La gran estafa

El autor de una colección de fotografías cuya exposición acaba de ser clausurada por la Universidad de Granada ha comentado perplejo a este periódico que está muy sorprendido por esa providencia que no lo “beneficia en absoluto”. Se trataba, como el lector pueda que haya supuesto ya, de una de esas muestras recurrentes en las que la imaginación del artista se agota en la mera propuesta blasfematoria de imágenes consideradas sagradas por la mayoría cristiana, centradas obsesivamente en una alucinada sexualidad de los personajes centrales de la religión, y muy en especial en el argumentucho para bobos de las relaciones de Jesús de Nazaret con María de Magdala, tema socorrido de la transgresión, ahora ilustrado con violentísimas  imágenes extraídas del repertorio porno. Es lo mismo que se pudo ver en Venecia o que la Junta extremeña pagó con dinero público en su día, el toletole de un artisteo desnortado que ha rizado el rizo de esa gran estafa que es, en enorme medida, la propuesta actual del arte, tan lejana del hiperrealismo como de su envés conceptual, y en todo caso expresión de una manifiesta voluntad de fundar la atracción del producto en la simple provocación.  Y una vez más es una institución pública, ¡una universidad!, la que acoge semejantes disparates que, ciertamente, como ésta misma reconoce, puede “herir los sentimientos de un elevado número de personas”, que de tratarse de otros ámbitos culturales ya veríamos en qué paraba la cosa. Suele decirse en estos casos que eso de exhibir imágenes sacrílegas no tenían bemoles de hacerlo los tales artistas, pongamos por caso, frente al integrismo islamista o incluso de cara a la toquevilliana América. Yo no lo repetiré porque tengo para mí que el problema no es el oportunismo ni la permisividad sino la falta de talento de los “transgresores” aliada con la idiocia de las instituciones.

 

Siempre hubo marcianos en la vanguardia –esa fuerza de choque que es lo único que no cambia en el mundo, según Valéry—y quizá nadie tan interesado como ella misma en desenmascarar el fraude subyacente en esta gran estafa. Pero lo de las instituciones es distinto. No porque puedan significarse a favor o en contra de valores y convenciones sociales, sino porque con su actitud paletorra no hacen sino acreditar a los estafadores confundiendo al personal. La provocación nada tiene que ver con el arte y mucho con la indigencia oportunista. Las instituciones, en cambio, tienen ante todo un imperativo pedagógico que malamente ilustraría un inverosímil Cristo gay o una inconsecuente Virgen lasciva. No se trata de retractarse ante el escándalo sino de no sucumbir al sensacionalismo más procaz.

Tapar el paro

Los datos son concluyentes: Andalucía es la región española que, proporcionalmente, tiene más funcionarios, incluyendo Madrid, y eso, en momentos como el crítico que atravesamos, resulta cuando menos inquietante. La autonomía ha inflado las nóminas públicas, no sólo para garantizar clientelas partidistas, sino para aliviar una imagen del paro realmente tremenda, y esos excesos han supuesto una carga difícil de soportar para una sociedad cuya economía aparece cada día más desmantelada. Es excesivo que más de 17 trabajadores andaluces vivaquee en el Estado mientras el empleo se derrumba sin perspectivas de mejora.

Intención de voto

No hay que tomar al pie de la letra los sondeos, sobre todo cuando las elecciones quedan aún lejos y menos cuando quien los confecciona pertenece, como es el caso de Cepes-A, al ámbito de un partido, en este caso al PSOE. Pero parece evidente que algo intenso se mueve en la entraña electoral andaluza y que el PSOE se cuartea a ojos vista incluso en sus feudos más consagrados. La pérdida de votos que indica ese sondeo reciente para ese partido se debe, claro está, a la crisis, pero también al cansancio de unos ciudadanos que asisten desde hace demasiado tiempo a una política sin rumbo que nos mantienen al final de la cola.

