Doble función en el ‘JRJ’

Si el miércoles vivió el ‘Juan Ramón Jiménez’una jornada festiva, con elevación de globos y fantoches incluida en el programa, al día siguiente saltó la protesta del personal facultativo del temido Servicio de Urgencias, argumentando que toda aquella propaganda no podía ocultar la realidad penosa de unos servicios en cuadro y con dotaciones tan lamentables como algunas consultas en las que no cabe ni la camilla para los pacientes. Es un disparate hostigar al sistema sanitario –que tiene muchos méritos—pero mayor si cabe es ocultar deliberadamente sus fallos y, encima, hacerse la foto electoralista. El ‘JRJ’ se supone que es el hospital “de referencia”, pero la experiencia demuestra que todo el que puede –y por delante los cargos públicos—se van a Sevilla cuando la cosa aprieta. Si alguien quiere ejemplos, se le dan y en paz.

Amos y manijeros

Ya en mis tiempos de estudiante enseñaban en la Facultad que la mayor trasformación que estaba viviendo al capitalismo era el desplazamiento del poder desde la propiedad a la gestión, es decir, desde los dueños realengos, que eran los accionistas de la empresa de que se tratase, a los ‘ejecutivos’ que manejaban los hilos del negocio partiendo y repartiendo, como es natural, a base de barrer para dentro. El pulso político que han mantenido los propios Gobiernos occidentales esta temporada, las ínfulas de Sarkozy apoyado por Merkel, no han servido, en definitiva para gran cosa en ese pseudogobierno mundial que es el G20, toda vez que, con los imprescindibles límites y retoques, la verdad es que han dejado intacta la libertad de las grandes corporaciones para repartirse los beneficios en la misma escandalosa proporción con que contribuyeron, y no poco, al parecer, a la gestación de la presente crisis. Nos acabamos de enterar de la decisión del BBV de “compensar” la jubilación anticipada de su vicepresidente nada menos que con tres millones de euros anuales hasta un total de 52 millones, lo que traducido a pesetas para su mejor calibre, equivale a una pensión de casi 500 millones de pesetas al año, y un capital de 8.832 millones en total. ¿Es cierto o lo he soñado yo que hace bien poco los cuentacorrentistas y ahorradores en general hacían cola en ese banco, como en los demás, azogados e inquietos por el destino de sus respectivos ahorros? ¿Lo es que el Estado, o sea, todos nosotros, hemos contribuido con una ingente millonada a apuntalar la estructura en precario de estos generosos gestores?

No es cosa en este momento de hacer números sobre la situación de demasiados españoles aplastados por la crisis. Sí lo es, y moralmente imperativa, protestar por estos festines que ni la aparente voluntad de los Gobiernos más influyentes ha sido capaz de contener. Por cortesía de Genaro Chic leo en un artículo del profesor Sampedro (uno de los que nos avisaban en la Facultad) en el que se afirma taxativamente que, con la ideología imperante, el sistema capitalista tiene imposible su enmienda porque “es consustancialmente predatorio e insolidario” aunque acabará corrigiéndose porque es “claramente insostenible”. Bueno –imagino que dirán nuestros dorados “ejecutivos”–, después de muerto el burro, la cebada al rabo. Pero este crimen de lesa solidaridad, como apunta Sampedro, no es de un banco ni de una nación sino de un Sistema. Un curioso Sistema en el que, no solamente sus manijeros, sino hasta su penúltima víctima sueña con integrarse un día.

Foto de “régimen”

Según hace constar la policía en el sumario del “caso Astapa”, el Ayuntamiento de Estepona habría contratado, durante el mandato del anterior alcalde, 150 militantes y 42 familiares, ni que decir tiene que sin más requisito que el ukase del alcalde. ¿Qué ocurriría si se echaran las cuentas en tantos ayuntamientos, en cada una de las Diputaciones o en la propia Junta? Pues que se descubriría que ése es el procedimiento general que viene utilizándose para fundamentar sólidamente el “régimen” en que el PSOE funda su hegemonía. Contratos, subsidios y ayudas, favores y recalificaciones urbanísticas: ése es el arsenal de esta guerra secreta que, como el secreto de Polichinela, conoce todo el mundo. Estepona es un escándalo exagerado, pero no es ninguna excepción.

