¿Más facturas falsas?

Lo que faltaba: el nuevo delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, no se ha acomodado aún en su sillón y ya andan por ahí danzando las consabidas facturas falsas que en esta ocasión habrían sido utilizadas por él mientras fue alcalde de Nerva para justificar la construcción de un monumento a la “memoria histórica” del que nunca se puso ni un ladrillo. ¿Será posible que lo de la mariscada de Valverde no fuera una excepción sino un caso más de cierta regla generalizada? Para que no cuaje esta sospecha más que justificada sería bueno que la Junta explicara por qué el actual delegado de Empleo cobró lo que estaba por hacer y, ya de paso, cómo es posible que ella misma no controlara el lío.

El mercado de esclavos

Está haciendo furor en Francia la discusión en torno a un libro de 2005 en el que el actual ministro de Cultura, Frédéric Mitterrand, hace un público ejercicio de sinceridad terciada de narcisismo para dar cuenta de “La mala vida” que le ha tocado en suerte. Cuenta el ministro sus aventuras, incluidas las atinentes a su intimidad sexual, en términos que, por lo que recuerdo, le granjeó los plácemes de la crítica más abierta y, como es natural, el repudio de la mayormente integrada. En resumen, lo que se plantea ahora –tras le denuncia pública de la hija de Le Pen—es la idoneidad ética de un hombre que alardea de frecuentar lo que él llama “el mercado de los esclavos” sin ocultar que la visión de esa “feria de los efebos” le quita el ‘sentío’ hasta el punto de “no tener ya necesidad de refrenar ni ocultar” semejante impulso. Curiosamente está siendo la derecha la que anda en su defensa y alguna que otra voz de la izquierda la que lo cuestiona, destacando en ese coro la sentencia del portavoz del propio PS, Benoit Hamon, quien ha dicho no poder aceptar que un hombre pueda justificar el turismo sexual con la excusa de la literatura. Viejo tema, aunque no lo parezca bajo la que está cayendo. Leyendo algún ingenuo parangón con la homosexualidad griega, he recordado el eminente libro sobre el tema escrito por Bernard Sergent, en cuyo prólogo puntualizaba el maestro Dumézil que el uso de efebos era entonces algo necesario y justificado desde cierta ideología, pero recordando que todavía en la Sorbona había quien trataba de encubrir púdicamente la pederastia y el efebismo platónicos que, no por ser semejantes, tenían por qué ser idénticos a los actuales. Mitterrand en los burdeles machos de Tailandia no es diferente de cualquier otro explotador de la pobreza y la incultura. No pasaría nada porque –una vez salvadas las distancias—si su foto apareciera junto a la del “monstruo de Amstetten”.

Distiguir entre la pederastia y el efebismo es necesario, por supuesto, pero yo le preguntaría a Mitterrand cómo supo él, el turista rico, en cada caso, si cada chapero pobre que se ventilaba era menor o no lo era. Aparte de que, como él mismo ha reconocido ahora, esas maravilladas experiencias suyas constituían, en todo caso, una ofensa a la humanidad. Escribía Sergent que esa idealizada relación sexual del varón clásico no era sino un privilegio de los machos dominantes en una sociedad primitiva. Una obviedad que hace más inconsistentes las referidas defensas. No habíamos salido de Polanski y ya estamos en otra. Los machos dominantes son siempre, como puede verse, aquellos que tienen poder.

La función clientelar

Los buenos funcionarios, que son legión, tragan y tragan por no explotar, resignados ante la evidencia de que Junta de Andalucía (supongo que como otras) ha convertido las Administraciones en sus feudos y las burocracias en su clientela. Olvidada la famosa “reforma administrativa”, no cejan las sentencias que ponen en ridículo la política de recluta de personal seguida por la autonomía, una política partidista al máximo que lo mismo despide a los médicos veteranos para sustituirlos por amiguetes que mantiene en el paro a los “matrículas” de las oposiciones, mientras designa a dedo la totalidad de los puestos de responsabilidad. Al PSOE se le podrá decir lo que se quiera pero no que no haya sabido montar su tinglado del modo más sólido.

¿Qué será de la Dipu?

