La gripe que viene

Ha de conservarse la serenidad contra viento y marea de cara a la pandemia de gripe, por descontado, pero para ello sería de lo más efectivo que la autoridad sanitaria –la consejería de la Junta, en este caso—fuera con pies de plomo y sin hacer pronósticos gratuitos como los optimistas con los que, tristemente, fracasó el pasado miércoles al descartar las últimas muertes. Parece lógico que no haya más que una voz en el país, aunque haya que oírsela a esa ministra lega tan pendiente de recolocar su melena. La amenaza es grave y cierta, y ello exige, al menos, una actitud seria y tranquilizadora para evitar el pánico.

Lo de Ayamonte

Con buen criterio, el sindicato CCOO se ha dirigido en súplica a la Diputación para denunciar bla inconcebible situación de la residencia de menores de Ayamonte, con sus carencias intolerables y sus castigos de otra época. Claro que si desde la Diputación no han tardado en replicarle con el consabido mentís, lo que procede ahora es que el celoso sindicato recurra a los tribunales si demora, porque no puede haber diálogo (ni contemplaciones) con quien de antemano se sabe que va a negar la mayor. Lo que no puede consentirse, de ser cierto, es que se produzcan hechos como los denunciados en Ayamonte. Si la Diputación no se presta a investigarlos y corregirlos de inmediato, los discretos denunciantes estarían perdiendo el tiempo.

Vestido y libertad

Este verano ha dado mucho que hablar en casi toda Europa el caso de una mujer islámica a la que los encargados de una piscina municipal le han impedido bañarse en “burkini”, es decir, de una especie de burka compuesto por tres piezas, un amplio velo, una túnica generosa y un pantalón largo. Para empezar los empleados municipales se han limitado a esgrimir la razón reglamentaria que prohíbe el baño vestido en cualquier circunstancia por motivos de higiene elemental, lo mismo si se trata de un velo femenino que de un calzoncillo varonil. No se puede uno bañar con calcetines, eso es todo, ha venido a decir la autoridad respaldando a sus agentes, aparte de que no resulta admisible en ningún sistema de libertades admitir la autodiscriminación de la mujer en función de dudosos criterios morales de inspiración confusamente religiosa. El tema ha trascendido, sin embargo, provocando el replanteamiento del debate sobre el burka o niqab que comienza a dejarse ver por las calles de nuestras poblaciones europeas pero que, en definitiva, en una nación que soporta tan grave presencia de inmigrantes islámicos como Frrancia, no pasa de los 350 casos mal contados, según la policía especializada. Desde la Presidencia del país ya se ha advertido sin tapujos que esa prenda discriminatoria “no es bienvenida” en el país de las libertades y la propia ministra Fadela Amara, argelina de origen, ha descartado la tolerancia con un uso indumentario que oculta oscuras razones y consecuencias reaccionarias. Tal como se prohibió el velo se propone ahora –está en estudio dentro del Parlamento—proscribir un tipo de vestimenta que degrada a la mujer y funciona como ariete del radicalismo menos compatible con el uso democrático. Hay democracias viejas que no se tientan la ropa a la hora de tomar decisiones que son imperativos morales al tiempo que compromisos cívicos.

En última instancia, frente a semejantes causas del fundamentalismo siempre cabe oponer que carece de sentido que una mujer occidental haya de aceptar por sistema el vestido convencional en los países islámicos mientras sus mujeres pretenderían imponer por doquier una indumentaria que, al margen de su inviabilidad en nuestra órbita cultural, suponen, evidentemente, un signo claro contra el proyecto de integración que resulta obligado imponer. Ministras y aún reinas de nuestro mundo occidental han debido cubrirse la cabeza si no el rostro incluso durante las visitas oficiales a esas naciones, ya nos dirán qué sentido tiene aceptar que nuestras calles se pueblen de esa presencia fantasmal bajo la que, inevitablemente, la mujer es despreciada hasta extremos rayanos en la esclavitud. Europa parece que no va a aceptar el reto ni en la calle ni en la piscina. Aquí no sabemos aún que acabará decidiendo el obtuso multiculturalismo empeñado en conciliar lo incociliable y en olvidar unos derechos fundamentales.

