Venana indiscreta

El acoso a la intimidad que caracteriza a esta era problemática no proviene sólo del temible “ojo público” sino también del privado. Es cierto que resulta incomparable el alcance de semejante acoso cuando son los poderes políticos quienes lo patrocinan, como lo prueban cada dos por tres las revelaciones sobre sus manejos –en España ha sido espiado telefónicamente el propio Jefe del Estado y ni siquiera entonces llegó la sangre al río–, pero no conviene despreciar la cooperación privada a este auténtico asalto al fuero íntimo. Los buenos oficios del ‘New York Times” acaban de desvelar la existencia de un programa secreto de acción antiterrorista que habría sido ocultado al Congreso por la Administración Bush y, en concreto, por el vicepresidente Dick Cheney, y que incluía no sólo la autorización de métodos atroces para obtener información más reservada sino, incluso, la famosa “licencia para matar” que algunos ingenuos creen todavía exclusiva de la fantasía cinematográfica. No se conoce, al parecer, el resultado de semejante dispositivo orwelliano, pero sí parece saberse ya de buena tinta que el programa de control ciudadano masivo lanzado tras el 11-S por Bush no se limitó a su ámbito propio sino que, de hecho, espió durante años a millones de personas en todo el mundo, cuyas comunicaciones fueron ilegalmente intervenidas hasta obtener lo que una fuente oficial ha calificado como una verdadera “montaña de información” utilizada quién sabe para qué. Pero también en el ámbito privado prolifera la curiosidad por la vida ajena, hasta el punto que revela el escandaloso descubrimiento hecho por ‘The Guardian’ del montaje de escuchas que desde el grupo Murdock habría estado espiando a una larga lista de personajes ingleses. La excusa antiterrorista vale lo mismo que el negocio de los “tabloides” a la hora de saltarse a la torera el derecho a la intimidad en un mundo ‘mediatizado’ hasta el extremo que ilustra la enorme y creciente demanda de la prensa alcahueta y la insaciable ansiedad del Leviatán. El Hombre vale cada día menos en este zoco sin ley.

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Sé, por supuesto, que no es lo mismo pinchar el teléfono del Jefe del Estado que interesarse por las confidencias de Gwyneth Paltrow o Alex Ferguson, y acepto que la escucha universal justificada por el terrorismo no es comparable a la basura menor que apalea la prensa rosa (y la otra, muchas veces), pero todo ese acervo miserable procede de un mismo desprecio por la persona y por sus más elementales derechos. No era tan ilusoria la utopía de Orwell, desde luego, como los hechos demuestran a cada paso, ni nos resulta tan ajeno aquel paisaje sin intimidad posible, rodeados como estamos de acechanzas sin posible escapatoria. Esta generación está liquidando al individuo al suprimir sus fueros. No podíamos imaginar que la hipertrofia del espíritu liberal acabara dando de sí una forma tan sibilina de colectivismo.

El estado injusto

El Gobierno acaba de muñir un arreglo económico con las regiones españolas que liquida de hecho la solidaridad nacional. Con la complicidad de las autonomías del partido en el poder, además, entre ellas la de Andalucía. La debilidad política de Zapatero, en manos de los partidos catalanes, se ha decidido, como era de esperar, por su continuidad en el poder antes que por una solución equitativa. Y los catalanes, que se llevan mucho más del máximo previsto, lo han celebrado con regodeo: “ZP no va a poner en riesgo su estabilidad por tan poco dinero” ha dicho uno de ellos; “Hemos plantado cara al Estado y hemos ganado”, refriega otro. Y es verdad. Los que hemos perdido somos los demás para que ZP no caiga de su cargo.

Huelva insegura

Dice el Gobierno que no hay dinero ni para mantener los ya precarios efectivos de fuerzas de seguridad en la provincia y que, en consecuencia, habrá que “ahorrar” este verano dejando sin cubrir las plazas de los agentes en vacaciones. Una medida temeraria porque en Huelva hay tres motivos graves –la protección ciudadana y defensa del turismo, nuestra primera industria; la lucha contra el narcotráfico y la confirmada amenaza de ETA—que no permiten bajar la guardia. Si en cualquiera de esos tres apartados hubiera que lamentar incidencias indeseables, será el Gobierno quien deba responder por ello.

