Toros y teatro

La iniciativa separatista para abolir las corridas de toros están dando para mucho. Por su parte, el PSOE, en su condición de cooperador necesario de esa arbitrariedad, da y quita la libertad de votos a sus diputados, según el escenario. Y desde Andalucía se invita a los diputados catalanes a viajar gratis a nuestra tierra, a cargo de Gobernación, para que –como si se tratara de siberianos o zulúes– conozcan de cerca lo que es el mundo el toro. Sería difícil perpetrar más tonterías en un solo proyecto, aunque en manos del compañero Pizarro, director de escena en esta ocasión, nada es descartable. Griñán, que es otra cosa y muy distinta, seguro que se estará riendo mientras deja hacer.

Navidades negras

Una grave noticia ha ensombrecido las jubilosas navidades que, a pesar de la situación socioeconómica, se está viviendo en nuestra tierra. El asesinato de una mujer colombiana de 42 años a manos de su compañero, un joven cubano de apenas 21, el cual, tras asestarle varias puñaladas y degollarla, lanzó su cadáver por la ventana al patio interior de la vivienda antes de presentarse en comisaría a denunciar cínicamente la desaparición de la víctima. Se trata de una plaga que afecta a casi todos los países europeos y que en España no ha podido detener una ley de defensa de la mujer a pesar de la dureza y desigualdad que en ella ven, además de una vasta franja de la ciudadanía, muchos jueces y fiscales. Un acontecimiento luctuoso que ha dañado sin remedio el sentimiento solidario propio de estos días en una ciudad que en nada destaca en medio del panorama violento de estos tiempos.

Pellas y rabonas

No han inventado nada las actuales generaciones. Siempre hubo en la vida escolar “pellas” y “rabonas”, deserciones libertarias del alumno que decidía colgar los libros y echarse a la mañana abierta en busca de emociones. El abandono escolar era entonces el exceso de esas prácticas, y no como ahora un concepto concerniente a la estadística y, por tanto, a la política. Acabamos de saber que España y, sobre todo, Andalucía, duplican la tasa europea de absentismo y que vamos a peor, alejándonos progresivamente de ese 10 por ciento como máximo que era y es el objetivo fijado en Bruselas para el 2010. Treinta y uno de cada cien alumnos andaluces fracasa como alumno y ante esa realidad –altamente compleja, desde luego, vista desde la sociología—a la Junta no se le han ocurrido más que dos providencias a cual más extravagante. Una, pagar a los profes para que, abriendo la mano, redujeran los suspensos, propuesta dignamente rechazada por los docentes; otra, pagar a los alumnos 600 euros por el mero hecho de asistir a clase, ésta sí calurosamente acogida por la ‘basca’ que ha cursado de inmediato casi 27.000 solicitudes. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, sería conveniente que la Junta lo aclarara facilitando datos fiables, pero de momento sabemos que en Sevilla, de 6.275 aspirantes sólo han podido admitirse 690; en Cádiz, de 4.686, sólo 567, en Málaga, de casi cuatro mil solicitudes, apenas 477; en Huelva, de 1.598, doscientos raspados. La pesquisa de la Junta acabó descubriendo que esa enorme mayoría tramposa no estaba matriculada siquiera o andaba inscrita en el registro de paro. ¿Y qué esperaba? Lo que carece de sentido es iniciar en la picaresca a los jóvenes y acusarlos luego de pícaros. Hemos llegado a un punto en que ya no sabemos si la enseñanza es un derecho, una obligación o un mérito retribuible. Los aprendices de brujo de la sociedad subvencionada han tocado fondo.

La causa de semejante crac no hay que buscarla sólo en las leoneras de la chavalería, sino en los cambios profundos de una sociedad en la que han saltado hechas trizas las estructuras familiares a causa de la abducción laboral de los padres pero también motivado por la crisis general de la autoridad, sin olvidar el efecto disuasor que sobre los jóvenes ejerce la pésima perspectiva de trabajo. Es difícil retener promociones a las que aguarda, en el mejor de los casos, un futuro mileurista, e imposible tal vez en un universo anómico donde el saber ha perdido su rango y el propio sistema educativo no sabe ni lo que quiere. Puestos a salvar los muebles, menos mal que la plutocracia envía sus hijos al extranjero o a la enseñanza exclusiva.