Oficios peligrosos

Si desde la oposición va a pedirse en otoño la equiparación del enseñante al funcionario público para defenderlo frente a agresiones que así no serán faltas sino delitos, los sanitarios andaluces denuncian que, en su caso, ni siquiera esa providencia ha servido para frenar a los salvajes que en sólo un quinquenio han agredido a 600 profesionales. No se explica la incapacidad de la autoridad para proteger a unos trabajadores esenciales que, desde hace tiempo, vienen siendo progresivamente avasallados en plan bárbaro por unos usuarios de los servicios públicos que se creen sus dueños realengos y, desde luego, actúan impunemente como si lo fueran. Es necesario reforzar la protección y aplicar con severidad la normativa en una comunidad que no tiene por qué doblegarse ante un puñado de bestias.

Tampoco ayudas

Según las cuentas disponibles, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha dedicado a Huelva menos ayuda económica que a cualquier otra provincia andaluza, a pesar de que, objetivamente, la provincia no es precisamente la menos necesitada. Se confirma la tesis de que el “régimen” no siente necesidad de hacer esfuerzos en una provincia electoralmente segura a pesar de que, curiosamente, en el plano municipal emplee justamente la estrategia contraria, es decir, la de premiar a los Ayuntamientos del PSOE y castigar cicateramente a los que votan a los partidos de la oposición. Son datos para que el votante sepa –con números, no con palabras—para qué sirve su voto, al menos en Huelva.

Leyes por encargo

No es ningún secreto entre los juristas con experiencia y las gentes del foro en general que las leyes actuales han perdido sustancia y estilo respecto de las que las precedieron. Antes resultaba normalmente ilustrativas y no pocas veces gratas de leer aquellas “exposiciones de motivos” en que no era raro que el legislador (el redactor, en fin) dejara libre el vuelo de su pluma y trajera sin contemplaciones citas ilustres para acompañar la intención. Pero todo eso, si no se ha perdido del todo, al menos se ha averiado seriamente, aunque no haya unanimidad de criterios a la hora de señalar el motivo, pues hay quien atribuye la pérdida a la masificación normativa, quién a la impericia literaria hoy generalizada, sin que falte el que trata de relacionarla con el descenso de nivel cultural experimentado por las nuevas generaciones universitarias. Un caso ocurrido en Alemania, que se discute en estos días acaloradamente en aquel país, tiene que ver con la ocurrencia del ministro de Economia, Kart-Theodor zu Guttenberg, de contratar la confección de una ley de quiebras a una consultora externa, a pesar de que tanto las normativa como el tenor del vigente pacto de gobierno especifica que esa es tarea del ministerio de Justicia, como por otra parte parece enteramente lógico y natural. En España esas cosas no son motivo de escándalo, entre otras razones, porque aquí no solemos enterarnos de tales enjuagues y tampoco es frecuente que la oposición hile lo suficientemente fino como para echar de menos los cuartos que han servido para costear el encargo, pero no duden de que más de una y más dos leyes vigentes entre nosotros han salido de áureos y reputados bufetes. En mis tiempos funcionariales había ministerios que tenían en nómina a las estrellas del contencioso-administrativo para evitar topárselos como adversarios en los estrados. Ya me dirán qué puede tener de raro que, ya de paso, se les encargue también a esos expertos que redacten la ley de su puño y letra.

Llevan razón quienes con motivo de la disputa alemana han dicho que confiar a un gabinete de abogados unas tareas que, en buena lógica, corresponderían al propio Gobierno resulta, pro lo menos, irresponsable, aparte de que no falta en la prensa (en el Berliner Zeitung, por ejemplo) quien ponga el grito en el cielo a causa de lo que califica de “despilfarro del dinero público”. Lo importante, sin embargo, es la objeción competencial, es decir, la justa idea de que las competencias políticas han de ser desempeñadas por las instituciones y no por manos ajenas pagada, encima, con cargo al contribuyente. Uno, que quieren que les diga, casi preferiría en ocasiones, a pesar de todo, que los plumillas dejaran la plana a los expertos. No quiero poner ejemplos, pero si eso se hubiera hecho en general nos habríamos librado de más apuro.