Wanted

La noticia de que medio centenar de crímenes terroristas perpetrados por ETA  permanecen impunes 20 años después de que no pocos entre ellos están amnistiados o hayan prescrito, ha coincidido en el tiempo con la angustiada protesta del padre de Marta –la chica asesinada en Sevilla con cuyo cuerpo juegan al escondite en las barbas de la autoridad un grupo de niñatos malnacidos—porque, un año más tarde, todo siga en el punto en que estaba sin que sea previsible cambio alguno en la investigación que la familia continúa por su cuenta y riesgo excavando allí donde le aconsejan sus sospechas. En Val-d’Oise hemos visto esta semana a otro padre ofrecer una cuantiosa recompensa a quien facilite algún dato que permita agilizar las pesquisas que tratan de esclarecer la muerte de su hijo y emplearse a fondo, en unión de un apretado grupo cívico, repartiendo pasquines y pegando en las paredes fotografías del malogrado muchacho. Hasta cien mil dólares ofreció hace un par de años un jubilado bretón a quien con su colaboración permitiera elucidar la muerte de un hijo suyo ocurrida en San Francisco y cincuenta mil euros un feriante deseoso de dar con los agresores de su mujer y de su hermano. ¿No está fallando algo en la confianza pública respecto de la capacidad del Estado para resolver en justicia tantos casos lamentables? Hay, evidentemente, una cierto retorno a la actitud medieval en estas actitudes que, en el fondo, tienden a ver la auténtica solución de esos conflictos en la venganza de la parte ofendida, pero hemos de reconocer que la responsabilidad de semejante regreso corresponde a un fracaso palmario de esa autoridad a la hora de resolver demasiados casos. Tanto el hipergarantismo rayano en la superstición que hoy protege de hecho al crimen como la complejidad de esta sociedad vertiginosa, han devuelto a la gente a la idea de incapacidad de la Justicia propia de las sociedades arcaicas y convirtiendo en paradigma la inquietante figura de “Padre Coraje”.

 

No se comprende, por ejemplo, que las disensiones partidistas impidan la urgente reforma de un Código Penal en el que se establezca la no prescripción de los delitos de terrorismo. Pero, además, habría que discurrir la manera de que las garantías del procedimiento dejen de constituir un laberinto que ofrezca al delincuente el amparo de sus revueltas, limitando cuerdamente el justo derecho a la autodefensa que tantas veces se confunde con la arbitrariedad. Un pueblo que no confía en la autoridad es un pueblo abocado al disparate de la venganza, pero un Estado que deja impune el crimen apenas si le deja otra opción a las víctimas. Hay en esos padres desesperados una cierta grandeza trágica a la sombra de un Poder cada día más desbordado.

Cencerros tapados

No se comprende la sistemática estrategia ocultista de la mayoría parlamentaria que mantiene rehén a la Cámara andaluza ni el criterio de la Junta regional de tapar cada denuncia que se presenta por escandalosa que resulte. La reactivación de los casos de El Monte y de la Cámara de Cuentas que la Fiscalía ha creído procedente, plantea a la opinión la pregunta de cuáles pueden ser las razones por las que se hurtan a los mecanismos de control parlamentario cuestiones de suyo políticas, como pueden ser las dos mencionadas. ¿Qué se quiere tapar, a quién se quiere proteger y por qué, qué se teme? En caso de que judicialmente prosperara la tesis de la Fiscalía quedarán por los suelos tanto el Parlamento como la Junta.

La justicia, en precario

Un Juzgado en una azotea, alojado en un cuchitril y con una banqueta de bar en lugar de banquillo, es una vergüenza. Que al mismo tiempo el señor delegata beba los vientos en busca de una sede nueva, una tomadura de pelo. Y que la Junta no escuche la demanda sindical de desalojar una Audiencia que la Inspección de Trabajo juzga insegura para sus trabajadores, un auténtico cachondeo, sobre todo si se tiene en cuenta la “sede noble” en la que la Dipu se ha gastado lo que ni se sabe por puro capricho y saltándose con pértiga la normativa. El juez decano se honra buscando el consenso pero si se produjera algún contratiempo, veríamos echarse unos a otros los trastos a la cabeza.