Da la impresión de que el futuro de las Diputaciones –esas casas expletivas o redundantes en un régimen autonómico—queda cogido por los pelos en la nueva ley que, a de aquí a sabe Dios cuando, se propone reformar el gobierno municipal de nuestros pueblos y ciudades. Y es lógico porque ya me dirán qué sentido tiene decir, por ejemplo, que la Diputación se encargará del planeamiento económico provincial estando ahí la Junta de todos, y sobre todo, cómo explicar el mantenimiento de un gasto sobrecogedor sin necesidad ninguna. Lo probable será, sin embargo, que esos tinglados permanezcan como lo que son, como refugio de “arrecogíos” clientelares de todos los bandos en liza. Actuar en esto como pide el sentido común equivaldría para ellos a hacerse el harakiri.

Carne de presidio

Me defiendo encantado de la insinuación de un lector que percibe en mis críticas a la ley del Menor y a las situaciones derivadas de la delincuencia juvenil, un cierto rejo autoritario. Nada de eso. Estoy de parte como el que más de una política de cualquier medida que pueda impedir, actuando desde la base, que se produzcan esos cuadros inasumibles, lo que en absoluto impide que vea en la respuesta actual del Sistema un verdadero atentado contra la seguridad colectiva. Ha caído en mis manos un informe elaborado en Florida que ha dado pie a una intensa polémica al descubrirse que, en este momento, existe en EEUU más de un centenar de menores recluidos a perpetuidad por delitos como asaltos a mano armada, estupros y demás, es decir, excluidos los de homicidio en general, por los que penan en las mismas condiciones –aparte los condenados a muerte—alrededor de 2.500. Lo he leído en ‘Los Angeles Times’, que ofrece dos ejemplos espeluznantes, uno, el de un tal Sullivan que cumple la perpetua por rapto y violación cometidos a los 13 años, y otro, el de un tal Graham declarado ‘incorregible’ por el juez del caso y, en consecuencia, recluido a perpetuidad. Miren, yo nunca he defendido semejante política penal y penitenciaria, ni creo que lo haya hecho nadie en sus cabales, al menos en nuestro ámbito cultural. Pero no tengo grandes dudas en que debe de haber un término medio entre el cachondeo que estamos presenciando aquí y barbaridades realmente inhumanas como las que acabo de citar extraídas del informe Annino, en estos momentos en manos de la Corte Suprema que estudia la posibilidad de que una situación como la descrita vulnere la Constitución. Lo que yo digo es que no es posible seguir evaluando a precio de saldo asesinatos, parricidios con o sin violaciones y, para colmo, incuestionables obstrucciones a la Justicia beneficiadas por el excesivo garantismo. Mi crítico puede estar tranquilo.

 

No se puede recluir de por vida a un niño de trece años por grave que sea su delito, pero tampoco es lógico saldar con penas irrisorias de privación de libertad delitos incluso más terribles que aquellos por los que en “la mayor democracia del mundo” se castiga de manera tan atroz. Más allá y más acá de causas y concausas, al margen de debates sobre las influencias recibidas de la sociedad, la conducta del menor ha de ser controlada en términos que hoy ni se conciben desde los graves “casos” pendientes. También ahí sería preciso un gran pacto social y político capaz de evitar la bárbara inhumanidad de remedios como los americanos al tiempo que la ridícula lenidad que se gasta entre nosotros.

Presupuestos mojados

Ahora resulta que las partidas para inversión destinadas a Andalucía, siempre tan recortadas, ni siquiera se cumplen. Desde el año 2005, en efecto, se han dejado en el aire nada menos que 2.300 millones largos de euros sin invertir, una vez que su mera consignación en el Presupuesto diera ya sus frutos políticos al Gobierno, razón por la que desde la oposición se  va a pedir una cláusula que garantice esas inversiones comprometidas igual que la que se ha dispuesto para al menos otras tres comunidades, Cataluña, ‘of course’, Castilla-León y Baleares. Uno se  pregunta para qué sirve el Parlamento de Andalucía, esa cámara expletiva desde hace años en la que se cobra entre 3.000 y 6.000 euros al mes, incluida la oposición.