El negocio del tránsfuga

El transfuguismo es un gran negocio. No sólo para el tránsfuga, que suele forrarse al dar el paso, sino para el partido beneficiado en cada caso por esa conducta que todos repudian y ninguno castiga. Ahora, con motivo del “caso Pajín” –tras el que se insiste en que lo que hay, una vez más, son intereses urbanísticos—ambos partidos sostienen la porfía de cual de ellos es el peor en este sentido, como si un sólo caso de transfuguismo consentido no inficcionara a toda la democracia. De momento –tal como ocurrió cuando el transfugazo de Gibraleón—la “regeneración” se limita a comparar ejecutorias en la absurda tarea de determinar quien es más infractor, si el PSOE o el PP. Los únicos seguros son los tránsfugas, precisamente porque saben que el negocio no es solamente de ellos.

Arón

Que el alcalde de Huelva sea uno de los regidores que más se lo curren en España no justifica en absoluto que sea el que más cobre. Y si la razón que se alega para justificar ese despropósito es que existe un pacto para que el alcalde cobre una peseta más que el funcionario del Ayuntamiento que más cobre –en este caso, el gerente de Aguas de Huelva–, resulta evidente que lo que urge hacer no es subirle al alcalde sino rebajarle al gerente. No se trata de que la política deba ser también pedagogía, sino de puro sentido común: Huelva no puede permitirse esas recompensas ni elevarlas por encima de todas mientras en la capital haya tanta necesidad e incluso hambre. Nadie gana cuatro elecciones sin méritos eminentes. Ésa es una razón más para que el Alcalde reconsidere este desagradable asunto.

Cañones o mantequilla

Vuelvo sobre el tema del pavoroso rearme del subcontinente suramericano disparado por los insensatos proyectos del bolivarismo de Chávez. Por un motivo obligado, como es ver a España condonarle a Bolivia la deuda bilateral de 70 millones de dólares, que hay que añadir a los 220 millones de euros concedidos desde el 2006, a pesar de que desde que llegó Hugo Morales al poder “indigenista” aquella modestísima nación anda empeñada en rearmarse comprando a Rusia helicópteros y blindados, cuya utilidad se cuestiona, con explicable inquietud, en otros países de su entorno y, en especial, en Paraguay donde se preguntan contra quién piensa el régimen emplear ésas armas suponiendo que nunca lleguen a emplearse en contiendas internas. Mientras tanto en aquella área no se ocultan siquiera las graves carencias de las poblaciones abrumadas por la pobreza secular y ahora sacudidas, por si fuera poco, por los ramalazos de la crisis sobre sus economías. En Guatemala la situación es tal que el Gobierno ha decido promulgar un decreto declarando el “estado de calamidad pública”, una vez que a la advertencia de la ONU de que seis mil niños están en peligro de muerte por inanición se ha sumado la trágica constatación de que uno de cada dos de esos niños vive desnutrido y que decenas de ellos ha fallecido ya por esa causa en el marco de las 400.000 familias –el 103 más en el último trimestre– que se considera que pasan hambre actualmente, a pesar de la ayuda norteamericana y del Programa Mundial de Alimentos. Veremos por qué culata le sale el tiro a este populismo belicista al que Rusia explota como cliente principal y nosotros jaleamos en solitario. Cabría preguntarse en nombre de qué humanismo solidario mandamos dinero a espuertas a países que se arman hasta los dientes en lugar de destinar esas ayudas a otros –quizá la mayoría: ni Argentina se libra hoy del hambre—que no tienen que llevarse a la boca.

La disyuntiva de Samuelson, que enseñó a mi generación la problemática de la decisión política que debía escoger –estábamos en plena Guerra Fría, no se olvide—entre dedicar el presupuesto a las armas o a las necesidades humanas, anda por ahí, viva y coleando, como puede verse, y sujeta a la misma dialéctica en que se desenvolvía por aquellos años. No se discute la solidaridad con los países pobres endeudados, pero ¿por qué ayudar a manos llenas a los que con una mano reciben la pasta y con la otra la invierten en el arsenal? Quizá se haya desvanecido incluso la imagen de los niños hambrientos y quede poco margen, a estas alturas, para enfatizar su tragedia. Debe saberse, en todo caso, que los millones que acabamos de regalarle a Bolivia irán a parar a Rusia en pago de los pertrechos de muerte que le vende a Hugo Morales, mientras en Haití o en Guatemala hasta los Gobiernos reconocen el estado de calamidad.