Tema tabú

La acumulación de noticias cobre la Gripe A en todo el mundo va constituyendo un factor de inquietud ante el que los responsables gubernamentales non saben qué argumentar. Una pandemia –y ésta de la gripe A pandemia ha sido declarada ya hace tiempo por la OMS—resulta un peligro tanto por su propio progreso como por la inadecuada respuesta que obtenga de los poderes públicos. Este es el momento, por ejemplo, en que no sabemos bien cual es el grado de peligrosidad de esa gripe que los epidemiólogos, sin embargo, vienen encareciendo hace meses, en espera de que el virus debutara en alguna zona invernal. Y en efecto, tal como estaba previsto, ha sido Argentina la gran afectada, de momento, con sus elevadas cifras de contagio y mortalidad a las que la autoridad ha respondido con discutible rigor –la Presidenta está en estos momentos querellada por su desentendimiento del peligro durante un viaje al extranjero–, antes de decidirse a cerrar colegios en varias provincias y habilitar medidas de emergencia en los hospitales que postergan las intervenciones quirúrgicas para disponer de camas o convenian entre sí para optimizar las disponibles. En Gran Bretaña se espera un contagio de 100.000 personas diarias durante el mes de agosto, la directora de la OMS, Margaret Cham, se refiere a la enfermedad “como un tsunami” y alerta sobre el alcance que pueda llegar a tener en el hemisferio sur, en España crecen los casos –incluso los graves—y hay colegios que cierran y envían las notas por correo, mientras la ministra del ramo –lega por completo en la materia—pone cara de póker y asegura que todo está bajo control, a pesar de saber que la vacuna no estará disponible en nuestro país hasta diciembre como muy pronto. Ni siquiera está clara la estrategia epidemiológica, de manera que los responsables de Salud de la UE andan debatiendo todavía cómo distribuir la vacuna entre la población, es decir, a quién vacunar y a quien no. Un panorama nada tranquilizador, desde luego, por más que nos prevengamos contra el alarmismo. No tenemos ni idea de qué puede ocurrir pero sí disponemos de perspectivas más que medrosas. Los únicos que lo tienen claro son los fabricantes de la farmaindustria que dan por hecho su excepcional botín.

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No se sabe nada a ciencia cierta –¿o sí?—sobre el potencial alcance de esa plaga, aguardamos pacientes a que se eche el otoño y con él la prevista difusión del virus, pero sabemos también que, si vienen mal dadas, no dispondremos de remedios adecuados ni suficientes para defendernos de sus efectos. Y ni se habla de la incidencia de la pandemia en África, cuyos efectos se prevén devastadores. El tema, eso sí, sigue siendo tabú, o peor aún, secreto a medias, en boca de unas autoridades que no saben evidentemente qué hacer ni cómo reaccionar ante su amenaza, quizá porque lo ignoran casi todo sobre el caso. Cuando llegue septiembre hablaremos y podremos medir con propiedad esa responsabilidad de los silenciosos, ya veremos a qué precio.

El “sí” catalán

España entera, sus 17 autonomías han debido aguardar a que los catalanes decidan dar su “sí” a ZP para saber cuánto nos corresponderá percibir del Estado en este nuevo sistema negociado exclusivamente con ellos. Andalucía, callada. Y un jerifalte de allá, Joan Ridao, explicando por qué no se conforman siquiera con 3.600 millones sino que exigen los 200 que faltan para redondear su exigencia: “Nos sorprendería mucho que, por una cantidad tan pequeña, Zapatero se buscara la inestabilidad de su Gobierno”. Más claro el agua. Nosotros los andaluces, a pesar de que tenemos más apoyo que ofrecer a esa estabilidad, nos conformamos con el papel de palmeros. En Cataluña hay una autonomía plena; aquí, si acaso, una de segunda

Bomberos de baja

Como en el caso de varias policías locales hace unos veranos, los bomberos de la provincia han recurrido al temerario expediente de darse de baja masivamente (por cierto, ¿los médicos no tienen nada que decir sobre el tema?) para poner en crisis el sistema de emergencia. Una temeridad, insistimos, que debe ser investigada y sancionada como corresponda, empezando por los propios sindicatos a los que hay que suponerles un conocimiento cualificado de la situación. Se ha estado a punto de tener que recurrir al Ejército para garantizar la seguridad de los onubenses. Eso no tiene derecho a provocarlo nadie, por graves que sean sus razones