Oficios peligrosos

Si desde la oposición va a pedirse en otoño la equiparación del enseñante al funcionario público para defenderlo frente a agresiones que así no serán faltas sino delitos, los sanitarios andaluces denuncian que, en su caso, ni siquiera esa providencia ha servido para frenar a los salvajes que en sólo un quinquenio han agredido a 600 profesionales. No se explica la incapacidad de la autoridad para proteger a unos trabajadores esenciales que, desde hace tiempo, vienen siendo progresivamente avasallados en plan bárbaro por unos usuarios de los servicios públicos que se creen sus dueños realengos y, desde luego, actúan impunemente como si lo fueran. Es necesario reforzar la protección y aplicar con severidad la normativa en una comunidad que no tiene por qué doblegarse ante un puñado de bestias.

Tampoco ayudas

Según las cuentas disponibles, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha dedicado a Huelva menos ayuda económica que a cualquier otra provincia andaluza, a pesar de que, objetivamente, la provincia no es precisamente la menos necesitada. Se confirma la tesis de que el “régimen” no siente necesidad de hacer esfuerzos en una provincia electoralmente segura a pesar de que, curiosamente, en el plano municipal emplee justamente la estrategia contraria, es decir, la de premiar a los Ayuntamientos del PSOE y castigar cicateramente a los que votan a los partidos de la oposición. Son datos para que el votante sepa –con números, no con palabras—para qué sirve su voto, al menos en Huelva.

Leyes por encargo

No es ningún secreto entre los juristas con experiencia y las gentes del foro en general que las leyes actuales han perdido sustancia y estilo respecto de las que las precedieron. Antes resultaba normalmente ilustrativas y no pocas veces gratas de leer aquellas “exposiciones de motivos” en que no era raro que el legislador (el redactor, en fin) dejara libre el vuelo de su pluma y trajera sin contemplaciones citas ilustres para acompañar la intención. Pero todo eso, si no se ha perdido del todo, al menos se ha averiado seriamente, aunque no haya unanimidad de criterios a la hora de señalar el motivo, pues hay quien atribuye la pérdida a la masificación normativa, quién a la impericia literaria hoy generalizada, sin que falte el que trata de relacionarla con el descenso de nivel cultural experimentado por las nuevas generaciones universitarias. Un caso ocurrido en Alemania, que se discute en estos días acaloradamente en aquel país, tiene que ver con la ocurrencia del ministro de Economia, Kart-Theodor zu Guttenberg, de contratar la confección de una ley de quiebras a una consultora externa, a pesar de que tanto las normativa como el tenor del vigente pacto de gobierno especifica que esa es tarea del ministerio de Justicia, como por otra parte parece enteramente lógico y natural. En España esas cosas no son motivo de escándalo, entre otras razones, porque aquí no solemos enterarnos de tales enjuagues y tampoco es frecuente que la oposición hile lo suficientemente fino como para echar de menos los cuartos que han servido para costear el encargo, pero no duden de que más de una y más dos leyes vigentes entre nosotros han salido de áureos y reputados bufetes. En mis tiempos funcionariales había ministerios que tenían en nómina a las estrellas del contencioso-administrativo para evitar topárselos como adversarios en los estrados. Ya me dirán qué puede tener de raro que, ya de paso, se les encargue también a esos expertos que redacten la ley de su puño y letra.

Llevan razón quienes con motivo de la disputa alemana han dicho que confiar a un gabinete de abogados unas tareas que, en buena lógica, corresponderían al propio Gobierno resulta, pro lo menos, irresponsable, aparte de que no falta en la prensa (en el Berliner Zeitung, por ejemplo) quien ponga el grito en el cielo a causa de lo que califica de “despilfarro del dinero público”. Lo importante, sin embargo, es la objeción competencial, es decir, la justa idea de que las competencias políticas han de ser desempeñadas por las instituciones y no por manos ajenas pagada, encima, con cargo al contribuyente. Uno, que quieren que les diga, casi preferiría en ocasiones, a pesar de todo, que los plumillas dejaran la plana a los expertos. No quiero poner ejemplos, pero si eso se hubiera hecho en general nos habríamos librado de más apuro.

