Autonomía cuestionada

Una política veterana acaba de sugerir la conveniencia para el Estado de “auditar las autonomías”, uniendo con ello su voz a las innumerables que, venciendo la natural timidez que es propia de la “corrección política”, se van levantando frente a una situación cada día más deteriorada pero a la que todavía se considera tabú. Y no debe serlo, no sólo porque la regulación constitucional es, por su propia naturaleza, convencional y, en consecuencia, modificable, sino porque a la vista está –sobre todo desde que la crisis ha echado por la ilusión de la “new age”—que el autonomismo no ha resultado ser en España el razonable efecto de una descentralización del modelo jacobino, sino un batiburrillo que, a cambio de cuestionables ventajas, ha liquidado la tradicional e imprescindible unidad de las instituciones. ¿Es “sostenible”, como ahora se dice, un régimen que parte y reparte la educación entre la halconería localista como si fraccionar una Historia común en diecisiete historietas lugareñas no implicara el fracaso de la propia memoria? ¿Lo es aquel que “negocia” las cuencas de los ríos como si de repartirse la túnica inconsútil se tratara, o aquel otro que plantea su relación con el Estado como un mecanismo bilateral, es decir, sin más regla que la que determine la relación de fuerzas coyuntural entre el todo y la parte? La crisis económica ha puesto de relieve que no es posible pensar en serio en una gestión de los bienes patrios realizada a 34 manos más las dos del Gobierno, y menos poner coto al despilfarro que este tipo de tejemanejes permite a tenor de las conveniencias políticas de cada taifa. Si algo ha quedado claro en estos tres decenios es que la solidaridad le importa un rábano a los autonomizados y que el forcejeo entre las regiones con diversa fortuna ha quedado reducido a una oscura ceremonia electoralista en la que los partiditos del aldeanismo más o menos soberanista la han ganado por la mano a un bipartismo privado de la posibilidad de gobernar solo.

Esto es una ruina, se diga lo que se diga. Lo de la “tabla de quesos” o el “café para todos” fue una ocurrencia de un profesor eminente que sirvió para salir de un atolladero remoto pero que hoy nos agobia con su inaceptable factura. Y porque es una ruina sería menester que quienes así lo sientan eleven su voz sin complejos: no sólo habría que auditar las autonomías, sino que es posible que esta crisis nos acabe forzando a revisar en profundidad el sistema constituido. En Alemania y otras federaciones ya lo han hecho y nada ha crujido. Ya va siendo hora de perderle también aquí el miedo al tabú del aldeanismo.

Creer y no creer

Que las encuestas que vaticinan el triunfo del PP con el consiguiente batacazo del PSOE en España y en Andalucía no deben de ir por mal camino lo certifica mejor que nada la consigna lanzada a los suyos por el flamante secretario de Organización del PSOE: “¡No creáis a las encuestas!”. No está alcance del PP ningún argumento más convincente que ése del adversario, pero por si algo faltara ahí están las declaraciones del “número 3” andaluz, el “nini” Mario Jiménez, mostrando su contento por un resultado que, según él, muestra la recuperación del PSOE. Creer o no creer es gratis. Son las intenciones las que cuentan y resultan más elocuentes que los mismos sondeos.

Marx en el Casino

Hay en la Giudecca veneciana, nada más pasar el prodigio paladiano del Redentore, un mínimo casinillo comunista que llama la atención del viadante –por lo común embebido en la contemplación de ese otro Canaletto que es el Zattere– por medio de un escaparate diminuto en el que, bajo una fotografía de Gramsci decorosamente enmarcada, se apilan discursos y doctrinas del “príncipe” Berlinguer y de otros capos del pasado perdido. Dentro del casinillo maduran su nostalgia grupos de fieles que, pensando en glorias pretéritas, no pierden del todo la esperanza del renacer de una izquierda radical, pero que, en realidad, lo que hacen es sublimar en sus porfías y ahogar en el buen vino del país su asombrosa impaciencia. Pero no es sólo en Italia donde aún se revuelve y maneja la vieja teoría, pues leo en el New York Times de antier que, en plena West Street, funciona un local de encuentro en el que un puñado de radicales y revolucionarios se afana sobre los textos marxistas y, muy en especial, sobre los de Gramsci, cuya teoría de la estrategia revolucionaria y el bloque histórico les da para pasar buenos ratos antes de echar mano cada cual de su juego y entretenerse un rato, como para relajar la meninge, jugando al futbolín o al pimpón, aparte de competir sobre el tablero de cierto Monopoly reformado al que han dado en llamar nada menos que la “Lucha de Clases”. La esperanza es lo último que se pierde y si bien es verdad que no acabo de dar crédito a los colegas universitarios que me hablan del revival marxista que se vive en no pocos centros de estudio, también lo es que no es cosa de tragarse la pamplina del “fin de la Historia”. Los que hemos conocido épocas en las que el monopolio del ideario radical fue un hecho indiscutible, nos resistimos a ver en el auge actual del liberalismo y la desideologización cualquier cosa que no sea otra etapa eventual y, como tal, superable.

