Delitos y penas

Sigo en la prensa americana –abismada estos días en el vórtice provocado por la muerte de Michael Jackson—el proceso de ‘Bernie’ Madoff, el mago de las finanzas que logró perpetrar la mayor estafa de la historia del dinero y acarrearnos con ella la crisis económica que padece el mundo entero. La pobre viuda no tiene quien la quiera, por lo visto, hasta le extremo de que le niegan el pan y la sal incluso en la peluquería, los hijos se ven rechazados por su entorno, ya ven qué desgracia, y el pobre viejito –que no lo es tanto, pues anda estrenando los 70—aguarda confeso ante un tribunal una condena que, en ningún caso, se espera inferior a los 150 años. Ni la astucia de evitar un juicio por jurado al declararse culpable de todos los cargos podrá evitarle, pues, la severidad de una sanción que ha de resultar leve, se mire como se mire, teniendo en  cuenta la enormidad de su delito y las vastas consecuencias derivadas de él, pero ahí están las voces reclamando indulgencia para el estafador y suavidades a la hora de aplicar una condena que no dejará de ser siempre ridícula si se considera el daño causado. Hasta el juez del caso ha autorizado a Madoff a prescindir durante la vista de su traje penitenciario, para lucir en su lugar un atuendo acorde con la condición social del gran delincuente que pesa sobre la opinión a pesar de los pesares. La misma opinión que suele manifestarse implacable con los pringadillos ligeros de manos, se allana ante al imagen “respetable” del viejo zorro que logró embaucar a los ricos del mundo arruinando de paso, directa o indirectamente, a tantos millones de personas enteramente ajenas a sus exclusivos manejos. El capitalismo sin rostro reclama, una vez más, el anonimato y, en su defecto, una lenidad que, ciertamente, no merece esa delincuencia mayúscula. Si Madoff muriera en prisión, como lamenta por adelantado su defensor, no supondría más que lo lógico en un sistema que calcula las penas en función de los delitos.

 

Nadie discutiría, en principio, que los grandes delitos merecen grandes penas, y sin embargo, ese principio obvio quiebra con estrépito cuando se difracta en el prisma equívoco de la opinión, del que sale dividido entre un rigorismo y una benevolencia difíciles de conciliar. En USA se vive estos días esa tensión que, por un lado, considera la dureza que supone una condena perpetua en la práctica, y por otro no olvida los miles de presos perpetuos que han consumido sus vidas entre rejas por delitos incomparablemente inferiores. He visto estos días, por ejemplo, cien imágenes de la pobre (¿) viuda Madoff atravesando su desierto particular, pero no he visto nunca la de tantas otras como han debido compartir olvidadas las penas de sus maridos. La Justicia americana tiene ante sí una prueba tanto más decisiva cuanto más elemental resulta la causa que se le somete, pero la opinión pública, sin duda, también.

Sociedad subvencionada

Leo entrecomillada la frase del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo: “Las asociaciones andaluzas son rehenes de la Administración”. Y su explicación: eso es así porque “han ido perdiendo independencia al depender exclusivamente de subvenciones y fondos públicos”. La cacareada “sociedad civil” no existe porque la ahoga la influencia política. Desde un colectivo a gay a los grandes sindicatos pasando por los grupos vecinales, toda asociación vive aquí del presupuesto público, lo que las convierte en terminales más o menos sometidas de la Junta. El poder no quiere competencia y la evita comprándola. Esa denuncia del Defensor explica mejor que un tratado el fracaso cívico de esta sociedad.

El Poder se divierte

Que Doñana haya recibido 366 visitas “políticas” –consejeros, viceconsejeros, directores generales, altos cargos e invitados de privilegio– quiere decir que los presupuestos han soportado más de una diaria. ¿Quién ha pagado semejante movida excursionista, el Parque Nacional, la consejería, otros organismos públicos? El erario público, en definitiva, y eso constituye un abuso manifiesto cuyo alcance debería ser investigado. Está visto que no hay quien pueda con el sentido patrimonial de esta tropa ni con su donosa liberalidad a la hora de fundirse el dinero ajeno.

