Sueño y negocio

El prodigioso movimiento cultural del siglo XVIII, la Ilustración, alcanzó a concebir la comunicación del saber entre los hombres como una “república de las letras”. Hoy día dicen los sociólogos que en el horizonte informático –en la Red mundial de Internet— lo que parece posible es lograr una “república del saber”, un espacio libre para la circulación del conocimiento, un puerto franco que proyectos como el que trae entre manos Google de formar una biblioteca universal al alcance de todos convierten ya casi en una realidad. La idea de que el producto del trabajo intelectual debe regirse como una propiedad mantiene un antiguo pulso con esa otra que reclama la demanialidad de la obra, es decir, una gestión de aquel producto que haga compatibles el derecho del autor con el interés superior de la colectividad. ¿Cabe reservar el saber geométrico, la imaginación filosófica, incluso el invento literario sustrayéndolos al beneficio común? El “copyright” que ya reclamara Lebrija, fue un invento británico que limitó esa regalía a 14 años renovables por una sola vez como también establecería la Constitución americana y tal como aún hoy día reclaman voces ilustradas como la del historiador Robert Darnton, frente a los 70 años tras la muerte del autor que propone la actual normativa europea, incluyendo la española. Es decir, que prácticamente toda la producción del siglo XX quedaría hoy fuera del alcance público, alejando irreparablemente quizá el sueño dieciochesco. Sólo la simpar aventura de Google (un gran negocio, por otra parte) podría eventualmente conseguir que aquella aspiración cobrase cuerpo en la postmodernidad. En España, ya lo verá, hasta puede que, al amparo de una ley absurda, se las avíen para impedirlo los chamarileros que viven de ese cuento.

No merece ni comentario el intento bucanero de la SGAE de cobrarle a los pueblos de Zalamea y Fuente Obejuna los derechos fósiles de Calderón y Lope por la representación vecinal de sus respectivas etopeyas. Sencillamente no tienen vergüenza o han perdido por completo el sentido de la realidad, hay que decir que confiados en una protección política que tiene claro signo partidista. ¡Ay, si levantara la cabeza el pobre Lope que debió mendigar al duque de Sesa las resmas del papel en que escribía y hasta el recado de escribir! Una elemental simpatía nos junta hoy con ese alcalde de Fuente Obejuna que se dice dispuesto desafiar el imperio injustísimo de una ley que constituye un formidable obstáculo a la democratización de la Cultura, y en consecuencia, a rebelarse contra una exacción ridícula que alguien desde más arriba debería tronchar de un plumazo. ¡Qué serán capaces de hacer con los pobres “manteros” si así tratan a la Historia! La SGAE está consiguiendo perpetrar su propia caricatura con rasgos inconcebibles. Pero la culpa no la tiene ella, evidentemente, sino quien desde arriba le consiente un régimen exactor que ha roto ya hasta con el más elemental sentido del derecho.

Nuestros mayores

Son estremecedoras las cuentas del Servicio de Atención a las Personas Mayores de Andalucía. Casi tres mil llamadas de auxilio en un semestre, seiscientas de las cuales denunciaban malos tratos o abandono de los ancianos por parte de sus responsables. ¿Tan difícil resulta controlar eficazmente a los centros de acogida, tanta dificultad hay para poner a disposición de la Justicia a quienes maltratan a los mayores? Sólo una sociedad desalmada puede consentir un escándalo semejante sin que, al menos, caiga sobre esos malvados la mano dura de la Ley. A la Junta corresponde esa tarea que la Justicia tiene que respaldar con firmeza porque lo que está ocurriendo es una vergüenza.

¿Será verdad esta vez?

La orden que declara de “interés general” el aeropuerto de Huelva acaba de ver la luz en el Boletín Oficial del Estado: con cinco meses de inexplicable retraso, pero algo es algo. Queda por resolver el pulso entre los dos proyectos que están en el aire, el privado que cuenta con instalarlo en Gibraleón, y el público que está más en el aire que una cometa. Se trata, en definitiva, de no empezar otra vez con pendencias y enredos, sino de aunar esfuerzos por conseguir que esa ansiada infraestructura vea el campo libre de una vez por todas. Lo cual no está hoy por hoy tan claro como debiera. Esos cinco meses de retraso, mismamente, dan una idea del doble juego que algunos se traen entre manos.

