Por encima de la ley

Se repite la historia. El ex–ministro Corcuera, el de la “patada en la puerta”, pretende entrar en coche en la Feria de Sevilla, es requerido por dos policías locales para que se identifique y se niega al grito de “¡Usted no sabe con quién está hablando!”. No es nuevo el caso, puesto que aquí el TS absolvió a un diputado, suspecto de haber privado,  que se negó a identificarse con el mismo argumento a la Guardia Civil una vez, y en otra ocasión también a la Policía Municipal. ¿Se creen que están por encima de le Ley o realmente lo están en la práctica? Todo indica que lo segundo, incluso cuando, como en el caso presente, ni siquiera resulte probable que del personaje quede el menor recuerdo? A esos policías que se limitaron a cumplir con su deber, el Alcalde de Sevilla les ha abierto expediente. ¿Comprenden?

Náufragos pobres

Es tremenda, inconcebible, la versión que parece más realista sobre lo ocurrido con la barcaza libia con 72 personas a bordo –entre ellas veinte mujeres y dos niños de corta edad– que ha vagado a la deriva durante dieciséis días tratando de alcanzar desde Trípoli la costa de Lampedusa. Trágico el balance de esas 61 víctimas que sucumbieron de hambre y de sed a pesar de que demasiados indicios parecen confirmar que fueron varios los contactos a los que lograron solicitar ayuda. De lo más escalofriante resulta la imagen de esos desgraciados mostrando a aviones y helicópteros con desesperación a los dos niños del pasaje, como último recurso para forzar su compasión y conseguir ese auxilio que es la más vieja ley del mar. Dicen que un par de cazas, procedentes de un portaviones desconocido, sobrevolaron a baja altura la tragedia, y que un helicóptero militar lanzó agua y galletas a los náufragos además de anunciarles la pronta ayuda que nunca llegaría, y cuentan también que tanto los guardacostas italianos como los malteses se inhibieron del caso por razones competenciales limitándose a cursar inútiles avisos a otras instancias. Un superviviente ha contado que cada mañana, al despuntar el día, los pasajeros debían arrojar al mar, por razones obvias, los cuerpos de los fallecidos durante la noche, escena que da una idea de la dimensión trágica de la aventura, asegurando que no sólo el portaviones –se dice que el “Charles de Gaulle”—sino varias embarcaciones militares de las que la OTAN mantiene movilizadas en la zona, hicieron igualmente caso omiso de su situación desesperada. ¿A quién podía interesar, en medio de ese despliegue bélico, la suerte de 47 etiopes, 7 nigerianos, otros tantos eritreos, 6 senegaleses y 5 sudaneses? Pues a nadie, evidentemente, como los hechos demuestran en medio de una activa batalla mediática en la que, ahora sí, andan echando el resto los servicios de imagen y propaganda “aliados”. Pocas veces la impiedad habrá alcanzado cotas tan señeras.

Ésta del mar es la otra guerra libia, la cara oculta y oscura de esa luna pretendidamente humanitaria en la que ha sucumbido ya un millar de huidos del conflicto a los que la dictadura acosada utiliza como arma, especialmente contra Italia. Pero la catástrofe de la barcaza abandonada concierne a la causa aliada en términos que han de resultar difícilmente excusables porque sus tremendas circunstancias descalifican cualquier argumento que pueda emplearse. Cuando los ricos se hacen la guerra entre sí son los pobres los que acaban muriendo. La OTAN se ha encargado de probar lo que Sartre dijo hace tanto tiempo.

Un caso extremo

Ni una palabra ha dicho en su abono el candidato cafre del PSOE jiennense que opinó en un mitin que su rival, el candidato del PP, era “para matarlo a hostias”. Ni una palabra ha salido tampoco de su partido que debería ser el más interesado en sacar de su organización a un sujeto semejante que cuadraría más en una bronca tabernaria que en cualquier política. Lo que prueba la doblez de tantas declaraciones de “juego limpio” como se hacen cada día durante la campaña pero, sobre todo, demuestra que la decencia pública y el decoro electoral importan menos que nada a algunos de esos partidos. Ni ese Manuel López ni la candidata que ve esa frase bajuna “sacada de contexto” merecen el respeto que a todo aspirante electoral se le debe.

