El consejero estupendo

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta en Huelva, Luciano Alonso, tiene muchas cosas que hacer aparte de leer la prensa. Por eso, alega él, no “recuerda” si le endiñó o no le endiñó 80.000 euros del ala a su compañero de partido y alcalde de Punta Umbría. Don Luciano debe de creer que el ciudadano/contribuyente es tonto, pero alguien por encima de él debería sentirse en la obligación ética y estética de requerirle para que no diga tonterías él mismo. Más listo ha sido el de Empleo que no ha negado el pelotazo correspondiente al mismo beneficiario sobre el que, insisto en ello, me parece que no deben recaer las críticas tanto como sobre la Junta pródiga, amiguista o amnésica.

Muerte a destajo

Ayer se inauguró en Ginebra otro congreso Internacional contra la pena de muerte, nuevo intento de presionar desde la sociedad civil a los poderes estatales para que asuman la convención contra el suplicio adoptada por la ONU en 1989. Se manejan cifras escalofriantes, a partir del dato oficial de que al año se ejecutan en el planeta a unas 10.000 personas, de las cuales el 93 por ciento corresponde al macabro quinteto que componen China, Arabia Saudí, EEUU, Pakistán e Irak. De nuevo vemos multiplicados los argumentos tradicionales, entre los cuales quizá convenga destacar la conclusión del prestigioso instituto francés Cesdip en el sentido de que, tras la abolición de la pena capital en Francia a principios de los años 80, en modo alguno aumentó la delincuencia mayor, mientras que las cadenas perpetuas impuestas por los tribunales se doblaron prácticamente. ¿De qué sirve la ONU si sus recomendaciones son papel mojado para muchos Estados miembro y, en especial, si las grandes potencias, con los EEUU a la cabeza, descuellan en el rigor represivo? Sirva de muestra un dato: entre los países considerados “retencionistas”, es decir, los que mantienen vigente la máxima pena y la ejecutan de hecho, se cuentan hasta 58 de los 197 que componen la gran asamblea mundial y 18 pertenecen a los propios EEUU. Casi 2.400 reos fueron pasaportados durante el año 2008 en una veintena larga de países a pesar de que existan ya más de un centenar de ellos que son abolicionistas de derecho y 35 que funciona “de hecho” como tales, por no hablar de la inimaginable realidad de los “corredores de la muerte” que ahora –noten el grado de pragmatismo cínico que supone el hecho—comienzan a ser cuestionados, no por su intrínseca inhumanidad, sino por su elevado costo. Se plantea en Ginebra el violento contraste moral que supone el mantenimiento de la vigencia del hacha, la soga, el pistoletazo en la nuca, la descarga eléctrica o la inyección letal en un mundo no poco narcisista que exhibe el progreso humano como su mejor blasón, pero no sobra el optimismo alrededor de esa cumbre. Hay miedos ancestrales que pueden con todo. Al fin y al cabo, el abolicionismo cuenta apenas con dos siglos y pico de historia.

Vieja cuestión. Repetiré el convencimiento del maestro Remy de Gourmont de que los defensores del suplicio tienen más en común con los convictos que con los abolicionistas, en espera de que esta nueva llamada a la conciencia universal sirva para algo. ¿No se esperaba de Obama un giro radical frente a esta barbarie? No es difícil deducir de su actual connivencia la enorme dificultad que implica arrebatarle al mono asesino su instinto ancestral.

El trabajo negro

Ahora salen los técnicos de Hacienda “descubriendo” cuánto crece la economía sumergida –6.322 millones desde el año 2000–, como si ese mercado negro no fuera uno de los seguros que garantizan que no explote la olla a presión que es una comunidad con un millón y medio de parados y cuyo sistema asistencial es tan ‘clientelar’ que ha logrado hacerse famoso. ¿Ahora descubren que hay subsidiados que trabajan o que se niegan a trabajar como no sea “sin papeles” para no perder el subsidio? Andalucía soporta esta enorme presión del desempleo, en buena medida porque se hace trampas a sí misma. Verán como esos observadores tan ajustados no son capaces de localizar casos concretos y poner boca arriba la baraja.