Vísceras pueblerinas

Que la concejala ‘pepera’ de Sierra de Yeguas, una vez fracasada de plano en el Juzgado su pretensión de echar al alcalde de un caderazo, busque otras vías para su obsesión y las encuentre en el concurso de la oposición, se comprende en base al odio cerril, a la ambición política o a las frustraciones. Ahora bien, que PSOE y PA acepten ese trato tránsfuga y se rebajen a entrar en la pelea visceral disfrazada políticamente, no es admisible. ¿Por qué apoya ahora esa moción de censura una tránsfuga que hace un mes la rechazaba como contraria a los intereses del pueblo? He ahí una cuestión que deben plantearse los socios de esa ménade enrabietada a la que el juez rechaza como acusadora sin la menor prueba. Lo último sería convertir el pleno en un plató de telebasura, pero parece que en ello están.

‘Muy pronto’, ¿cuándo es?

Nada se sabe de los puentes sobre el Odiel comprometidos en falso por Chaves hace dos años. Ni están ni se les espera, pero la consejera de Medio Ambiente ha dicho que se sabrá de ellos “muy pronto”. ¿Y cuándo es ‘muy pronto’, cuando le venga bien al PSOE, cuando se acerquen otras municipales y de nuevo haya que prometer el oro y el moro con tal de cargarse al hasta ahora imbatible Pedro Rodríguez, durante cuyo mandato parece inverosímil que sus frustrados rivales se avengan a dotar a Huelva de esa infraestructura imprescindible? Hay que repetirlo: la estrategia del PSOE castiga a la capital porque no digiere sus cuatro fracasos en la alcaldía. No busquen más explicaciones si no quieren perder el tiempo.

El maestro armero

Todos hemos podido ver la imagen: un hombre fornido en medio del público que asistía en Phoenix al mitin de Obama, el rifle AK-47 (600 disparos por minuto, munición a prueba de blindajes) terciado en bandolera ante la mirada indiferente. En Phoenix no se precisa permiso siquiera para acceder a un mitin armado hasta los dientes, ni siquiera en caso de inquietante exhibicionismo. Hay demasiadas armas en EEUU y demasiada carga mítica acumulada sobre el derecho a poseerlas y portarlas, como para hilar fino en su control. No hace mucho una veinteañera era detenida en un control cuando llevaba una ametralladora antiaérea del calibre 50 mm. y a otras dos jóvenes las pillaba la policía transportando en su furgoneta trece armas largas, entre las cuales había varios ejemplares del mítico rifle exhibido por el hombre del mitin. Poco o nada tienen que ver estos pertrechos con la licencia que los propios padres de la Constitución americana decidieron otorgar a todo ciudadano como garantía de autodefensa en aquella insegura época fundacional, pero la realidad es que hay millones de armas en manos particulares en un país donde adquirirlas no requiere más requisito que los que serían necesarios para comprar un coche usado. Ni la aterradora estadística de muertes por armas de fuego que cada año se registran en aquella gran potencia resulta suficiente para oponerse a un disparate que cuenta con poderosos lobbies en su defensa y que hasta logró alguna vez que la propia esposa del Presidente se sumara a sus campañas de propaganda. El espíritu de la caravana, el psiquismo del pionero, siguen vivos en medio de la gran sociedad moderna que impera sobre el planeta, a pesar de que no puede decirse que le falten motivos para el escarmiento.

Aquí mismo, en España, hay demasiadas armas, comenzando por los varios millones de escopetas cazadoras pero sin olvidar nuestro participación activa en su mercadeo. Había armas españolas en los embargos realizados en Yugoeslavia en los días de las matanzas, las ha habido en Gaza o en Líbano y las hubo siempre en Marruecos así como en otros países africanos que han padecido razzias atroces estos últimos años. El mismo jefe del Gobierno acaba de sorprendernos con la insigne chorrada de que las armas vendidas por nuestro país a Israel no tenían un destino bélico, pero aún más grotesco resulta que mantengamos el negocio redondo de la fabricación de minas unipersonales por cuya erradicación dice luchar un comité presidido por la Reina. Un hombre con un AK-47 en bandolera, una familia armada hasta los dientes o un “niño de la guerra” posando para la posteridad, no constituyen un escarnio mayor ni menor sino una demostración pura y dura de anomia suicida. Al fin y al cabo, nosotros tenemos una pacifista que ejerce encantada como ministra de la guerra.