 

A veces me pregunto, por ejemplo, cómo se ha podido colar masivamente esa soflama de que el liberalismo es un prerrequisito del crecimiento teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en China, o cómo sostener que la función del nuevo liberalismo no es otra que la de garantizar la viabilidad del sistema de producción capitalista, teniendo en cuenta que eso es precisamente lo que está haciendo –y más que nunca desde que la crisis dijo aquí estoy yo—la llamada “izquierda posible”. He visto a esos hombres que en la Giudecca mantienen viva la llama sagrada y me ha parecido penetrar en sus rostros pacientes, en sus gestos tranquilos, la antigua confianza del radical, de ese colectivista que “no tenía prisa”, tan seguro estaba de que lo que hoy es negro puede ser blanco mañana.

Cruz y cara

No es razonable ni positivo que el movimiento bronquista que acecha a los dirigentes autonómicos por parte de los funcionarios mantenga la escalada actual. Ni por una parte ni por la otra, pues si el poder de la Junta debe ser respetado y no tratado como panderillo de bruja, también es cierto que el derecho de los funcionarios que reclaman que se detenga la integración masiva de los contratados en empresas públicas –ese plan calculado por Griñán para mantener el poder de facto en caso de perder las elecciones—no admite objeción alguna. Esos trabajadores cargados de razón tienen poco que perder si el Poder no cede en su injusta cacicada. En cuanto a éste, aviado va si ha de llegar a las elecciones entre sustos y escoltas.

El eterno retorno

No comparto ese reparo, en el fondo inquisitorial, que suele oponerse a las comparaciones del modelo democrático con el de la dictadura pasada. Si hay algo similar o entre uno y otro, pues, sencillamente es su reproducción o, sencillamente, un remake que provoca con vehemencia la sugestión del parecido. Tomen el modelo de coordinación de los llamados agentes sociales, por ejemplo, y comprobarán que, diferentes en cuanto quieran, en el fondo esa asociación vertical de Poder, sindicatos y patronos que ahora se llama “concertación”, coincide en lo esencial con la que practicaba en sus tejemanejes el nacional-sindicalismo, y estoy dispuesto a entender que esta observación resulte incómoda a algunos o a muchos, pero eso es lo que hay por más que se empeñen en negarlo. A pocos conocedores del “antiguo régimen” habrá escapado que el reciente añadido del control municipal a las funciones gubernativas propias de una delegación del Gobierno, es igualmente una reproducción del modelo que, desde la Restauración hasta esta democracia, rigió para definir a los gobernadores civiles. Y en fin, la peregrina ocurrencia de destruir la tradición patrilineal de imponer el apellido del padre al hijo para que los cónyuges puedan invertirlos si así lo prefieren, no es más que el mismo expediente al que el propio general Franco acudió para que su apellido no se perdiera tras un Borbón cualquiera. ¡Inventar a estas alturas lo que ya hizo el dictador sin el menor inconveniente registral! Por supuesto que, en esta como en otras providencias perpetradas en materia de “ingeniería social”, lo que el nuevo régimen busca no es tanto el efecto explícito como la conmoción emotiva a que normas tan desusadas han de provocar en la sensibilidad común, alejada con ello de problemas más acuciantes y angustias más perentorias, pero no somos pocos quienes creemos que estos malabarismos pueden no resultar veniales por más que contenten a ciertas minorías y a desconcierten a la opinión en general. El apellido es una cosa muy seria. Chateaubriand dejó escrito en sus célebres Memorias que prefería el suyo a cualquier título.

 

La propia expresión “ingeniería” aplicada a lo social o a lo económico no sólo resulta inquietante sino que está probado de sobra que resulta peligroso. Pero utilizarla como un recurso improvisado para distraer la atención de una sociedad en apuros me parece ya indecente. Por no hablar de los trastornos de mayor cuantía que esos malabares pueden causar en la organización básica de lo social, singularmente en la familia. Lo del apellido, por ejemplo, supone una vuelta al neolítico. Lo que no tengo claro es si deliberada o circunstancial.

La oca de la Junta

La Junta ha decidido pelotear su propia deuda de sí misma a sí misma, aunque mediante la ficción de empresas públicas interpuestas para dar el pego: le vende a esas empresas propias sus sedes, hace caja con ello y, de ese modo, ya no es ella la que debe sino las compradoras, o sea, ella misma, no sé si me explico aunque me temo que no. No había visto yo –y he visto mucho—un recurso semejante ni una mentira administrativa tan gorda, y desde luego lamento que aquí no haya un Tribunal de Cuentas como la gente en lugar de una Cámara amigable.