Hojas de ruta

Es inimaginable qué sería de esta política parcheadora sin ese invento que son las “hojas de ruta”. ¿Cómo vivíamos antes de que al yanqui se le ocurriera ese concepto ubicuo y multiuso? Ante un problema gravísimo, ya saben, creen una comisión de estudios; ante uno insoluble, esgriman una “hoja de ruta”. Que es, ni más ni menos, lo que la Junta está haciendo en Astilleros ante los manejos de los empresarios y la veleidad de los sindicatos, por no hablar del desistimiento de un PSOE en el poder que dio mítines en sus talleres cuando le convino y ahora ni está ni se le espera. Cuando alguien les venga con el cuento de la “hoja de ruta” échense a temblar.

Las manos en la caja

Continúa el escándalo y el estupor general ante la revelación de las maniobras del grupo municipal del PSOE en la capital, tendentes a boicotear por todos los medios la acción del gobierno legítimo. Un asunto que, de paso, pone en evidencia el atropello que supone depositar las Cajas de Ahorro en manos de los políticos en el Poder, capaces, como en este caso, de aniquilar a las instituciones regidas por la oposición asfixiándolas financieramente. La carta de ese tal Baluffo pidiéndole a Cajasol que denegara la petición aprobada en Pleno constituye un alarde de juego sucio inconcebible en democracia. La politización de las Cajas es el mayor atraco perpetrado en esta democracia.

Los verdaderos pobres

Esa expresión, los “verdaderos pobres”, se acuñó en la España castiza para distinguir entre los mendicantes a quienes de verdad sufrían pobreza severa, como ahora se dice, de aquellos otros que la intuición popular conoce como “pedigüeños”. En la España del XVII se llegó a colgar a los primeros del cuello una cédula de bronce en la que se garantizaba su condición de pobre genuino, y sin la cual la mendicidad pasaba a constituir un delito perseguible si más, todo en medio de una polémica que implicó a plumas tan versadas como las de fray Domingo de Soto o el doctor Cristóbal Pérez de Herrera, pero a la que la Iglesia arrimó también el pan y el caldero caliente hasta constituir la gran sustentadora de los necesitados de toda especie. Es triste que se aluda a aquella hazaña –porque hazaña fue en muchos casos, como lo sigue siendo—con el concepto de la “sopa boba”, ni más ni menos que porque hay un acuerdo general en que, sin ella, aquella España hubiera estallado en el conflicto aparte de morirse de hambre. Nunca hemos superado, en realidad, ese fracaso del Estado frente a la población necesitada ni nunca ha dejado esa Iglesia de paliar con su esfuerzo la incapacidad política para atender precisamente a los más necesitados. Antier mismo, el IV Informe sobre la Acción Social ante la Crisis que elabora Cáritas Española ha lanzado a la cara del Estado datos intolerables: que su acción ha batido su propio récord al atender durante este año a 800.000 necesitados de urgencia –alimentos, vestido, alquileres, hipotecas, ayuda básica en definitiva– ante la demostrada incapacidad de aquel para resolver el problema de la pobreza como lo prueba el hecho de que más de la mitad de los atendidos venían derivados de una Administración que, dividida en dieciséis taifas, ha fragmentado la política social hasta el punto de que ni siquiera dispone de una respuesta única ante la necesidad. El Estado munífico que socorre con urgencia a la gran banca y a los sectores más influyentes ha fracasado frente a la asistencia de los más débiles. La sopa boba sigue siendo imprescindible. Pregúntenle, si tienen dudas, a los propios sopistas.

En medio de esta guerra declarada a la religión tradicional (no a las otras, ojo), el Gobierno no es capaz de pisar la raya roja de la miseria, entre otras cosas, porque sabe que ahí está esa mano mordida para sustituirle con altruismo. Y la crisis se ha encargado de poner la necesidad al rojo, mientras la política contempla inhibida el espectáculo conmovedor de los “verdaderos pobres” rebotados desde las oficinas del Poder a las tradicionales puertas del convento. 800.000 familias con la mano tendida son demasiadas, sobre todo para un Gobierno que cifra su progresismo en prohibir los crucifijos en público.