Ozú

No tengo duda de que al insolvente traductor-editor de El Principito de Saint-Exupéry le faltan unas cuantas mareas, ni me sorprende que el SAT “aforado” de Diego Cañamero patrocine una vez más oscuras iniciativas separatistas. El estupor me invade cuando leo que ese “indíhena andalú” -que ya se hizo famoso oponiéndose a que se incluyera en uno de nuestros callejeros el nombre de “calle del Descubrimiento”- es no sólo licenciado en Filosofía, sino doctor en Antropología por la Universidad del País Vasco y, agárrense, actualmente profesor en la sevillana Universidad Pablo de Olavide. “Ozú, qué tío”. Lo digo más que  nada para que no se extrañe nadie con los informes PISA y otros indicadores de nuestra debacle cultural. Hay más tontos que puentes  festivos. ¡Si Diamantino levantara la  cabreza!

 

El tercer puente

En un exhaustivo e inquietante informe sobre la situación de la sanidad pública en Huelva, donde la Plataforma reivindicativa ha sido excluida de la gestión de esta grave crisis, su autor, J. J. Borrero, ha dado en la más sensible diana crítica al recordar la famosa promesa de Chaves a los onubenses: el tercer puente que nunca existió, camelo sólo comparable a su compromiso de convertir en individuales, y en una legislatura, todas nuestras habitaciones hospitalarias. Borrero recuerda el truco descubierto de la fusión de hospitales y los perjuicios que provocaría, sin olvidar el traslado masivo de niños a Sevilla por falta de UCI pediátrica en la provincia con mayores listas de esperas de Andalucía, en alguna ocasión de hasta tres años. Jugar con la sanidad es un crimen. Discriminar a una provincia, además, un error.

 

Justicia en Andalucía

La actuación de la Justicia anda mal un poco por todas partes y la razón es elemental: una inversión en ese servicio ciudadano imprescindible no surte efectos electoralistas. Fíjense si será así que sus responsables sevillanos no se cortan al admitir que hay miles y miles de causas durmiendo durante años el sueño de los justos –en ocasiones amontonadas en los “servicios”— y el presidente del TSJA decide al alimón con el fiscal-consejero Llera seguir navegando al pairo –“pian piano si va lontano”, por lo visto—sin mentar siquiera las promesas de nueva organización comprometidas hace tres lustros. Nuestra Justicia es la hija boba de la autonomía. Y más de uno, no les quepa duda, se frota las manos por ello.

Un maestro es su herencia

A principios de los sesenta pasé yo mi via crucis de las milicias universitarias en el segoviano paraje de El Robledo, con el inmenso Llano Amarillo enfrente y a la espalda el serrijón sombrío de Matabueyes. Entre mis pocos alivios contaban los frecuentes paseos dominicales en los que acompañábamos al profesor Carlos Ollero, maestro sevillano que veraneaba en su chalé de la carretera de Valsaín. Don Carlos era un hombre serio y jovial, enérgico pero delicado, que se había pasado la vida sorteando las dificultades de conciencia que le planteaba el Régimen con el que, mal que bien, nunca logró romper amarras, desde que muy joven Ridruejo le encargara formar un grupo de Prensa y Propaganda en el que destacaron, como ya he contado aquí, el ministro Gamero del Castillo junto a Diego Romero, Eduardo Llosent, Mercedes Fórmica, Romero Murube y Fernández Ortiz entre otros.
En uno de aquellos paseos entre pinares don Carlos -que por costumbre te agarraba por el codo mientras con la otra mano gesticulaba expresivamente- me hizo una confidencia que no he olvidado: “Mira, hijo, mi biografía serán mis colaboradores”,  frase que reencuentro en el obituario que le dedicó el profesor López Pina. Ollero, que sacó su cátedra a principios de los cuarenta, alternaba con Fraga, año y vez, Derecho Político con Constitucional en la facultad de Políticas, y fue siempre un excelso conocedor de los vericuetos de la “cooptación”, arte fino que le permitió, primero facilitar la cátedra de Murcia a Tierno y luego, caso infrecuente, a la casi totalidad de esos “colaboradores”, Raúl Morodo, su inseparable, Pedro de Vega, Antonio López Pina, Carlos de Cabo, Julián Santamaría o Miguel Martínez Cuadrado.
Nunca quiso ser ministro de ese Régimen que cuestionaba sin duda -aunque rehusó firmar a favor de los catedráticos expulsados en el conflicto de 1965-, pero no cabe duda de que su famoso Documento Ollero, biblia de un nuevo monarquismo social, constituyó una aportación clave en la transición española. Recuerdo haberlo acompañado muchas veces a su piso de la calle Ibiza (creo recordar) y luego al que la ayuda de Gamero, entonces consejero del Santander, le consiguió en Rodríguez de San Pedro. Con enojada tristeza me refería muchos sucesos irrepetibles de los años de guerra en Sevilla y anunciaba, con la vehemencia del ágrafo, su estudio comparativo entre Balzac y Galdós. Su herencia fue su biografía, efectivamente. Aún lo veo caminar por La Granja siempre confidente y generoso.

Imparcialidad objetiva

El juez-alto cargo, Pedro Izquierdo, además de encabezar la “pieza política”, será también ponente en el “caso Formación”. Todo el inmenso follón andaluz ha venido a caer en manos de un juez que, qué casualidad, había sido antes altísimo cargo de Chaves y de Griñán. ¿”Bolas calientes”? Dicho tengo aquí que no me determino a creer en ese pícaro similiquitruqui pero aunque el derecho español tenga tasadas las causas de renuncia y recusación, y entre ellas no figure la que afectaría al juez Izquierdo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –que no las tiene tasadas— muy probablemente rechazaría a este magistrado que ni de lejos presenta “apariencias de imparcialidad objetiva”. No se puede juzgar sin sospecha a quien fue tu jefe político-administrativo. A este Estado de Derecho nuestro le faltan unas cuantas mareas clave.

La “pieza política”

Más de seis años ha tardado en fraguar procesalmente en el “caso ERE” la llamada “pieza política” –¡menuda pieza!–, abierta por la juez Alaya en 2011 y rematada por el juez Martín en 2016. ¡Despacito y buena letra! Ahora sólo queda esperar a que se determine la fecha de celebración del juicio en cuyo banquillo se sentarán, junto a dos ex-Presidentes, nada menos que seis ex–consejeros, varios vice-consejeros y directores generales además de un Interventor. El llamado “procedimiento específico” que permitió el saqueo famoso llega, al fin, ante el Tribunal, a pesar de las lenitivas cataplasmas aplicadas por la jueza sucesora. ¿Qué ocurrirá? No es justo ni razonable condenar por anticipado ni lo contrario, pero si ello ocurriera habrá que recordar, junto al tiempo transcurrido, la tarea de Penélope.