El color del poder

Contra el presidente Obama se agita una cruzada en la que se confunden grupos racistas con corrientes populistas y fundamentalismos sectarios, por el momento en pequeña escala. Son frecuentes las imágenes públicas de Obama con atributos de Hitler o Stalin y menudean en los periódicos manifestaciones de la derecha radical que atribuye al Presidente nada menos que el proyecto de convertir los EEUU en “un país socialista”, en especial tras lo que consideran la “nacionalización de la industria del automóvil” y los forcejeos en torno a la generalización de la sanidad. Obama tiene enemigos y su popularidad decrece aunque, de momento, no ha saltado ninguna alarma en su entorno ni en los observatorios mediáticos. Un asunto notable se suma ahora al caso: la petición formulada al Presidente por el ex-candidato McCain y el congresista Peter King –dos grandes aficionados al boxeo—para que utilice la prerrogativa presidencial a favor de la memoria injuriada de Jack Johnson, el púgil negro que hace un siglo casi justo conquistó el título de los pesos pesados pero hubo de abandonar los EEUU perseguido por un FBI que por aquella época se atenía a estrictos criterios racistas y que se vieron exacerbados cuando el campeón noqueó a James Jeffries, la esperanza blanca de un país instalado en el tópico de la superioridad caucasiana. Pues bien, Obama ni siquiera ha contestado a esos requerimientos, tal vez temeroso de que una de sus primeras gracias recaiga sobre un negro famoso cuya memoria infama no sólo a un pasado intolerante sino a un presente nunca del todo libre del pleito entre las razas. Lo malo es que si un político en la cima de su poder no se siente libre para imponer un gesto tan elemental, no faltará quien saque partido acusándolo de indeciso o timorato. Entre estos últimos y los que vociferan que “está destruyendo el país” bien pudieran acabar organizando una coral inquietante. Y Obama, naturalmente, lo sabe. El Poder implica estas miserias incluso cuando es excepcional.

La paradoja es que el primer presidente negro se sienta condicionado por el color de su piel y tema adoptar resoluciones a favor de la minoría con un recelo que un presidente blanco no se plantearía siquiera, como lo prueba que sus dos predecesores, Clinton y Bush, han usado de esa prerrogativa hasta el punto de hacerla sospechosa ante la opinión pública. Todo el prestigio y la popularidad de Obama no bastan, en definitiva, para borrar de un plumazo la red de prejuicios que retratan a una sociedad tan lejana todavía de la concordia efectiva como para recelar del indulto de un negro condenado por los racistas hace nada menos que un siglo.

Doble actitud

El respaldo concedido por el Gobierno a las investigaciones de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Baena, que el alcalde y senador del PSOE calificó como complot entre IU y el Instituto Armado, merece el mejor elogio. No se entiende, por eso, que se mantenga la indiferencia frente al caso grave que supone que un alcalde responsable último de hechos tan ruines como los perpetrados en aquel Ayuntamiento –facturas falsas para pagar puticlubs–, dejando corre el tiempo y esperando a verlas venir. Si ese alcalde/senador no es responsable de nada, el Gobierno debe restituirle por todos los medios su perdido buen nombre, y si no lo es, no se explica cómo (ni por qué) le permite permanecer en su puesto.

Crisis para algunos

La crisis es para algunos, no para todos. Ahí tienen a ese enchufado en la Diputación que ha triplicado el suelo en unos cuantos años a base de decretazo limpio, pasando de cobrar 1.000 euros al mes como auxiliar grupo D a trincar nada menos que 15.000 solamente en complementos. Seis decretos y dos acuerdos plenarios han sido precisos para que ese enchufado superara olímpicamente a la masa de sus compañeros, pero eso es algo que no parece inquietar a esta tropa que ha hecho de la normativa un trampantojo. ¡Gran negocio el carné de partido! Es una vergüenza que los sindicatos no tengan nada que decir de abusos como éste.

