Pista central

En la del circo de los ERE aparecerán esta semana los dos Presidentes imputados. Un número delicado que exigiría, tanto a los protagonistas como a los espectadores y sin olvidar al director de pista, la máxima discreción, anulando cualquier tentación de juicio paralelo. Aquellos que anhelan lo peor para esos dirigentes no parecen darse cuenta del auténtico crac que un veredicto duro supondría para nuestra democracia, pero lo propio ocurre a los manteros que pretenden enterrar el caso. Esta función ha sido, desde el comienzo, no poco difícil para los trapecistas, más benigna de la cuenta para los payasos y en exceso complaciente con los prestidigitadores. Ojalá que el Tribunal actúe con templanza y que el público guarde un respetuoso silencio. ¡Peligra la vida del artista! Y los artistas, sin comerlo ni beberlo, resulta que somos todos.

El gran desconcierto

Tras las recientes decisiones de la Justicia europea, el país español anda justificadamente desconcertado. Ya resultaba difícil aceptar esa procesionaria que prolonga la expectativa procesal más allá del Tribunal Supremo –obsérvese el oxímoron— supeditado hoy, de hecho, a la revisión del Constitucional y, por si fuera poco, a unos tribunales extranjeros constituidos por jueces que manejan criterios legislativos diferentes. Pero si hace bien poco el de TDH de Estrasburgo revolcaba a la Justicia española no sólo al absolver a unos delincuentes manifiestos sino al “condenar” al Estado español a indemnizarlos, las decisiones del jueves pasado –exculpación de Puigdemont y puesta en libertad de los demás prófugos— han desconcertado por completo a un paisanaje que apenas logra distinguir, bajo este penoso lubricán, el blanco de lo derecho del negro de lo torcido. ¿Cómo se puede vender a los españoles que lo ocurrido en Cataluña en los últimos meses y, en especial, el memorable episodio de la proclamación de la “República independiente de Cataluña” no implicó ninguna violencia y, en consecuencia, que apenas puede suponer para esos golpistas más que una leve responsabilidad? Oigamos al profesor Antonio Elorza ironizar amargamente sobre el hecho indiscutible de que fracturar el orden constitucional –en función de la letra del vigente Código Penal– “tiene hoy menos sanción que una multa de tráfico, ya que sería una desobediencia y una prevaricación leve, sin siquiera pena de cárcel”. El ciudadano no comprende nada, sencillamente, porque no es posible comprender tanto disparate.

Con este motivo y por sugestión de mi amigo el fiscal Antonio Ocaña, vuelvo sobre el famoso discurso pronunciado por John Kennedy a propósito del grave desafío planteado en Mississippi el año 1962, del que no me resisto a reproducir su meollo: “Los estadounidenses –decía el malogrado Presidente— son libres de estar en desacuerdo con la ley pero no de desobedecerla, pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba, por más rebelde o turbulenta que fuere, tiene derecho a desafiar a un tribunal de Justicia”, porque si ese desafío se produjera “ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.

Quienes desde la Justicia internacional aportan oxígeno a ese independentismo pre-guerracivilista no piensan, evidentemente, de este modo, a pesar de que hay pocas cosas tan peligrosas en una sociedad democrática como destruir la égida que supone un Derecho claro y racional. Al amparar a los prófugos delincuentes, esos jueces han hecho más en un día contra el sentimiento europeísta que todos los segregacionismos juntos. Y acaso sin percatarse de que estaban tirando piedras a su propio tejado.

¡Lo que hay que ver!

A la juez sustituta que anda desmontando el “caso ERE” sosteniendo que algunos de los imputados por su predecesora, “lejos de poder ser considerados como delincuentes, podrían ser considerados víctimas”. ¡Jo! Menos mal que la Audiencia le ha dado un revés a esa peregrina opinión –y van no sé cuántos— pero ahí tienen también al ex-consejero de Empleo Fernández acusando a la juez Alaya de “acosadora”. Y por su parte, al actual negándole la documentación del “caso Velasco” al mismísimo Parlamento, tras pasar durante años de informar a la UCO. “Haced lo que yo digo pero no lo que yo hago”: esta tropa ha invertido el adagio antiguo hasta adaptarlo plenamente a la medida de su ancha manga. Recordemos aquel otro que rezaba: “en España se puede robar un monte pero no se puede robar un pan”.

El tema del timo

Mientras la autonomía consista en atacar al propio Estado, mal remedio tendrán nuestros males. Escuchen al astuto portavoz de la Junta calificar de “timo” la partida de inversiones destinada por el Gobierno de la nación a Andalucía. O al que ejerce de logóforo en el Parlamento –eminente autodidacta, por cierto– asegurar que esos Presupuestos “están escritos contra Andalucía”. De lo que no hablan es de lo nuestro: de que de los 50.000 puestos de trabajo creados en España el trimestre anterior, sólo una pedrea de 200 y pico hayan correspondido a nuestra región. ¿Tiene la culpa el Gobierno, ni pizca de ella tiene la Junta? Eso no se lo cree ya más que quien tenga particular interés en creerlo.

La voz de su amo

El actual responsable de Canal Sur ha asegurado en el Parlamento andaluz que nuestra ruinosa radiotelevisión pública está cubriendo el circo de tres pistas que va siendo ya el juicio de los ERE de manera “amplia, rigurosa y detallada”. En fin, ¡paciencia! Un manijero que fue predecesor suyo me explicó una vez, tan pancho, cómo va eso de la ley y la trampa: “Mira, a mí me trae al fresco –me dijo– que me impongan un minutaje de lo transmitido. ¿Que por qué? Pues porque yo le puedo dar a Fraga el triple de tiempo en pantalla que a González…, pero sacando a éste con voz y en un buen marco, y a aquel de espaldas y subiendo unas escaleras”. Eso fue hace cinco lustros pero, como ven, nada ha cambiado.

Infamia cotidiana

Parece que en un par de decenios se han ahogado en el Estrecho nada menos que 6.000 criaturas. Los penúltimos, antier, cuando volcó una patera de la mafia con doce desdichados a bordo de los que sólo se salvaría uno. Navegaban de madrugada, con mar gruesa y fuertes vientos, tras haber pagado cada uno por su travesía entre 1.000 y 1.500 euros. ¡Para que digan que todo va como la seda con Marruecos y que esa garduña criminal está controlada! ¿Por qué consentirá nuestra Armada esta tragedia en lugar de impedirla? Sin duda porque esas vidas que se pierden no interesan en el marco de una política de guante blanco tan complaciente como inhumana. Nuestro mar del Sur es ya una fosa inmensa en la que naufraga, un día sí y otro también, nuestra cacareada solidaridad europea.