Libertad pero menos

El sindicato UGT ha descabezado la candidatura que pretendía competir en el próximo congreso provincial con la dirección oficialista. Está muy bien el pluralismo y todo eso pero no tanto si llega a cuestionar los designios del mando que, como antiguamente decían algunos, “siempre lleva razón”. Dice el beneficiado y protegido, Jorge Puente, actual secretario general, que “lo normal, es que haya continuidad”, es decir, que lo dejen seguir a él y nadie pretenda ponerse en su lugar (ni en su nómina) ni siquiera por vía legítima. Esta clase política profesionalizada defiende su continuidad con uñas y dientes. El resto es prescindible.

Libertad y control

Entre las leyendas de la clandestinidad había una, ignoro hasta qué punto real, que aseguraba que  los servicios policiales encargados del DNI introducían en los correspondientes a personas políticamente sospechosas, señas fácilmente identificables como un espacio entre las letras del nombre y fallos por el estilo. Siempre fue vista la documentación con aprensión por el ciudadano y, en especial,  por el de las sociedades democráticas consolidadas, como lo prueba que en los EEUU, ni siquiera después del tsunami del 11—S exista ese documento para nosotros ya tradicional. Tampoco existe en Inglaterra desde que Churchill lo suprimió al final de la Guerra, donde un proyecto de Blair posterior a los atentados de Londres naufragó ante la enérgica reacción de grupos defensores de las libertades civiles apoyados por diputados laboristas y, ni qué decir tiene, con la firme oposición de los ‘tories’, ese conservatismo inglés cuya impronta cromwelliana no hay quien la despinte. Casi todos los países europeos cuentan con su carta de identidad o, como Dinamarca, con su fichero central de la población, aunque haya algunos, como Francia, en el que es gratuito pero no obligatorio, mientras una fuerte oposición se opone a la pretensión gubernamental de reforzar los controles con bases de datos ciertamente invasivas que incluso incluyen a los menores. El caso más llamativo es el de la India que prepara un sistema de identificación universal (bastante más de 1000 millones de números asignados) para controlar a una población que con frecuencia duplica la personalidad (para obtener ayudas, por ejemplo), por lo que se esperan aquel posibles sorpresas antes de que sea posible censar seriamente tan vasta muchedumbre, entre ellas la comprobación  de que al menos un millón de indios pudieran ser sencillamente ficticios.

 

Es el terrorismo, por supuesto, la causa de la visible tendencia controladora del Poder un poco en todos los países afectados, pero ni esa causa rotunda ha sido capaz de diluir la ancestral desconfianza hacia el control de las personas libres que, en su origen, estuvo ligado a simples objetivos fiscales o recaudatorios. Los ingleses no quieren ni a tiros llevar en el bolsillo un certificado de sí mismos y menos aún permitir que una máquina les registre el iris o almacene su ADN, pero no es exclusiva de ellos la prevención ante el poder controlador del Estado, en el que ven una amenaza a su libertad y a su vida privada. Un inglés o un yanqui se dejan fichar gustosos en el pasaporte para garantizarse en el exterior el privilegio de su identidad nacional. Spencer sigue vivo en el inconsciente de esos pueblos. Ni con lo que llevamos pasado, el carné ha logrado ser en el nuestro algo más que una prótesis obligatoria.

Aprobar en la “delega”

No se le puede propinar golpe más fuerte a la autoridad docente que cuestionarle su indivisible derecho a calificar al alumno. Nadie puede aprobar o suspender más que el profesor, y en caso de presunta arbitrariedad, además de la Inspección, ahí está la Justicia. Pero que un delegado de la Junta apruebe por decreto a los alumnos suspendidos por sus profesores constituye un auténtico atentado a la norma y al sentido común. Y se aprueba desde la Junta –ésta reciente no es la primera vez–, sobre todo cuando se mueven bien los palos de la influencia electoralista. ¿Ésta era la prioridad que Griñán prometió dar a la enseñanza? Algunos, a pesar de todo, seguimos confiando en que no.