Sexo y política

En los EEUU continúa la conmoción provocada por las confesiones públicas del gobernador de Carolina del Sur, Mark Sandorf, quien entre lágrimas ha confesado ante su santa esposa que se piró una semana a Argentina con su amante porteña. A los americanos les divierten estos vodeviles conmovedores pero los contemplan de otra manera que lo harían los europeos y, por supuesto, los españoles, en la medida en que lo que les atrae de cada caso no es la aventura en sí –a ver por qué un político no iba a merecer el mismo trato crítico por su conducta sexual que cualquier otro ciudadano infiel a su pareja—sino la conducta pública del implicado. El ‘Washington Post’ acaba de descubrir la existencia de un establecimiento correctivo en el que un grupo religioso trata de reconducir al buen camino a los descarriados mediante diferentes técnicas entre las que se incluye la meditación y lectura de la Biblia, los reencuentros conyugales y la oración para el perdón de sus pecados. El recuento que hace el gran diario de los líos del año incluye, además, del gobernador citado, al senador Engins, al gobernador demócrata de Nueva York Eliot Spitzer, al candidato John Edwards y al senador republicano John Viter, todos los cuales habrían pasado por el brete del arrepentimiento sin bien las consecuencias habrían sido distintas entre ellos. Pero el ‘Wall Street Journal’ ha terciado en el debate opinando que, más allá de las dimisiones forzadas de Edwards y Spitzer, la realidad es que en aquel gran país el pecado de infidelidad ha dejado de significar ya la muerte política del pecador. Es la mentira, el engaño, la trampa a la opinión lo que no perdona una sociedad, tolerante con sus hombres públicos de cintura para abajo pero implacable con ellos de cintura para arriba. Se ha dicho que en aquella puritana Babilonia, un político puede hacerlo todo con tal de que no lo pillen con una chica muerta o con un chico vivo en la cama, pero la verdad es que lo que allí no se tolera es la mentira, la insolvencia y la corrupción. El resto, la carnaza, queda sólo para los espíritus píos que regentan el reformatorio citado.

 

Creo personalmente que estamos dando al sexo, en cualquier caso, una relevancia impropia en la vida social, con tanta exhibición de la ‘diferencia’, tanto orgullo trasgresor, tanta pesquisa y tanta carroza. Y que los yanquis llevan razón cuando en un personaje público penalizan la mentira pero sobreseen el desliz que, por más que se lo apropien y manipulen los alcahuetes, propiamente no concierne más que al cónyuge afectado. Aquí nos hemos librado, por el momento, de ver a un prócer lloriqueando junto a su defraudada esposa y no parece que vayamos a verlo. Al menos en eso le llevamos ventaja a esos puritanos tan tolerantes con las pasiones pero tan duros con la defección del personaje público.

Tampoco es eso

Nos referimos al cuaderno divulgativo sobre el aborto –propagandístico, en rigor—editado por la Junta, en concreto por la consejería de Igualdad y Bienestar Social. Tanto se ha pronunciado la fractura maniquea de esta sociedad que a la oposición ideológica a esa práctica, sin duda traumática y moralmente tan dudosa, la Junta, con dinero de todos, opone una pura y simple propaganda destinada a animar al aborto desdramatizando su circunstancia y consecuencias. Y tampoco es eso. Sea cual fuere la posición ideológica ante al aborto, su práctica ha de ser, en todo caso, el último recurso. Banalizarlo desde el Poder resulta tan impropio como insensato.

Dos voces

La del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que ha denunciado la tremenda situación de los asentamientos de inmigrantes en nuestra provincia y concluido que la “respuesta humanitaria” imprescindible ha sido hasta ahora insuficiente. La del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) que directamente ha acusado al Gobierno y a la Junta de “mirar para otro lado” para no ver ese denigrante espectáculo que, evidentemente, conocían de sobra. Dos voces muy distintas que deben hacernos reflexionar sobre la responsabilidad colectiva que a todos concierne pero que para los poderes públicos constituye una indeclinable obligación hasta ahora incumplida.