Los platos rotos

Parece que se abre camino la idea de cobrar a los aventureros imprudentes los costes de su eventual rescate. En Drôme han dado un paso más y piensan pedir responsabilidad penal a unos espeleólogos por haber puesto en peligro vidas ajenas con motivo de su búsqueda y rescate, en los que participaron, como es habitual en estos casos, cientos de bomberos, voluntarios, gendarmes y hasta helicópteros, cuyo coste final se calcula en un buen montón de miles de euros. También en España esa sorda protesta ciudadana empieza a decidir a los responsables políticos a adoptar medidas, al menos compensatorias, de manera que sean quienes por negligencia o audacia provocan las movilizaciones quienes acaben pagando las facturas correspondientes. En este sentido, ha sido Cataluña la primera comunidad en establecer la obligación del rescatado de resarcir a las Administraciones de los gastos producidos, una providencia no poco razonable a la que enseguida se han sumado Madrid y Cantabria, no sin la previsible protesta de ciertos grupos que conciben como ilimitado el derecho del ciudadano a ser asistido por los medios públicos en cualquier situación. Se piensa también en forzar a los excursionistas que puedan correr peligro en su aventura a suscribir el correspondiente seguro, generalizando una práctica hasta ahora reservada al ámbito federativo, pero hay en la protesta de Drôme un elemento nuevo y digo de tener en cuenta, a saber, el hecho de que, además de las consecuencias económicas, la resolución de situaciones de alto riesgo, como suelen ser la mayoría de las operaciones de rescate, supone riesgos gravísimos para los rescatadores. La libertad de arriesgar la propia vida no habilita a poner en riesgo la ajena. El viejo concepto de imprudencia alcanza, por fin, a estas conductas hasta ahora exentas de toda responsabilidad.

No es extraña la reacción del contribuyente cuando se entera de que importantes equipos y prohibitivas dotaciones pasan, como han pasado, diez meses buscando el cadáver de un montañero en un serrijón o que miembros de un ejército de rescatadores hayan debido jugarse la vida durante cuarenta horas a 700 metros de profundidad, incluso abriéndose camino a base de arriesgadas explosiones, para extraer de ella a quien había desatendido elementales medidas de prudencia. Lo que llama la atención es que aún se levanten voces reivindicando ese derecho a la imprudencia que sólo la majadería puede incluir en el deporte. Si no tiene sentido que una negligencia deba ser pagada a escote entre todos menos lo tiene, desde luego, que poner en riesgo la vida ajena, como si de un juego inocente se tratara, carezca de sanción.

Un mapa necesario

Para que los escándalos no sean, como hasta ahora, estrellas fugaces en este cielo cada día más negro, habría que hacer un mapa detallado que fijara esta geografía política del saqueo político. Evitaría ese mapa que ladrones y conseguidores se fueran de rositas con sólo esperar en cada caso a que amainara el temporal mediático, y permitiría, además, conocer con detalle una realidad que se escabulle entre dimes y diretes. En Andalucía el mapa habría de mostrar que casi nadie se salva de la quema, pero que es abrumadora la mayoría de “casos” vinculados a la hegemonía del gran partido que gobierna el “régimen”. Ese mapa tendría que ser exhibido en los colegios electorales para que cada votante supiera a qué atenerse.

Cuña propia

Esta vez se trata de una cuña de la misma madera, la voz del mismísimo director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hiraldo, proclamando a los cuatro vientos que el debatido proyecto de construir otra refinería en Huelva constituye “un disparate lo diga quien lo diga”. Hiraldo dice que si las refinerías son necesarias no hay más que buscarles un sitio adecuado, pero se opone en los términos concluyentes que reproducimos a un proyecto que amenaza no sólo al Parque Nacional sino a las playas de nuestro litoral. Una voz oficial, por fin, y en este caso la voz de un científico reputado que ha contado hasta ahora con la confianza de las mismas Administraciones que promueven el cuestionado negocio.