La paradoja del estado autonómico

Perfil de Sosa Wagner

 

Son muchas las voces que se levantan hoy en España cuestionando la situación actual del Estado de las Autonomías. Algunas de ellas, abiertamente hostiles al sistema instaurado en nuestra Constitución, comienzan a reclamar, con mayor o menor intensidad, una reforma que rescate al Estado de su actual postración saneando su debilidad; otras más cautas, proponiendo la fórmula alemana, es decir, reclamando sin complejos para la Administración Central las competencias dispersas durante decenios en los lander. Ambas posturas, como otras que puedan existir, responden al general convencimiento de que, en ese periodo y por circunstancias diversas, se ha llegado demasiado lejos en este despojo del Estado que ha dado de sí, en realidad, un mosaico de poderes locales en buena medida reeditor del viejo panorama feudal o, según otras apreciaciones más funcionales y modernas, causa de un nuevo caciquismo visiblemente incompatible con la integridad conceptual y funcional del Estado.

Los profesores Sosa Wagner y Mercedes Fuertes han saltado a la palestra con un impactante libro –“El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica”—en el que, respetando el modelo autonómico de la Carta Magna, toman partido abiertamente por una reforma en profundidad de nuestra realidad política que trate de neutralizar el efecto anulador del propio Estado, provocado por la práctica de una descentralización que no ha respetado el principio de prevalencia de éste sobre los territorios autónomos ni ha mantenido respecto de él la imprescindible lealtad institucional. No es posible, piensan ellos como infinidad de ciudadanos atentos, mantener nuestra vida política colectiva pivotando sobre esos dos inciertos pernos que son el creciente poder de los “barones” locales y el alejamiento particularista y, en consecuencia, insolidario, de esas comunidades sobrevenidas respecto a la estructura común del Estado.

 

Lo que Sosa y Fuertes vienen a concluir es que se ha dilapidado por completo el concepto de “bien común” o “interés general”, sobre todo como consecuencia de una práctica partidista decididamente decantada por sus intereses particulares. Las cuatro historias autonómicas que nos proponen para demostrarlo –la política del agua, la de la conservación del bosque, la de la gestión de la energía y la de los cementerios nucleares—persuaden con eficacia al lector a favor de esa protesta que ve en la fractura de la Administración común, en los términos en que ha quedado plasmada, una causa evidente de esta auténtica crisis del Estado de la que tal vez sólo podría redimirnos el sortilegio federalista. No es viable, obviamente, que los grandes partidos resulten incapaces de coincidir en una razonable política del agua y mucho menos que mantengan en Aragón una estrategia y en Andalucía otra por completo opuesta. No lo es que los poderes locales impidan al Estado la gestión de los residuos nucleares y mucho menos que un bosque, como el de los Picos de Europa, pertenezca a tres autonomías distintas o que un río como el Guadalquivir sea adjudicado a una sola de las regiones por las que discurre en lugar de ser administrado por el viejo sistema de cuencas que no admitía otro árbitro que el Estado.

Era requisito clásico del Estado, junto a la población y al poder político efectivo, el de la posesión de un territorio común sobre el que ejercer conciliador entre sus diferentes parajes. El desarrollo de nuestra Constitución y, por supuesto, los imperativos partidistas, han desahuciado ese esquema entregando un territorio que debería considerarse inconsútil a la voracidad particularista de aquel feudalismo remozado. Y a eso es a lo que se oponen –sin rechazar el modelo constitucional, insisto—nuestro invitados de hoy. El Gobierno de ese Estado saqueado carece ya de poder para intervenir sobre elementos que conciernen a varias comunidades y eso, en la práctica, es un efecto perverso que habrá que corregir tarde o temprano aunque sea en nombre de la propia supervivencia. Porque los ejemplos que ofrecen Sosa y Fuertes son, sin duda posible, de lo más convincentes pero lo grave es que tampoco es dudoso que se podrían hallar muchos más. Si no se hace al fin caso a advertencias como la que hoy nos ocupa, día llegará en que nuestro montaje institucional implosione. Bajo sus escombros, ni David ni los filisteos tendrán tiempo entonces para rectificar.

