La guerra del paro

Curioso contraste el que ofrece esa diputada sociata de Jaén negando la realidad del paro con los argumentos más manoseados, frente a la defensa que, ante el ataque de la derecha catalana al subsidio agrario, ha hecho, desde la derecha, Javier Arenas. Pertenece la senadora jiennense a esa banda de mantenidos por la política que es la única que no sabe lo que es buscarse la vida por medios propios ni lo que supone el riesgo del desempleo. Seguro que cambiaba de opinión si, como sería de lo más lógico, se “recortara” gasto suprimiendo el Senado que la mantiene a ella mano sobre mano. Aunque lo suyo sería que, por vergüenza torera, su partido la enviara a los albañiles. Con el permiso de éstos.

Candidato a palos

Se da marcha atrás ahora en el PSOE onubense para postergar la presentación del candidato/a a la alcaldía de la capital, que se había prometido para junio. Y se explica, porque en ese negocio no hay un forcejeo por entrar sino una desbandada para escapar al brete que las encuestas se están encargando de azuzar. Quien se presente frente a Pedro Rodríguez lo va a hacer como “candidato/a a palos”, incluso si le ofrecen la compensación en la presidencia de una hipotética Dipu. Por eso y no por otra cosa retrasan una y otra vez el anuncio, tal como ya hicieran cuando mantuvieron tapada a Parralo y al pobre José Juan en lamentable exposición, hasta que fue demasiado tarde.

Lecciones impropias

No nos faltaba otra penitencia a los españoles que recibir rapapolvos de esa presidenta argentina, sucesora de su propio marido, que constituye por sí misma un paradigma perfecto de la corrupción política, acusada como está de haber arramblado fondos millonarios para su campaña electoral o multiplicado por 9 su fortuna matrimonial en los 9 años que llevan controlando la vida pública argentina. Acusa la dama a la Justicia española de perpetrar una “regresión de los derechos humanos” por haber procesado al juez Garzón, siempre desde la idea tópica de que la causa de esa medida habría sido la investigación de los crímenes de la dictadura y no su presunta prevaricación al invadir –desoyendo al mismo fiscal que hoy pide su absolución—terrenos procesales ajenos. ¿Es posible que semejante bronquilla nos venga de un país que toleró una de las más atroces dictaduras del siglo y que luego indultó a los verdugos que hoy siguen viviendo en sus domicilios? A mí me toco vivir en Argentina, tras la llegada de Menem, la intensa campaña, apoyada por los círculos más progresistas, a favor de la amnistía de los verdugos, que recuerdo que ese excepcional cómico que entonces era Enrique Pinti ridiculizaba hasta el delirio frente a un país admirablemente habituado a pasar página tras página de un pasado en el que la infamia ha sido el bramante capaz de conciliar a tirios y a troyanos. Muy mal debe de andar Garzón cuando busca amparo en las faldas de esa autócrata que trata de reproducir en caricatura el arcaico perfil peronista.

 

Claro que mucho más grave que la patochada de la Kirchner ha sido el intolerable ataque que el presidente del Poder Legislativo, José Bono, ha dedicado al Poder Judicial, sin escatimar juicios de intenciones ni dejar de alegar razones que resulta  desmoralizador que no hayan recibido respuesta adecuada desde al TS ni desde el CGPJ. Esa opinión debería bastar para que las propias Cortes se plantaran ante su Presidente exigiéndole la inmediata reparación del ultraje que arruina sin remedio la división de poderes en que se asienta la democracia, o para que el propio Gobierno –por la cuenta que le debe tener—exija que no se comprometa el fundamento último del sistema de libertades. Cuando Guerra habló de la muerte de Montesquieu no tenía, probablemente, ni idea de hasta dónde llegaría este insensato desafío en boca de quien, como Bono, hasta puede que esté tratando de desviar la atención que tanto la opinión como la Justicia dedican a un político enriquecido cuya hija de 10 años paga una hipoteca de 100.000 euros. Como la Kirchner quizá. Hace mucho que se dice que la mejor defensa es un buen ataque.