Predicar en crisis

Por fin parece que la Junta de Andalucía reacciona ante el espectáculo lamentable de los sueldos de sus altos cargos directos o indirectos y se propone “regularlos” atendiendo a criterios de equidad y sin perder de vista la circunstancia de la crisis, en especial los que conciernen a directivos de las empresas públicas que ella misma ha ido creando como tela de araña alrededor de su propia Administración. En una sociedad masivamente mileurista no tiene pase que la política se pague por las nubes y menos si se tiene en cuenta cual es el nivel real de los afortunados. Olvidada ya la idea de la política como “servicio público”, una cosa es queso trabajo se pague con decencia y otra en que permita a esos designados a dedo saquear el presupuesto.

Catetos onubenses

El cosmopolita y autodidacta secretario del PSOE de Huelva no se lo ha pensado dos veces para calificar de “catetos” –¡ni que el fuera de Nueva York!– a los empresarios onubenses que han criticado, con evidente lógica, los manejos de la Diputación y sus contrataciones. No ha querido decir ni pío, eso sí, sobre la mariscada y la presunta factura falsa de sus conmilitones del Ayuntamiento de Valverde, ya ven qué gran discreción. Pero en ambos casos le falta razón. En el primero, porque contratar fuera lo que se puede contratar en Huelva no tiene sentido en una Diputación Provincial. En el segundo, porque si de verdad no se ha enterado de esos festines y esa factura falsa, vaya papalón que está haciendo como secretario general. Catetos los hay a manojitos en Huelva y en París de Francia. Y es obvio que él no sería ‘Beau Brummel’ ni aquí ni allí.

El fracaso del cantón

La forma extrema del federalismo, justo la que acabó con su posibilidad real, ha sido en España el cantón. La del separatismo parece que también. Lo ocurrido en Arenys de Munt el pasado domingo no es, digan lo que digan nuestros comentaristas, un referédum sino todo lo más una “consulta popular” de esas que una ley específica autoriza celebrar en los pueblos cuando se trate de materias “de interés municipal” excepción hecha de las de índole fiscal. Y la independencia puede ser lo que los independentistas quieran pero no un asunto de interés municipal, por más que pueda acabar convertida en un motivo de pasiones lugareñas. Es muy grave que las dos ocasiones de que ha dispuesto nuestra historia contemporánea para abrir nuestra sociedad a un régimen de libertades hayan sido liquidadas bajo el peso asfixiante de un espíritu cantonal que se ahorcaba con su propia soga dialéctica al propiciar una perspectiva infinita de separaciones en cadena. Hoy, además, el proyecto de independencia no se basa en el espíritu solidario de la ‘Federación’ sino en el discriminatorio que implica la idea de ‘confederación’ de las regiones –y por lo que se ve, llegado el caso, hasta de los pueblos y aldeas—de vivir escindidos de la unidad que los tiempos fueron fraguando, con las inevitables y lógicas tensiones, entre las entidades geográficas y populares, hasta constituir un conjunto histórico estable. Esto de las consultas tiene sus problemas, como se descubrió en Andalucía cuando uno de sus pueblos celebró uno de esos “referenda” de la ‘Señorita Pepis” en torno al dilema “Humanismo o Capitalismo”. La sociología política ha sido siempre consciente, desde Tocqueville a Habermas, de que el papel de la “sociedad civil”, tan decisivo para la vitalidad democrática, tiene su linde clara allí donde comienza la acción de las instituciones sobre las que debe presionar pero a las que nunca puede pretender sustituir. Lo de Arenys de Munt revela una cofunsión pueblerina sumada a la inconcebible debilidad de un Estado cuyo Gobierno no es capaz de garantizar el respeto a su propia normativa. Todos han olvidado que la soberanía reside en el Pueblo, con mayúscula totalizante, pero no en la aldea ni en la región.

Aparte de lo cual, no se dejen engatusar por esos espejismos que de lo que tratan es de distraer al pueblo soberano de sus verdaderos problemas. Así se lo han dicho a gritos a los “nacionalistas institucionales”, en plena Diana, los parados que conceden más entidad política a la solución de la crisis que a estos juegos fantasmagóricos conservados desde el XIX en el formol de los agravios paisanos. Este Gobierno trata a la Constitución como papel mojado cuando es cuestión de convivir con sus socios imprescindibles. Y hay que decirle a ese Gobierno acollonado que, pase que unas tribus pretendan mear las lindes de su territorio, pero que a él, como responsable último de la sociedad organizada constitucionalmente no le está en absoluto permitida esa veleidad.