El mal rollo del AVE

No hace falta acumular argumentos, como ha hecho con solvencia Curro Moro, para demostrar que si el Gobierno del PSOE no le mete mano con decisión al archiprometido AVE a Huelva es porque así se lo aconsejan sus cálculos políticos y no porque el Ayuntamiento boicotee una obra que, en modo alguno, el Gobierno y la Junta admiten que llegue a buen  término mientras Pedro Rodríguez sea el alcalde de la capital. No haciendo el AVE luchan contra el alcalde pero castigan a Huelva, esa es la única realidad. Una realidad que a esta tropa de gastapanes lleva demostrando desde hace años que no les importa lo más mínimo.

Sarna con gusto

El argumento preferido de Silvio Berlusconi para justificar sus innumerables agravios a la dignidad presidencial es, sencillamente, que los italianos lo quieren tal como es, a juzgar por sus éxitos electorales. Y eso es verdad, básicamente, sin perjuicio del bochorno que a muchos de sus compatriotas les causan escenas como las pornográficas registradas en su villa de Cerdeña o ese video ruin que anda por la Red en el que se ve al Cavaliere escenificar del modo más soez una escena de acoso corporal a una desprevenida oficial de policía que estaba en el lugar. Que el Presidente se salvara por prescripción en el año 2007 del delito de haber comprado a un juez, a través de un abogado suyo, o que, justo antier, el Tribunal Supremo decidiera anular su bochrnosos autoblindaje, lo que abre paso a su posible condena, no parece inmutar a un electorado que ha recibido con indiferencia la sentencia de un tribunal milanés que lo condena a pagar 750 millones de euros, la mayor indemnización conocida en el país para indemnizar a los propietarios de la editorial Monadori con la que el actual primer mandatario logró hacerse, al parecer, sobornando un magistrado. Pura delincuencia, como se ve, ilimitada voluntad de poder para el que nada cuenta el imperio de la ley ni un “qué dirán” que, por desgracia, al menos hasta ahora, ha tolerado con cierta connivencia simpática sus despreciables hazañas. Desde la oposición se protesta recalcando que estos hechos sitúan la hacienda y el comportamiento del Presidente “por encima de las leyes penales, de las administrativas y de las éticas” y que incluso un sujeto de su catadura debe entender que los tribunales deben aplicar las normas a todos por igual y no “a todos menos a los poderosos”. Nunca es fácil para un payaso distinguir le raya que separa la broma del sarcasmo.

 

Ni que decir tiene que la reacción del Gobierno no ha si otra que echar mano de la teoría del complot, su viejo recurso, y acusar a la oposición de tratar de deslegitimar el voto de un pueblo que, si los sondeos siguen retratando como sostenedor de ese truchimán, estaría contribuyendo, quién sabe si irreversiblemente, al desmontaje moral y ético de la propia democracia. Nunca un mandatario –el último Yeltsin incluido—rebajó a esos niveles de indecencia el imprescindible prestigio de la representación. La vida pública italiana –es patético el eco de sus pensadores y críticos—está por los suelos, rizando el rizo de su legendaria tradición agiotista. Y la imagen de Berlusconi se ha convertido en el emblema cabal de ese desastre. No hay democracia que resista el peso de un payaso fuera de la ley en su centro de gravedad.

La huelga de jueces

No quiere el TSJA que haya huelga de jueces y eso entra en lo razonable. Pero pretende coaccionar a los que quieran ejercer su derecho a la huelga, y eso ya es distinto e intolerable. Desde la presidencia del TSJA, como si se tratara de cualquier consejería, se cursan instrucciones a las Audiencias para que sean los propios magistrados no huelguistas quienes “delaten” a aquellos que lleguen a realizar el paro. No es novedad esta sumisión del órgano a la Junta pero sí que lo parece una providencia que trata a unos jueces sin el menor respeto a sus derechos e incita a otros a desempeñar un lamentable papel. La Justicia tiene muchos problemas encima. El de una huelga profesional debería dejarlo para la burocracia política.