Voluntad política

Ha dicho la consejera de Presidencia que la Junta tiene “voluntad política” de aplicar el recorte al agujero negro de las empresas públicas que nos están arruinando pero que habrá de esperar a que, desde Madrid, el Gobierno de verdad le diga al Gobierno autónomo lo que tiene que hacer. Ya es tautológico eso de que los políticos tienen voluntad política, desde luego, pero lo grave es esa exhibición de seguidismo y sometimiento que no casa con la autonomía ni con cola. Comparada con las autonomías ambiciosas que el Gobierno central protege, la nuestra es una simple secretaría. Ya ven qué doble maleficio castiga la suerte de nuestra comunidad.

Rara condición

Se explica con facilidad que el PP reclame austeridad a la Diputación y exija a su Presidenta que –igual que ya decidió el Ayuntamiento– se bajen sus fabulosos sueldos renunciando, además, al boato de unas instalaciones caprichosas que cuestan un millón de euros al año. Lo que no se entiende es que le dé ese plazo de 10 días para rectificar bajo la amenaza de que, en caso contrario, denunciará ante la Justicia que la adjudicación del contratazo fue irregular. Porque si cree que fue irregular, ¿cómo no lo ha denunciado desde el primer momento, y a qué viene, encima, lo del plazo de 10 días? Lo de la Dipu es intolerable y su despilfarro insostenible. ¿Hace falta algo más para que la Oposición actúe sin pensárselo dos veces?

Patria y lengua

Me parece que lo más extraordinario del extravagante paripé de los traductores del Senado ha sido la indiferencia con que una imbecilidad semejante ha sido acogida por esta sociedad anestesiada y por las mismas instituciones. Ninguna nación consentiría la fragmentación de su lenguaje ni podría aceptar que una decisión política coyuntural rompiera una unidad forjada a lo largo de los siglos, pero sobre todo, ninguna permanecería silenciosa mientras cuatro gatos perpetran la fractura de la lengua de todos defendiendo cada cual sus intereses circunstanciales. Thomas Mann afirmaba que su patria era su lengua, en una formulación casi idéntica a la que luego harían Camus, Pessoa o mucho más recientemente el poeta argentino Juan Gelman, y que no hace sino cosa de días vuelvo a encontrar, en esta ocasión en boca de Jorge Semprún, en el contexto de una evocación de su agitada biografía juvenil. El exilio ha contribuido mucho a aclarar esta ardiente experiencia de la lengua y en pocos casos tanto como en el de los exilados rumanos errantes por Europa y América, entre los que topamos con un torturado Paul Celan que habla en francés y escribe en alemán, un Ionesco consciente de la ventaja que escribir en París le proporcionaba sobre sus compatriotas, un Mircea Eliade, políglota consumado, que reservaba su rumano íntimo para plasmar su obra literaria o para hablar con su mujer mientras escribía en francés la obra gigantesca que habría de acreditarlo  como maestro indiscutible de la antropología, o un Norman Manea, en fin, que, tras una dura búsqueda en el exilio, acabaría encontrando en la lengua su patria final. Cioran explica con agudeza su elección de la lengua francesa y el abandono de la rumana, pero ni siquiera él, tengo la impresión, dejó de sentir ese desgarro que implica haber aprendido a pensar en una lengua y escribir en otra. Hay excepciones, claro, como la de Mihail Sebastian en cuyos Diarios póstumos Alfonso Lazo me permitió ver hasta qué punto puede ser dramática esta suerte de dislalia impuesta. Aquí, lastimosamente, hemos abierto la almoneda gratis.

 

Lo grave de la decisión del Senado es justamente la forzada “normalidad”  con que se ha perpetrado el disparate. Imaginen a alguien reclamando en Francia la traducción simultánea del francés al corso, al gascón, al vasco o al alsaciano. O en Gran Bretaña la del discurso inglés al gaélico o al córnico. ¿A que no son ustedes capaces? Pues aquí, en esta Babia con vocación de Babel, se ha accedido a la demanda sin hacer siquiera ruido. Claro que aquí la patria sirve lo mismo para un roto que para un descosido. De para qué va sirviendo ya la lengua, mejor no hablar.