorprendería en él una ligereza, razón por la que doy por hecho que su grave petición de que unidades especializadas de la Guardia Civil suplan la probable falta de competencia técnica de los servicios policiales, llega asentada sobre una seria y larga reflexión, que bienvenida sea en la medida en que pueda suponer el aliento (no la intromisión) de la sociedad civil en la vida de las instituciones. Lo que es innegable es que en esta rondalla fallan demasiadas notas y que la sombra inquietante de la incompetencia planea y se confunde con unas dificultades que, sin duda, en todos los casos mencionados han debido de ser más que considerables. El propio Decano protesta que no insinúa siquiera que otras policías sean inferiores en capacidad o celo, pero da la impresión de que ha comprendido –en un caso que, por lo demás, afecta de lleno a su gremio—que desdeñar la exigencia de la opinión pública ni es razonable ni puede contribuir a nada bueno.

 

Si hoy es más verdad que nunca el ‘dictum’ romano de que la Justicia tardía no es Justicia, tanto o más lo es la idea de que pocas cosas puede haber tan dañinas para una sociedad ordenada como la existencia en su seno de misterios por resolver, sobre todo si afectan a aspectos tan sensibles de la conciencia pública. Urge, en efecto, que el Estado –todas las policías son o deben ser un mismo instrumento del poder legítimo—se decida a no dejar pudrirse las situaciones ni a permitir que lo que no deben ser más que problemas a resolver por la autoridad se reconviertan en leyendas capaces de erosionar hasta un punto irreversible la confianza ciudadana. Si el Decano dice lo que ha dicho es juicioso pensar que por algo será, y ninguna consideración de índole corporativista debe oponerse a una reclamación como ésa. No podemos exigir al peatón que viva confiado en la virtud de sus instituciones naturales si los resultados son tan escandalosamente dudosos. Gallardo no ha dicho tanto pero, en cierto modo, ha dicho mucho más.

Los pobres viejos

Una vergüenza el caso de la residencia de ancianos de El Ejido ahora condenado por al Justicia a una multa –ciertamente benigna, insignificante dadas las circunstancias—por vejar a un pobre viejo enfermo de Alzheimer, atándolo con una sábana a una columna del comedor. Un solo caso de maltrato a nuestros mayores debería haber provocado una reacción disuasoria por parte de la Junta que nunca se produjo, pero tantos como llevamos mejor o peor conocidos no merecen otra cosa que la alarma de la sociedad ante este intolerable abuso. Quien controle administrativamente esos albergues ha de vigilar con eficacia. Esperar a que se descubran una por una semejantes iniquidades es una injusticia imperdonable.

Peligrosa prisión

La fuga abortada en Huelva confirma los riesgos que para el territorio onubense supone la presencia de etarras en nuestros centros penitenciarios. Pero crea además una desconcertante alarma al implicar como colaboradora, al menos inicialmente, a una ciudadana onubense bien conocida por su compromiso social, porque pone de relieve lo fácil que esas presencias indeseables aunque obligadas, acaben por confundir incluso a personas de probado civismo. El caso de Juana Orta debe aclararse con presteza, tanto por ella, en caso de inocencia, como por todos en el supuesto contrario.