Cabezas tatuadas

La alcaldesa de Rouen va a entregar a la embajadora de Nueva Zelanda la cabeza tatuada de un guerrero maorí expuesta en el museo local desde hace más de un siglo. El gesto abre un proceso que será largo, pues se calcula que hay en los museos del mundo cerca de medio millar de esos trofeos, ahora reclamados por sus compatriotas que desean dar digna sepultura a sus antepasados. Pero lo curioso es que, si bien en principio esas cabezas tatuadas fueron el hallazgo de un curioso que acompañaba al capitán Cook en su viaje, la verdad es que, posteriormente, la demanda había crecido tanto que los maoríes decidieron “producir” ejemplares a toda pastilla, por lo que se hicieron habituales las expediciones guerreras cuyo objeto era conseguir prisioneros a los que decapitar después de haberlos decorado cuidadosamente con esos tatuajes que encantaban a los civilizados occidentales. Tanto creció, en fin, esa industria que, tras no pocas discusiones, Inglaterra acabó prohibiéndola en 1831, cuando ya solamente en el Museo de Historia Natural de Nueva York se exhibían treinta y cinco admirables ejemplares. A mí la noticia me ha traído a la cabeza lo del negro de Banyoles que, no hace tanto tiempo, España devolvió a su país por mano del embajador en Naminia y Bostwana, mi admirado Eduardo Garrigues, de cuya memoria aventurera tuve este verano el privilegio de escuchar en directo los detalles de este caso que cuenta en uno de los relatos de su obra “El mal de África”. A Garrigues le cayó entonces encima la del tigre anticolonialista, por más que él sostuviera entonces como ahora su dura catilinaria contra ese sistema que resume su frase, casi apodíctica, de que no es posible dejar de hacer las cosas mal si durante tanto tiempo nos dedicamos a saquear tierras ajenas. Él mismo, por ejemplo, acabó entregando un cráneo y cuatro huesos sueltos pues el bosquimano del museo Darder resultó no ser más que un montaje taxidérmico cercano ya a los dos siglos.

 

Garrigues asombra y divierte cuando nos cuenta su fallido intento de hacer torear un búfalo a don Antonio Ordóñez, pero cuando se mete en harinas críticas se transfigura en un tranquilo profeta hedonista que clama sin estridencia contra el expolio colonial y el menosprecio de las culturas que caracteriza a nuestra civilización. Aunque ahora comprobemos que su “caso” no era más que una broma comparado con el escándalo que supone esa profanación museística de las quinientas cabezas maoríes que hay quien paga por ver tras sus vitrinas. Nuestro negro, al menos, resultó no ser ya más que un vestigio con su plumero, su taparrabo y su lanza. Como en tantas ocasiones, hemos llevado la fama por los cardados de otros.

El juego sucio

Cualquiera sabe si va por buen camino la hipótesis de que la dimisión de la gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) habría obedecido a la guerra sucia que se estaría librando dentro de la propia Junta y, concretamente, a eventuales presiones ejercidas por el sector griñanista para forzar filtraciones que, comprometiendo a Chaves, exculpen al actual Presidente. Nada puede sorprendernos, a estas alturas, en ese campo de Agramante sin código que valga en que se está convirtiendo la política a medida que arrecia el chaparrón de chuzos de la corrupción, pero de confirmarse aquella hipótesis, hay que decir que el espectáculo no puede ser más denigrante. Por lo demás, dadas las circunstancias, en el “caso EREs”, tan difícil es imaginar siquiera la inocencia de Chaves como la de Griñán.