Más claro, el agua

Mientras mejor conocemos la relación de la Junta con la empresa del alcalde de Punta Umbría, más claro resulta que el trato de favor ha sido no solamente manifiesto sino lesivo para el pueblo en cuestión, al que se le negaron todas las subvenciones y ayudas. Se puede deslindar entre el negocio y la actitud personal del alcalde, pero las cosas son como son y no de otra manera, y lo que conocemos certifica que la Administración que gestiona el PSOE se volcó en apoyos millonarios a ese alcalde una vez que aceptó contribuir al asalto al Ayuntamiento perdido. No es tanto al alcalde mismo a quien me parece que hay que censurar sino a la Junta que –desde Empleo o desde Turismo—le dio el manso a un “amigo político” mientras se las negaba a los demás empresarios de la localidad.

Fe de erratas

Me invita un amigo que representó y representa mucho en la cultura española a participar en un ensayo colectivo que vendría a ser como una palinodia generacional en la que todos y cada uno nos rasgáramos por turno las vestes lamentando remotas actitudes o militancias superadas. He declinado la invitación, naturalmente, no tanto porque no me resulte cómodo andar ahora oreando mi complejo pasado, como por mi convencimiento de que las edades del hombre son momentos, por lo general, independientes unos de otros a los que no cabe sin riesgos aplicar una mirada ucrónica. Todas esas cosas que hemos “sido” –lo de haber “estado” es lo de menos—son como teselas del mosaico de nuestra vida que se ajustan una a una en su circunstancia precisa y, en consecuencia, determinante. ¿Una fe de erratas al final de la feria, como quien quiere sacudirse el tipo y dejar la imagen tal que devuelta a una imaginaria virginidad, confundiendo los errores con las culpas y éstas con su caricatura extemporánea? No, hombre, que va, más nos vale llevarnos bien, como generación, oponiendo nuestros fracasos colectivos a algunos logros indudables y encomendarnos a la realidad asistidos de aquella divisa que proclamaba que a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga. Pocas hornadas, por lo demás, acometidas por tantas dificultades, lo que quizá explique el hoy cuestionado “milagro” de la Transición, pocas tan abandonadas a su suerte, tan privadas de oportunidades culturales, tan víctimas de la peor atmósfera que puede respirarse: la de una inacabable postguerra. ¿Cómo “arrepentirse” ahora, de qué, cómo, si aquellas adhesiones resultarían hoy inconcebibles como a nosotros nos resultaba una vida nunca recuperada del susto colosal de la guerra ni repuesta de los torniquetes que la siguieron? Hay muchas cosas que uno no repetiría, pero ello no quiere decir para nada que esté arrepentido de haberlas hecho en sus respectivos momentos. Mi amigo dice que esto es contumacia. Me trago el sapo que, al fin y al cabo, no es sino una más.

 

Las épocas en que abundan las memorias son eras desorientadas. Si será así, que Chateaubriand, que escribió acaso la más memorable de todas, sostenía que la propia facultad de recordar es con frecuencia condición de la idiotez. Nos topamos a diario con memoriosos que no encajan con nuestra retentiva y no les digo nada si se trata de memoriones editados. Pero aunque así no fuera me parece que un hombre puede y debe reconocer sus yerros sin necesidad de tronzarse el hábito y cubrirse la cabeza de cenizas. A lo hecho, pecho, que eso no tiene por qué ser contumacia si es coherencia. No estoy porque me lapiden ni siquiera los espíritus puro, si es que los hubiera.

Vía libre

Extraña reacción  del PSOE frente a los abusos de la Cámara de Cuentas: la de enrocarse en la “legalidad” de los hechos y dar carta blanca a una institución cuyos abusos económicos sonrojarían a cualquiera. Que el fiscal haya archivado las actuaciones contra esos arbitrarios despilfarradores (y algo más) no justifica que el PSOE diga, como ha dicho, que “lo que decidan los suyos, bien hecho está”. Ese será un  trágala, pero la realidad es que la Cámara ha dado varios espectáculos lamentables que lo primero que exigirían es la devolución de lo afanado por sus consejeros. La mayoría absoluta es tan legítima que vale incluso cuando se comporta como una tiranía legal.