Boca cerrada

La suerte de Clotilde Reiss, la chica francesa de 24 años para la que el tribunal islámico pide pena de muerte en Irán por haber redactado un informe sobre la resistencia postelectoral dirigido a un instituto dependiente de su embajada, no es la peor imaginable en esos escenarios. Compárenla con la de Lubna Husein, condenada en Sudán por otro tribunal de la misma naturaleza a recibir 40 latigazos por usar pantalones. Estamos viviendo una auténtica escalada tras la resistencia iraní que se niega a aceptar el resultado de unas elecciones en las que se han probado ya fraudes de gran calado y, en un plano más general, una ola de moralismo policiaco (Arabia Saudí, Sudán, Irán, Afganistán…) radicalmente incompatible con una convivencia racional. Inglaterra ya ha calificado de “auténtico escándalo” el primero de estos dos casos y Francia ha exigido la puesta en libertad como única solución posible al disparate provocado por el nerviosismo de los radicales, habiéndose registrado reacciones parecidas en Alemania y otros países. La que calla es España. España, omnipresente en los enredos bolivarianos y demás mandangas, no se ha dignado abrir la boca para al menos discrepar de semejantes métodos ni siquiera –que se sepa—a nivel de embajadas. España, la tradicional amiga de los países árabes de Franco, no quiere bajo ningún concepto comprometer ese legado de la dictadura que ahora revive el Gobierno desde la democracia y en plena confrontación mundial provocada por el extremismo teocrático que estos días –también ante la protesta de la comunidad internacional– acaba de condenar a un infeliz, ladrón de joyerías, a ser decapitado y crucificado luego durante tres días para general escarmiento. La España que legitima ‘de facto’ la colonia de Gibraltar o que apoya con decisión el proyecto de Chávez, se niega a inmiscuirse, en cambio, en los incómodos problemas que crea el “fanatismo amigo”. España va a presidir Europa en medio de una inquietante soledad.

Nadie en sus cabales despreciaría una política de entendimiento con ese mundo cerrado y agresivo, pero tampoco es verosímil que aprobara estos silencios ominosos que, entre otras cosas, seguro que nos alejan progresivamente de ese célebre “corazón de Europa” al que el Gobierno, recién llegado al menos, decía que buscaba aproximarse como alternativa natural. Aparte de que su inhibición ante tales barbaries sume en la ambigüedad el tan publicitado proyecto de sensibilización de que este Gobierno ha hecho santo y seña. En especial el silencio absoluto observado frente a ese importante movimiento iraní –al que desde el entorno de Obama se califica de heroico—resulta tan elocuente como desolador. Y de ese mutismo a la complicidad no hay más que un paso que las potencias europeas no cejan de denunciar. La España que apoya a Obiang o a Chávez pretende ignorar estas miserias. Sería un milagro que su presidencia de la UE no pague cara esta intolerable actitud.

Sectarismo evidente

No se entiende el papelón que está haciendo el PSOE al mostrarse indignado pro la denuncia de que la Junta favorece a “sus” Ayuntamientos y “castiga” a los ajenos. Siempre fue así, desde que hay autonomía, pero estando el pandero en manos de un personaje como Luis Pizarro lo difícil sería que ocurriera lo contrario. Es verdad que la responsabilidad final es ahora de Griñán y uno se atreve a confiar en que si está consintiendo este desmadre –realmente impropio de alguien como él– es porque aguarda a fortalecer su posición dentro del partido. La discriminación de los Ayuntamientos es un secreto a voces, sobre todo por referencia a las capitales inconquistables. Reconducir esta injusta situación resulta imprescindible y urgente.

La sombra de ETA

Otra vez la sombra alargada de ETA planeando sobre nuestra tierra. Piensa la autoridad, con buen criterio, que los indicios disponibles permiten sospechar que la banda anda instalando en el Algarbe las bases operativas que Francia le pone cada día más difícil mantener en su territorio. Y en consecuencia el Gobierno español propone una colaboración policial plena con el vecino, habría que decir que por la cuenta que les trae a los dos. La provincia de Huelva, y no sólo por la presencia en la prisión de destacados terroristas, ha dejado de estar fuera del mapa del terror y ello exige medidas como las que, con tan buen sentido, parecen estar tomándose.