La soledad de Astilleros

Es un consuelo que el pleno municipal haya cerrado filas con los trabajadores de Astilleros, haciendo caso omiso del reproche que hace poco le lanzaba por ese motivo una responsable del PSOE, cuyos compañeros, por cierto, no han discrepado de ese voto unánime. Por lo demás, tiene guasa que diga el consejero de Empresa que la Junta “no financia empresas en pérdidas”, cuando no ha hecho otra cosa en su vida, sobre todo si le iba algún interés electoral en el envite. Y más guasa todavía que ese agitador de pacotilla que es Mario Jiménez –el mismo que figuró tiempo atrás como garante y salvador de la empresa—diga ahora que no recibe a los trabajadores porque no tiene tiempo. Aquí lo que no tiene mucha gente es vergüenza. Pero eso no es ninguna novedad.

La extraña justicia

Una confidencia más de alguno de los implicados en el caso ha permitido que la autoridad ordene buscar de nuevo el cuerpo de Marta del Castillo. Tras despilfarrar una fortuna en búsquedas anteriores –se dragó el Guadalquivir y se escurcó a conciencia un enorme vertedero— siguiendo las pistas proporcionadas por los implicados, ahora se trata de explorar una zanja en otro emplazamiento siguiendo las indicaciones que ha tenido a bien dar la ex-novia del malhechor con la que convivía tras el crimen, a pesar de su minoridad, en le domicilio de la suegra. Se comprende que la aplicación de la ley, no suele coincidir –habría que decir que por fortuna—con el sentimiento común de las gentes, y por supuesto, que el garantismo asiste a cualquiera por muy despreciable que sea su actitud y por más que lo acusen los hechos. Pero en ocasiones como la que comentamos, el ejercicio estricto del formalismo a que obliga la técnica jurídica no entra en cabeza humana por más que se extreme la buena disposición, y el personal se pregunta, asombrado ante la evidente burla de que los implicados hacen objeto a la Justicia, si acaso ésta no tiene recursos, si no para evitar, al menos para sancionar debidamente semejante cachondeo. ¿Nada efectivo puede hacer el juez cuando comprueba que por primera, segunda o quizá por tercera vez los investigados lo engañan paladinamente, despistando la investigación, pocas dudas caben de que de manera calculada y, seguramente, asistidos por experiencias jurídicas ajenas? Alguien dijo alguna vez que son los hombres de buena voluntad quienes, extremando el respeto a la ley, se convierten en agentes de la injusticia y, ciertamente, sólo con gran esfuerzo resulta posible sustraerse a esa lógica.

No se comprende que las falsas pistas no conlleven severos castigos ni que las contradicciones visiblemente calculadas se acepten sin mayores consecuencias. Tampoco que salga gratis a unos malandrines arruinar el erario buscando sólo la confusión del caso. Y menos que nada, que una pandilla delincuente traiga de cabeza a un tribunal y a las policías sin que les caiga encima la del tigre. Una sociedad que todavía recela del sistema de jurado porque presume –a mi entender, con razón–el perjuicio pasional que esa institución puede ocasionar a los reos, no se merece asistir boquiabierta a esta colosal tomadura de pelo. Se está jugando en este trance bastante más que el destino de unos presuntos malhechores, a saber, la confianza en la Justicia. Es verdad que el derecho no está fundado en la opinión, como Cicerón sostuvo, pero también que ignorarla supone la vía más corta hacia el colapso de la confianza democrática.

El guión previsto

No había que ir a Delphos para imaginar el desarrollo de las acciones judiciales emprendidas contra Chaves por haber cambiado la ley “ad hoc” y concedido luego una subvención millonaria a la empresa apoderada por su hija. Era obvio que una Fiscalía dependiente del Gobierno difícilmente la emprendería contra un Vicepresidente del mismo. Pero una cosa ha dejado clara el archivo ordenado en el TS y es que la ley de Incompatibilidades andaluza es puro papel mojado puesto que la Junta acaba de ser erigida en juez y parte para decidir incluso cuando sean sus mandamases quienes presuntamente la incumplan. Ancha es Castilla. Desde ahora la famosa ley “regeneradora” no cuenta para ‘Juan Palomo’ ni para sus “amigos políticos”.